La decisión de la CEOE, ratificada en su reunión del 12 de enero, de no aceptar la cláusula de revisión automática del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si la inflación sobrepasa la estimación prevista indica que la patronal ha optado por dar una La decisión de la CEOE, ratificada en su reunión del 12 de enero, de no aceptar la cláusula de revisión automática del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si la inflación sobrepasa la estimación prevista indica que la patronal ha optado por dar una vuelta de tuerca en sus exigencias de ataques a las condiciones salariales de los trabajadores. La organización empresarial exige al gobierno una rectificación de esa medida, aprobada por el gobierno en el último consejo de ministros celebrado en el año 2004 y condiciona el llamado “diálogo social” al cumplimiento de esta exigencia.

Revelando una vez más su alineamiento con las posturas empresariales, el ministro Solbes, que ya se manifestó contrario a esta medida del gobierno en diciembre, secundó de forma inequívoca la posición de la CEOE. Según El País (12/01/2005): “expresó su parecer sin ambajes: entre la disyuntiva de actualizarlo [el salario mínimo] año tras año, como figura en el texto, o función de las circunstancias económicas, se inclinó por esta posibilidad ‘mucho más razonable’”.

El argumento central de la CEOE es que esta medida puede provocar una espiral general ascendente de los salarios y poner en peligro la productividad de la economía española, tratando de descargar sobre los trabajadores los problemas derivados de los problemas del capitalismo español, cuyos únicos responsables son los empresarios y los banqueros.

El cinismo empresarial no tiene límites. En un artículo publicado en Cinco Días (18/12/2004) se podía leer la siguiente apreciación: “El crecimiento de los costes laborales españoles sigue cayendo en picado. Este tipo de costes incluye salarios, las cotizaciones y otros como la formación o las indemnizaciones por despido y su crecimiento sigue moderándose ininterrumpidamente trimestre tras trimestre”. Más claro el agua. Después de dar los datos el artículo saca la siguiente conclusión final: “Estas cifras dibujan un claro escenario de desaceleración ya que hace poco más de un año los costes laborales crecían el doble que ahora. Esto supone una buena noticia para empresarios y sindicatos. Estos últimos podrán argumentar esta contención de costes a la hora de negociar los salarios del próximo año en los procesos de negociación colectiva y de discutir con la patronal el pacto de negociación colectiva para 2005”. Resultan irónicas esas palabras comparadas con lo que realmente está ocurriendo.

La debilidad invita a la agresión

La primera conclusión es que efectivamente, la política de consenso de los sindicatos para lo único que está sirviendo es para perjudicar el poder adquisitivo de los trabajadores. La segunda es que patronal, como siempre, responde a la debilidad con la agresión. Increíblemente la reacción de CCOO y UGT, en el momento en que se escribe este artículo, está siendo tremendamente tibia, planteando, en su comunicado de prensa del 12 de enero, que: “Consideramos que corresponde a éste [al gobierno] gestionar su aplicación”. Ni una crítica a la postura de Solbes, ni siquiera una amenaza de endurecer su postura en el terreno reivindicativo y, lo peor, redundando en la argumentación de que el consenso social, que ha demostrado ser desfavorable para los trabajadores, es importante para la economía española. Hay que hablar claro, ha sido importante, sobre todo y en primer lugar, para los beneficios empresariales.

La tercera conclusión es que la CEOE ha decidido dar un toque de atención muy serio al gobierno. El mensaje es claro: o gobernáis para nosotros o no va haber tregua. Es evidente que el gobierno de Zapatero está tratando de moverse continuamente en el filo de la navaja. Con su posición en el conflicto de los astilleros se ha decantado claramente hacia los intereses empresariales, con los presupuestos generales del 2005 ha seguido una línea de continuidad con el anterior gobierno del PP, pero también trata de mantenerse en una línea de “consenso”, de no enfrentamiento con los sindicatos para mantener una imagen de sensibilidad a todo lo relacionado con lo social. Al fin y al cabo, este gobierno ha sido producto de una profunda movilización social contra la derecha y su política. Pero para los empresarios esos equilibrios no son suficientes, y han considerado que es necesario, y que hay condiciones, para pasar a la ofensiva. En su pliego de exigencias está una nueva reforma del mercado laboral, un cambio de las normas que rigen los convenios colectivos y toda otra serie de ataques encaminados a hacer la economía española “más competitiva”, en un contexto en que los empresarios españoles están perdiendo cotas de mercado en Europa y fuera de Europa.

La ofensiva patronal en la cuestión del salario mínimo está ligada a sus planes a medio plazo.

La disyuntiva del gobierno

Apoyándose en las divisiones que existen en el gobierno, y la actitud abiertamente pro patronal de Solbes, los empresarios han lanzado una ofensiva para obligar al PSOE a definirse claramente por una política de ataques al movimiento obrero. Si no lo hace, la patronal jugará la carta de ahondar en las divisiones en el gobierno y llevarlo a una situación de crisis abierta.

El fondo de la debilidad política del gobierno del PSOE reside en la contradicción de ser un gobierno aupado por las movilizaciones sociales contra el PP y al mismo tiempo no tener un programa que satisfaga de forma palpable a los trabajadores en materia de empleo, vivienda y otros aspectos sociales. Es decir, un programa a la altura de las profundas aspiraciones de cambio que existe en la mayoría de la sociedad. Si el Gobierno de Zapatero se apoyase en la tremenda ola de movilizaciones que desalojó a Aznar, en base a una política económica distinta y con efectos claramente perceptibles para los sectores más desfavorecidos, sería un gobierno fuerte, y estaría en condiciones de hacer frente a todas las presiones de la patronal y de la derecha, que desde el primer momento han optado por la política de acoso y derribo al Gobierno del PSOE. Las consecuencias de cualquier otra opción están siendo cada vez más patente.