En un operativo especial iniciado el viernes 17 de marzo, la Policía Nacional Contra la Corrupción, por orden del Poder Ejecutivo, ha arrestado hasta el momento a 23 personas entre altos funcionarios y empresarios por varias tramas entrelazadas que envuelven a distintos poderes públicos, el crimen organizado y –¡cuándo no!– a la industria petrolera nacional. Entre los funcionarios detenidos destacan dos oficiales militares, un juez, un magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un alcalde, un diputado de la Asamblea Nacional (AN) y el superintendente nacional de criptoactivos.

A juzgar por las informaciones que han salido a la luz, tratamos con una de las tramas de corrupción más significativas de la historia nacional, hecho nada sencillo de calificar dado el vasto historial de putrefacción del capitalismo rentista venezolano.

Desde el descubrimiento de petróleo en el subsuelo de Venezuela a comienzos del siglo XX, el Estado, además de estar sometido a las presiones y dictámenes del imperialismo en el plano externo, fungió la mayor parte del tiempo como ente transfusor de renta a la oligarquía tradicional e instrumento de la misma para la obtención de contratos, negocios y concesiones. El tráfico de influencias, los sobornos y la asociación siempre fueron los medios de esta dinámica que desangró las arcas estatales y engordó las cuentas de un puñado de empresarios y burócratas corruptos.

Esta historia, lejos de interrumpirse tras la irrupción de la revolución bolivariana, contrariamente se agravó hasta los niveles extremos actuales. El freno y descarrilamiento de la revolución por obra de su dirección y el desarrollo de las tendencias bonapartistas del gobierno, han aumentado la proporción de los despojos en favor de la burocracia frente a la oligarquía tradicional. Este es uno de los ejes más importantes en cuanto a las diferencias que aún mantienen la vieja oligarquía y la llamada “boliburguesía”, pese a sus recientes acercamientos. El Estado ha servido como base para la formación de una suerte de burguesía emergente, de cuyos poros emana el más pestilente tufo a corrupción.

Pero la derecha, a través del recién clausurado “interinato”, no ha tenido que tomar el poder en los últimos años para demostrar su valía hamponil. El robo descarado a sus jefes de la Casa Blanca con el desvío de recursos de la ayuda humanitaria, el tráfico de influencias y quiebra de Monómeros, la negligencia en la supuesta defensa de los activos de la nación (como Citgo) en demandas internacionales que se perdieron y por las cuales se sospecha complicidad y acuerdos bajo la mesa; dan cuenta de que la derecha, en el plano estricto del manejo de recursos, no es muy diferente del PSUV.

Corrupción y contrarrevolución

En un país como el nuestro, donde la corrupción estatal y empresarial campea con total descaro e impunidad, siempre será llamativo que el mismísimo gobierno nacional encabece una ofensiva anticorrupción. Y esto es así pues, para todo aquel que puede ver, los distintos grupos de poder que componen el gobierno han –literalmente– saqueado el erario público para su propio beneficio, lo que ha llevado al surgimiento de una capa de nuevos ricos que, además de fugar parte de sus botines a paraísos fiscales, lavan capitales en el país presentándose como los nuevos “héroes” empresariales sobre los que descansa el futuro nacional. Son los “emprendedores», modelos a seguir en la Venezuela de hoy, según la nauseabunda propaganda estatal.

Estos maestros del pillaje han emergido cuál islas volcánicas, en medio de un mar de pobreza y desigualdad de las que son corresponsables. Los mismos no solo se han beneficiado de la corrupción más extrema posible, sino que también aprovechan las ventajas de una política económica construida sobre sus intereses, que les obsequia empresas públicas a precios de remate y en condiciones de total opacidad, que favorece la libre importación de bienes y la economía de bodegones, que pulveriza los salarios y las contrataciones colectivas, que ejerce una profunda flexibilización laboral y promete la creación de Zonas Económicas Especiales, mientras se reprime, persigue y criminaliza cualquier manifestación de lucha y organización obrera.

Más adelante explicaremos cómo la corrupción es inherente al sistema capitalista y a toda sociedad donde una minoría somete a la mayoría. Sin embargo, es de hacer notar que en Venezuela el pillaje y la rapiña históricamente han manifestado niveles superlativos, dada la existencia de condiciones especiales propias del capitalismo atrasado y rentista de este país, que también abordaremos de pasada en futuros apartados.

Ante la contradicción de un gobierno promotor de la corrupción que encarcela a funcionarios por la misma causa, es imposible no tratar de buscar explicaciones más allá de las oficiales y que no proliferen especulaciones de todo tipo sobre lo que está detrás de la puesta en escena.

El hecho claro es que buena parte de los altos funcionarios detenidos formaban parte del entorno cercano de Tareck El Aissami, hombre de inmenso poder político y económico en el gobierno, y clave en las relaciones con Turquía, Siria, Irán, entre otros países. El Aissami, que se encuentra sancionado en EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico, hasta hace unos días dirigió el Ministerio de Energía y Petróleo y la Vicepresidencia de Economía, teniendo pasado en la Vicepresidencia de la República y en el Ministerio de Interior y Justicia. Numerosos medios de difusión nacionales e internacionales han titulado lo acontecido como una “purga” o una “guerra interna” dentro de la cúpula gubernamental.

La trama de PDVSA

Por enésima vez, se ha revelado que la industria petrolera nacional, la famosa “gallina de los huevos de oro”, sirvió como arena deportiva para que los corruptos de la presente generación intentaran superar los récords de sus antecesores. PDVSA es una clara muestra de que los peores ladrones en la sociedad no hurtan con cuchillos, armas de fuego e insólita velocidad de carterista, sino con influencias, órdenes, firmas y contratos. El bolígrafo de un burócrata es, por lejos, mucho más prolífico que las armas del lumpen.

Cuando Pedro Tellechea fue nombrado presidente de PDVSA en enero, inmediatamente ordenó una auditoría interna y el congelamiento de los contratos de suministro, a sabiendas de que desde la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Calidad se estaba autorizando la salida de tanqueros con millones de barriles de crudo, a cargo de contratistas que luego no enviaron los respectivos pagos a Venezuela. Lo anterior ha dejado un hueco enorme en las finanzas de la industria.

Luego de que EEUU impuso un embargo a las exportaciones de petróleo venezolano en 2019, la directiva de PDVSA delegó la importante tarea de evadir las sanciones y exportar el crudo a puertos asiáticos a un sinnúmero de nuevas y desconocidas empresas privadas intermediarias, surgidas de la nada. El resultado: miles de millones de dólares en “cuentas por cobrar”, que la industria petrolera no ha percibido en los últimos años.

Por este caso fueron aprehendidos el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA, el coronel Antonio Pérez Suárez, y varios de sus subalternos. El oficial militar fue calificado por el fiscal general de la República, Tareck William Saab, como el “jefe principal” de la estructura criminal.

Una de las detenciones más llamativas hasta el momento corresponde a la del ahora ex diputado de la AN, Hugbel Roa (cercano a El Aissami), quien en el pasado se desempeñó como Ministro de Alimentación y Ministro de Educación Universitaria. A este personaje se le acusa de gestionar la asignación de millonarios contratos de carga de petróleo. Se presume que dos de sus testaferros, Alejandro Arroyo y Daniel Prieto –ya detenidos–, dirigían una red de prostitución. También resalta la aprehensión de Joselit Ramírez, ahora ex director del despacho de Tareck El Aissami y ex jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), organismo que maneja fondos y operaciones de PDVSA en criptomonedas.

En el campo empresarial, figuran las detenciones de Manuel Meneses –presunto operador financiero y asesor del jefe de la estructura–, Roger Martínez –coordinador financiero y enlace entre funcionarios y empresarios–, Rafael Perdomo y Roger Perdomo, quienes según palabras del Fiscal General: “(…) fungían como empresarios asociados y operadores nacionales financieros para legitimar criminales”. También fueron atrapados Cristopher Barrios, Johana Torres, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez, entre otros, los cuales se presume que operaban como testaferros. En las últimas horas han sido apresados los presidentes de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado, y de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo.

El día 20 de marzo, Tareck El Aissami, a través de su cuenta en Twitter, informó sobre su renuncia al cargo de Ministro de Energía y Petróleo que ocupaba desde el año 2020. Hasta el momento no se han emprendido acciones legales contra el ex ministro y desde su renuncia no se sabe nada de su paradero. Posteriormente, Maduro decretó la eliminación de la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de PDVSA, creada en 2020, también dirigida por El Aissami y que es recordada por ordenar el encarcelamiento de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, valientes gerentes de la industria que denunciaron la corrupción ahora pública y frenaron algunas acciones de las mafias.

¿Cuánto se robaron?

Desde fuentes gubernamentales se ha filtrado una cifra aproximada del desfalco a PDVSA, que según asciende a 3.000 millones de dólares como producto de la ya explicada venta de petróleo no pagado a la industria por contratistas intermediarios. Si bien, la suma es dantesca para las dimensiones de nuestra contraída economía, hay razones de sobra para pensar que no se está ni cerca del cálculo verdadero. A todas luces, un gobierno que es responsable de la corrupción no puede ser tomado como fuente seria para este caso. ¡Necesario es dudar!

Investigaciones periodísticas han aproximado otras cifras de las “cuentas por cobrar” de PDVSA, que generan tanto indignación como escalofríos. En un trabajo publicado en noviembre de 2022 por Armando.info, se reportó la existencia de casi un centenar de empresas intermediarias, sin experiencia previa en el negocio y que habrían sido registradas con premura en paraísos fiscales como Hong Kong, Panamá, Belice y Emiratos Árabes Unidos poco antes de comercializar el petróleo venezolano en Asia. Según el reportaje, la cifra que adeudan dichas contratistas asciende a 8.406 millones de dólares, equivalentes a casi el 83% de los 10.135 millones que la industria petrolera no ha percibido por la venta de 201 millones de barriles desde 2019 hasta el 17 de agosto del año anterior.

En la investigación se advierte que la suma podría ser mayor si se toma en cuenta el esquema de intercambio de petróleo por alimentos, por el que los empresarios Alex Saab (actualmente encarcelado en EEUU) y Álvaro Pulido hicieron fiesta en su momento. El reportaje revela la relación existente entre algunas contratistas con empresarios del entorno del gobierno –algunos que ya mencionamos antes entre los detenidos–, así como direcciones de contacto de firmas registradas en el extranjero, pero supuestamente ubicadas en casas modestas en Caracas que bajo ningún concepto aparentan ser sedes de empresas responsables del transporte marítimo de petróleo venezolano. Es el caso, por ejemplo, de Walker Internacional Dw-Llc, cuya dirección de contacto es una casa humilde en la urbanización Sarría de Caracas. De lo anterior se deduce que al menos una parte de las intermediarias o “traders» son empresas de maletín.

En una investigación similar, la agencia Reuters apuntó que las “cuentas por cobrar” de PDVSA desde principios de 2020 hasta 2023 suman 21.200 millones de dólares (2,3 veces las diminutas reservas internacionales de Venezuela), de los cuales cerca de 3.600 millones forman parte de facturas potencialmente irrecuperables por la acción de intermediarios y de pagos pendientes que debe realizar Irán en el marco del intercambio energético entre ambos países.

La lavandería de los nuevos ricos

Sea cual sea la cifra real, tratamos con un robo de proporciones astronómicas. El latrocinio, ahora hecho público, permite explicar en parte situaciones que desde hace años no coinciden con el estado actual de la economía nacional, como la proliferación de inversiones y construcciones en parques nacionales (Waraira Repano, Los Roques, Canaima, entre otros) y zonas de lujo (Las Mercedes). Desde hace años ha sido muy evidente la existencia de redes de lavado de dinero, que con seguridad no se limitan a los actores que acaban de ser apresados.

Después de todo, si hay algo que delata a todo nuevo rico es la desfachatez con la que despilfarra en lujos y extravagancias para presumir su éxito a la humanidad, y si es posible, a la vida inteligente en otras galaxias. Las ansias desmedidas de demostrar que han ascendido en la escalera social los lleva a los excesos más ridículos y petulantes. Esta psicología no solo se limita a los funcionarios, empresarios y testaferros que recién han caído en desgracia. La misma se halla fuertemente extendida entre todos los sectores y grupos de la alta dirigencia psuvista. De manera fácil se podrían revisar las redes sociales de cualquier ministro, diputado o autoridad al azar, y se observará a estos y sus familiares pavoneándose entre lujos, un post después de recitar las 3R y declarar su apoyo a la cruzada anticorrupción.

La esencia corrupta de la justicia burguesa

Los primeros detenidos del operativo anticorrupción fueron Cristóbal Cornieles, magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ y presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, y José Macsimino Márquez, juez 4° de control para delitos asociados al terrorismo. La versión oficial señala que estos personajes están siendo procesados por la eliminación de cargos y el otorgamiento de beneficios procesales a Oswaldo Cheremos, integrante de la peligrosa banda criminal “El Tren del Llano”, quien confesó haber pagado miles de dólares en sobornos.

La famosa corrupción en el sistema de justicia hace que las acusaciones que pesan sobre Cornieles y Márquez no sorprendan a nadie. Es del conocimiento de cualquiera la alta presencia de jueces que venden sentencias al mejor postor, toda vez que encarcelan inocentes como chivos expiatorios, por orden “de arriba”, para extorsionar o por cualquier nefasta consideración, mientras dilatan las audiencias, fomentan el retardo procesal, y violentan el debido proceso y los derechos humanos de los acusados. No está de más decir que son los pobres las principales víctimas de esta oscura dinámica.

Pero si, por inusitada suerte, algún caso cae en manos de un juez honesto o que aún no se ha corrompido, la situación para cualquier persona humilde sigue siendo desfavorable. La imposibilidad de un pobre de costear una buena defensa, la mala preparación y sobresaturación de casos de los abogados públicos, amén del clasismo inmerso en la legalidad y en los procedimientos de todo proceso, condenan a muchos desposeídos inocentes ya desde antes del juicio. Esta pequeña digresión ha sido necesaria para aclarar que la justicia burguesa es, ante todo, clasista desde la raíz y como tal debe ser arrancada y desechada al basurero de la historia junto al sistema capitalista que la sostiene.

El vínculo entre la política represiva y la corrupción

Aunque se nos ha tratado de vender la idea de que la trama en PDVSA no guarda relación con las corruptelas judiciales, en el fondo hay un vínculo político que las une. Precisamente Macsimino Márquez, como juez encargado de casos de terrorismo, ha sido uno de los ejecutores de la política de criminalización de la lucha obrera al condenar a trabajadores y sindicalistas de numerosas empresas e instituciones, en procesos plagados de vicios e irregularidades.

Según el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, durante los últimos 6 años más de 200 trabajadores de PDVSA han sido encarcelados por órdenes gerenciales, ejecutadas principalmente por cuerpos como la DGCIM. A estos obreros se les ha imputado y condenado por cargos de terrorismo, como represalia por haber denunciado corrupción, no prestarse para fraudes, exigir derechos laborales o terminaron siendo usados como chivos expiatorios. Fiscales y jueces han coaccionado a las víctimas a admitir culpabilidad en delitos menores, con la amenaza de que sostener su inocencia supondrá un mayor alargamiento de los procesos. El temor y el deseo de salir lo más pronto posible ha llevado a muchos trabajadores a ceder.

Tras la supuesta “desarticulación” de las mafias en la industria petrolera y en el sistema de justicia, no vemos que se dirijan acciones hacia la revisión de los casos de los trabajadores de PDVSA y otras empresas e instituciones, condenados o en proceso. El encarcelamiento de Cornieles y Márquez amerita la revisión y anulación de las sentencias del tribunal 4° de control e incluso de todo el Circuito Judicial de Caracas, sin olvidar la reparación de los múltiples daños infligidos a trabajadores y sus familias. También cabría esperar la apertura de investigaciones a más jueces y a funcionarios de cuerpos de seguridad y contrainteligencia por actuar a las órdenes de estas mafias. Hasta el momento no han habido acciones que nos permitan siquiera pensar en que se está trabajando en esta dirección. Y sin descartar la posibilidad de que se produzcan algunas liberaciones, hay un elemento político de peso que lamentablemente frenará el que se haga justicia en la totalidad de casos.

Con el escándalo de corrupción de PDVSA, queda revelado el papel de personajes como Cornieles y Márquez –entre tantos otros que siguen libres–. No solo tratamos con los artífices materiales de la política de represión y persecución del gobierno, sino también con los mandaderos judiciales de las mafias petroleras y de distintos grupos políticos. La criminalización y judicialización de trabajadores es, en primer lugar, una política de Estado dirigida a los fines de vencer toda resistencia al ajuste capitalista en curso, y, en segundo lugar, también a quitar cualquier obstáculo al voraz enriquecimiento de los distintos grupos de poder burocrático.  

El gobierno se beneficia indirectamente de las condenas a estos trabajadores, que resultan ejemplarizantes a la hora de intentar disuadir el más pequeño intento de protesta y organización en empresas estratégicas. Las autoridades aprendieron que el miedo a la represión y a la cárcel puede, en algún momento, ser el principal aliado de todo paquete de ajuste antiobrero y también a la corrupción por la cual viven. Sin embargo, los poderosos siempre pasan por alto que cuando la paciencia del pueblo trabajador es colmada, no hay amenaza que pueda parar la ira y la movilización social. Más temprano que tarde esta ley histórica volverá a cumplirse.

Estado y bandas delictivas

Por otro lado, fue arrestado el Alcalde del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, Pedro Hernández, por presuntos vínculos con Carlos “El Conejo” Gómez, líder de una banda criminal que azota la población de Las Tejerías y quien ya fue abatido por cuerpos policiales en días recientes. El burgomaestre también habría tenido relación con Héctor “El Niño” Guerrero, poderoso criminal al mando de una organización con células en Venezuela y otros países. No podemos olvidar que hace poco más de un año fueron apresados por nexos con el narcotráfico la entonces alcaldesa del Municipio Jesús María Semprún del Estado Zulia, Keyrineth Fernández, y dos diputados de la AN, Taína González y Luis Viloria.

Los casos mencionados permiten ilustrar la facilidad con la que el crimen organizado echa raíces dentro del Estado burgués y el mundo empresarial. Las altísimas sumas de dinero que manejan las bandas delictivas y de narcotráfico, encuentran tierra fértil en la ambición de funcionarios corruptos, empresarios y banqueros, dispuestos a hacer favores y servir de cualquier manera a los intereses del pagador o negociante asociado.

Cuando el narcotraficante se aproxima al funcionario corrupto, lo hace con cierto parecido al accionar de todo empresario ambicioso que recompensa muy bien a sus siervos en el Estado, mientras estos se mantengan en su carril. Igualmente podemos decir que un empresario que aborda a un rapaz burócrata puede llegar a actuar como un narcotraficante, pues debemos entender que la corrupción y el crimen son inseparables del capitalismo. Si el dinero no logra romper la convicción de un ser de altos principios, la amenaza de violencia hacia este o su familia si lo puede hacer.

Las condiciones descritas propias de un sistema social que fomenta la persecución irracional del lucro privado, convierten en utopía la creencia de que puede haber capitalismo sin corrupción y sin cohabitación con la economía criminal. Los miles de millones de dólares que circulan en el sistema financiero mundial procedentes del narcotráfico, la trata de personas y el robo a los Estados nacionales, son solo una muestra de lo que decimos. Obviamente hay grados y niveles, y en algunos lugares pareciera que se guardan un poco más las formas que en otros. Pero en las sombras siempre hay un submundo que existe y opera más allá de que sea visible o no. En síntesis, el sistema capitalista se sirve, reproduce y vive en el crimen.

Detrás del telón

La cercanía de varios de los detenidos con Tareck El Aissami revelan que detrás de la cruzada anticorrupción hay una suerte de ajuste de cuentas entre diferentes clanes burocráticos. Trabajos periodísticos nacionales e internacionales han arrojado detalles sueltos del trasfondo que, aunque siempre deben tomarse con precaución, al menos nos permiten armar un posible rompecabezas.

Fuentes de Bloomberg aseguraron que la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, venía realizando una profunda supervisión a PDVSA desde hace meses, encontrando el enorme agujero en las finanzas de la industria y rastreando los cargamentos de petróleo no pagado. El nombramiento de Pedro Tellechea como presidente de PDVSA en enero y la posterior auditoría que este ordenó a su llegada a la industria fue el corolario de dicho proceso.

Antes de la publicación de este reportaje, numerosas versiones mediáticas ya venían comentando la existencia de una supuesta lucha interna entre Tareck El Aissami y los hermanos Delsy Rodríguez y Jorge Rodríguez (Presidente de la AN). Cabe señalar que los hermanos Rodríguez son aliados fundamentales de Maduro, y que el Aissami también lo fue por mucho tiempo hasta que la acumulación de poder por parte del último se tornó problemático.

En este sentido, debemos traer a colación las declaraciones ofrecidas a Infobae por Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación e Información en épocas de Chávez y ex presidente de Telesur, radicado actualmente en Alemania. En una entrevista publicada por este medio el 21 de marzo, Izarra comentó que el madurismo usa la corrupción para controlar las ambiciones de los grupos que lo conforman. En relación a Delcy y Jorge Rodríguez, “los hermanos son ejecutores políticos de Maduro, no están actuando solos”. Y aseveró que las detenciones de funcionarios cercanos a El Aissami se deben a que Maduro no admite que le disputen el poder y descubrió que se había construido uno muy grande en sus sombras que había que descabezar.

Otra tesis probable es que lo acontecido responde en parte a cierta presión por parte de Chevron y el imperialismo estadounidense, en el marco del proceso de diálogo y el descongelamiento de relaciones entre Washington y Caracas. Factores como las ansias entreguistas de Maduro, la relativa necesidad de Chevron de aumentar su producción de petróleo en Venezuela y el interés del imperialismo de obtener a El Aissami a cambio de elementos negociables, habrían dado paso a una especie de pacto y accionar posterior. Esta versión se basa en deducciones y especulaciones que solo podrían confirmarse con el paso de los días, semanas o meses.

Como dato curioso, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, declaró el miércoles 22 de marzo lo siguiente: «Apoyamos los esfuerzos para acabar con la corrupción, incluidos los de Venezuela, y vamos a seguir atentos a la situación mientras continúa en desarrollo». ¡Vaya sorpresa! Una declaración de apoyo del imperialismo yankee hacia Venezuela es, por decirlo menos, algo inusual. 

Semanas antes del escándalo, la periodista de derecha Sebastiana Barráez, que cubre la fuente militar y de frontera, relacionó la liberación y destierro a España del mayor general Miguel Rodríguez Torres en enero con una posible movida interna que estaba por destaparse. “Creo que hay una jugada política dentro del chavismo, dentro de un sector del chavismo, que buscó dejarlo en libertad para que pudiera accionar contra otro internamente (…)”. Sin titubeos, barajó la hipótesis de que sería Tareck El Aissami.

Tantos indicios sueltos no pueden ser casualidad. Más allá de que en la realidad terminen prevaleciendo algunas versiones e hipótesis más que otras, o que se trate de una confluencia de varias, “si el río suena es porque piedras trae”.

La anticorrupción como cortina

Debemos recordar que no es la primera vez que en Venezuela se disfraza un choque entre camarillas burocráticas con una cruzada anticorrupción.

En 2017, se encarceló a altos directivos y a un gran número de gerentes de PDVSA bajo cargos de corrupción administrativa, malversación de fondos, entre otros. Casi en la totalidad de casos se trataban de corruptos ampliamente conocidos y denunciados en su momento por la clase obrera petrolera. Pero su encarcelamiento obedeció, no a los desfalcos de los que formaron parte, sino al fuego cruzado entre diferentes camarillas políticas. En esencia, el operativo anticorrupción de 2017 respondió a la necesidad de los distintos grupos de poder de erradicar la influencia de Rafael Ramírez en PDVSA y repartirse el control sobre la gallina de los huevos de oro.

Pero el tiempo demostró que la dinámica de desangramiento de la industria, aunque había mutado producto de las sanciones, se mantuvo y en algunos casos empeoró. La corrupción nunca dejó de estar allí, todo el mundo lo sabía y los voceros del PSUV desestimaron y ridiculizaron toda denuncia realizada contra las mafias. Ahora vemos a estos mismos voceros, sin la vergüenza que perdieron hace años, elogiar al poder central por mantener “una guerra sin cuartel contra los corruptos”. Es claro que el tono de la propaganda oficial está enfocado en el plan de campaña electoral del PSUV para 2024.

Hay un elemento de mucho peso que debe ser analizado. En esta oportunidad, más que en otras en el pasado, existe una fuerte necesidad de apuntalar las finanzas de PDVSA en medio del contexto favorable de crisis energética mundial y de relativa relajación de las sanciones.

El aumento de las protestas del movimiento obrero el último año han prendido las alarmas del gobierno, que hasta ahora se ha negado a incrementar salarios aplicando con severidad el paquetazo antipopular en marcha. Pero de cara a las elecciones presidenciales del 2024, sostener la negativa a las demandas de los trabajadores que votan es sumamente contraproducente. Por ello, el ala dominante del PSUV necesita hacer malabares manteniendo los compromisos con la burguesía tradicional, quemando reservas internacionales para intentar frenar las alzas del dólar y a la vez aumentar el gasto social para efectos de campaña, sin que la economía se vuelva a ir a pique. Con la recesión mundial a la vista, esta película se llama “Misión imposible”. Sin embargo, estas motivaciones, que parten del temor a la pérdida del poder, pudieron haber influido en la decisión de la camarilla mandante de ajustar cuentas con quienes, además de acumular un poder inmenso, estaban amenazando la supervivencia de la industria.

Las magnitudes del desfalco, en el contexto descrito, quizás superaron los cánones de lo mínimamente aceptable para las más altas esferas del poder. Después de todo, no es lo mismo dejar que alguien se lleve algunos huevos de oro a permitir que, en un afán de obtener más, ahorquen a la gallina hasta matarla. Era necesario sacrificar algunas manzanas podridas para cuidar la estabilidad del gobierno, tal y como los capitalistas del mundo cada tanto acostumbran con sus partidos en el poder, y también las castas burocráticas dominantes al frente de Estados obreros deformados.

Un dato más: Pedro Tellechea, además de mantenerse al frente de PDVSA, también ha sido nombrado como Ministro de Energía y Petróleo en sustitución de El Aissami. Lo anterior supone un conflicto de intereses insalvable que, incluso desde el punto de vista burgués, supone mayores facilidades para la posible proliferación de la corrupción, como la experiencia histórica de PDVSA ya ha mostrado en demasía. Esto nos dice todo lo que merecemos saber sobre lo que pasará después.

El capitalismo es corrupción

Ciertamente, la corrupción es un fenómeno mundial, hecho que se puede ver cada año con la filtración de nuevas tramas, desfalcos, fraudes y evasiones fiscales de toda índole. Desde los sobornos de Odebrecht, el desvío de millones de dólares del fondo estatal de Malasia 1MDB, el caso Volkswagen en 2015, Wells Fargo en 2016, hasta los bochornosos descubrimientos de los Pandora Papers y los Panama Papers.

La corrupción forma parte del ADN del capitalismo y de toda sociedad donde una minoría controla, dispone y decide discrecionalmente sobre los recursos, las riquezas y la producción social, sometiendo a las amplias mayorías en el proceso. Engels decía que cuando la ciencia, el arte y el gobierno son monopolio de una minoría, esta usará y abusará de su posición para mantener a la sociedad en condiciones de servidumbre.

En la división social del trabajo, como parte de la división de la sociedad en clases, las minorías dominantes –que cimentan su poder principalmente con la fuerza y la coerción– suelen encargarse de la producción intelectual y simbólica con la cual también someten mediante su ideología a las mayorías dominadas, ocupadas en el trabajo manual o material y en la producción de riqueza para beneficio de los primeros. De la misma manera que la ideología capitalista a nivel mundial nos intenta enseñar a venerar a los rapaces Musk, Bezos, Gates y Jobs; en Venezuela los viejos y nuevos ricos, con sus respectivos aparatos de propaganda, hacen lo propio con los Mendoza, Escotet y ahora los noveles “emprendedores”, a los cuales debemos agradecer por permitirnos contemplar su grandeza.

Fomentando una suerte de síndrome de estocolmo colectivo, el capitalismo, su Ideología y propaganda pretenden que amemos a nuestros captores, ladrones y explotadores, pues debemos sentirnos afortunados de existir en el mismo mundo que vio nacer a estos visionarios.

¿De dónde viene la corrupción?

La intelectualidad burguesa, con sus torpes divergencias en cuanto a matices superficiales, ha construido explicaciones sobre esta materia que tratan de perfumar la podredumbre del orden social capitalista al cual se deben.

Usualmente se suele pensar que el flagelo de la corrupción comprende un problema puramente estatal, asociado a una alta concentración de burocracia. Tales creencias son fomentadas por analistas liberales y libertarios, en su intento permanente de presentar lo público como corrupto y lo privado como honrado y ejemplar, y de esta manera convencer sobre la necesidad de emprender políticas de privatizaciones, que vayan aminorando el papel del Estado en la economía.

A raíz del estallido y desarrollo de la crisis mundial del capitalismo en 2007, buena parte de esta argumentación ha quedado sepultada por la realidad, la cual demostró cuán necesarios son los aparatos estatales capitalistas para el sostenimiento del sistema. Gracias a las llamadas «burocracias corruptas», enormes cantidades de recursos públicos fueron destinados al rescate de los grandes bancos, en gran número de países. Los mismos sinvergüenzas que hablan de aminorar el papel del Estado en la economía fueron los primeros en pedir intervenciones gubernamentales para salvar a los banqueros. Asimismo, las constantes apelaciones a la «honradez de la iniciativa privada», no son más que simples quimeras, siempre sumergidas entre la escoria de los frecuentes escándalos de corrupción que permanentemente sacuden desde las grandes corporaciones hasta las empresas más pequeñas.

Por otro lado, existen grandes maestros de la moralidad que tratan de explicarnos que la corrupción es el resultado de «faltas éticas» de ciertos individuos, y que solo basta con que los deshonestos sean sustituidos para resolver el problema. Maduro ha reproducido este discurso aduciendo que lo ocurrido en PDVSA es un problema ético. Pero lo que este punto de vista no precisa, es por qué el mal no deja de aparecer, a pesar de los constantes cambios y rotaciones que sufren las estructuras estatales y corporativas. Ante esta situación, se preguntan ¿Es que los seres honrados están en peligro de extinción o no está de moda hacer el bien?

Y desde otro ángulo, nunca faltan los que desde un falso realismo, fundamentado por pseudociencia reaccionaria, señalan que la corrupción yace en la propia naturaleza de la humanidad. Así se reviven preceptos que hace mucho la ciencia mandó a la basura. La profunda incomprensión de algunas personas sobre la existencia de condicionantes materiales y sociales que influyen dialécticamente en el accionar colectivo e individual de los seres en la sociedad, los lleva a sacar conclusiones erradas sobre el comportamiento humano. Aunque las personas pueden influir en su entorno, la forma en que estas piensan y actúan está determinada por la rica interacción entre su posición en la estructura social y económica, sus necesidades materiales, la lucha entre los intereses de las clases en pugna y el papel de las ideologías en este proceso dinámico. Marx y Engels en La ideología alemana lo dejaron muy claro cuando dijeron que la vida –entendida como la vida social y económica de las personas, además de la existencia biológica– determina la consciencia.

Una sociedad en particular puede fomentar y favorecer ciertos comportamientos frente a otros. La sociedad capitalista es caldo de cultivo para el afán de lucro personal y el egoísmo, siendo la corrupción consecuencia de lo anterior. El estudio más superficial de antropología devela que el sistema de valores de los pueblos originarios que tienen poco o nulo contacto con el mundo capitalista, no admite el individualismo y por el contrario cultiva la cooperación y la solidaridad. Quien piense que existe una naturaleza humana codiciosa y egoísta debe preguntarse si ese tipo de comportamientos, en nuestro pasado más remoto, nos hubiesen permitido subsistir como especie ante los embates de la naturaleza.

Ante tales opiniones, debemos señalar que la corrupción es inherente a toda forma de sociedad dividida en clases, castas o estamentos, donde un reducido grupo de privilegiados tiene la potestad inescrutable de manejar recursos vitales para la población, como consecuencia de las posibilidades que ofrece la propiedad sobre estos o bien a través de la gestión estatal. La propiedad sobre los medios de producción y las ventajas materiales que ofrece el poder del Estado son factores corruptores de primer orden. En las sociedades signadas por la existencia de las clases –como el capitalismo– o de castas dominantes –como las caricaturas burocráticas disfrazadas de socialismo–, la corrupción es la norma y no la excepción.

En los Estados constituidos sobre bases capitalistas son los intereses de las clases dominantes los que siempre se superponen. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista decían que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. La competencia entre sectores del empresariado por hacerse de mercados, contratos, ventajas y beneficios, propician el otorgamiento de comisiones, prebendas o sobornos al funcionariado a cambio de toda clase de favores y concesiones.

La cuestión clave del control

A pesar de que los Estados capitalistas responden a intereses y presiones de clases, por lo general mantienen ciertos niveles de autonomía que los sitúa por encima de la sociedad. Este factor impide que los ciudadanos puedan ejercer controles reales al desempeño de las burocracias, facilitando las posibilidades objetivas de que surjan manejos irregulares en el erario público y las empresas nacionalizadas.

En el caso de la propiedad privada sobre los medios de producción, la posibilidad de control social es, en la mayoría de casos, nula. Empero, en excepcionales momentos de agudización de la lucha de clases, el control obrero surge como expresión de una situación de doble poder en las fábricas. Esto es que el burgués sigue teniendo propiedad sobre el medio de producción pero la organización obrera ejerce control sobre los recursos del mismo. Al final, la supervivencia de estas experiencias dependen del triunfo del proletariado organizado en el país. De no lograrse la revolución, la derrota del control obrero será inevitable.

En el caso de las burocracias al mando de Estados obreros degenerados o deformados la situación no es muy diferente. Aquí la riqueza social y la producción nacionalizada están controladas discrecionalmente por castas burocráticas que usan sus posiciones para beneficiarse, toda vez que impiden y reprimen la más pequeña expresión de democracia obrera. Trotsky decía que la economía planificada necesita de la democracia tanto como el cuerpo humano requiere oxígeno. Y esto es así pues al estar la clase obrera impedida de ejercer control democrático sobre la gestión de los recursos y la dirección de la economía, el parasitismo y la corrupción burocrática tarde o temprano estrangularán el desarrollo de las fuerzas productivas, llevando con esto al colapso de la experiencia de transición socialista. El ejemplo de la URSS y de tantos otros casos son más que elocuentes

Así pues, el control de la riqueza social por parte de una minoría que somete a la mayoría, sea en capitalismo o en caricaturas de socialismo, es lo que en el fondo crea toda dinámica influyente en las “faltas éticas” de las personas. No se trata de implantar esquemas y procedimientos de transparencia estrictos, que de alguna manera u otra serán burlados. No es cuestión de formar a las personas en valores abstractos para que actúen al margen de las condiciones materiales y sociales imperantes. Tampoco en sentarnos a esperar hasta que los impolutos tomen el control de un sistema podrido, pues este los terminará corrompiendo, los desechará o a nosotros nos saldrán raíces esperando.

La cuestión para los revolucionarios yace en la organización de la clase obrera, a la cabeza de todos los oprimidos, para derrocar el sistema capitalista y establecer una economía planificada, con plena participación democrática de la mayoría en el control y gestión de los recursos y la producción social. Si la clase obrera organizada en consejos, soviets o comunas tiene la posibilidad de vigilar y controlar cada accionar burocrático, inspeccionar y auditar las cuentas, rotar las tareas y funciones vitales entre toda la ciudadanía, elegir y revocar en todo momento a los funcionarios, mientras estos reciben un salario digno pero que no los separa de las condiciones de vida de los trabajadores que representa, logrando el cometido de desarrollar las fuerzas productivas para crear la superabundancia en la sociedad, la corrupción se erradicaría, así como toda forma de explotación y opresión social.

Las condiciones especiales del capitalismo venezolano

Usualmente los Estados capitalistas financian sus actividades gracias a los impuestos aportados por sus ciudadanos. En Venezuela –al igual que el resto de países de economías rentistas– el aparato estatal, al ser propietario de la industria petrolera, se financia primordialmente de la captación de divisas producidas por la venta en el mercado mundial de un recurso que procede de la riqueza del subsuelo y no del trabajo social, en interacción con las fuerzas productivas.

Esta situación le brinda al gobierno rentista una mayor autonomía financiera respecto a sus ciudadanos y por ende una mayor independencia y elevación por encima de la sociedad. Al esto combinarse con el enorme peso de la renta en la economía –96% de los ingresos nacionales provienen del petróleo–, la atrofia del aparato productivo nacional –fruto del parasitismo de la oligarquía criolla–, el abultado volumen de burocracia estatal –que existe como compensación de lo anterior–, y el habitual secretismo en las asignaciones de recursos, resulta en desproporcionados niveles de corrupción estatal.

La conclusión a la que debemos arribar, es que no hay riqueza suficiente que resista a la voracidad, tanto de la oligarquía criolla como de las burocracias de paso en el aparato estatal venezolano. Mientras pervivan las relaciones de propiedad burguesas y el Estado capitalista a su servicio, nuestra nación estará condenada al atraso, la dependencia y a la constante dilapidación de recursos para beneficio de unos pocos.

La lucha y la organización

Con el escándalo de corrupción, es posible que el gobierno haya encontrado una nueva excusa para retrasar por un tiempo los aumentos salariales que la clase obrera demanda en la calle. Se dirá que no hay recursos pues se los robaron y así el mantra del bloqueo no tendrá que ser invocado como única razón. Esto por supuesto será así hasta que el ambiente preelectoral se acerque y no quede más remedio que ceder un poco. Hasta tanto se nos pedirán más sacrificios y a que aguardemos hasta que se “limpie la casa” dentro del Estado. Pero es obvio que los trabajadores no aceptarán tales peticiones de un gobierno atravesado por la corrupción más extrema y por la sencilla razón de que no es admisible sacrificarse cuando vemos que no todos lo hacen por igual.

El crecimiento en la movilización de la clase obrera ha sido lo más destacado del último año. A pesar de que el movimiento es hasta ahora meramente reivindicativo y su dirección está a cargo de elementos que desean mantenerlo en este redil, al menos tenemos un comienzo. Las expresiones de crítica y desconfianza de las bases a los líderes sindicales no han faltado. Es necesario partir de esa desconfianza y avanzar en la organización tanto para la lucha reivindicativa como para objetivos políticos claros. El camino debe ser la creación de una alternativa clasista y revolucionaria, y la acumulación de fuerzas de la clase obrera en la defensa de sus intereses. El objetivo tiene que ser instituir un poder social lo suficientemente fuerte para tomar el control de la economía y de la sociedad, para así desechar las relaciones de explotación capitalistas y su putrefacto Estado.

Hay mucho trabajo por hacer, obstáculos que sortear y niebla por despejar en el proceso. Pero si los revolucionarios consecuentes intervenimos y obramos con la claridad de cuál es el camino a recorrer y el objetivo a cumplir, –con los métodos y tradiciones correctas– el avance, aunque lento en principio, será indetenible.

La solución definitiva a la corrupción no se basa en cambios cosméticos que en el fondo mantienen el cáncer intacto. Este flagelo sólo será derrotado con la organización de la clase obrera, la revolución socialista, con una economía planificada y con profunda democracia obrera revolucionaria.

Los trabajadores portan en su colectividad las semillas de la destrucción del capitalismo y de toda explotación, opresión y corrupción posibles. Pero su organización posee el disco duro de la reedificación de la sociedad sobre bases socialistas, capaz de crear un entorno donde los hombres y mujeres puedan desarrollarse libres, culturalmente superiores y orientados a la solidaridad y cooperación social, sin espacios para egoísmos, pillajes y toda clase de miserias humanas.