El llamado del CNE para recoger el 20 % de las firmas necesarias y validar un posible proceso de referendo revocatorio al periodo presidencial de Nicolás Maduro, solicitado por iniciativa de un minúsculo grupo del sector opositor de la derecha; corresponden más a escenas pintorescas propias de un circo, cuyo anfitrión, Nicolás Maduro, pretendió impulsar su popularidad, en su afán desesperado por apoyarse en las masas cada día más desesperadas y hundidas en la pobreza.

Este tema ha ganado boga en la palestra política venezolana. Intelectuales de la derecha opositora y de los grupos adeptos al gobierno venezolano, se esmeran en plasmar sus mejores análisis en busca de inclinar el peso de la balanza, conforme a los intereses que representan. Sin temor a equivocarme, la máxima autoridad del país nuevamente tiene las cartas a su favor, de por sí, ha venido jugando como el mejor de los apostadores de Las Vegas y por ende apilando las apuestas de sus contrincantes.

Analicemos un tanto los elementos que constituyen esta realidad nada abstracta, aunque hayamos utilizado el sarcasmo como aderezo para llamar la atención.

La norma jurídica en contexto

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su capítulo IV De los Derechos Políticos y del Referendo Popular. Sección Segunda, prevé cuatro tipos de referendos: consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio. Sobre el referendo revocatorio el artículo 72 nos dice:

“Todos los cargos y magistratura de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato».

«Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electorasl o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considera revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la Ley».

«La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley».

«Durante el periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato».

Sin embargo, aunque pareciese extraño, en nuestro país aún no existe una Ley especial que regule estos procesos de referendo, quedando a merced del CNE todo el procedimiento mediante resoluciones y normas aprobadas por este desde el año 2003 hasta la actualidad. Como dato curioso, en el año 2016 la Asamblea Nacional en manos de la mayoría de la derecha apátrida, aprobó y elevo a proceso de consulta pública y a consideración del Presidente de la República, Nicolás Maduro, un Proyecto de Ley Orgánica de Referendos, elaborado por la comisión permanente de política interior. Este proyecto fue rápidamente desestimado por la entonces Presidenta del CNE Tibisay Lucena, argumentando que correspondía al organismo comicial la exclusividad legislativa en la redacción de normas electorales y de consultas populares. La señora Tibisay para ese entonces, enfatizaba que la comisión que elaboró el proyecto de ley no se apegaba a lo establecido en el artículo 204 numeral 6 de la Carta Magna, que textualmente dice: “La iniciativa de las leyes corresponde: Al poder electoral, cuando se trate de leyes relativas a la material electoral”.

Por otro lado, la señora Tibisay Lucena en nombre del CNE, afianzaba su criterio de desestimación a la nula necesidad de una ley, por cuanto las resoluciones como instrumentos usados hasta entonces, eran sobradas en eficacia para garantizar la participación popular. Según esta posición, la Asamblea Nacional está impedida constitucionalmente para proponer anteproyectos de ley en materia electoral o referendos, y lo más significativo que se desprende de ello es que el CNE tiene aproximadamente 20 años en deuda con el país al no crear una ley que regule estos procesos en detalle, pero excavando un poco más, la ley de procesos electorales, impulsada y aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por la mayoría de diputados del partido de gobierno, estaría de igual manera violando la Constitución.

Ahora bien, la norma establecida por el CNE para regular los referendos revocatorios, establece que el inicio del procedimiento, parte por la promoción de la solicitud del referendo revocatorio de mandato a partir de momento en que se cumpla la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario, y declarará su procedencia conforme al artículo 17 de la Resolución Número 070207-036, de fecha 07-02-07, pasando a convocar a la realización del referendo revocatorio. Estos dos primeros pasos, como sabemos, se cumplieron en la actualidad. Posteriormente, dentro de los cinco días continuos a la convocatoria, el CNE publicará mediante resolución la pregunta que será formulada a los electores, la cual deberá estar redactada de manera que la respuesta se enmarque dentro de las opciones “si” o “no”. A partir de entonces, las organizaciones con fines políticos y agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas podrán adherir su participación en apoyo a una de las opciones del referendo.

Los grupos promotores del referendo cuestionan al CNE

Si las ambigüedades de la norma como resultado de la maniobra de los legisladores y funcionarios de gobierno no fuesen suficientes, el CNE luego de haber aprobado el pasado 10 de enero las solicitudes de revocatorio presentadas por tres agrupaciones de electores, a saber, Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta; anunció que estas organizaciones debían, para este 26 de enero, juntar 4.2 millones de firmar, es decir lo que representa el 20 por ciento del padrón electoral en cada estado -según la proporción de votos con el cual se adjudicó a Maduro como Presidente en las últimas elecciones presidenciales- en un lapso no mayor a 12 horas, asignando para tal efecto apenas 1200 centros de votación en todo el país.

Según estimaciones matemáticas realizadas por expertos en la materia, para poder juntar los 4,2 millones de firmas cada mesa electoral o revocatorio tendría que atender un promedio de cinco personas por minuto, es decir, cada persona tardaría desde la cola en el centro de votación hasta pasar por todo el proceso de la mesa conocida como herradura 12 segundos. De por sí una tarea imposible físicamente de efectuar. Otro cuestionamiento que esgrimen estos grupos, es que el proceso se pretende ejecutar sin auditoria del software que garantice la integridad e inviolabilidad del proceso, sin contar tampoco con el suficiente tiempo para el nombramiento de testigo en los 1200 centros estipulados. Para el momento de redactar este artículo, ya se escuchan voces de no convocar para este referendo.

¿Por qué la oposición asume el referendo?

En las elecciones regionales y municipales celebradas en diciembre 2021, se evidenció de manera descarada como el partido de gobierno utilizó el control que posee de las instituciones, para generar condiciones desfavorables al electorado. En algunas regiones como Barinas y Zulia, la manipulación de credenciales falsas a testigos, órdenes impartidas a coordinadores del CNE de negar actas de escrutinios a testigos de otras organizaciones, cierre de centros y no así de máquinas, la utilización de sus cuerpos de seguridad para amedrentar al electorado en las colas a partir de las 3 de la tarde, generando violencia (que en algunos casos resultaron en personas asesinadas), fueron el compás del paroxismo de PSUV.

Sin embargo, estas tácticas bonapartistas no evitaron el triunfo del candidato de la derecha en el Estado Barinas, por lo que impugnaron el triunfo alegando el estado de inhabilitado que presentaba el candidato Superlano. Una maniobra concebida por el gobierno, es decir, dejar participar a este candidato sabido su estado de inhabilitado, y que de triunfar sería impugnado tal y como ocurrió, la derecha claramente mordió el anzuelo. Definitivamente Maduro ha sido un excepcional cinegético de los grupos opositores. El CNE convoca nuevamente a elecciones en Barinas, y a pesar de que el partido de gobierno volcó todo su poder financiero y maquinaria electoral con una de sus más significativas fichas políticas como nuevo candidato en este Estado, por segunda vez es derrotado por la derecha opositora. Estos hechos en Barinas insuflaron esperanzas a sectores de la oposición para considerar el año 2022, como el tiempo perfecto para cristalizar el referendo revocatorio al cargo presidencial.

No debemos olvidar que los últimos acontecimientos en lo económico y político, ha derivado precisamente del diálogo entre el gobierno y los más altos representantes de la oligarquía nacional. Las posibles discrepancias que puedan existir entre ellos, no son añadidas por concepciones ideológicas distintas como pretenden señalar ambos bandos en los discursos, sino que las políticas de privatizaciones y otras concesiones que están beneficiando en mayor medida a los nuevos ricos surgidos de la dirigencia de gobierno, son apetecidas por la oligarquía quien exige mayor participación de sus agrupaciones Fedecamaras, Consecomercio y Conindustria. El gobierno de Maduro y la oposición de derecha son los representantes de la nueva y vieja burguesía respectivamente.

Nuestra posición

Desde la Corriente Marxista Internacional Lucha de Clases, estamos convencidos de que la única posibilidad para que Maduro considere acceder a una salida negociada, bajo la forma de un referendo revocatorio e inclusive en las próximas elecciones presidenciales; es a condición de que logre negociar total inmunidad para sí y los altos funcionarios de gobierno con el imperialismo estadounidense, así como todo tipo de garantías, entendiendo que para Maduro y la alta dirigencia dejar el poder significaría persecución, juicios, encarcelamiento y confiscación de los bienes adquiridos por la corrupción en tantos años de robo y dominio. Sin embargo, esta posibilidad resulta remota, por cuanto hasta ahora Maduro ha sabido manejar los hilos para mantenerse en el poder. Como hemos visto, ha permitido algunas concesiones electorales, pero no las suficientes para que la oligarquía tome fuerza, sobre todo porque la alta dirigencia del PSUV ya no cuenta con las bases de apoyo popular que en otrora suponía un chavismo incondicional.

Las políticas antipopulares y antiobreras como el memorandun 2792, el paquete antipopular con el cual pretende controlar la crisis capitalista criolla, el retroceso del PIB desde el 2013 en un 80%, la caída de los ingresos petroleros a partir del 2014, el desplome de la producción petrolera derivado de la desinversión en mantenimiento y pésima gestión, inflación de tres dígitos, el hundimiento de los ingresos de las familias trabajadoras, aunado al bloqueo que mantiene los EEUU, siendo este solo un agravante pero no la causa de la crisis. También debemos mencionar las características bonapartistas del gobierno, utilizando los aparatos represivos investidos como cuerpos de seguridad, los cuales han perseguido y criminalizado a los dirigentes de base de la clase trabajadora, militantes de la izquierda y pueblo pobre, que en su momento han alzado su voz en defensa de sus derechos y contra actos de corrupción.

La izquierda no ha podido constituirse como referencia para el pueblo trabajador, por lo cual, apoyar la iniciativa de un referendo revocatorio, supondría obrar para el beneficio de otras clases, es decir de la burguesía tradicional y sus partidos políticos. El referendo revocatorio estaba siendo promovido por claros sectores de derecha, los cuales, a pesar de sus divisiones, se hallan en mejor posición para aprovechar un eventual revocatorio. Por lo tanto, estamos convencidos de que no existen las condiciones favorables para que la clase trabajadora brinde apoyo a un proceso.

El error de algunas organizaciones de izquierda

La resolución del CNE que normaliza el procedimiento de referendo revocatorio, permite que las organizaciones con fines políticos puedan adherirse a una de las dos opciones, por el “si” o el “no”. El sábado 22 de enero el CNE publicó el cronograma de actividades y centros de recepción en el camino a seguir para realizar el referendo, siendo el 26 de enero la fecha estipulada para efectuarlo. Este poco margen obligó a las organizaciones con fines políticos a apurar el paso para adherirse o no a esta convocatoria.

Por su parte, algunas organizaciones políticas y personalidades de la izquierda venezolana, estaban evaluando adherirse a esta convocatoria de revocatorio. Con cierto zigzagueo entre criterios de necesidad, pertinencia y viabilidad político-legal de la activación ciudadana, como el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos -dejando al margen las condiciones actuales de la lucha de clases-, las perspectivas futuras favorables o negativas para los intereses de la clase trabajadora, lo que dicha convocatoria pueda conllevar ante el incremento del autoritarismo gubernamental y el hipotético caso de que el referendo revocatorio serviría a los objetivos de la clase trabajadora si se logra evadir la doble trampa que el gobierno y la derecha colocan delante; considerar adherirse a esta propuesta nos parece un error en toda su dimensión. Otros más oportunistas y perdularios se manifestaron públicamente a favor, y de manera irresponsable, alardearon que debatían un candidato de la izquierda como contrincante de Maduro por la silla presidencial, como si cambiar el nombre del dueño de las nalgas que se posarán en esa silla solucionaría estructuralmente la situación de crisis. Estos viejos caudillos como les gusta paralogizar.

Como hemos analizado, desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera, actualmente no existen condiciones favorables para pugnar por el poder y lograr las transformaciones necesarias por la vía de esta convocatoria al referendo revocatorio. En primera instancia el gobierno de Maduro nunca estuvo dispuesto permitirlo, y así lo dejó muy claro el accionar del CNE. Técnica y matemáticamente es imposible en los parámetros que ha establecido el CNE hoy, que la opción favorable al referendo gane. Por otro lado, la izquierda venezolana no cuenta aún con el poder de convocatoria ante las masas populares, para desbordar una participación a favor de una propuesta desde la izquierda, y esto sucede porque lamentablemente las organizaciones políticas de izquierda con mayor tiempo se han divorciado de los intereses de la clase trabajadora.

Cuando se creó la Alternativa Popular Revolucionaria –APR- hubo la esperanza de un salto cualitativo para la vanguardia de la clase trabajadora. Sin embargo, persiste en algunos de sus actores característicos que han degenerado en caudillismo y oportunismo electorero, el pragmatismo e inmovilismo, aunado a la negativa a debatir un programa unitario, desvinculándose por completo de las luchas del pueblo trabajador. Participar en este escenario lo único que garantizaba es una distracción más a los objetivos que nos hemos propuesto de convertir a la APR en una orgánica desde la constitución del Congreso Fundacional. Esto último debe ser el norte de la oposición de izquierda reunida en la APR como espacio ubérrimo, esta es la única convocatoria que permitirá a la vanguardia de la clase trabajadora alcanzar una mayor claridad política y a las masas un mayor nivel de conciencia de clase. En definitiva, el factor subjetivo para venideros escenarios de mayor envergadura y decisiones definitivas.

Nuestra convocatoria como CMI Lucha de Clases

La solución a la crisis capitalista nacional no puede considerarse dentro de los límites del capitalismo. Entendemos que nuestra crisis es parte de la crisis mundial, de un sistema ya decadente y que no se derrocará a sí mismo, sino por la necesaria intervención de la clase trabajadora que debe hacer la revolución socialista la cual no tiene atajos, ni tiempos de espera. El capitalismo amenaza con destruir la especie humana y el planeta, esta afirmación no es una retórica propagandística sacada de ciencia ficción o teorías conspirativas, en lo absoluto. Es la realidad de hoy que podemos ver reflejada en la decadencia de un sistema sanitario mundial ante la imposibilidad de enfrentar efectivamente la pandemia, y lo indolente de un pequeño grupo que se hace cada vez más rico con el monopolio y comercio de vacunas, esto es solo un ápice de la degradación y barbarie del sistema capitalista.

Nuestra convocatoria es para el hombre y la mujer, el joven y adulto que coincide con nuestro planteamiento de que es posible un mundo mejor. Existen un sinfín de dificultades y limitaciones que el propio sistema a través de los colaboradores de la vieja burguesía, empresas multinacionales, latifundistas, los funcionarios de la nueva burguesía atornillados aún en el gobierno y la alienación; nos pretenden mantener en constante retroceso, confundidos o adormecidos, expectantes a la esperanza de la aparición de un falso mesías que solucionara todo desde una nube. Nada de esto pasará. Debemos entender e interiorizar que la solución depende de nosotros mismos, motivándonos cada día a pesar de las dificultades, buscando respuestas y guías en el estudio del marxismo. Ante este atolladero, los hombres y mujeres de la clase trabajadora solo tienen una salida. Esta salida es la revolución socialista, y para hacerla es necesaria la formación teórica, la organización, la militancia, la movilización y la lucha práctica del proletario.

Lo que fracasó en Venezuela no fue el socialismo. En nuestro país nunca se instauró el socialismo. Lo que ha fracasado es la continuidad de un modelo capitalista rentista que nuestros gobernantes se esmeran en salvar. Hoy más que nunca, ante posibles escenarios decisivos en el futuro cercano, resulta fundamental que las fuerzas de izquierda abandonen toda actitud caudillista, oportunista, electorera, y derivada de la antigua burocracia; esto requiere un profundo ejercicio de revisión con suma dialéctica, capaz de encontrarse con las costumbres bolcheviques, que promuevan la sana aceptación y corrección de los errores. Las organizaciones no somos más que instrumentos para la vanguardia de la clase trabajadora y el conjunto de esta, no debemos imponerle “lineamientos” pretendiendo ser sabiondos. El partido de la clase trabajadora venezolana aún no existe, eso no se decreta, hay que construirlo desde y con las masas trabajadoras. Nuestro papel es brindarle todo nuestros conocimientos y acompañarlos en la lucha diaria y en la primera fila de combate. Pronto, cuando las masas despierten de su letargo, se cansen de tanto atropello y desborden las calles, más vale que nos encuentren organizados como dirección de vanguardia.

Nuestra propuesta programática en el contexto de la crisis venezolana, no como exigencias a un gobierno pues entendemos que nada se nos dará, sino como primeras medidas a tomar por el nuevo gobierno de los trabajadores, y en contraposición al llamado a un referendo donde no existen condiciones favorables para la clase trabajadora, parte de lo siguiente:

  1. Salario igual a la canasta básica. Los sueldos deben aumentar de manera correlativa y equiparada al incremento de los precios.
  2. Derogación del Memorando 2792 y de toda la legislación que afecte los intereses de la clase trabajadora.
  3. Restitución de las prestaciones sociales, primas, beneficios de remuneración y cajas de ahorro, suprimidos a partir de la imposición del Memorando 2792.
  4. Agilización y celeridad en la firma de Convenciones Colectivas de Trabajo
  5. Contra la judicialización y criminalización de las luchas obreras: ¡Respeto a los derechos sindicales, de protesta y organización de la clase trabajadora!
  6. Control obrero de Los medios de producción y de los libros de cuenta
  7. Nacionalización sin compensación de todos los latifundios, producción bajo control del trabajador de la tierra.
  8. Desarrollo de un plan agrícola, a base de unidades de producción colectivas en todas las zonas rurales del país. Acceso y justa distribución de semillas e insumos para la producción.
  9. No más desalojos arbitrarios de familias campesinas. Restitución de las tierras otorgadas a los campesinos, a partir de la promulgación de la Ley de Tierras.
  10. Contra los feminicidios: justicia ante los asesinatos de mujeres. Contra la violencia machista: justicia ante los casos de maltrato y violencia doméstica en todas sus formas.
  11. Impulso de programas efectivos de educación sexual y reproductiva en todo el país. Distribución masiva de los anticonceptivos, a bajos costos, para prevenir embarazos no deseados.
  12. Aborto libre y seguro: despenalización y legalización del aborto en hospitales públicos y bajo un servicio gratuito y de calidad.
  13. Creación de un plan nacional de recuperación de infraestructuras de distribución de agua, bajo control de las comunidades organizadas. Rehabilitación de las plantas de distribución de gas doméstico y su justa distribución, bajo control obrero y popular. Diseño de un plan de financiamiento para la recuperación efectiva del Sistema Eléctrico Nacional, bajo control obrero y popular.
  14. Nacionalización de la red de producción, distribución y venta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, bajo control obrero y de las comunidades organizadas, para impedir la corrupción y el despilfarro.
  15. Liberación inmediata de todos los trabajadores, campesinos y líderes sociales presos por luchar. Cese a la persecución, la judicialización y la criminalización de las distintas luchas obreras, campesinas y populares.
  16. Auditoría obrera y popular a los recursos y todas las gestiones públicas municipales, estadales y nacionales. ¡Cárcel a los corruptos.
  17. Creación de consejos de trabajadores socialistas en todas las instituciones y empresas del Estado, para ejercer control obrero.
  18. Creación de consejos campesinos en todas las zonas rurales del país.
  19. Elección y legitimación de los Consejos Comunales y Comunas, bajo plena autonomía de las comunidades.
  20. Asignación de competencias del poder público municipal y estadal a las Comunas como entidades territoriales de autogobierno.
  21. Elegibilidad y revocación de todos los cargos públicos.
  22. Que ningún funcionario del Estado gane un salario superior al de un obrero cualificado. ¡Servir a la revolución es un deber no un privilegio.
  23. Organización de unidades de la milicia bolivariana en cada fábrica, lugar de trabajo, barrio y comunidad, bajo control de la clase obrera y el pueblo organizado.
  24. Cárcel a Guaidó y a todos los implicados en el plan imperialista contra Venezuela. ¡Basta de impunidad!
  25. Ante los secuestros de CITGO, MONOMEROS y activos de la nación por parte del imperialismo: ¡Confiscación de las propiedades de las multinacionales imperialistas en Venezuela!
  26. Renacionalización de todos los recursos y empresas estratégicas de Venezuela.
  27. Creación de una central estatal única de importaciones ¡Basta de entregar las divisas a la burguesía.
  28. Auditoría obrera y popular sobre todas las divisas entregadas. ¡Cárcel y confiscación de bienes a los empresarios y burócratas que las hayan usado de manera impropia!
  29. Nacionalización sin compensación de todos los monopolios industriales, bajo control obrero y popular.
  30. Nacionalización y centralización de la banca y las aseguradoras bajo control obrero, para poner todos los recursos a disposición de un plan de producción nacional, en empresas estatales y bajo control de los trabajadores, los campesinos, los comuneros y el pueblo organizado.
  31. Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado! ¡Abajo la burocracia!

¡Por un gobierno de los trabajadores!

¡Por la revolución mundial!

¡Sigamos construyendo la Alternativa Popular Revolucionaria!

¡Únete a la CMI Lucha de Clases!