Tras la firma del acuerdo entre el gobierno argentino con el FMI, numerosos sectores obreros y populares de ese país han salido a las calles para repudiar la medida, que marca la entrega de la nación a los dictámenes de esta instancia financiera imperialista, y la implementación de todo un recetario económico que degradará aún más las condiciones de vida de la mayoría trabajadora.

La ola de protestas que recorre Argentina ha sido respondida por el gobierno con la ejecución de una cacería de brujas, así como la detención arbitraria e injustificada de manifestantes, con acusaciones de delitos graves y al margen de las evidencias existentes.

Claramente, las autoridades gubernamentales argentinas, a través de sus aparatos policiales y judiciales, reprimen y criminalizan la protesta, encarcelando e imputando a varios compañeros de delitos graves, como medidas ejemplarizantes para atacar a las organizaciones sociales y disuadir la movilización popular.

Entre los detenidos se encuentra el migrante venezolano Jaru Carrero Alexander Rodríguez, quien participó en la manifestación del 10 de marzo en el Congreso Argentino y cuenta con evidencia audiovisual –así como el aval de un informe de la división antiterrorista de la Policía de Buenos Aires– que demuestra su inocencia. Además de su apresamiento, el compañero ha sido expuesto al escarnio público como un delincuente a través de los medios de difusión burgueses, políticos de derecha y miembros del gobierno.  

Desde la Corriente Marxista Internacional en Venezuela – Lucha de Clases condenamos la política represiva del gobierno argentino, que busca ahogar en gases, porras y cárcel el descontento de millones de trabajadores de ese país ante el pacto con el FMI. También, exigimos la liberación inmediata de Jaru Rodríguez, Julián Lazarte y Oscar Santillán, a quienes se les ha difamado y violentado sus derechos elementales. Asimismo, reclamamos el cese a la persecución de los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz, Sebastián Romero y Facundo Molares. Hacemos un llamado al conjunto de organizaciones obreras y populares de Venezuela a visibilizar el caso, pronunciarse respecto al mismo y a ejercer presión internacionalista, que derive en la liberación de Jaru, Julián y Oscar, así como también de Milagro Sala.

A continuación, compartimos el artículo redactado por Manos Fuera de Venezuela en Argentina, que analiza las incidencias de este caso.

[FUENTE ORIGINAL]

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Jaru Carrero Alexander Rodríguez, migrante venezolano es un compañero que ha sido detenido injustamente junto a Julián Lazarte y Oscar Santillán en el marco de la cacería de brujas contra organizaciones políticas desatada luego de la movilización del 10 de marzo en repudio al pacto del Gobierno del Frente de Todos y Juntos por el Cambio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los compañeros detenidos están acusados de participar en los incidentes en el Congreso de la Nación y que fueron utilizados por la Policía para avanzar en una represión y romper con la masividad de la movilización e impedir que se sume más gente.


Martín Alderete, abogado de Rodríguez señalo: “lejos de investigar los delitos concretos, desde lo judicial crean una imputación gravísima y, tanto desde el Gobierno como de la oposición, utilizan esto para avanzar sobre las organizaciones sociales”. Y Agrego: “en las imágenes que hay en la causa no se lo ve haciendo o llevando adelante ninguna de las acciones violentas que se le imputan en la causa. Hay un informe de la División Antiterrorista de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que dice que lo único que se lo ve haciendo es deambulando a lo largo de la manifestación. En algún momento se lo ve con una piedra en la mano, pero nunca se lo ve arrojando esa piedra. Y que después se retira”.

Jaru Alexander, estudiante de Sociología, como miles es un trabajador precarizado de la hiper explotación de las Apps que se llenan los bolsillos con la sangre, sudor y lagrimas de la clase trabajadora; militante social y trabajador de huertas agroecológicas, fue criminalizado por medios de comunicación, por el ministro de Desarrollo Social de la Nación Juan Zabaleta que a su vez fue felicitado por Patricia Bullrich, baluarte de la ultraderecha y presidenta del PRO. Desde la Campaña Manos Fuera de Venezuela en Argentina exigimos la libertad de los detenidos que están siendo amenazados con graves penas acusados de ser parte de una “asociación ilícita”. Marcando un gravísimo antecedente que avanza en la criminalización de la protesta social en un contexto de pobreza y ajuste.

Sus amigas, amigos, compañeros y camaradas sostienen la inocencia de todos los cargos de los que se lo acusa y han conformado un Comité para reclamar su libertad.

Este hecho no es algo aislado. Sino que se da en el contexto de escalada represiva por parte del Estado hacia quienes reclaman, se organizan y se movilizan como vimos en Jujuy, Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. En Argentina las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, la juventud y los sectores populares es cada vez más difícil. La pandemia agudizó y profundizo lo que era ya una crisis del capitalismo a nivel mundial acelerando la caída de la economía. La gravedad de la situación social y el aumento de la represión selectiva van de la mano.

Empresarios, banqueros y terratenientes y sus representantes políticos que cuentan con el soporte de la burocracia sindical son los responsables directos de las situaciones de violencia que se producen en el marco de la protesta social. Violencia es que en Argentina 4 de cada 10 personas sean pobres mientras los ricos son cada vez más ricos.

Por su parte tal como sucedía en el Gobierno de Macri la participación de infiltrados policiales en las movilizaciones está a la orden del día y esto nunca es esclarecido por una Justicia rápida para encarcelar trabajadores, pero nula cuando se trata de estas prácticas. Incluso en la Plaza Congreso no ha quedado en claro aún si existió algún tipo de ataque planificado contra el despacho de la Presidencia del Senado como fue denunciado. Pero si se avanzó rápidamente sobre compañeros que se hallaban en las inmediaciones de la protesta. Esto fue acompañado por una campaña macartista de estigmatización sobre el conjunto de la izquierda al asociar a la movilización con la violencia y el caos. Existió y existe una clara utilización de la situación para agitar el fantasma de una izquierda violenta. Pero esta utilización cabalga sobre un malestar real de los de abajo que se combina con direcciones políticas que no plantean las tareas correctas y dejan hacer; sin descartar la probable participación de gente ajena a la protesta. 

Las compañeras y compañeros de MFV reivindicamos la protesta social y los métodos de lucha de la clase trabajadora, como la huelga, la movilización, el piquete y la ocupación y rechazamos los métodos que ofrecen un flanco al aparato represivo del Estado para avanzar contra el conjunto del movimiento.

Nos solidarizamos con los detenidos, sus familias, compañeros, compañeras y amigos. Y sumamos esta lucha a la lucha por la libertad de todos los presos políticos y el fin de la persecución contra César Arakaki y Daniel Ruiz, Sebastián Romero y Facundo Molares. Y la cárcel de Milagro Sala.

¡Libertad a Jaru Alexander! ¡Libertad para Julián Lazarte y Oscar Santillán!

¡Por la defensa de las libertades democráticas!

¡No a la judicialización de la protesta!

¡Por una salida socialista de las y los trabajadores!