El dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Luís Fajardo, fue asesinado en la noche del miércoles 31 de octubre, cuando regresaba a casa con su cuñado, Javier Aldana, quien también murió en el ataque. Ambos iban en una motocicleta a las 9 pm cuando recibieron una ráfaga de disparos de un vehículo en marcha. Los dos hombres eran activistas campesinos y militantes comunistas involucrados en la lucha por la reforma agraria en la región del Sur del Lago de Maracaibo y ya habían solicitado protección porque habían recibido amenazas de muerte.

Fajardo, de 49 años, había nacido en Portuguesa, pero había vivido en la región Panamericana entre Mérida y Zulia, en el oeste del país, durante muchos años, donde se había convertido en uno de los principales líderes campesinos. En 2001 desempeñó un papel dirigente en la lucha por la expropiación de la finca Fundo Santa Ana, perteneciente a una de las principales familias de la oligarquía zuliana.Luís Fajardo había desempeñado un papel destacado en la recuperación de la finca de Caño Rico, que abarca más de 500 hectáreas, cuyos propietarios la habían sin cultivar. Unas 250 familias de campesinos sin tierra habían decidido ocupar la finca y estaban luchando para obtener el reconocimiento legal del Instituto de Reforma Agraria (INTI).El Partido Comunista había denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte contra Fajardo, proporcionando información muy específica acerca de los responsables de las amenazas. En junio de este año, el partido había denunciado «intimidación y amenazas de muerte» contra su miembro «por parte de funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) liderados por el capitán José Villasmil Toro, comandante del Puesto de Frontera Nº 32 de El Batey, municipio Sucre (Zulia), y el sargento ayudante Freddy Ojeda ”.En julio, el PCV denunció nuevamente las amenazas de muerte y nombró específicamente al «director regional del INTI, el legislador (del PSUV) Guly Bert Antúnez, el capitán (GNB) José Villasmil Toro y la jueza 4ª Agraria» por su responsabilidad de «hostigando al movimiento agrario y amenazando la vida de Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del PCV.”.El secretario general del Partido Comunista (PCV), Oscar Figuera, explicó cómo «la dirección nacional del PCV denunció infinidad de veces las amenazas a la vida de nuestro combativo camarada Fajardo, sin que las autoridades adoptaran las medidas de protección adecuadas». Figuera responsabilizó del asesinato «a los terratenientes del Sur del Lago, a miembros de la Guardia Nacional y políticos corruptos que públicamente le amenazaron».Fajardo también fue una figura destacada en la Marcha Campesina Admirable en julio y agosto de este año. Cientos de campesinos marcharon casi 450 km desde Guanare (Portuguesa) hasta la capital, Caracas, para exigir solución a los problemas que enfrentan los activistas campesinos, entre ellos las amenazas de muerte y los asesinatos. Después de ignorar inicialmente la marcha e impedir que los medios de comunicación estatales la mencionaran, el presidente Maduro se reunió con los manifestantes en una reunión que se transmitió en directo por televisión nacional. Se llegaron a varios compromisos con los campesinos en esa reunión, pero fueron rápidamente olvidados. Los marchistas iniciaron una huelga de hambre en septiembre que obligó a nuevos compromisos por parte del gobierno para cumplir con las exigencias de los campesinos.

Pocas horas después de la reunión entre el presidente Maduro y los manifestantes campesinos el 2 de agosto, tres activistas campesinos fueron asesinados en Barinas. Los tres muertos habían participado en el primer tramo de la marcha campesina. Los campesinos fueron secuestrados por hombres armados, llevados a otra finca y asesinados a tiros. Los portavoces de la Marcha señalaron a Ricardo Mora, un terrateniente regional, como autor intelectual del sicariato. Dos semanas después, tres personas fueron arrestadas en relación con el asesinato, entre ellas Ricardo Mora, quien fue detenido en Bogotá.

La región del Sur del Lago, que se extiende a lo largo de la carretera Panamericana a través de los estados de Mérida y Zulia, ha visto algunos de los conflictos más violentos sobre la reforma agraria. Esta es también una ruta para la infiltración paramilitar colombiana en Venezuela.

La dirigencia del PCV ha exigido de las autoridades «una investigación exhaustiva y un castigo ejemplar para los culpables». Sin embargo, la lucha por la reforma agraria en Venezuela está plagada de ejemplos de activistas campesinos asesinados con impunidad.

A principios de este mes, otro activista de PCV sufrió un atentado contra su vida. El 9 de octubre, Robinson García, dirigente comunista y campesino en Barinas, se dirigía hacia la capital regional desde el predio que trabaja a denunciar amenazas contra su vida. Fue alcanzado por un automóvil y tres motos desde las que recibió varios disparos. García es parte de un grupo de familias que cultivan tierras en la finca Los Cerros, en Obispos, Barinas. Esta es una propiedad del estado de 400 hectáreas que fue recuperada hace años pero que se ha dejado inactiva. Los campesinos están exigiendo el reconocimiento legal de su derecho a cultivar la tierra. Días antes del ataque, Robinson García había intentado presentar una denuncia ante la Secretaría de Seguridad de la Gobernación, ya que había identificado varios autos sospechosos que lo seguían y temía por su vida. La policía regional se negó a aceptar la denuncia. El auto que lideró el ataque contra él era el mismo que había visto anteriormente y contra el quería presentar la denuncia.

Desde hace muchos meses la situación en el campo en Venezuela ha empeorado. Como explicamos en julio,[1] “en el campo, hay una ofensiva coordinada para desmantelar los “logros” de la reforma agraria que se llevó a cabo bajo Chávez con la expropiación de grandes extensiones de tierra, que fueron entregadas a las comunas campesinas. Los terratenientes capitalistas compran a los jueces locales, a los funcionarios del Instituto de Reforma Agraria (INTI) y a los oficiales de la Guardia Nacional para desalojar violentamente a los colectivos campesinos de las tierras que les habían sido otorgadas legalmente por el INTI. En algunos casos, los campesinos han sido arrestados por la Guardia Nacional, en otros amenazados o asesinados por matones contratados por los terratenientes (sicarios), que en algunos casos están conectados a la burocracia estatal y en otros a la oposición reaccionaria».

Una alianza de terratenientes, jueces, funcionarios regionales del INTI, oficiales del ejército y de la Guardia Nacional, está llevando a cabo una contra-ofensiva contra las medidas de reforma agraria ya tomadas e impidiendo que se expropien más tierras, en un momento en que la escasez de alimentos es un problema importante que afecta a Venezuela. Los trabajadores y los pobres.

La lucha de clases en el campo en Venezuela es parte de una lucha más general que enfrenta la revolución bolivariana a los intereses del capitalismo, los terratenientes y el imperialismo, y que demuestra la necesidad de construir una nueva dirección revolucionaria que esté firmemente comprometida con los intereses de la clase obrera y los campesinos.

[1] Véase «¿Venezuela al borde de un estallido social?»