Sobre la derogación de la ley de ilícitos cambiarios: más lejos del socialismo y más cerca del libre mercado

Escrito por Corriente Marxista Lucha de Clases

Durante el mes de junio, surgió un encendido debate entre, por un lado, un grupo de economistas y académicos de izquierda, que plantearon algunas Recomendaciones para atender la coyuntura económica (www.15yultimo.com/2018/06/12/recomendaciones-para-atender-la-coyuntura-economica/), y por otro, Jesús Faría y sus Observaciones a una propuesta económica (www.aporrea.org/economia/a265042.html), posteriormente respondidas por los primeros en Comentarios a las “observaciones” de Jesús Faría (www.15yultimo.com/2018/06/18/comentarios-a-las-observaciones-de-jesus-farias/ ).

El punto álgido del debate trataba sobre la política cambiaria, donde los primeros plantearon “mantener y reforzar el control cambiario”, mientras que Faría sostienía que “el control de cambios se agotó hace bastante tiempo”, y que persistir en esa política solo puede conducir a profundizar la crisis, al ser caldo de cultivo para la despiadada especulación cambiaria. En esta discusión, sostenida por dos fracciones de la intelectualidad reformista, evidenciamos de un lado la ilusión de que mediante más regulaciones se puede humanizar el decadente capitalismo criollo, mientras en el otro se trata de justificar y aupar la tendencia hacia la liberalización paulatina de la economía, que emprende el gobierno para un mayor provecho de la clases dominantes y en detrimento de los intereses del pueblo trabajador.

Desde nuestra óptica, el control de cambios fue una medida necesaria en sus comienzos pues permitió frenar una potencial fuga de divisas con la cual la burguesía amenazaba a la nación tras el fracaso del paro-sabotaje petrolero de 2002-2003. Sin embargo, lo que se evitó en un principio fue desatado luego gracias al sostenimiento prolongado de la medida en el marco de una economía rentista y la preservación del podrido Estado burgués. Así, por obra de la parásita clase capitalista en connivencia con burócratas corruptos, se fugaron cerca de 300.000 millones de dólares (35 veces el nivel actual de las reservas internacionales del país) durante la década que promedió los precios del petróleo más altos en toda la historia: 2004-2014.

Los que insisten en reforzar el modelo de regulaciones al capitalismo venezolano piensan que es posible incrustar una dinámica racional sobre un sistema que se basa en la anarquía en la producción, la explotación a las mayorías y en la persecución de ganancias para unos pocos. La realidad no deja de estallarles en la cara cuando por obra de las leyes del mercado, la sinrazón de una sociedad donde la burguesía controla las palancas fundamentales de la economía, no deja de imponerse a cada paso. A ellos les respondemos: ¡el capitalismo no se puede controlar! Este debe ser demolido desde sus cimientos para iniciar la reconstrucción socialista de la sociedad.

Por otra parte, el contrasentido expresado en sabios que hablan de que hay que construir el socialismo avanzando hacia el libre mercado, como “medida sensata” para fomentar la inversión privada y captar divisas, es el reflejo del declive intelectual de representantes de la burocracia bolivariana, la cual se halla cada vez más distanciada del legado revolucionario de Chávez. El que una medida como la eliminación del control cambiario impondrá mayores sacrificios y privaciones para la población pobre, no recibe de estos señores ni una palabra. Al parecer, sus posturas cumplieron la función de anticipar y preparar al público sobre las medidas cambiarias que la dirección bolivariana tomaría. Luego del anuncio presidencial del 25 de agosto, la ANC prestó su colaboración derogando la ley de ilícitos cambiarios, como primera medida necesaria para levantar el control de cambios a futuro.

Analicemos brevemente parte del trayecto que nos ha traido hasta aquí, para comprender integralmente los entresijos de la situación:

Antecedentes

La política cambiaria durante el gobierno de Nicolás Maduro se ha caracterizado por la implementación de medidas tendentes a flexibilizar los controles, pero dejando algunas instancias de extracción de la renta petrolera signadas por una alta discrecionalidad, y por ende, de corrupción. Así, hemos visto desfilar un montón de mecanismos e instituciones como el SITME, SICAD I, SICAD II, SIMADI, DIPRO, DICOM, que podríamos definir como diversas formas de subastar dólares baratos a particulares y empresas del sector privado y público, con todos los vicios crónicos asociados a desfalcos, fraudes y fuga de riqueza nacional, para beneficio de un puñado de parásitos burgueses y burócratas.

Por ejemplo, el SITME “Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera” fue un mecanismo que permitió otorgar aproximadamente 20.000 millones de dólares a empresas de maletín durante el año 2012 (https://www.aporrea.org/actualidad/n229466.html), según Edmeé Betancourt –Presidenta del BCV en 2013– destituida poco después de hacer público el hecho. Posteriormente el SICAD I y II, y el SIMADI, preservaron mediante subastas la asignación de dólares a personas naturales y jurídicas, a tasas flotantes bajas respecto al marcaje del dólar paralelo, lo cual siguió siendo caldo de cultivo para importar productos claramente sobrefacturados o inclusive inexistentes, y así fugar capitales al exterior.

Después se implementó un sistema con dos tasas de cambio: una tasa fija preferencial para alimentos y medicinas denominada DIPRO (divisas protegidas), que arrancó en 6,30 bs/$ y luego se devaluó a 10 bs/$; y una tasa flotante con subastas llamada DICOM (divisas complementarias), que inició en 200 bs/$ y cerro su ultima subasta del año 2017  en 3345 Bs/$. Las subastas del DICOM fueron suspendidas en noviembre de 2017, luego de que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones contra el gobierno nacional donde se prohibía la negociación de nueva deuda emitida por Venezuela y PDVSA dentro del poderoso sistema financiero estadounidense. Tales medidas, generaron una situación donde los bancos internacionales no siguieron despachando las divisas de la última subasta por temor a ser sancionados por el gobierno de EE UU.

Pero a pesar de la existencia de un “dólar protegido” para alimentos y medicinas, la mayoría de las divisas comenzaron a venderse a la tasa complementaria desde mediados del año 2016, hecho que denunciamos en nuestro articulo: ¿Ha muerto el dólar protegido DIPRO?  (https://luchadeclases.org.ve/?p=5391).

Luego, el 26 de enero de este año fue publicado en Gaceta Oficial N° 41.329 el Convenio Cambiario N° 39, donde finalmente oficializaron la muerte del DIPRO (que era un cadáver insepulto) y se fijó un sólo sistema: el DICOM. Acto seguido, se retoman las subastas donde se va generando una acelerada apreciación del tipo de cambio, donde el dólar subió de 3345 Bs que fue la última tasa efectiva en 2017, hasta alcanzar los 248.832 Bs/$ (cambio resultante) el 10 de agosto de 2018.

Relajación del tipo de cambio de las remesas: paso decisivo hacia la liberalización cambiaria

Una de las consecuencias de la profunda crisis económica que afronta el país ha sido la emigración de millones de venezolanos. Como digresión necesaria, conviene afirmar que el envío de remesas desde el extranjero supone un ingreso fundamental para el sostén de un número cada vez mayor de familias. En nuestro documento La lucha de clases en Venezuela: perspectivas para la revolución bolivariana, señalamos lo siguiente: “ debido a la entrada de remesas y a la venta regular de cajas CLAP en numerosas comunidades pobres, la crisis no ha detonado en un estallido popular hasta ahora. Podría decirse que dichos factores han jugado el papel de válvulas de escape, que han permitido liberar cierto vapor acumulado” (https://luchadeclases.org.ve/?p=6439).

La forma en la que se realizaba este envío de remesas era una especie de triangulación: se buscaba un comprador de divisas con cuenta en el extranjero a quién el familiar emigrado pudiese transferir el dinero en dólares. A su vez este comprador transfería el cambio en bolívares al familiar en Venezuela, y de esta manera, los dólares evadían el control en el país. Producto de estas transferencias, el gobierno nacional respondió con la intervención de Banesco (operación manos de papel), a quienes acusaba de colaborar con la fuga de efectivo y de plataforma para los ilícitos cambiarios. Todo esto, seguido de una gran campaña mediática en la que se presumía de dar un duro golpe a las mafias.

Más adelante, se legalizó el envío de divisas a través de empresas como: Zoom, Italcambio e Insular, que funcionarán en adelante como casas de cambio (sólo para las remesas) ya que cuentan con alianzas con las operadoras de remesas internacionales Western Union y MoneyGram, quienes recibirían las transferencias en dólares y entregarían el dinero en bolívares en Venezuela. Con el fin de encauzar las transacciones triangulares a las casas de cambio autorizadas por el Estado y de esta manera obtener los dólares frescos enviados por los emigrados, el gobierno autorizó que las tasas de cambio para las remesas se situaran a niveles similares a las cotizaciones del dólar paralelo. Al inició, éstas se ubicaron en 1.300.000 Bs/$ y al 10 de agosto ya alcanzan los 2.900.000 bs/$, muy por el encima del tipo de cambio fijado por el DICOM –que en realidad subasta unas cantidades pírricas para el mercado nacional–.

Según cifras del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en 2017 ingresaron al país más de 2.000 millones por concepto de remesas y las estimaciones señalan que en el año 2018 el monto podría superar los 6.000 millones dado el previsible aumento en el éxodo de venezolanos. Estas cifras no son nada despreciables para un gobierno endeudado, bloqueado, con las reservas internacionales en su punto más bajo, con la debacle en la producción de Pdvsa, en fin, un gobierno urgido de dólares.

Sobre la derogación de la ley de ilícitos cambiarios: perdón, impunidad y arbitrariedad

El 2 de agosto, ha sido oficializado a través de Gaceta Oficial No. 41.452, lo que días antes aprobara la Asamblea Nacional Constituyente, un decreto por el cual queda derogada la Ley de Ilícitos Cambiarios.

En el artículo 2 de dicho decreto puede leerse lo siguiente: “A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Constituyente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 ejusdem, se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos; el artículo 138 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela en lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país; y todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo establecido en este Decreto Constituyente”.

Las implicaciones de este artículo son varias. La primera y más resaltante, es la despenalización de las negociaciones y el comercio con divisas en el país, es decir, hacer legal lo que ya en los hechos venía ocurriendo: la compra y venta de divisas por parte de los particulares y empresas. En palabras de Jesús Faría “lo que hemos hecho nosotros es abrir las puertas para eliminar definitivamente el control de cambio” (https://www.aporrea.org/economia/n329363.html).

En su artículo 3, el decreto señala que no se aplicará la excepción constitucional a la retroactividad legal cuando esta beneficia a un reo, es decir, que no se aplicará el principio de favorabilidad.

Para los académicos burgueses, la no aplicación del principio de favorabilidad se trata de una transgresión total al ordenamiento jurídico, incluso a los convenios firmados por Venezuela en materia de derechos humanos, por lo que ni aún la Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (que en la práctica ha venido aprobando decretos que modifican o que van en contra de artículos de la constitución) podría modificar por tratarse de convenios supraconstitucionales o que superan la jurisdicción del ente.

Desde nuestro punto de vista, estos sacrosantos principios raras veces favorecen a los hijos de la clase trabajadora y están hechos para dejar impunes a los delincuentes de cuello blanco, burgueses, banqueros y oligarcas. Por ello, las ONG’s en derechos humanos han cacareado tanto la violación de este principio. Sin embargo, el artículo, como no podía ser de otra manera, deja abierta la posibilidad para que muchos de los crímenes y criminales de este tipo queden impunes ya que señala que “no se aplicará la excepción de retroactividad de la ley más favorable a los casos graves ocurridos hasta la fecha de la publicación”, dejando así al criterio de un juez el definir cuál caso de corrupción es considerado grave y cuál no. Como es bien sabido, ese criterio arbitrario en muchos casos genera decisiones condicionadas por sobornos, afinidades políticas, entro otras perlas.

¿Qué esperar de la medida?

Según la lógica de los defensores del desmonte del control de cambio, se espera que la medida suponga que personas naturales y jurídicas oferten sus propios dólares para romper con el rentismo petrólero y avanzar en la construcción de una “nueva economía”. También, en la mente de estos señores, todo ésto implicaría la atracción de inversiones necesarias para recuperar el aparato productivo nacional. Cual cuento de hadas, donde en el análisis presentado quedan fuera muchas consideraciones políticas (¿se arriesgará la burguesía a invertir si el gobierno se resiste en aplicar un paquetazo integral procapitalista a toda la economía?) y sociales (la inestabilidad política en Venezuela y sus implicaciones en la disposición a la inversión), se nos intenta decir que la economía se recuperará y ésta finalmente trascenderá la dependencia de la renta petrolera sin ningún costo social, donde todos viviremos felices por siempre.

Dicho sofisma busca barnizar de una supuesta sensatez y racionalidad política, lo que en realidad representa intereses nefastos para la clase trabajadora y el pueblo en general: el desmontaje definitivo del control cambiario generará una mayor apreciación del tipo de cambio que impactará en una mayor alza de precios en el mercado interno. En otras palabras, el costo de la crisis será pagado por los más pobres, mientras la clase dominante gozaría de mayores beneficios. Tamaña falacia, debe encontrar la mayor oposición de todo revolucionario consecuente. No está demás enfatizar que rechazamos cualquier decisión que plantee mayores privaciones y sufrimiento al pueblo trabajador.

El decreto señala en sus consideraciones que “tiene el firme propósito de brindar las máximas seguridades para la inversión extranjera productiva”. Sin embargo, la experiencia demuestra que los empresarios venezolanos están más interesados en extraer que en introducir divisas al país, por lo que este mercado tendrá que proveerse fundamentalmente de los dólares procedentes de las remesas y otras fuentes marginales, entre ellas, las provenientes de la corrupción para el lavado de las mismas.

Claramente el gobierno, al renunciar a cualquier perspectiva revolucionaria, se ve forzado a adoptar medidas procapitalistas para tratar de salir de la crisis. Está claro que con la fuga de divisas, la caida de los ingresos petroleros y el desplome productivo de la industria petrolera, el Estado venezolano no cuenta con suficientes dólares para ofertar a los niveles que requiere una economía fuertemente importadora. Ante tales condiciones,mediadas por la política de conciliación de clases, el timón solo puede girar a estribor.

Como hemos venido señalando desde la Corriente Marxista Lucha de Clases, sólo hay dos formas de salir de la crisis económica actual: expropiando a la burguesía y los terratenientes y planificando la economía en términos socialistas, o liberando el mercado y dejando que se recomponga en los márgenes del capitalismo, lo que supondría la aplicación de un programa de recortes al gasto público, eliminación de los subsidios a los servicios, contrarreformas laborales, despidos masivos, y en suma: una mayor pauperización en las condiciones de vida para los pobres y oprimidos. El transitar actual de la dirigencia bolivariana nos dice cuál ha sido el camino emprendido.

Pero ¿Creerá sinceramente el gobierno que la burguesía nacional y las transnacionales van a traer inversiones en dólares sólo por la eliminación del control del cambio? ¿o esta medida es el preludio de otras más integrales y sistemáticas? Resulta paradógico que el liderazgo bolivariano se esmere en generar confianza y todo tipo de estímulos y concesiones a quienes seguramente están detrás del intento de magnicidio fallido en la avenida Bolívar; a transnacionales como Cristallex que intentaron embargar CITGO; o realizando llamados a Donald Trump, a quien simultáneamente se denuncia por las medidas de bloqueo financiero que estrangulan la economía venezolana, mientras se le pide colaboración para investigar el intento de asesinato al presidente. Esta política económica y exterior no es ni siquiera coherente, mucho menos revolucionaria. A todas luces, la táctica del gobierno prepara el terreno para un futuro gobierno burgués.

A todo lo anterior, la clase obrera debe responder con lucha y organización. !Los trabajadores solo deben confiar en sus propias fuerzas! Es imperativa la necesidad de que se constituyan consejos de trabajadores en cada fábrica y centro de trabajo, para sentar las bases de un poderoso movimiento por el control obrero a nivel nacional, como órganos de un nuevo poder preparado para demoler el corrupto aparato estatal burgués y asumr las riendas de la sociedad. Para iniciar dicho proceso, hace falta un gran catalizador, que no puede ser otra cosa más que una nueva referencia orgánica revolucionara, que aglutine toda la combatividad de los sectores más avanzados del chavismo. En principio, dichas palabras pueden sonar a abstracción. El deber de todo revolucionario consecuente es trabajar en función de materializar tal objetivo histórico.

En sintonía con lo anteriormente expresado, desde Lucha de Clases proponemos:

  • Monopolio estatal del comercio exterior y centralización de todas las importaciones bajo control democrático de la clase trabajadora organizada, para eliminar la fuga de capitales, el desvío de dólares a empresas de maletín, el desabastecimiento y la especulación. ¡Basta de entregar las divisas a la burguesía!
  • Auditoría obrera y popular sobre las instituciones encargadas de la asignación de divisas, que propiciaron la fuga de capitales más escandalosa de nuestra historia. Cárcel y confiscación de bienes a todos los responsables!
  • Nacionalización sin compensación de la banca, los monopolios y latifundios, bajo control obrero y popular, para instaurar una economía planificada al servicio de las necesidades de la mayoría y no de los intereses de en una minoría de parásitos burgueses, banqueros y terratenientes.

Nuestro llamado es a organizarnos e impulsar la construcción de una alternativa para defender un programa genuinamente revolucionario.

¡Únete a la Corriente Marxista Lucha de Clases!

 

 

News Reporter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *