El pasado 22 de octubre, se produjo un cambio significativo en el liderazgo de la derecha venezolana. Ese día, María Corina Machado del partido Vente Venezuela (VV) se impuso en las elecciones primarias organizadas por la oposición para definir un candidato unitario que desafíe a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. De esta manera, el sector opositor de línea más dura ha tomado el timón de la derecha, lo que sin duda tiene importantes implicaciones.

Tras meses de campaña, las primarias derechistas se tornaron en un mero trámite donde siempre hubo claridad sobre quién ganaría. Antes del 22 de octubre, numerosas encuestas daban como ganadora a Machado con ventajas de 40, 50 o 60 puntos porcentuales frente a los 9 precandidatos restantes. Pero la realidad parece haber dejado cortos todos los pronósticos. La jornada electoral de la derecha, según las cifras aportadas por la Comisión Nacional de Primarias (CNP), arrojó una aplastante victoria para la líder de VV que obtuvo 2.253.000 votos, lo que representa el 92,35% del total. El evento contó, supuestamente, con una participación de 2.440.000 venezolanos, un 12% del padrón electoral.

Tras el cese del interinato y la vergonzosa huida de Juan Guaidó hacia EEUU, las marionetas nacionales de la Casa Blanca buscaron un nuevo inicio, instando a un cambio político mediante el voto. A lo largo de 2023, la derecha incentivó la participación en sus primarias, tratando de revertir años de abstencionismo electoral y llamados a la desobediencia. Nadie puede olvidar que bajo la fachada «demócrata» de la oposición proimperialista, se ocultan aquellos que abogaron por intervenciones militares extranjeras y golpes de Estado. Estos mismos personajes promovieron sanciones financieras que, debido a su impacto económico, afectaron principalmente a los sectores más vulnerables del país.

Cabe recordar que sobre Machado pesa una medida de inhabilitación política, impuesta en 2015 con rango inicial de un año, pero que en junio del 2023 fue extendida hasta 2030 por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas de patrimonio, por participar en la “trama de corrupción” orquestada por Juan Guaidó en el despojo de empresas y riquezas del país, y también solicitar la aplicación de sanciones y el bloqueo. Si bien, la medida tiene sustento, pues es innegable la contribución de Machado en la promoción internacional de sanciones y el secuestro de activos de la nación por parte de potencias extranjeras –crímenes que deberían sancionarse no solo con inhabilitaciones sino también con penas de cárcel–, llama la atención que la Contraloría General de la República se pronunció en el preciso momento en que la dirigente de VV se perfiló como la favorita a ganar las primarias. El que dicha sanción se haya emitido cuando Machado emergió como una amenaza potencial para el gobierno, y que la misma no aplica a otros dirigentes, entre ellos alcaldes, gobernadores y diputados de la derecha; dan cuenta de una orden administrativa que tiene un claro fin político.

Varias encuestas apuntan que ante una hipotética elección entre Maduro y Machado, la segunda aventaja al primero en intención de voto por un amplio margen. Según un sondeo de la encuestadora Meganálisis del mes de agosto, Machado contaría con el 50,1% de las intenciones de voto frente a un 12,1% de Maduro. Para la nueva jefe de la oposición no ha habido campaña más favorable que el desastre de gestión gubernamental madurista y su draconiana política de ajuste.

¿Hubo fraude?

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó el 23 de octubre que las internas opositoras fueron un «megafraude». Un día después, el dirigente del partido de gobierno y Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el Parlamento abrirá una investigación al proceso de primarias, a la cual aseguró que solo acudieron 600 mil votantes. Posteriormente, el Fiscal General, Tareck Wiliam Saab, anunció el inicio de una investigación contra Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidente de la CNP, además de los directores de las juntas regionales del ente y los directivos de la asociación civil Súmate, por la presunta comisión de delitos como: usurpación de funciones electorales e identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Durante todo el proceso preparatorio de las primarias hubo irregularidades y tensiones dentro de la CNP, una instancia creada por los distintos partidos derechistas para organizar el evento de forma autogestionada. En varios momentos, se produjeron renuncias de directivos de juntas regionales del organismo. La propia María Uzcátegui, quien se desempeñó como vicepresidente de la CNP, también dimitió a su cargo en julio pasado ante la negativa a su solicitud de aplazar las primarias, donde argumentaba que no habían condiciones para un ejercicio altamente participativo. El reto logístico de instalar más de 3.000 centros electorales y 5.000 mesas de votación, en todos los municipios de un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, y extendiendo el esfuerzo a 80 ciudades de 31 países alrededor del mundo, era bastante cuesta arriba.

En varias oportunidades, la Comisión de Primarias pidió apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral (CNE), que respondió positivamente en septiembre solicitando que la jornada fuese postergada. Tal respuesta fue rechazada por la CNP al considerarla extemporánea.

Jorge Rodríguez, en su alocución del 24 de octubre, señaló que los votantes desconocían la existencia de un padrón electoral y centros de votación, además de que los colegios electorales cambiaron de ubicación apenas un día antes de las primarias. Lo expresado por Rodríguez es, en buena medida, cierto. Es necesario destacar la prestación de apoyo técnico y logístico en el evento por parte de la empresa Súmate, de la que María Corina Machado es cofundadora y en el pasado fue su directora ejecutiva. Los hechos antes expuestos ponen ciertas interrogantes al proceso de primarias. Y las sospechas se agrandan cuando repasamos el largo historial de fraudes organizados por la derecha, como la Consulta Popular convocada por el interinato en 2020, la Consulta Nacional de 2017 en medio de la ofensiva insurreccional de la reacción durante aquel año, y la colecta de firmas para solicitar un referendo revocatorio a Hugo Chávez en 2003. En todos y cada uno de estos procesos, se comprobó que la oposición infló los votos y adhesiones a sus iniciativas.

Más allá de las legítimas dudas que podemos tener sobre el proceso de primarias, el hecho cierto es que el 22 de octubre terminó de gestarse un cambio en la correlación de fuerzas del liderazgo derechista. Independientemente del número de votos obtenidos, y por las razones que explicaremos más adelante, no había manera de que Machado no ganara. Ha ocurrido precisamente lo contrario a lo que voceros de centro-derecha y centro-izquierda han expresado el último periodo, en las líneas de que impera una “falsa polarización”, “la polarización no existe” o el pueblo venezolano rechaza “todos los radicalismos”. Decir esto en un momento donde las bases de la derecha han girado hacia su costado más radical, supone una colosal falta de comprensión de la realidad. Y todo error en el diagnóstico conduce a errores políticos prácticos insalvables.

¿Quién es María Corina Machado?

Machado siendo recibida en la Casa Blanco por George Bush (hijo) en 2005

De familia burguesa, la ingeniera industrial de 56 años, María Corina Machado, selló su odio profundo a la revolución bolivariana al ser una de las firmantes del Decreto Carmona, con el que la oligarquía tradicional y el imperialismo estadounidense intentaron borrar la Constitución de 1.999 y las reformas decretadas por Hugo Chávez durante las horas críticas del golpe de Estado de abril de 2002. En ese mismo año, fundó junto a Alejandro Paz la asociación civil Súmate, con la cual buscó aportar a la desestabilización de la revolución bolivariana, usando la tapadera de la supuesta defensa de los derechos políticos y electorales de la población.

En 2003, se dio a conocer en la palestra política nacional cuando, a la cabeza de Súmate, fue una de las caras de la fraudulenta recogida de firmas para aprobar un referendo revocatorio contra Chávez. En 2010 resultó electa como diputada a la Asamblea Nacional, y dos años después fundó el partido –autodenominado liberal-republicano– Vente Venezuela. El lanzamiento de este partido coincidió con su participación en las primarias de la derecha de 2012, de las que se eligió a Henríque Capriles como candidato unitario de cara a las presidenciales de ese año contra Chávez. VV participó activamente en las ofensivas insurreccionales de la burguesía tradicional de 2014 y 2017, que produjeron numerosas muertes y episodios de extrema tensión política nacional.

Los estragos del fracaso insurreccional de la derecha en 2017 derivó en divisiones y desorientación entre sus componentes. A finales de aquel año, Machado, junto a Antonio Ledesma, fundan la alianza Soy Venezuela, con la que agruparon a los sectores de línea más dura de la reacción. En enero de 2019 apoyó la conformación del “gobierno interino” de Guaidó, sin entrar en ningún momento al mismo y manteniendo fuertes diferencias. Es importante recordar que Machado lideró, en 2019 y 2020, el enloquecido coro que abogaba por una intervención militar extranjera, mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Con el naufragio del plan imperialista de “máxima presión”, las divisiones en el seno opositor se agudizaron. Entre el archipiélago de fuerzas y coaliciones de derecha, Soy Venezuela se convirtió en una fuente de críticas despiadadas contra el Grupo de los 4 (G4), coalición conformada por los partidos opositores mayoritarios de entonces (VP, AD, PJ y UNT) reunidos en torno a la figura de Guaidó y el interinato. El G4 creó en 2021 la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con la que, además de incorporar a movimientos, militares retirados y miembros de la “sociedad civil”; impulsaron el diálogo político con el gobierno. Esta disposición a la negociación con la “dictadura” fue fuertemente cuestionada por Machado en un momento donde el G4 y el interinato cayeron en descrédito frente a sus bases.

Hasta hace poco tiempo, la líder de VV señalaba que no se mediría en ninguna elección hasta que el gobierno de Maduro fuera depuesto. Sin embargo, en 2023 decidió posicionar su nombre muy temprano para las primarias de la derecha, primero, oponiéndose a que el proceso contara con la participación del CNE, para luego terminar cediendo en este punto.

Machado ha ganado el respaldo mayoritario de las bases opositoras a expensas del desprestigio de los partidos del G4, coalición que se ha visto señalada como responsable de llevar a la derecha hacia numerosas derrotas, además de los interminables escándalos de corrupción relacionados con el manejo del interinato, Citgo, Monómeros y la llamada «ayuda humanitaria». La aversión de Machado hacia la supuesta moderación del G4, ha impulsado su figura como alguien que ha permanecido al margen de las responsabilidades por las derrotas opositoras y la corrupción del resto de la derecha. Como hemos dicho en el pasado, incluso esta podría estar generando simpatías entre capas indeterminadas, intermedias o incluso ex chavistas sumidas en la desesperación y ávidas de cualquier supuesto “cambio”. 

El colapso del apoyo al G4 y el ascenso de figuras como Machado se alinean con la tendencia mundial al colapso del centro político y a la polarización, resultado de la crisis mundial del capitalismo.

El discurso y el programa de Machado

Exponente de un discurso ridículamente maniqueista, trata de mostrarse como una líder espiritual que prepara a sus seguidores para una batalla del bien contra el mal. Su lema dice “hasta el final”, con el cual promete “enterrar” el socialismo en Venezuela, como si en algún momento este se hubiese instaurado más allá del discurso psuvista. Recientemente, ha tratado de moderar su discurso enfatizando su postura liberal, buscando no asustar a las capas intermedias de votantes.

En materia económica, es partidaria de impulsar un amplio programa de privatizaciones y ha propuesto negociar una reestructuración de la deuda soberana y el canje de parte de la misma por propiedades y participación accionaria en empresas estatales. Nada que no haría cualquier otro títere del imperialismo en Miraflores. Tal política solo difiere de la que actualmente aplica el gobierno en el ritmo en que se realizarían las privatizaciones, a diferencia de la lentitud relativa del proceso actual, y sobre todo a quiénes beneficiaría.

En materias en las que el país se encuentra rezagado, dice estar a favor del derecho al aborto bajo algunas causales y de ciertos derechos para la comunidad LGBTI+. Sin embargo, sabemos muy bien que hay un trecho muy grande entre lo que se promete en campaña y lo que la voluntad política, las alianzas, las presiones y los intereses son capaces de permitir a posteriori. Más aún con una derecha estrechamente vinculada a la iglesia católica y la tradición histórica latinoamericana de alianza entre liberales y conservadores para frenar cualquier avance del pueblo trabajador.

Lo que viene

El pasado 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia 122, con la cual anuló “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias”. Esto ocurrió 13 días después de que la cúpula del PSUV y la PUD, firmaran en Barbados un acuerdo parcial sobre derechos políticos y garantías electorales, donde, entre varios puntos, se comprometieron a respetar el derecho de cada actor político a seleccionar de forma libre a su candidato, y por otro lado, a autorizar a todos los partidos y aspirantes a participar en las elecciones presidenciales.

Como se sabe, EEUU emitió varias licencias que flexibilizaron algunas sanciones financieras contra Venezuela, condicionando su continuidad a que desde Miraflores se ordene el levantamiento de las inhabilitaciones políticas. Desde la Casa Blanca dieron un ultimátum sobre este respecto poniendo como plazo límite el 30 de noviembre. Sin embargo, desde Maduro para abajo, todos los voceros gubernamentales han declarado que las inhabilitaciones seguirán en pie.

En relación a su inhabilitación, Machado ha respondido –mucho antes de alzarse en las primarias– que su elección la dotará de la legitimidad necesaria para confrontar a las instituciones, acumular apoyo para actos de “desobediencia civil” y apelar a la actuación de la «comunidad internacional». Con estos señalamientos, Machado ha dicho que obrará en función de la retoma de la agenda desestabilizadora y golpista, combinada con nuevos llamados al intervencionismo imperialista. Tales amenazas no pueden tomarse a la ligera.

Sin embargo, dichas intenciones se topan con grandes problemas. Uno de los más importantes es la emigración masiva de amplios sectores de la base opositora, entre ellos, los grupos de choque de la pequeña burguesía, hecho que ha impedido que la derecha organice grandes movilizaciones durante los últimos años. Otro obstáculo podría ser la orientación actual de la Casa Blanca, más partidaria de una salida negociada a la crisis política venezolana.

La guerra en Ucrania, el bloqueo a las exportaciones de energía rusa y la necesidad de EEUU y Europa de disponer de nuevos suministros energéticos ha creado condiciones distintas a las del periodo de la administración Trump. Lo anterior no solo posibilitó la autorización para reactivar las operaciones de Chevron en Venezuela, sino también los intentos de Europa –que se halla más necesitada de sustitutos al petróleo y gas ruso– de acelerar el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Caracas, obviando la vieja exigencia sobre más democracia. Esto llevó a una leve fricción diplomática entre EEUU y la Unión Europea.

Podría pensarse que los imperialistas, en especial los estadounidenses, desean forjar buenas relaciones con Maduro para tratar de paliar –aunque sea de forma mínima– la crisis energética mundial en curso. Pero esto es equivocado. En la agenda de toda potencia imperialista pesan también los elementos de política interna, externa y de su propio prestigio, que debe mantenerse y ser refrendado a toda costa. Por algo, la Casa Blanca puso un ultimátum a Maduro hasta fines de noviembre respecto al tema de las inhabilitaciones. Con esto no solo trata de forzar que las condiciones que ha puesto en la mesa se cumplan, sino también mostrarse inflexible ante el riesgo de que Maduro los burle, socavando de una u otra manera su prestigio.

El que Machado en el futuro exija actuaciones y le lance la papa caliente a sus amos imperialistas, presionará a los últimos a tomar alguna acción. Biden, a nivel interno, estaría sujeto a más presiones tanto de los lobbys como de los congresistas republicanos y algunos demócratas que rechazarían cualquier posición ambigua sobre Venezuela. Y esto, considerando que estamos a un año de las elecciones presidenciales de EEUU, donde cualquier muestra de debilidad para Biden será comidilla para el partido republicano. 

Por lo pronto, Machado reza por la vuelta a la Casa Blanca de los republicanos, con quienes tiene vínculos más cercanos y sin duda están más en sintonía con su nivel de locura.

Por otro lado, es de esperar una próxima reestructuración de la vocería derechista en el proceso de diálogo con el gobierno, para que represente la nueva realidad opositora con Machado a la cabeza. Recordemos que VV no forma parte de la PUD y por tanto no participó de los acuerdos recientemente alcanzados.

Qué debe hacer la clase obrera

En la encrucijada histórica en la que nos encontramos, los trabajadores de la ciudad y el campo resistimos la crisis mundial del capitalismo y los estragos del modelo rentista venezolano en decadencia. Años de implacable ajuste antiobrero y antipopular han pulverizado nuestras condiciones de vida y los derechos democráticos que mediante la lucha en el pasado pudimos alcanzar.

En este proceso, la cúpula del PSUV ha abrazado, implementado y llevado al extremo el programa de la clase dominante, jugando en todo momento en favor de sus intereses de casta. Mientras tanto, la burguesía tradicional aprovecha las ventajas del ajuste, añorando volver a tomar el control del Estado para intentar cerrar las puertas a toda posibilidad futura de que la clase obrera y la izquierda vuelvan a levantar cabeza.

Una hija de la burguesía se propone liderar esta cruzada, deseando dar rienda suelta al revanchismo acumulado de aquellos monstruos que ansían saldar cuentas con los pobres por los primeros años de la revolución bolivariana. El que piense que la vieja oligarquía ya olvidó las expropiaciones, las tomas de fábricas y de tierras, la organización y la agitación social de la primera década de este siglo, está equivocado. La toma del poder por parte de esta parasitaria clase supondría el empleo de los mayores esfuerzos y medios para impedir cualquier nuevo germen de revolución.

Es crucial que los trabajadores comprendamos que tanto la derecha como el gobierno son nuestros enemigos. Ni la burguesía tradicional ni la nueva élite rica del PSUV tienen algo positivo que ofrecernos. Ambas partes representan dos caras diferentes de una misma lógica basada en la defensa del capitalismo por sobre nuestra dignidad.

En los actuales momentos, el pueblo trabajador es espectador de los preparativos de un choque de trenes, que cuando se produzca todas las pérdidas solo recaerán sobre él. Con la amenaza de una pronta agudización de las tensiones políticas en nuestro país, es necesario que la clase obrera emerja de su letargo y plante ante la sociedad sus intereses a través de la movilización, la lucha y la organización. El movimiento contra la Onapre en 2022 y la huelga docente de principios de 2023, marcaron precedentes de un breve despertar de la lucha que no se veía desde hace mucho. Es momento de retomar la calle y la huelga para volver a poner en pie nuestras fuerzas.

Se precisa partir de la lucha reivindicativa y defensiva como primer paso para recuperar la confianza en nuestras posibilidades. La exigencia de aumento de salarios y pensiones, el respeto a los derechos de organización y protesta, la libertad de los trabajadores presos por luchar, entre otras demandas, deben servir como los ejes de articulación inicial de un proceso de acumulación de fuerzas. Necesario es romper con la dispersión de todas las luchas particulares. Por ello, es vital la creación de una instancia orgánica de lucha ampliada, que vincule todas las iniciativas dispersas, trate de animar el despertar de la protesta en sectores apagados y se oriente hacia su fortalecimiento a nivel sectorial, local, regional y nacional. La base del éxito de tal instancia debe ser el criterio de total independencia de clases.

Aunque puede verse lo anterior como una tarea titánica y difícil, creemos que sin organización, articulación de luchas y movilización permanente no habrá manera de que podamos defendernos. Ante la amenaza que hoy representa Machado de un lado, y la promesa psuvista de profundizar el ajuste capitalista del otro, es necesario que la clase obrera se levante para mostrar al resto del pueblo que no estamos destinados a optar –en palabras de Jorge Martín– entre la muerte por asfixia o por decapitación, que los polos dominantes de la política nacional nos ofrecen. Los trabajadores tenemos el potencial de construir una alternativa de poder, capaz, no solo de dar al traste con las pretensiones de los viejos y nuevos ricos, sino también de transformar radicalmente la sociedad en favor de los intereses de la mayoría.

En este momento crucial, llamamos a los trabajadores a organizarse, levantarse y luchar. La unidad con independencia de clases y la solidaridad son nuestras armas contra aquellos que buscan mantenernos sometidos. Solo a través de la acción colectiva, los métodos de lucha tradicionales de la clase obrera y conscientes de nuestra fuerza, podremos enfrentar las amenazas que se ciernen sobre nosotros. Es hora de levantarse y pelear. En nuestras manos está la posibilidad de construir un futuro libre de toda explotación y opresión.

Caracas, 1 de noviembre del 2023.