Los acuerdos de Barbados y el proceso de diálogo ¿Puede haber un arreglo definitivo entre Maduro y el imperialismo?

El martes 17 de octubre, delegados del gobierno venezolano y un sector de la derecha proimperialista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), hicieron públicos en Bridgetown, capital de Barbados, algunos resultados del proceso de diálogo en el que las partes mencionadas y el imperialismo estadounidense negocian el futuro del país de espaldas y en detrimento del pueblo trabajador. En este show mediático, los actores nacionales pactaron la promoción de derechos políticos y garantías electorales de cara a los venideros comicios presidenciales. Como parte del mismo proceso, desde EEUU emitieron varias licencias temporales y condicionales que alivian algunas sanciones financieras contra Venezuela.

Dicho acto es el resultado de meses de negociación que los participantes han mantenido de forma discreta e ininterrumpida, luego de la última ronda de diálogo formal celebrada en Ciudad de México hace un año. En el fondo, debemos reconocer como las verdaderas partes de la negociación al gobierno de Venezuela de un lado y al imperialismo estadounidense del otro, siendo la PUD un actor que si bien participa con demandas propias, depende enteramente de los castigos o incentivos que sus amos del norte puedan ofrecer a Maduro, en forma de imposición o relajación de sanciones. Además de que los intereses de la Casa Blanca están representados en parte de las exigencias de la PUD, Washington tiene un canal de negociación directo con el gobierno venezolano. 

Antecedentes

El rotundo fracaso de la estrategia imperialista de Donald Trump para deponer a Maduro, abrió las puertas a la situación actual. El antecesor de Joe Biden en la Casa Blanca creyó posible forzar un “cambio político” en Venezuela, mediante la combinación de múltiples formas de desestabilización, intervencionismo y ataque. Así, con la controvertida juramentación de Maduro para un nuevo mandato en enero de 2019 –tras ganar cómodamente unas elecciones donde no participó la mayoría de la oposición–, se puso en marcha la estrategia de “Máxima Presión”.

Esta política combinó la imposición y reforzamiento de las sanciones financieras, un embargo petrolero, movidas diplomáticas, establecimiento de un gobierno paralelo, llamamientos a un golpe de Estado y una fallida incursión mercenaria en 2020. Sin embargo, tal estrategia no fue capaz de producir un levantamiento popular, gracias en parte a las reservas antiimperialistas –conscientes o inconscientes– que todavía quedan en el conjunto del pueblo trabajador, ni tampoco un quiebre del alto mando militar, el cual se mantuvo del lado de Maduro por considerar a este como el garante más seguro de las prebendas y privilegios que han ganado en las últimas décadas.

Lejos de caer, Maduro se afianzó en el poder para profundizar su política de ajuste capitalista, a la par de la represión estatal contra la clase obrera. Los impactos de la crisis mundial del capitalismo y la caída de los ingresos petroleros desde 2014, produjeron un colapso recesivo e hiperinflación que el gobierno intentó administrar primero con regulaciones inocuas al mercado, para luego, a partir de 2018, impulsar el paquete de ajuste antiobrero y antipopular más profundo de la historia de Venezuela.

Con las sanciones financieras impuestas al Estado y a la industria petrolera venezolana a partir de 2017, EEUU agravó la crisis del capitalismo rentista criollo, la cual ya venía pulverizando los niveles de vida de los trabajadores desde el año 2013. En este sentido, la terrible situación económica, política y social resultante produjo una diáspora de más de 7 millones de venezolanos, que luego de emigrar en masa a distintos destinos de Latinoamérica, hoy cruzan por miles a diario la frontera sur de EEUU.

A partir de 2021, Biden tomó el timón político del imperialismo estadounidense, optando por la negociación a través del chantaje. Desde la Casa Blanca se comenzó a ofrecer la flexibilización de las sanciones financieras a cambio de que Maduro entrara en negociaciones con la derecha y permitiera la celebración de “elecciones libres”. Lo último, quitando eufemismos, significa condiciones para que los títeres del imperialismo en Venezuela vuelvan a hacerse del poder sin complicaciones. No es casualidad que en este mismo año, un conjunto de fuerzas de la oposición de derecha, encabezadas por Juan Guaidó, formaron la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y en poco tiempo dicha coalición concertó con el gobierno una nueva directiva para el Consejo Nacional Electoral (CNE), que contaba con rectores de ambos bandos. Bajo órdenes del norte, los partidos de la oligarquía tradicional volvieron al carril electoral postulando candidatos a los comicios regionales de noviembre del 2021.

Durante los meses de agosto y octubre del 2021, las partes nacionales realizaron 2 rondas de diálogo formal en Ciudad de México, con intermediación de Noruega, que fueron paralizadas por Maduro como medida de protesta ante la extradición del empresario colombiano Alex Saab a EEUU por lavado de activos. Este personaje era un agente clave de los negocios de la cúpula presidencial e intermediario del gobierno para gestar intercambios comerciales al margen de las sanciones, con enormes beneficios para él y sus empresas. Para entonces, otro indicio que ilustraba la existencia de un canal de negociación abierto entre Washington y Caracas fue la remoción de Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama de Venezuela Cilia Flores, de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU.

Desde inicios de su mandato, Biden fue objeto de presiones por parte de multinacionales petroleras de su país y Europa en pro a la emisión de licencias que les permitiera operar en Venezuela. Todo este lobby germinó con el estallido de la guerra en Ucrania y el subsiguiente bloqueo a las exportaciones de petróleo y gas de Rusia. Para los imperialistas estadounidenses y europeos se convirtió en prioridad conseguir sustitutos a la energía del país eslavo, por lo que pusieron su mirada en la Venezuela gobernada por el presidente que poco antes intentaron derrocar.

En marzo de 2022, una delegación de la Casa Blanca se reunió con Maduro en Miraflores para negociar la política energética binacional y la liberación de presos de ambas partes. Pocos meses después, fueron liberados 7 ciudadanos estadounidenses que se hallaban tras las rejas en Venezuela, y EEUU hizo lo propio excarcelando en su territorio a otros 2 sobrinos de Cilia Flores, que pagaban una condena de 18 años de cárcel por delitos de narcotráfico.

En noviembre de 2022, se realizó una nueva ronda de diálogo formal en Ciudad de México, en la que gobierno y PUD acordaron el establecimiento de un fondo de 3.000 millones de dólares, con parte de los recursos bloqueados al Estado venezolano en el extranjero, que serían administrados por la ONU y se destinarían a la –supuesta– “protección social del pueblo venezolano”. Cabe resaltar que un año después del acuerdo, tal monto no ha sido desembolsado. Horas después de la firma de dicho pacto, desde EEUU se emitió una licencia que permitía la reactivación de las operaciones de Chevron en Venezuela. En los meses siguientes, se autorizó a las multinacionales europeas Eni y Repsol a exportar gas natural.

Uno de los puntos más críticos de la negociación era la existencia del llamado “interinato”, con Guaidó a la cabeza, que cayó en un gran descrédito por no acercarse en lo más mínimo a sus objetivos de “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. La filtración de numerosos casos de corrupción por parte de este instrumento imperialista, le granjeó un odio inconmensurable de la mayoría del pueblo trabajador, y en especial, de buena parte de las bases opositoras. Para Biden, Guaidó pasó a ser un estorbo que no sumaba nada a sus propósitos de chantaje a Venezuela. Por esta razón, desde el norte se ordenó el cese del gobierno interino a comienzos de 2023. Poco después, Juan Guaidó huyó de Venezuela con rumbo a EEUU, alegando una supuesta ”alerta de detención”, aunque realmente lo hizo cumpliendo instrucciones de sus jefes para no obstaculizar el reordenamiento de la oposición.

En junio del presente año, Jorge Rodríguez, en representación del gobierno de Venezuela, y Juan González, asesor de alto nivel de Joe Biden, sostuvieron un encuentro en Doha, Qatar, sin presencia de mediadores. Seguidamente, la Casa Blanca y Miraflores acordaron, a comienzos de octubre, un plan de deportación masiva de venezolanos irregulares en EEUU, que ya comenzó a hacerse efectivo. De esta manera, el imperialismo estadounidense intenta contrarrestar la entrada en sus fronteras de ciudadanos del país cuya economía ayudaron a destruir, mientras voceros del gobierno venezolano saludan la “vuelta a la patria” de connacionales que antes habían huido de los salarios más bajos del mundo, del desempleo, la inflación y la destrucción generalizada de infraestructuras y servicios públicos; en suma, del cataclismo económico y social del que Maduro tiene las mayores cuotas de responsabilidad. En Miraflores aceptan la humillante deportación de venezolanos como una moneda de cambio para luego comprar exigencias a la Casa Blanca.

El 16 de octubre por la noche, a pocas horas de la jornada en Barbados, Maduro, además de informar sobre los acuerdos que se firmarían al día siguiente, comentó que había alcanzado un pacto con EEUU mucho más amplio, sin hacer mayores comentarios. Esta declaración fue una clara confesión de que los verdaderos alcances de los acuerdos no serán de dominio público hasta que los hechos los vayan revelando.

Los derechos políticos y condiciones electorales pactadas en Barbados

Con la presencia de los mediadores noruegos y el acompañamiento de representantes diplomáticos de 19 países, las delegaciones, encabezadas por Jorge Rodríguez por el gobierno y Gerardo Blyde por la PUD, firmaron el “Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos” y el “Acuerdo Parcial para la Protección de los Intereses Vitales de la Nación”.

El primer pacto suscrito señala que ambas partes reconocen los derechos de cada actor político a la libre selección de su candidato a las próximas elecciones presidenciales, conforme a los mecanismos internos y lo establecido en la Constitución y las leyes. En cuanto a garantías electorales, se acordó proponer la realización de las elecciones presidenciales en la segunda mitad del 2024, lo que entre líneas quiere decir un compromiso del gobierno a no adelantar los comicios, tal y como Maduro lo venía insinuando hasta hace poco y como ya lo hizo en 2018.

La hoja de ruta hasta las presidenciales plantea acciones concretas en torno al Registro Electoral Permanente (REP), mediante jornadas especiales de inscripción y actualización en Venezuela y en el extranjero, establecimiento de puntos para tales efectos con testigos de los actores políticos, operativos especiales de cedulación y la depuración del padrón electoral. También se pactó el desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano, con la participación y acompañamiento de todos los factores políticos y los observadores nacionales e internacionales. Otro punto del acuerdo fue el referido a solicitar el acompañamiento internacional de misiones de observación electoral de la ONU, Unión Europea, Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.

El documento establece un exhorto a los actores políticos y funcionarios públicos a respetar la normativa electoral y las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para cuando se desarrolle la campaña, así como la adopción de medidas que garanticen la seguridad, y la libertad de circulación y reunión de los candidatos en el territorio nacional. De igual manera, se contempló el derecho de los contendientes a mecanismos de financiamiento transparentes. A nuestro juicio, tal punto del acuerdo es un saludo a la bandera. Todos sabemos que el imperialismo y la burguesía tradicional seguirán financiando a la derecha, y el PSUV no está dispuesto a renunciar a los recursos públicos para sus campañas.

En el papel, se promoverá el equilibrio en el acceso de los candidatos a los medios de comunicación y espacios públicos, la amplia cobertura de medios y redes de difusión locales, nacionales e Internacionales, y el compromiso de los contendientes a reconocer los resultados que emita el CNE.

Claramente, los puntos del acuerdo mencionados deberían ser inherentes a todo proceso electoral normal bajo un régimen de democracia burguesa. Pero en la Venezuela de hoy imperan condiciones excepcionales que se explican por su historia reciente. La decadencia del capitalismo rentista nacional, el descarrilamiento burocrático de la revolución bolivariana, el intervencionismo imperialista empecinado en lograr un cambio de gobierno, el papel desestabilizador de la derecha tradicional, y por supuesto, el fortalecimiento de las tendencias bonapartistas de la cúpula del PSUV –en su interés de preservar a toda costa el poder para arbitrar entre los antagonismos de clases, enriquecerse y emerger como una capa de nuevos ricos–, son las razones que subyacen al fenómeno descrito. 

En ninguno de los puntos del pacto hay alusión alguna a los derechos a huelga, protesta y organización de la clase obrera. Ni hablar de las reivindicaciones económicas, a un salario equivalente al costo de la canasta básica y servicios públicos de calidad. Estas omisiones ponen en evidencia el interés compartido de la burguesía tradicional y la cúpula del PSUV de seguir manteniendo a raya a los trabajadores para seguir descargando el peso de la crisis sobre sus hombros. Quien haya pensado que el proceso de diálogo desembocaría en la “normalización democrática de Venezuela”, se ha graduado con honores en la universidad de los incautos. No está de más recordar que los marxistas defendemos los derechos democráticos que permiten a la clase obrera organizarse, movilizarse y protestar, pues bajo dichas condiciones es más favorable para esta luchar contra el capitalismo y derrocarlo.

El acuerdo para la “Protección de los Intereses Vitales de la Nación”, trata sobre la ratificación de los derechos históricos de Venezuela sobre el territorio del Esequibo, un área que comprende 159.000 kilómetros cuadrados que se encuentra en disputa con la República Cooperativa de Guyana. También refiere a la defensa de los bienes de la empresa Citgo Petroleum, filial refinadora de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en EEUU, que está a las puertas de ser subastada por orden judicial para satisfacer las reclamaciones de 20 acreedores, que demandan alrededor de 23.000 millones de dólares por concepto de deudas del país y de la industria de crudo nacional. Dada la complejidad particular de ambos temas, y para no dispersar el análisis, preferimos abordar cada una de estas problemáticas en futuros artículos, a propósito del referendo convocado para el 3 de diciembre sobre el tema Esequibo, y la primera ronda de subasta de Citgo pautada para el 22 de enero de 2024.

Inhabilitaciones y el factor María Corina Machado

En el acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales dice que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos que cumplan con los requisitos legales y constitucionales. Esto, pareciera indicar un compromiso por parte del gobierno para levantar las inhabilitaciones políticas hacia ciertos líderes de la derecha. Pero como veremos, esta posibilidad no es contemplada por el liderazgo del PSUV. En la lista de inhabilitados se encuentra María Corina Machado del partido Vente Venezuela (VV), que el pasado 22 de octubre –5 días después de los acuerdos de Barbados– se alzó con las primarias de la oposición, organizadas para proponer un candidato presidencial unitario frente a Maduro en 2024.

Machado, que encabeza el ala más dura de la derecha –y que es recordada por clamar, más que el resto de la oposición, una intervención militar extranjera en 2019 y 2020–, fue inhabilitada a postularse y ejercer cargos públicos en 2015, inicialmente por un periodo de un año. No obstante, en 2023 la Contraloría General de la República extendió la sanción hasta 2030, debido a presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas de patrimonio. Además, se le acusa de participar en el secuestro y despojo de empresas y recursos nacionales a manos de potencias extranjeras, así como de solicitar la aplicación de sanciones y el bloqueo económico contra Venezuela. Lo llamativo de la medida es que la misma fue extendida el pasado mes de junio, es decir, poco después de que Machado rompiera con el aislamiento político en el que estuvo por varios años, se postulara a las primarias derechistas, y ascendiera de forma meteórica en las encuestas, a expensas del desprestigio de Guaidó y el G4 (alianza de partidos que sostenían el “gobierno interino”). Cuando esta señora jugaba un papel divisor en la derecha, el gobierno la dejó operar a sus anchas, pese a sus peligrosos delirios. Pero ahora, que, de un momento a otro, Machado pasó a convertirse en una amenaza potencial, desde el PSUV no dudaron en recurrir a medidas administrativas con trasfondo político, de esas a las que ya nos tienen acostumbrados.

Aquí, es preciso dejar claro que para Lucha de Clases – Corriente Marxista Internacional, tanto Guaidó, su séquito, y todo aquel que promovió sanciones y gestionó la invasión de fuerzas militares foráneas –incluida Machado–, deberían estar tras las rejas. Pero el cálculo politiquero de la cúpula psuvista dejó las puertas abiertas a la impunidad, y al crecimiento político de elementos peligrosos como Machado, la cual se ha convertido en un polo de atracción reaccionario para la abrumadora mayoría de la base derechista, y en menor medida, de antiguas capas intermedias o incluso ex chavistas. Con sus ansias revanchistas mal disimuladas, esta señora se yergue amenazante hablando de construir una “fuerza cívica” para exigir a la “comunidad internacional” actuaciones y también abrir escenarios de “desobediencia civil”. En otras palabras, lo que quiere decir realmente es que tratará de pedir al imperialismo un intervencionismo más contundente contra su propio país, y la retoma de la agenda golpista por parte de la reacción.

La amenaza que hoy representa Machado para los trabajadores y el pueblo es, en parte, responsabilidad de la política del liderazgo psuvista, la misma que, fortaleciendo las fuerzas represivas del Estado burgués y aplastando las aspiraciones del pueblo trabajador, ha prestado un servicio difícil de estimar al capital.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió, el 30 de octubre, la sentencia 122 con la cual declara la nulidad de todos los efectos de las primarias opositoras. Asimismo, voceros gubernamentales como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez han declarado días después de la jornada de Barbados que la inhabilitación a Machado no será revertida. Con estas actuaciones, el gobierno da muestras claras de hasta dónde está dispuesto a cumplir los acuerdos que suscribió.

La razón detrás de lo anterior es más que obvia. Todo el proceder del liderazgo psuvista de los últimos 7 años ha mostrado, de modo inequívoco, su deseo de mantener el poder a toda costa, eliminando por medios bonapartistas cualquier amenaza política tanto a su derecha como a su izquierda. Y estas amenazas no tienen que ser necesariamente significativas, sino que también pueden ser leves aunque potenciales, lo que explica la reciente judicialización del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Varias encuestas apuntan que ante una hipotética elección entre Maduro y Machado, la segunda aventaja al primero en intención de voto por un amplio margen. Según un sondeo de la encuestadora Meganálisis del mes de agosto, Machado contaría con el 50,1% de las intenciones de voto frente a un 12,1% de Maduro. Para la nueva cabeza de la oposición no ha habido campaña más favorable que el desastre de gestión gubernamental madurista y su draconiana política de ajuste. De llegar Machado al poder, esta reforzaría a niveles más extremos dicho ajuste y se valdría de las mismas armas económicas, legales y de represión Estatal creadas por el gobierno actual para pisotear a la clase obrera y perseguir a toda la izquierda.

Es necesario aclarar que Machado y su partido no forman parte de la PUD y el proceso de diálogo. La PUD es una alianza política creada por el interinato que incorpora a representantes de la “sociedad civil”, militares retirados, sindicatos, partidos políticos (fundamentalmente los del desacreditado G4) y diputados de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021. De hecho, el haber permanecido distante a la PUD y criticar ferozmente al G4 y su disposición al diálogo, ha sido una de las claves del ascenso de Machado. Pocas horas después de la firma de los acuerdos parciales, la dirigente de VV señaló que los mismos no arrojan “certezas” al no haber precisión sobre las acciones a tomar y cuáles son los plazos de cumplimiento. Lo anterior quiere decir que los acuerdos de Barbados fueron suscritos por el gobierno y un sector derechista, que luego del 22 de octubre no representa el presente de la reacción proimperialista, al menos en su cúpula dirigente.

En el acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales, en el papel, el gobierno y la PUD se comprometieron a promover un discurso público y clima político favorable a un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas y con respeto a la ciudadanía, al CNE y las leyes, rechazando la violencia en el ejercicio político y cualquier acción que atente contra la paz, la soberanía e integridad territorial de Venezuela.  Pero, la nueva líder de la oposición no está comprometida en unos acuerdos de los que no participó. Y ella, siendo fiel al pasado que la precede, no ha abandonado ninguna posibilidad futura de llamar a un golpe de Estado y a una invasión militar de fuerzas extranjeras, si sus aspiraciones no se ven satisfechas. Solo requiere que sus amos y financistas en el norte vuelvan a adoptar dicha línea, algo que puede tornarse más probable si vuelven los republicanos a la Casa Blanca. De concretarse tales escenarios, la PUD se verá arrastrada a la política que dicten, primero en Washington, y luego Machado, a menos que desee acrecentar su desprestigio ante las bases derechistas.

Liberaciones

Como “muestra de buena voluntad” por parte del gobierno, fue liberado un grupo de opositores que pagaban condenas de cárcel, de los que destacan el ex periodista y colaborador de Juan Guaidó, Roland Carreño y el exdiputado Juan Requesens.

Así, podemos ver como se excarcelan a personajes vinculados a actos de terrorismo en el pasado y que colaboraron en la promoción internacional de sanciones contra su país, mientras centenares de trabajadores son devorados por la inclemencia del putrefacto sistema penal venezolano, como represalia a alguna protesta, por denunciar corrupción o como chivos expiatorios de mafias burocráticas. Para los principales polos de la política nacional, estos casos no tienen importancia. Después de todo, ninguno de estos trabajadores sirven como monedas de cambio para alguna de las partes en la mesa. Esto ratifica de forma clara la naturaleza miserable de este diálogo de élites.

Alivios a las sanciones

Pocas horas después de la jornada en Barbados, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EEUU, emitió varias licencias que suspenden temporalmente algunas órdenes sancionatorias contra el Estado y la industria petrolera venezolana, permitiendo de este modo transacciones en diversos ámbitos y la reapertura de mercados para nuestro país.

A través de la Licencia General 44, se autorizan transacciones relacionadas con la industria petrolera y gasífera, en lo referente a la producción, extracción, venta, exportación, nuevas inversiones, pago de facturas por bienes y servicios, así como la entrega de petróleo y gas como forma de cancelación de deudas a acreedores del gobierno y la compañía estatal PDVSA. Lo anterior supone que la industria petrolera venezolana podría volver a exportar sus commodities a EEUU y Europa, algo que le fue impedido desde principios de 2019. También quedan habilitadas operaciones con ciertos bancos bloqueados como el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela. Esta concesión en particular tiene una vigencia que abarca hasta el 18 de abril de 2024, y su continuidad o revocación dependerá de lo que decida la Casa Blanca.

También fue promulgada la Licencia General 43, la cual autoriza todas las transacciones que involucran a la CVG Compañía General de Minería de Venezuela C. A. (Minerven) o entidades en las que esta empresa posee un interés del 50% o superior. Tal medida se aplica en favor de actividades de producción, extracción, venta y exportación de oro venezolano, que en la actualidad se desarrollan en el mercado negro.

Asimismo, los alivios también presentaron modificaciones en las Licencias Generales 3I y 5M para permitir el comercio en el mercado secundario de bonos, deuda y capital del Estado venezolano y PDVSA. Cabe aclarar que dicha medida no autoriza la adquisición de nuevos financiamientos, pero abre la posibilidad de que Venezuela y su industria petrolera puedan negociar reestructuraciones de sus obligaciones. Básicamente, se habilita a inversores estadounidenses para comprar y vender bonos y deuda del periodo previo a la imposición de sanciones, beneficiando a los acreedores de Venezuela y PDVSA.

Es importante destacar que estos alivios son limitados y condicionales. La OFAC se reserva el repudiable derecho unilateral a modificar o revocar estas autorizaciones en caso de que Maduro no cumpla con las condiciones que EEUU ha puesto sobre la mesa. Ya el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, advirtió el 19 de octubre que de no levantarse las inhabilitaciones políticas y producirse nuevas liberaciones de presos estadounidenses en Venezuela antes de finales de noviembre, se ordenará desmantelar el alivio a las sanciones. Con esta forma de chantaje y coacción, el imperialismo yankee ha lanzado la pelota a la cancha de Maduro.

La emisión de estos permisos y las expectativas en torno a los efectos que los mismos pueden traer a la economía venezolana, han generado comentarios y análisis optimistas por parte de varios economistas burgueses. Citemos sólo a Luis Vicente León, quien apuntó que la flexibilización de las sanciones «significa un paso gigante en términos de la reinserción del país en el mercado internacional, en momentos en que nuestro país y también el mundo occidental más lo necesitan». El turbulento contexto internacional del presente parece favorecer una posible recuperación de la producción petrolera venezolana y de los ingresos nacionales en general.

Actualmente, en el mundo impera una crisis energética, resultado de los problemas generados tras la pandemia, que luego se vieron reforzados por la guerra en Ucrania y el bloqueo a las exportaciones de petróleo y gas de Rusia. Las tensiones en medio oriente producto de la criminal invasión Israelí sobre Gaza ha añadido nuevas incertidumbres a la ecuación. Como resultado, los precios de la energía no han parado de crecer en los últimos años. Analistas estiman que el precio del barril de petróleo puede escalar hasta los 100 dólares en los próximos meses.

Por otro lado, la reentrada a la esfera de la producción petrolera en Venezuela por parte de la multinacional estadounidense Chevron –desde enero de 2023–, ha impulsado una leve alza en la producción de crudo en nuestro país, alcanzando los 800 mil barriles por día (bpd), 80 mil más que lo que se producía en enero. La compañía norteamericana cuenta, en el papel, con un plan de expansión donde espera incrementar la producción de crudo en 65 mil barriles adicionales para finales de 2024. Asimismo, el gobierno venezolano y las empresas Eni de Italia y Repsol de España acordaron explotar gas en el yacimiento Cardón IV, una reserva certificada que contiene 15 billones de pies cúbicos. No se descarta que se esté contemplando la reactivación de las operaciones petroleras con estas empresas, que, de realizar ciertas inversiones, tienen la capacidad de producir cerca de 80.000 barriles por día. Recordemos que en Europa existe una fuerte necesidad de obtener fuentes de energía sustitutas al petróleo y gas de Rusia, al ser este continente menos autónomo en términos de energía que EEUU. Otras multinacionales como Shell muestran cierto interés en incursionar en el negocio petrolero venezolano.

Con las licencias que la OFAC emitió el 18 de octubre, se reducirán buena parte de los condicionantes que obligaban a la industria petrolera venezolana a vender su petróleo con descuentos en sus precios de 30 o hasta 40%. Hasta aquí, todo suena favorable y apunta a que el capitalismo rentista criollo puede levantar cabeza nuevamente. Pero es necesario señalar que los planes y expectativas que en principio se muestran tienen contrapesos y factores adversos, además de descansar en condiciones que la crisis mundial del capitalismo demolerá en el futuro.

En primer lugar, aunque se han aliviado algunas sanciones, todavía pesa un gran paquete de restricciones que sigue limitando numerosas actividades. También, la incertidumbre latente sobre la sostenibilidad o revocación de las licencias en el futuro, más aún con la negativa de Maduro a abrirle oportunidades a la derecha para que le arrebate el poder, obligan a las multinacionales con deseos de invertir en Venezuela a no arriesgarse de más. No tendría sentido realizar una gran inversión para que de la noche a la mañana EEUU revoque los permisos y no se puedan extraer y exportar los tan demandados recursos. En la medida en que las tensiones políticas en Venezuela vayan en aumento, todos los planes y negocios energéticos que aquí hemos descrito se paralizarán.

Aunque la producción petrolera en Venezuela ha subido levemente, aún se encuentra 2 millones de barriles por debajo de los niveles que tenía hace una década. El reducido nivel productivo de PDVSA en el presente, es el principal factor que explica el por qué Venezuela no ha podido beneficiarse sustancialmente de los altos precios internacionales del crudo. En este sentido, el economista y socio director de Ecoanalitica, Asdrúbal Oliveros, ha señalado que la producción petrolera debe elevarse a 1,2 millones de bpd, un 50% adicional a los niveles actuales, para que el país comience a sentir beneficios tangibles de la coyuntura actual. Siendo optimistas, si se suma todo lo que las multinacionales tienen para aportar, además de los planes que estas han comunicado y lo que se puede inferir –entendiendo el enorme trecho que hay entre lo que se planifica y se lleva a término– aumentar la producción a los niveles esperados luce lejano. Y PDVSA tiene serios problemas de caja para alcanzar los 1,2 millones de bpd con esfuerzo propio.

Hemos visto y leído como analistas burgueses de la derecha y el PSUV se esmeran por explicar las bondades de la inversión extranjera, al punto de emocionarse ante la posibilidad de que multinacionales imperialistas vengan a explotar el suelo y subsuelo venezolano. Pero la realidad no deja espacio para el optimismo. Las condiciones actuales de crisis orgánica del capitalismo, donde los países dominados por el imperialismo ofrecen o son forzados a rematar sus recursos, reducir impuestos y regalías, desregular sus economías y destruir derechos laborales para atraer inversiones, anulan casi todas las posibilidades de que estos Estados vean los frutos de su riqueza potencial, explotada y aprovechada por otros. Eso es precisamente lo que se pretende hacer con las Zonas Económicas Especiales y las ventajas que se están ofreciendo a las multinacionales. Como dijo el comunista Orlando Araujo en su libro Venezuela Violenta: “La miseria es nuestra, la riqueza es ajena”. Esto se aplica perfectamente a la reentrada de Chevron, Eni, Repsol y compañía, cuyas operaciones de producción y exportación están destinadas a saldar las deudas de PDVSA.

En relación al entorno actual de la producción energética en Venezuela, creemos pertinente citar un párrafo de nuestro análisis Por qué Venezuela no se arregló y cómo nos afectará la crisis mundial del capitalismo, contenido en la edición 31 del periódico Lucha de Clases: “(…) Una mayor elevación de la producción petrolera y gasífera por parte de cualquier multinacional, implica grandes inversiones para sortear los problemas asociados a la destrucción de las infraestructuras de la última década, el colapso generalizado de los servicios públicos que afectan la productividad, los constantes robos de equipos en las áreas de explotación, y también el pago de ‘vacunas’ a grupos del crimen organizado (…). Por ejemplo, los continuos apagones han paralizado repetidas veces operaciones en varias plantas. Y Chevron tuvo que moderar sus metas de expansión debido a problemas en el dragado del canal de navegación del lago de Maracaibo. Así vemos como los planes actuales de los distintos intereses imperialistas occidentales se topan con la realidad de un país y una industria petrolera y gasífera que ayudaron a destruir –a la par de la corrupción del gobierno– como resultado de las sanciones y el bloqueo”. Súmese a lo anterior que en 2021, las multinacionales Total Energies y Equinor se desprendieron de sus acciones en las empresas conjuntas con PDVSA, dadas las sanciones, los riesgos y las duras condiciones.

Lo explicado quiere decir que pese a las oportunidades que se abren, Venezuela no está en capacidad de convertirse, en el corto y mediano plazo, en un suplidor importante a la energía de Rusia y actor de peso en la producción petrolera mundial, como en el pasado lo fue. Los problemas estructurales, la crisis, la permanencia del resto de sanciones y las difíciles condiciones a sortear, además de los choques políticos tras el telón, condicionan una situación de incertidumbre donde los planes de inversión y expansión se pueden reconsiderar o, en el mejor de los casos, ejecutar con mucha cautela y lentitud. Y por lo que a continuación expondremos, el factor tiempo puede erosionar todas las oportunidades que hoy están a la vista.

No podemos olvidar una perspectiva que se encuentra latente y que puede acabar en un instante con los altos precios internacionales del petróleo. Nos referimos a los riesgos crecientes de que a mediano plazo estalle una nueva recesión mundial. Los factores principales que alimentan dicha expectativa son las reducciones en las tasas de interés en EEUU y Europa, la desaceleración de la economía China y la crisis en el mercado inmobiliario de este país. Toda recesión en el globo lleva al cierre de fábricas, despidos masivos, la reducción general del consumo, y como consecuencia, una caída de la demanda de bienes y materias primas en los países de capitalismo imperialista, lo que conduce a desplomes de precios y una severa disminución en los ingresos de las naciones pobres. Aunque no se puede predecir cuándo estallará la recesión, la mecha es cada vez más corta. Incluso no se descarta que la recesión se adelante en los próximos meses.

Un fracaso anunciado

La aspiración de la dirección del PSUV es concretar un pacto de gobernabilidad integral con la vieja oligarquía, donde sea este partido quien lleve las riendas del país, gobernando siempre a favor del capital.

Aunque Maduro es una pieza de las estrategias geopolíticas de China y Rusia –los principales enemigos del imperialismo estadounidense en el mundo–, no es menos cierto que este desea normalizar relaciones y atraer inversiones de multinacionales de EEUU. Por otro lado, la burguesía tradicional aspira retomar el control del Estado, pues, en su aspiración de gobernar para redoblar el ajuste antipopular, reclama tener en Miraflores a un elemento de su total confianza. Esta actitud refleja la misma preocupación del imperialismo estadounidense, que anhela contar con un gobierno totalmente subordinado a sus designios, en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Aunque la oligarquía tradicional está de acuerdo con la política económica de Maduro, no puede aceptar que la llamada “boliburguesía” le dispute cada vez más porciones de la riqueza nacional. Esta es la razón central del por qué la vieja burguesía no piensa –al menos actualmente– alcanzar un pacto de gobernabilidad y convivencia plena con la capa de nuevos ricos del PSUV.

Pero por otro lado, la cúpula psuvista tampoco piensa ceder o perder el poder de ninguna manera. Los riesgos de esta posibilidad implican persecución judicial nacional e internacional, y la confiscación de los bienes y recursos que han obtenido mediante el saqueo del erario público. Para Maduro es muy claro que su interés de preservar el control del Estado para sí importa mucho más que el deseo de que se levanten las sanciones. Después de todo, en el punto más bajo de la crisis económica, supo mantenerse en el poder y consolidarse.

Los factores anteriores condicionan el fracaso futuro del diálogo en sus alcances más profundos, más allá de los acuerdos parciales que las partes alcanzaron hace pocos días. El gobierno está dispuesto a hacer concesiones políticas leves, en tanto estas no abran posibilidades de perder el poder. La única condición para que la cúpula psuvista acepte –ingenuamente– una transición política y ordenada, o en su defecto, elecciones donde fácilmente la derecha retome el control del Estado, es que desde la Casa Blanca ofrezcan garantías, aparentemente sólidas, de inmunidad y respeto a las propiedades que los nuevos ricos han acumulado. Pero realmente creemos que el escenario antes expuesto es un tanto remoto. La desconfianza de Maduro hacia el imperialismo y las presiones de Rusia y China son contrapesos a considerar. De levantarse las inhabilitaciones y efectuarse un proceso electoral “limpio” en 2024, trataríamos con claros indicadores de que la improbable tranza fue lograda.

Quién gana y quién pierde

La concertación económica entre el gobierno y las principales patronales, avanza sin contemplaciones en el proceso sistemático de despojo de derechos y conquistas al pueblo trabajador. En el último periodo, hemos sido testigos de como las bancadas de la derecha y el PSUV en el parlamento votan en conjunto medidas y leyes en favor del capital.

En el pasado mes de agosto, Maduro firmó un decreto de activación de 4 Zonas Económicas Especiales, con la presencia de lo más granado de la burguesía en Miraflores. Las reuniones de coordinación entre altos representantes del Ejecutivo y las principales patronales ya son moneda corriente. Por otro lado, se ha reinstaurado el mal llamado ”tripartismo”, que en los hechos consiste en que el Estado pacta con los empresarios los parámetros de las nuevas relaciones laborales, y las burocracias sindicales legitiman el pacto con su participación, conteniendo en todo momento a la clase obrera.

Estos hechos dan cuenta de una gran contradicción: mientras el gobierno le cierra las puertas a la burguesía tradicional en lo político, a la vez se las abre de par en par en lo económico. Y todo esto acontece bajo la mirada atenta y momentáneamente pasiva de la clase obrera.

El proceso de diálogo que hemos analizado es un intento de pacto, bastante frágil, de élites oscuras que pugnan por mantener y extender sus privilegios y perpetuar un sistema que ha llevado al país al borde del abismo. En él, los ricos de viejo y nuevo cuño y el imperialismo, a puertas cerradas, intentan definir el futuro de 30 millones de venezolanos sin su consentimiento y obviando en su totalidad sus aspiraciones. Mientras el gobierno nacional busca ganar tiempo, la derecha pugna por condiciones para hacerse del poder, y el imperialismo estadounidense manipula y coacciona en favor de sus nefastos intereses, los trabajadores de la ciudad y el campo son los únicos perdedores del juego. Por lo anterior, rechazamos de forma contundente este diálogo de élites, que es en esencia un proceso de negociación antidemocrática y antipopular.

Todos los hechos demuestran que el transitar de este diálogo no ofrece alguna solución a los problemas que enfrentamos. Los trabajadores deben reconocer que la única solución a sus problemas no vendrá de arriba, sino de sus propias fuerzas. Es hora de retomar la senda de la protesta masiva, de luchar por la reconquista de los derechos que nos han sido arrebatados y poner en la palestra y hacer respetar nuestros intereses de clases por sobre todas las cosas. 

La clase obrera y todos los sectores del pueblo no pueden dejarse manipular por las venideras campañas electorales, los cantos de sirena gubernamental y las aventuras golpistas de la derecha. Solo la movilización popular, en un proceso de acumulación de fuerzas y bajo la dirección de la clase obrera, puede llevarnos a derrotar el ajuste burgués en marcha, para luego avanzar hasta derribar la fuente última de todos nuestros problemas: el capitalismo.

Caracas, 30 de octubre del 2023.