Hemos sido informados del traslado de Andrés Sánchez, sobrino de uno de nuestros camaradas, desde el penal de San Juan de Lagunillas (en el Edo. Mérida), hasta la cárcel de Tocorón, Edo. Aragua, ubicado en la región central del país.

Andrés fue trasladado en la madrugada del día viernes 06 de septiembre sin ningún tipo de notificación previa a sus familiares, junto con los otros jóvenes detenidos durante los días posteriores a las elecciones del 28-J, recluidos también en el penal de Lagunillas.

Como explicamos en una primera nota de prensa, Andrés no participó en protestas el día 29 de julio. Apenas salió de su casa fue detenido por efectivos de la GNB, que luego intentaron incriminarlo bañándolo con gasolina para levantar un caso falso en su contra. Un modus operandi similar ha sido utilizado por la fuerza pública contra cientos de jóvenes en todo el país durante el último mes. Se les detiene en las calles sin justificación y se les incrimina sin pruebas, ya sea para extorsionarlos o para cumplir con cuotas de detenciones que se ordenan desde arriba.

Como ha ocurrido en numerosos casos de trabajadores presos, funcionarios del Estado ilusionaron falazmente a los familiares de Andrés, al notificarles que supuestamente saldría en libertad durante los 45 días que dura período de investigación, pero su supuesta libertad nunca se concretó. Lo que sí ocurrió fue su traslado a una cárcel común ubicada a poco menos de 600 km de la ciudad de Mérida, donde reside toda su familia.

Con esta medida por parte del Estado, de trasladar a los privados de libertad a cárceles ubicadas a grandes distancias de sus hogares, que se ha ejecutado contra jóvenes de todo el país detenidos después del 28 de julio, se golpea cruelmente a sus padres y se inicia un verdadero calvario para sus familias.

Trasladarse desde Mérida al centro del país, donde está ubicada la cárcel de Tocorón, puede costar entre 30 US $ y 40 US $, mientras el salario mínimo oficial venezolano sigue siendo de apenas 3 US $ y, salvo aumentos en los montos de las bonificaciones, no hemos visto un aumento salarial formal en casi tres años. Familiares de presos provenientes de otras provincias en los extremos occidental, oriental, o sur oriental del país, deben pagar montos similares o mayores para poder acercarse a visitar a sus familiares, violando así un derecho elemental de los privados de libertad. Y luego surgen otros gastos de la visita, como alimentación y alojamiento del familiar, y la provisión de enseres para el detenido, sumando peso a la cruz que desde ahora en adelante deben cargar las familias sobre sus hombros para apoyar a las y los privados de libertad, mientras al mismo tiempo luchan por sobrevivir en un contexto de profunda crisis económica y social, salarios de hambre, destrucción de los servicios públicos y carestía general de la vida.

El traslado de estos jóvenes de clase trabajadora lejos de sus familias, como ha sido el caso de Andrés en la madrugada del viernes, forma parte de la política de terror del Estado para aplastar la protesta popular. El gobierno de Nicolás Maduro, a través de la represión estatal, quiere aleccionar y disciplinar al pueblo pobre. En efecto, a propósito de la convocatoria a manifestación por parte de la oposición de derecha el pasado 17 de agosto, un alto jerarca de la PNB amenazaba a los manifestantes al publicar ese día en sus redes sociales el mensaje: “transporte gratis para Tocorón, sólo de ida”.

Hasta el 26 de agosto, se sabía de hasta 300 jóvenes que habían sido trasladados a los penales de Tocorón y Tocuyito luego de enfrentar juicios exprés bajo los cargos de terrorismo. Hacia inicios de septiembre, la cifra se habría doblado hasta los 700 traslados. A la mayoría de ellos se les prohibió la comunicación con sus familiares, así como la designación de abogados privados para su defensa, lo que también implica violaciones flagrantes a sus derechos. En el caso de Andrés, al final se llegó a permitir que un abogado privado asumiera se defensa, pero no valió de nada porque el veredicto del juicio estaba escrito de antemano.

Seguiremos de pie en la lucha por la libertad de Andrés, y de todos los hombres, mujeres y jóvenes de clase trabajadora privados de libertad arbitrariamente por el Estado.