La historia de la lucha de clases en Colombia ha estado marcada por medio siglo de guerra, como expresión aguda de la confrontación de intereses contradictorios entre la burguesía y los latifundistas por un lado, y el proletariado y los campesinos por el otro. El proceso de paz abre una nueva perspectiva para el desarrollo de las fuerzas revolucionarias en el pais, aunque por sí mismo no constituye garantía alguna de una sociedad más justa y democrática. Sólo el socialismo revolucionario, es decir, la expropiación de la oligarqía bajo control obrero, y el desmantelamiento del aparato de estado burgués, puede ofrecer una alternativa real al sufrimiento de millones de trabajadores y pobres del campo y la ciudad en nuestra hermana Colombia. En la presente entrevista, nuestro corresponsal en Bogotá nos presenta un análisis marxista sobre la coyuntura actual del proceso de paz y las perspectivas para el movimiento revolucionario.

LdC: ¿Qué ha significado para el pueblo colombiano el proceso de paz?

J.F.: Los diálogos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo) han significado un momento histórico para el pueblo colombiano, víctima de más de cinco siglos de violencia. En este caso en particular, hablamos de un conflicto con cincuenta y dos años de historia, pero de raíces centenarias y cuyas víctimas son gente del pueblo: trabajadores del campo y de la ciudad.

Por otra parte, hay que señalar que precisamente una de las consecuencias de la opresión que ha vivido el pueblo colombiano es la ignorancia con respecto a su historia. El éxito de este proceso debería incluir una mayor consciencia de cómo se ha desarrollado la lucha de clases en Colombia desde la invasión española hasta nuestras días.

LdC: ¿A la oligarquía le conviene tal acuerdo?

J.F.: Sí y no. Como consecuencia de la crisis económica internacional que vive el capitalismo se han presentado divisiones en la oligarquía colombiana. Este proceso de paz ha servido también para dar expresión política a esas divisiones que se traducen en el enfrentamiento entre Santos y el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. Este último representa los intereses de la oligarquía hacendaria, buena parte de la lumpenburguesía creada por el narcotráfico y la pequeña burguesía reaccionaria. En tiempos de crisis, con un capitalismo que necesita revolucionar sus medios de producción y generar nuevos mercados, estos sectores de la sociedad colombiana resultan un lastre para el avance del capital. Una estructura económica como la hacienda, improductiva y atrasada por naturaleza, es una talanquera para las multinacionales que precisan explotar los recursos mineros del país, el narcotráfico es una economía subterránea que genera ingentes réditos para sus inversionistas pero la permanente atomización que ha visto este mercado desde la muerte de Pablo Escobar le dificulta al capital aprovecharse al máximo de sus beneficios.

En este sentido, el proceso de paz es provechoso para la burguesía industrial y financiera que, aunque en muchos casos también tiene intereses en las haciendas y el latifundio, encuentra posibilidades de grandes negocios en la inversión extranjera que llegaría con el proceso de paz. Tanto las nuevas inversiones en minería y en biocombustibles que se podrían adelantar en los territorios antes controlados por las FARC como los procesos de «reconciliación» y reconstrucción de un país afectado por la guerra, significan nuevos mercados y crecimiento del capital. Esto se evidencia en el apoyo que ha dado al proceso de paz el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha llegado a sostener que un proceso de paz exitoso aportaría más de un punto de crecimiento a la economía colombiana.

LdC: ¿Qué intereses yacen en todo este proceso que se está llevando?

J.F.: Históricamente los primeros interesados en alcanzar la paz han sido las FARC. Éstas, más que organización revolucionaria, surgen como mecanismo de autodefensa del campesinado ante la violencia de la oligarquía, protegida y promovida por el Estado. En la práctica, más que la lucha por construir un proyecto socialista, el objetivo de las FARC (y eso se evidencia en el texto del acuerdo) es por garantizar condiciones de vida digna para el campesinado y participación política para las mayorías.

Por otra parte están los intereses del imperialismo y de la burguesía. La crisis económica obligó al imperialismo a redefinir sus políticas. En el caso de la industria bélica, basta dar un repaso a los reportes internacionales de los últimos ocho años para descubrir que se ha renunciado a promover guerras de baja intensidad, como la que vive Colombia y ha preferido mover sus inversiones a experiencias que mueven y comprometen capitales mayores como las guerras en Afganistán, Siria o Nigeria. Por otra parte, el Plan Colombia, en sus diferentes versiones, no llegó a mostrar los resultados previstos, mientras que un proceso de paz que abra espacios a procesos productivos, megaproyectos, licencias mineras y explotación de biocombustibles es una inversión demasiado rentable para paliar en algo la crisis. Así mismo, el proceso de paz permite una injerencia política mucho más abierta por parte del imperialismo al participar en procesos de «reconciliación». Toda esta inversión extranjera resulta muy apetitosa para la burguesía que, además, eliminaría de la competencia del capital a la oligarquía hacendaria, principal afectada de la Reforma Rural Integral (RRI) que propone el primer punto del Acuerdo de La Habana.

LdC: ¿Cuál es el panorama previo al plebiscito?

J.F.: Actualmente el pueblo colombiano se debate entre la confusión y la esperanza. La primera es el resultado de muchos años de desinformación promovida por los medios de comunicación de la oligarquía y la baja inversión en educación, además de la influencia nociva de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas que, normalmente, han servido a los intereses de las posiciones más reaccionarias de la oligarquía. La esperanza se ha construido a partir de dos elementos: por una parte, el cese unilateral de las FARC, declarado el 20 de julio del año pasado redujo significativamente las acciones militares y las muertes en muchos territorios del país acostumbrados a la violencia. El otro elemento es el acuerdo mismo. Si bien por su extensión ha sido leído por una minoría capaz de estudiar 297 páginas en un país con bajos niveles de lecturabilidad, el optimismo expresado por estos lectores se ha contagiado a una parte importante de la población. Como ya se ha dicho en muchas oportunidades, tal vez no sea el acuerdo ideal, pero su eventual implementación significaría reformas importantes para Colombia.

LdC: ¿Qué pasa si gana el SÍ?

J.F.: Lo primero es que se le daría validez política en los términos de la democracia burguesa al acuerdo firmado en la tarde del lunes 26 en Cartagena. Éste ya fue aprobado por las FARC-EP en su X Conferencia Guerrillera. Si gana el SÍ quiere decir que la mayoría de los colombianos está de acuerdo con lo pactado. El siguiente paso es que el acuerdo se cumpla. Esto depende de ambas partes, pero sobre todo de la participación del pueblo en su implementación. Históricamente, desde los días de la Colonia, las élites gobernantes de nuestro territorio han faltado a los acuerdos con el pueblo. Esto vale también para las FARC quienes vieron cómo las negociaciones iniciadas a mediados de los años 80 y que llevaron a la conformación de la Unión Patriótica (UP), llegaron a su fin con el asesinato sistemático de los líderes más importantes de este partido, llegando a sumar más de 3500 homicidios. No debemos olvidar que uno de los primeros gestos que tuvo Santos para generar confianza en el proceso fue devolver la Personería Jurídica a la UP, requisito obligatorio para participar en procesos electorales. Pero tres años después de una reivindicación obvia (¿cómo exigir resultados políticos a un partido cuyos cuadros han sido exterminados?) la UP no ha recibido la debida reparación y en las últimas elecciones fue víctima de las injusticias de nuestro sistema electoral. Sólo un intenso debate político a todos los niveles con la máxima participación posible de los trabajadores campesinos garantizaría un feliz cumplimiento del acuerdo y la construcción de un «gran acuerdo político nacional» exitoso, como aspira el texto redactado en La Habana y firmado en Cartagena.

LdC: ¿Qué pasa si gana el NO?

J.F.: Lo primero es que las FARC-EP tendrían un motivo legítimo para volver a la lucha armada. Esto, a su vez, significaría un fortalecimiento político del uribismo que ha liderado la opción del NO. Esto sólo recrudecería la violencia si tenemos en cuenta que el grueso del narcoparamilitarismo encuentra su dirección política en Uribe. A pocos días de la votación poblaciones han sido presionadas por el narcoparamilitarismo y líderes sociales han sido asesinados y organizaciones de extrema derecha han llamado a levantarse en armas contra una eventual victoria del SÍ. Una victoria del NO recrudecería esta situación.

Además, sin un Plan Colombia, un retorno a las hostilidades implicaría un incremento del presupuesto militar que, sin Plan Colombia, tendríamos que sustentar los trabajadores. Máxime cuando se correría el riesgo de un desplome de la inversión extranjera. Ciertamente la política del país se polarizaría al extremo al esfumarse las esperanzas de tantos colombianos que sueñan con un país en el que puedan trabajar garantizando el sustento para sus familias y sin temor a perder la vida.

LdC: ¿La guerra realmente terminaría?

J.F.: Terminaría la guerra que ha sostenido por más de medio siglo las FARC contra el Estado colombiano. Esto ya es un cambio importante. Pero continuaría la guerra del ELN (Ejército de Liberación Nacional) contra el Estado. Asimismo, habría que entablar una verdadera guerra para derrotar al narcoparamilitarismo que es, para este momento, el mayor generador de violencia contra los campesinos y trabajadores urbanos. Esto incluye también la persecución y captura a sus redes de apoyo «legales», que se encuentran en las Fuerzas Militares, la oligarquía hacendaria y la pequeña burguesía reaccionaria.

LdC: ¿Cuál es el futuro de las FARC – EP?

J.F.: En principio, como se establece en los acuerdos y lo corroboran en su X Conferencia, constituirse en movimiento político. Muy seguramente buscarán la construcción de un Frente Amplio que les permita mejorar su imagen ante las masas. Se supone que continuarán la lucha por el socialismo. Sin embargo, aunque mencionan mucho la palabra, las FARC raras veces han explicado cuáles son sus ideas sobre el socialismo y poco se encuentra en sus documentos y comunicados que dé pistas sobre un programa socialista. En general es una organización que ha luchado por reformas. En este sentido es muy probable que se convierta en otro partido reformista que se sume a la fragmentada izquierda colombiana.

LdC: ¿La lucha política los llevaría a una derrota electoral?

J.F.: No se logra medio siglo de resistencia armada sin ningún apoyo popular. Es seguro que las FARC cuentan con unas bases de un número significativo. No es difícil pensar que logren apoyo electoral en los territorios donde han tenido una influencia histórica positiva. Para muchos campesinos las FARC ha significado una alternativa al abandono del Estado. No cabe duda que los apoyarían electoralmente. Sin duda tendrán que dedicar buena parte de sus energías a combatir medio siglo de la propaganda de la oligarquía que no se detendrá, tendrán que dar explicaciones por sus relaciones con el narcotráfico y por las acciones de guerra que perjudicaron a trabajadores y campesinos. En este sentido, vivirán un proceso más difícil que el M-19 que devino en la organización reformista Progresistas, liderada por Gustavo Petro. Pero a diferencia de Progresistas, las FARC valoran mucho el tema organizativo y tienen una relación más directa con sus bases. Esto les garantiza su supervivencia en la política colombiana por varios años.

LdC: ¿Qué papel ha jugado el uribismo en todo esto?

J.F.: El uribismo ha sido, desde el principio, enemigo del acuerdo de paz entre Santos y las FARC, aunque los trámites para llegar a éste empezaron al final de su segundo período como presidente. En su afán de corregir sus propios errores políticos, como el haber confiado en Santos, ha llevado al extremo sus prácticas de generar confusión y desinformar. Su discurso ha tenido impacto entre los sectores más atrasados de la sociedad colombiana. Uribe actúa guiado por la desesperación de quien se ha visto abandonado: recordemos que no aceptó la invitación al 15º aniversario del Plan Colombia. Sabe que EE. UU. lo ha abandonado. Ya ni siquiera es útil para combatir la Revolución Bolivariana: la quinta columna burocrática y reformista enquistada dentro del movimiento bolivariano, la “derecha endógena”, como suelen ustedes llamarle en Venezuela, está logrando mejores resultados que cualquier acción de Uribe contra la Revolución Bolivariana.

Pero la desesperación de Uribe también la viven sus seguidores y no sería de extrañar un levantamiento de la extrema derecha que nos llevase de vuelta a las guerras civiles del siglo XIX.

LdC: ¿Cómo ha sido el rol de los medios de comunicación?

J.F.: El acuerdo de paz ha permitido que cada medio de comunicación deje ver de la forma más explícita el interés económico y político que lo respalda. En este sentido es ejemplar el caso del grupo RCN, parte de la Organización Ardila Lülle. A pesar de sus inversiones industriales, este grupo económico depende de sus activos relacionados con el latifundio y la hacienda. A partir de aquí se vale de sus medios de comunicación para promover la ideología conservadora más reaccionaria valiéndose de los métodos menos éticos. Por otra parte, los medios de Alejandro Santo Domingo y Luis Carlos Sarmiento Angulo defienden el proceso pero preocupados siempre por alimentar la imagen negativa de las FARC. Por supuesto, la poca inversión en educación y la escasa formación política de la mayoría de los colombianos es aprovechada por estos grandes medios.

De otra parte, algunos medios independientes cercanos a sectores progresistas de la pequeña burguesía han intentado hacer pedagogía desde la lógica de la democracia burguesa. Desde aquí se han destapado muchas mentiras del uribismo, pero por supuesto, desde aquí se suele ver a las FARC con desconfianza. Por último están la prensa y los medios más afectos a los trabajadores como el semanario Voz. Infortunadamente no llega a tener el alcance de medios con más recursos, pero es de reconocer su esfuerzo por dar una lectura honesta de lo que ocurre con la paz.

LdC: ¿La paz acabaría con la represión campesina?

J.F.: El Acuerdo de La Habana establece que el Gobierno Nacional «Creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, (…)» Asimismo concibe el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que «(…) debe servir de garantía efectiva de los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la política en el marco de reglas democráticas.» Esto, se supone que reduciría los niveles de violencia contra el campesinado. Sin embargo, surgen algunas dudas: El mencionado Sistema depende del Gobierno Nacional. Es decir, su eficiencia depende de quién esté en la Presidencia de la República y en Colombia hay cambio de Gobierno en el 2018. Por otra parte, se garantiza la seguridad de «líderes y lideresas», pero no queda muy claro que pasa con las bases.

En política las decisiones han de tomarse basadas en evidencias y argumentos. La confianza en tal o cual personaje o institución resulta siendo irrelevante. En este sentido una activa participación del campesinado y de los trabajadores en la implementación de los acuerdos es lo único que podría garantizar su cumplimiento.

LdC: ¿Le toca al ELN seguir los pasos de las FARC?

J.F.: Desde que se hicieron oficiales las conversaciones entre el Gobierno de Santos y las FARC, el ELN se ha mostrado interesado en adelantar unos diálogos de paz. En marzo se abrió una mesa de diálogo con el ELN pero esta se suspendió debido a la negativa de la organización guerrillera a liberar a sus secuestrados y ponerle fin a esta práctica.

Hay muchos hechos históricos que parecen presionar a la desmovilización del ELN. La lucha de masas en Venezuela, Bolivia o Ecuador ha demostrado mayores éxitos que la guerra de guerrillas. Algo similar podemos decir de Túnez y Egipto. Por otra parte, métodos como el secuestro y el narcotráfico como medio de financiación y las acciones terroristas y de sabotaje que cobran víctimas entre los civiles, así como aquellas que afectan el ambiente, causan rechazo en la mayoría del pueblo trabajador más ávido de programas que propongan soluciones efectivas a sus problemas que de acciones militares. Y en términos militares el ELN no ha resultado tan exitoso como las FARC. De hecho, se dice que a finales de los setenta vieron reducidas sus fuerzas a una veintena de guerrilleros. Sin las FARC de por medio las FF. AA. podrían presionar militarmente al ELN a una negociación. Además, si la implementación de los acuerdos resulta exitosa, las FARC lograrían victorias políticas como no han conocido en cincuenta años.

Sin embargo, el ELN también debe enfrentarse a sus propias posiciones dogmáticas y sectarias. Aquí resulta muy importante la mediación de los sectores más progresistas de la Iglesia Católica y de la República de Cuba. Recordemos que las dos grandes influencias del ELN son la Revolución Cubana y la Teología de la Liberación. No será un proceso fácil. El éxito en la implementación de los acuerdos y la lucha contra los paramilitares son el mecanismo de presión más efectivo para convencer a los «elenos».

LdC: ¿Aumentará el paramilitarismo?

J.F.: En la medida en que aumentan las posibilidades de una victoria del SI en el plebiscito los paramilitares han aumentado su accionar contra el campesinado que apoya el proceso. Santos es consciente de esto, como lo manifestó al periodista John Lee Anderson: su principal preocupación son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; a pesar de su nombre es una organización narcoparamilitar de extrema derecha. De acuerdo al Gobierno cuentan con 2.500 hombres. Luego hay otra serie de organizaciones paramilitares más o menos estructuradas que pueden llegar a apoyar la resistencia de los hacendados. En este sentido es fundamental un auténtico compromiso por parte del Estado por combatirlo. De lo contrario, podríamos vernos abocados a una guerra civil.

LdC: ¿Hacia dónde debe ir la clase trabajadora colombiana?

J.F.: poco a poco, desde que las negociaciones se hicieron públicas, el diálogo con las FARC ha incentivado los debates y el interés de la política por parte de las masas. Cuanto más se acerca la fecha de la votación mayor es el debate. Por otra parte, el Gobierno de Santos ha hecho poco por los intereses de la clase trabajadora. La disminución del salario real y el aumento de la flexibilidad laboral ha llevado a la mayoría de los trabajadores a un régimen de austeridad insoportable. Sin embargo, los partidos de izquierda no están ofreciendo ninguna respuesta a sus problemas. El ejemplo de la Revolución Bolivariana no ha sido aprovechado y la mayoría de colombianos se queda con la lectura de los medios burgueses.

Si el Acuerdo de La Habana se cumple nos encontraríamos con un escenario en donde habría garantías para una participación activa en política por parte de la mayoría. En este sentido es necesaria la construcción de un Frente Amplio de izquierdas, como se ha intentado desde hace más de una década, pero guiado por un auténtico programa socialista que renuncie a toda solución reformista. Para esto es fundamental la formación de cuadros en las ideas del marxismo capaces de lograr análisis teóricos que lleven a acciones revolucionarias efectivas.

LdC: ¿Para qué la paz?

J.F.: Para que los pobres de Colombia no nos matemos entre nosotros.