Eduardo Galeano señaló en algún momento que «la justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos», una metáfora a la vez bella y dura sobre el carácter de clase de la justicia capitalista. En los últimos años hemos sido testigos de cómo la criminalización y judicialización de la clase obrera forma parte de la política cotidiana que llevan adelante quienes actualmente ostentan el poder en Venezuela. Tomándole la palabra a Galeano, en Venezuela la serpiente de la in-justicia sabe muy bien a quién debe morder y a quienes no.

Son varios los casos emblemáticos que se pueden mencionar a ése respecto: los líderes sindicales Eudys Girot, Marco Sabariego y Gil Mujica; los controladores aéreos Guillermo González y Derbys Rodríguez; y los ingenieros Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, pero hay muchos otros.

En las líneas siguientes me voy a referir al caso de la trabajadora de PDVSA Etanol Johana González, quien desde hace diez años se desempeñó como analista de operaciones portuarias y fue utilizada como chivo expiatorio para encubrir a los verdaderos mafiosos de la chatarra en la estatal petrolera.

Johana fue detenida el 18 de marzo del año 2021, cuando por voluntad propia acudió a las autoridades a declarar, ya que había sido mencionada en una investigación. Estuvo en condición de secuestro durante cuatro días y el 22 de marzo le notificaron que estaba privada de libertad. Inmediatamente después fue trasladada al Palacio de Justicia de Caracas donde le imputaron los delitos de peculado doloso impropio, forjamiento de documentos, mal uso de sello, asociación para delinquir y tráfico de material estratégico.

Su primer centro de reclusión en Caracas fue el Helicoide, sede del SEBIN, donde permaneció hasta el 2 de julio del año 2022. Desde entonces permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Retardo procesal y violación al debido proceso

Al igual que todos los trabajadores injustamente privados de libertad Johana ha sido víctima de retardo procesal. Su audiencia preliminar fue diferida en siete oportunidades. Finalmente, la audiencia fue realizada el 2 de diciembre del año 2021, es decir, 9 meses después de detenida.

En la audiencia preliminar, sin mostrar ningún medio de prueba contra ella, el Ministerio Público ratificó los delitos que se le imputaban.

¿Declararse culpable bajo coacción o someterse al calvario de la fase de juicio?

En esa misma audiencia preliminar, el juez José Mascimino Márquez, hoy privado de libertad y acusado de corrupción, le presentó dos opciones a Johana González.

La primera opción, acogerse al procedimiento de admisión de los hechos. Luego, él como juez dictaría una condena máxima de 5 años de prisión, lo que automáticamente le daría la oportunidad de optar a un beneficio procesal: suspensión de ejecución de la pena y libertad condicional. Esto, luego de cumplir con un conjunto de trámites, como la aprobación de una prueba psicosocial.

La segunda opción era no admitir ningún delito. Entonces él como juez ordenaría pasar a la fase de juicio, lo que significaba seguir privada de libertad por un tiempo incierto. Al igual que la audiencia preliminar, las audiencias de juicio se podían diferir y convertirse en un calvario, debido al brutal retardo procesal del que son víctimas las y los privados de libertad en el país.

Dado que su situación jurídica no se había logrado resolver rápidamente, a pesar de ser inocente, y viendo que muchas de sus compañeras de prisión llevaban años en la fase de juicio, con la ilusión de salir libre para esa navidad de 2021 Johana terminó admitiendo los delitos menos gravosos: peculado doloso impropio y agavillamiento. 

Orden de excarcelación

El 29 de abril del año 2022, quienes apoyaban la lucha por su libertad a nivel jurídico lograron la orden de excarcelación. Inmediatamente, la boleta correspondiente fue enviada al INOF. Ese mismo día Johana fue sacada de su celda y llevada al área de resguardo, donde permaneció por varios días. Pensó que ya la pesadilla estaba llegando a su fin y que del área de resguardo saldría a su casa, pero lamentablemente no fue así. Johana fue regresada a su celda, porque la entonces Ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras, no había autorizado su libertad.

Durante casi un año sus familiares, junto al Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de las y los Trabajadorxs Presxs, realizaron varias diligencias ante los organismos responsables a fin de que estos actuaran con celeridad de cara a la libertad de la compañera. Entre ellos, ante el propio Ministerio de Servicios Penitenciarios, siendo atendidos en esa oportunidad por la exministra Contreras.

De igual forma, se denunció ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo el no cumplimiento de la orden de excarcelación por parte del centro de reclusión y del ministerio responsable. Dice el refrán que entre bomberos no se pisan la manguera, y eso se ve en la actitud de las dos instituciones mencionadas anteriormente. Hasta ahora ninguna ha hecho nada en defensa de González.

Contrario a otorgarle su libertad, Johana ha sido sometida a condiciones inhumanas y malos tratos.

El artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 5, reza: “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta”, lo que nos sigue mostrando cómo se violan de manera flagrante los derechos de Johana.

Derogación de la orden de excarcelación

En el mes de abril del año en curso, a casi un año de emitida la orden de excarcelación de Johana González, el mismo tribunal que otorgó la boleta de excarcelación dictó auto de ejecución de la sentencia, es decir, dejó sin efecto la orden de excarcelación y convino reponer la causa. Esta acción estuvo amparada en el art. 110 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, considerando que la Procuraduría no había sido informada de la libertad de González, asunto que es responsabilidad del mismo tribunal, y que el tribunal nunca llevó a cabo. Por otro lado, en realidad Johana nunca llegó a ser puesta en libertad. Utilizan un tecnicismo jurídico para justificar el secuestro de facto Johana.

Nueva lucha por medida de suspensión condicional de ejecución de la pena

Aun con la moral por el suelo, y después de todo el calvario que ha constituido para Johana y su familia el proceso de su privación de libertad, nuevamente se aportaron todos los requisitos que establece el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una medida de suspensión condicional de ejecución de la pena. Una vez más Johana se sometería a la prueba psicosocial.

En efecto, en un operativo que la llamada “comisión presidencial para la revolución del sistema de justicia”, llevó a cabo en el INOF la primera semana de mayo, se le realizó la evaluación psicosocial.

Johana expresó que la prueba fue igual a la anterior e iguales fueron sus respuestas. La primera prueba psicosocial había sido aprobada –evidentemente- y por ello fue que le otorgaron la orden de excarcelación el 29 de abril del año 2022. En esta segunda oportunidad, Johana “casualmente”  apareció reprobada. Otra terrible prueba del ensañamiento que hay contra esta humilde mujer venezolana.

Mujer, pobre e inocente

Johana González es una mujer venezolana que proviene de una familia humilde, de clase trabajadora. Una joven que como todos los pobres de nuestro país se sacrificó para estudiar a fin de obtener una profesión. Su ejercicio profesional se ha caracterizado por la honestidad y responsabilidad dentro de la administración pública, pero ahora se encuentra en una cárcel.

Tiene dos hijos, uno de 15 y otro de 6 años de edad respectivamente, a quienes no ha podido abrazar desde que está privada de libertad. El hijo mayor está próximo a graduarse de bachiller. El hijo menor sufre de acidosis tubular renal, por lo que debe recibir una dieta especial. Para Johana, el no estar junto a sus hijos en estos momentos en los que tanto la necesitan, le han causado cuadros de depresión, que también mellan su salud corporal. Ha sufrido una drástica pérdida de peso, tiene problemas de circulación, caída abundante del cabello y desórdenes hormonales.

Solidaridad de clase

Desde Lucha de Clases hemos acompañado la lucha que el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de las y los Trabajadorxs Presxs lleva adelante para lograr la libertad de esta trabajadora.

Secciones hermanas de la Corriente Marxista Internacional desde Estados Unidos, México, Italia, Brasil, Argentina y Gran Bretaña han alzado su voz demandando la libertad de Johana.

Ratificamos nuestro apoyo a la lucha por la libertad de ella y de todos los trabajadores presos, al mismo tiempo que denunciamos que las instituciones responsables de ejercer la justicia en Venezuela no han mostrado voluntad política alguna para parar la violación de los derechos de esta trabajadora. Al contrario, han violado su derecho a la libertad en reiteradas ocasiones. Exigimos que acaben con esta infamia y le concedan libertad plena.

¡Liberen a Johana González!

¡Libertad Para Johana González!

¡Liberen a los Trabajadorxs Presas!