El nuevo comienzo en la política del gobierno bolivariano ¿Hacia dónde nos dirigimos? Primera parte

El pasado viernes 17 de agosto, el presidente Maduro presentó un conjunto de medidas enmarcadas en el Programa de Recuperación y Prosperidad Económica (PRPE) y en la llamada “política de nuevos comienzos”. Dichos anuncios venían siendo precedidos por una serie de decisiones en materias monetaria, cambiaria, fiscal y de comercio exterior, que ya anunciaban la intención gubernamental de acelerar el proceso paulatino de levantamiento de los controles a la economía, con el objetivo de mitigar la hiperinflación y la crisis en general. Todas estas decisiones marcan un punto de inflexión importante en la situación nacional. La dirección bolivariana ha decidido pisar el acelerador en su orientación hacia el libre mercado, como destino distante a los intereses del pueblo trabajador y del legado revolucionario de Chávez.

En reiteradas oportunidades, hemos comentado que solo existen dos vías de salida a la crisis económica nacional: una, completando la revolución, mediante la expropiación de los monopolios, latifundios, banca y aseguradoras, y la creación de un monopolio estatal sobre el comercio exterior, para establecer una economía planificada bajo control democrático de los trabajadores y el pueblo organizado en consejos y comunas –como órganos de un nuevo poder capaz de suplantar al aparato estatal burgués–; y la otra, emprendiendo un severo programa de recortes al gasto público, privatizaciones y contrarreformas laborales y sociales, que descarguen todo el peso de la crisis sobre los hombros de la clase obrera y el pueblo en general. La situación país ha demandado el abordaje de solo una de las rutas planteadas. Aunque la dirigencia bolivariana ha creído estar transitando por caminos intermedios, su senda ha venido apuntando al ajuste burgués, aunque a paso lento.

Hasta ahora, la posición irresoluta y de medias tintas asumida por la dirección bolivariana, que ha contemplado el otorgamiento de concesiones a la burguesía y el imperialismo, y el sostenimiento de ciertas regulaciones y medidas paliativas de carácter social; ha supuesto la instauración del caos económico y la destrucción de las de antemano precarias fuerzas productivas nacionales, en tanto se limitó el desarrollo del mercado capitalista, pero a la vez no se avanzó lo suficiente en la nacionalización de las palancas fundamentales de la economía. Este hecho, vino a complicarse con la severa contracción de los ingresos petroleros desde 2014, los cuales aportan el 96% de las divisas que ingresan al país. Parafraseando al gran marxista galés, Alan Woods: “no tenemos ni capitalismo ni socialismo, sino lo peor de los dos mundos”. Las consecuencias de todo lo anterior son más que elocuentes: desplome de la producción nacional y de las importaciones, escasez de amplia gama de productos, hiperinflación y destrucción del poder adquisitivo, que, en la esfera social, se han traducido en hambre, miseria y sufrimiento para las amplias mayorías.

Desde hace varios meses hemos sostenido que factores como la comprometida situación financiera del país, el propio recrudecimiento de la crisis y la necesidad del gobierno de generar confianza entre la burguesía y el imperialismo –ante su abandono definitivo de cualquier perspectiva revolucionaria–, empujarían a la burocracia bolivariana a aplicar medidas pro-capitalistas más profundas. Una vez asegurada la victoria en los recientes comicios presidenciales, para la dirigencia gobernante no había razones políticas para seguir retardando la profundización del viraje. Las medidas contenidas en el PRPE han confirmado nuestra aseveración, aunque las mismas acusan un mar de inconsciencias y ambigüedades, generadoras de toda clase de confusiones.

Por más desagradable que sea la verdad, los revolucionarios debemos decirla evitando edulcorarla con ilusiones y expectativas falsas. Más allá de las medidas sociales de orden paliativo, respecto a los aumentos salariales y asignaciones de nuevos bonos, comenzamos a pisar el terreno de un ajuste macroeconómico burgués, que producirá mayores privaciones y sacrificios al pueblo trabajador. Sin embargo, la forma en cómo está concebido el recetario de medidas presenta múltiples contradicciones que limitan sus posibilidades de éxito, tanto para abatir la hiperinflación, como para propiciar la ansiada recuperación, sobre la base de la generación de confianza entre las clases dominantes.

Las primeras decisiones de envergadura del “nuevo comienzo”, se dieron a conocer el pasado 25 de julio. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro anunció: 1) la eliminación de cinco ceros –y no de tres como se planteó inicialmente– a la moneda nacional y entrada en vigencia del Bolívar Soberano, a partir del 20 de agosto; 2) el anclaje del signo monetario venezolano al valor del Petro; 3) el respaldo de mecanismos e instrumentos financieros y monetarios en las reservas del Bloque Ayacucho 02 de la Faja Petrolífera del Orinoco, o en su defecto, que tales recursos petroleros pasen a formar parte de las reservas internacionales; 4) el inicio de un proceso de revisión de la  Ley de Ilícitos Cambiarios, por parte de la ANC; 5) la exoneración de aranceles a la importación de materias primas y bienes de capital para la agro-industria, por un año; y 6) la realización de un censo a todo el parque automotor del país, con base en el Carné de la Patria, para iniciar una nueva política de subsidio al combustible.

Posteriormente, el 2 de agosto, lo que en principio suponía la revisión de la Ley de Ilícitos Cambiarios, terminó en la aprobación de un decreto Constituyente que derogaba dicho instrumento jurídico y despenalizaba las operaciones con divisas en el país, al margen de la tutela estatal. Seguidamente, el lunes 13 de agosto, el presidente Maduro dio a conocer, entre varias decisiones: que el sistema salarial y de fijación de precios estarían basados en el valor del Petro a partir del 20 de agosto, que el mencionado criptoactivo fungirá como unidad contable de Venezuela junto al Bs S, el uso obligatorio de la criptomoneda en las transacciones de PDVSA, y que la reconversión monetaria traería con sigo adecuaciones a los precios de los combustibles a precios internacionales, para las personas que no se registren en el censo automotor.

De pasada, es necesario comentar ciertas implicaciones de las medidas anteriores:

A pesar de que se ajustaron las equivalencias para la reconversión monetaria, al eliminar cinco ceros y no tres al Bs S –corrección razonable para evitar lanzar un nuevo cono monetario rezagado de antemano–, lamentablemente esta medida será superada en algunos meses debido a la previsible continuación de la dinámica alcista de los precios en el mercado nacional. Como explicaremos más adelante, la hiperinflación no detendrá su marcha, sino que por el contrario arreciará en sus niveles de intensidad en el futuro próximo, eliminando de esta forma los efectos positivos iniciales de una medida dirigida a atacar las consecuencias del alza constante de los costos, respecto al valor de los billetes y monedas, pero impotente para frenar sus causas. Vale considerar, que la reconversión monetaria forzó el ajuste en los costos de ciertos servicios, como el transporte colectivo (que pasó de 0.10 a 1 Bs S), cuyos precios previos estuviesen por debajo del signo de menor valor de la nueva familia dineraria (0,50 Bs S). A su vez, la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, proponía un replanteamiento de la política de subsidios al combustible, sobre la cual el gobierno ya ha decidido tomar cartas en el asunto.

Con respecto a la inclusión de los recursos petroleros del Bloque Ayacucho 02 de la Faja Petrolífera del Orinoco a las reservas internacionales, el gobierno estaría tratando de abultar su capacidad financiera de manera ficticia. La decisión parece acertada si se pasa por alto el hecho de que hablamos de petróleo contenido en el subsuelo, que no cumple con los estándares internacionales para que sea reconocido como activo válido de reserva, y cuyo ente poseedor –el Estado venezolano– no cuenta con los recursos financieros para invertir en su extracción. La argumentación de varios intelectuales pro-gobierno, quienes sostienen que las reservas internacionales aumentarán su volumen a partir de esta medida, y como consecuencia, el Bolívar experimentaría un proceso de revaluación acelerado; no es más que una simple quimera.

Por otra parte, con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, el gobierno dio pasos agigantados para la desregulación del mercado de divisas. Ante la vulnerable situación financiera que afronta el Estado, con la brutal merma de los ingresos petroleros –dado el desplome de la producción de PDVSA en los últimos años–, el agotamiento del componente de dólares de las reservas internacionales, enorme endeudamiento externo –con varios bonos de deuda vencidos– y bloqueo financiero; la apertura cambiaría surge como una consecuencia de la imposibilidad de seguir alimentando la voracidad de una economía profundamente importadora, y también como necesidad, para tratar de que el Estado capte divisas con la despenalización de las operaciones en casas de cambio. Solo faltaba legalizar la tasa de cambio paralela para tratar de atraer el interés de los poseedores de divisas, hecho que se ha consumado con uno de los anuncios del viernes 17 de agosto, de los que nos ocuparemos más adelante.

La exoneración de impuestos a la importación de insumos y bienes de capital para la agro-industria, supone una medida de estímulo que busca, por un lado, eliminar una barrera aduanal a posibles mercancías foráneas; pero fundamentalmente, incrementar las importaciones privadas de materias primas, maquinarias y repuestos industriales para aumentar la producción nacional en el sector alimentos. Es necesario señalar que, para alcanzar el segundo propósito planteado, la eliminación de aranceles no es suficiente. Para que la burguesía decida invertir en las ramas señaladas, es preciso garantizar que la rentabilidad de la producción nacional crezca, factor que no podrá alcanzarse solo a través de la legalización del tipo de cambio paralelo –con el cual obtendrán más bolívares con menos dólares, para cubrir sus costos operativos–, sino mediante la aplicación de contrarreformas laborales, así como de profundos ajustes fiscales y monetarios –mucho más severos– que recompongan el panorama macro-económico y micro-económico capitalista, sobre la base de la imposición de mayores niveles de explotación y degradación de las condiciones de vida para la clase obrera y el pueblo pobre. Hay que recordar que las importaciones totales en el país se han desplomado en un 82%, y en cuanto a materias primas y bienes de capital para la industria del agro, las caídas también superan 80% entre 2012 y 2017. Esta realidad, que en buena medida explica el panorama de escasez de productos, ha obedecido a la reducción en la adjudicación de divisas por parte del Estado para la importación, en función de mantener los pagos a los vencimientos de deuda externa; y también, a la desinversión de la clase capitalista criolla en dicho sector.

En lo tocante al cobro del combustible a precios internacionales, el gobierno ha comenzado a recortar gastos importantes, toda vez que genera nuevas entradas para intentar equilibrar su presupuesto. La orden, que también trata de erradicar el contrabando de combustibles, comprende el inicio de una nueva política de subsidios directos en este terreno, mediados por el Carné de la Patria, destinados a desaparecer en un periodo de dos años, según lo ha aseverado el presidente de la República. Por lo que puede deducirse, se esperan aumentos progresivos en los costos de la gasolina a mediano plazo, que sin duda tendrán repercusiones inflacionarias. Este tipo de recortes progresivos a los subsidios, han comenzado a replicarse en servicios como el transporte público (como en el caso del metro de Caracas), y en el futuro, pudieran tocar a otros como la electricidad, suministro de agua, gas doméstico, entre otros –como ciertos políticos e intelectuales bolivarianos ya lo están proponiendo–, para pasar las facturas de la crisis económica a los trabajadores y pobres.

Hay que recordar que la hiperinflación que atraviesa el país, encuentra sus orígenes en el déficit fiscal (margen superior de gastos en relación a los ingresos estatales) que ya ha superado el 20% del PIB. Para sufragar sus cuentas en rojo, el gobierno ha venido implementando una descontrolada política monetaria expansiva que no está respaldada en el crecimiento de la oferta de productos y en las reservas internacionales. De esta manera, por un lado, con el desplome de las importaciones y de la producción nacional (situado en el orden del 40% desde 2013), ante el incremento de la masa monetaria y la velocidad de circulación del dinero, los precios de los bienes y servicios del mercado solo pueden mantener una espiral ascendente. Por otra parte, con el descalabro de las reservas internacionales –producto del pago de la deuda externa– y el aumento constante de la oferta monetaria, la confianza en el Bolívar ha decrecido exponencialmente, lo que se ha traducido en descomunales devaluaciones que repercuten severamente en las alzas de precios, dado el carácter importador de nuestra economía.

El coro de economistas burgueses no ha parado de insistir en la necesidad de que se apliquen severos ajustes fiscales (medidas de austeridad) y restricciones en la emisión monetaria, como única fórmula para frenar la hiperinflación. Estas personas plantean la vuelta a la “racionalidad en la política económica”, que, en el marco de una sociedad basada en la propiedad privada sobre los medios de producción y la anarquía competitiva, solo se traduce en privaciones, sacrificios y oprobio para los más pobres. Como a continuación veremos, el liderazgo bolivariano y su intelectualidad, enterrados en el pantano de la colaboración de clases, están en búsqueda de sincerar la economía –aunque no al ritmo demandado por la clase capitalista–, en honor a esta lógica burguesa limitada y anti-popular.

Continuará…

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