En medio de una turbulencia política y diplomática, Nicolás Maduro Moros ha sido investido para ejercer un nuevo mandato presidencial. El injerecismo imperialista encabezado por la Casa Blanca, y secundado por gobiernos e instituciones multilaterales como: Canadá, la Unión Europea, el Grupo de Lima y la OEA; sumado a las maniobras desestabilizadoras de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora; han abierto una crisis política de gran envergadura en Venezuela y la región. Toda esta coyuntura se enmarca dentro de un panorama nacional de intensa crisis económica y social –que no para de recrudecer, innumerables protestas obreras y populares de naturaleza dispersa, y ruidos sobre un posible golpe de estado. Enorme convulsión, agitación e incertidumbre marcan el comienzo del 2019 venezolano, un año que se muestra decisivo para el destino de la revolución bolivariana.

Desde el primer día del año recién comenzado, inició la oleada intervencionista contra el gobierno venezolano, de cara a la nueva investidura de Maduro. El 1 de enero, durante la toma de posesión de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil, el Secretario de Estado de la Casa Blanca, Mike Pompeo, sostuvo varias reuniones con cancilleres de la región para bajar líneas respecto a la necesidad de “incrementar las presiones” y “aislar diplomáticamente” a Miraflores. Al día siguiente, en Cartagena Colombia, Pompeó e Iván Duque ratificaron la coordinación de esfuerzos entre Estados Unidos y la nación neogranadina para “restablecer la democracia en Venezuela”. En días posteriores, el representante del imperialismo estadounidense felicitó al Grupo de Lima por la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas lacayescas, que se tradujeron en el pronunciamiento del 4 de enero, donde la agrupación de gobiernos derechistas (conformada como una cruzada para extirpar la influencia de la revolución bolivariana en la región) instó a Nicolas Maduro a que no asumiera la presidencia el 10 de enero y a que transfiriera el poder ejecutivo a la AN –de mayoría opositora, hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales.

El 5 de enero, la AN bajo control derechista –que se mantiene en desacato desde 2016, entró en el juego declarando la ilegitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro, al proceder éste de unas elecciones “antidemocráticas” y no reconocidas por la “comunidad internacional”. Tanto el sector opositor que participó en los comicios presidenciales de mayo pasado, como aquel que apostó por el abstencionismo, hoy cacarean la nulidad de dicho evento electoral como una forma de ocultar su profunda incapacidad para ponerse de acuerdo, de producir alguna movilización de calle decente, de conectar su discurso con el enorme descontento social, y, por tanto, de convertirse en una fuerza electoral considerable, capaz de amenazar la continuidad de Maduro. Detrás de los gritos estridentes sobre un “fraude electoral” o “elecciones antidemocráticas” se esconden los chillidos de la burguesía por no haber podido hacerse del poder en los últimos años.

La pugna permanente entre las fracciones de la derecha, como reflejo de la desorientación generada tras la derrota de la ofensiva insurreccional del 2017, fue la causa principal del naufragio político de la oposición en 2018, muy por encima de las claras maniobras gubernamentales para resolver administrativamente problemas de índole políticos. Aquellos que desde la izquierda, movidos por la presión de la opinión pública pequeñoburguesa, se unen al coro que denuncia la “ilegitimidad del régimen”, aparte de asumir suposiciones y acusaciones falsas, no hacen más que avalar las acciones desestabilizadoras del imperialismo, que encubren nefastos intereses para el país. De esta manera, ciertos camaradas adoptan la línea política de la reacción burguesa, la misma que sin dudas los aplastaría también si los objetivos de las clases dominantes llegaran a consumarse.

Con las presiones externas e internas acometidas, la burguesía y sus amos imperialistas han tratado de generar condiciones para un quiebre en el Estado, y más específicamente en las Fuerzas Armadas, que precipiten un cambio de gobierno. El mismo día 5 de enero, se conoció la deserción y huida hacia Estados Unidos de Christian Zerpa, quien hasta entonces se desempeñaba como Magistrado Principal de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El que hasta hace poco fue corresponsable de varias decisiones importantes en el poder judicial, como el fallo de desacato a la AN por el presunto fraude en la elección de los diputados del estado Amazonas, hoy presta sus servicios a los esfuerzos estadounidenses para “restablecer el orden constitucional en Venezuela”, a cambio de inmunidad y legitimación de bienes en dicho territorio. De esta manera se invita a que más ratas corruptas, de esas que plenan el Estado capitalista, abandonen el barco y presten su colaboración, contando con las mismas garantías.

El 8 de enero, en Sesión Ordinaria de la AN, fue presentado el anteproyecto de Ley de Transición, en el marco de un intenso debate que evidenció la división de la derecha respecto a las estrategias a emprender de cara a dinamizar un cambio de gobierno. El sector de la línea dura opositora propuso declarar un “vacío de poder”, para proceder a la toma inmediata de las atribuciones del poder ejecutivo por parte del presidente del parlamento. Por su parte, el sector blando propuso la declaratoria de “usurpación de poder”, contemplando la creación de instancias menos frontales para viabilizar la susodicha transición, mientras se dirigen esfuerzos para acumular fuerzas de calle y producir un quiebre institucional y militar. El nuevo presidente de la AN, Juan Guaidó, declaró en una teleconferencia organizada por Atlantic Council que se estaría estudiando crear un “Consejo de Transición”. Por otra parte, vale señalar que la principal institución promotora de la adopción de la línea dura por parte de la AN, es el TSJ en el exilio, organismo que cuenta con el reconocimiento del Grupo de Lima.

Más allá de las estrategias prefiguradas, con las declaraciones de no reconocimiento al nuevo mandato presidencial de Maduro, las operaciones a lo externo no solo apuntan a generar más presiones y aislar al gobierno venezolano, sino también a apoyar las maniobras que implemente la AN a lo interno, pudiendo brindar reconocimiento internacional al establecimiento de un hipotético gobierno paralelo o a cualquier instancia de transición que sea impulsada. Podemos decir que hasta ahora el imperialismo norteamericano y sus subordinados regionales han hecho su parte del trabajo. El desafío de las fuerzas de la reacción locales pasa por generar un quiebre institucional que condicione escenarios como un golpe de estado. El éxito o fracaso de estos planes dependerá en buena medida de los niveles de movilización social que la oposición pueda desencadenar.

La desmoralización de las bases opositoras ante tanta mediocridad de sus dirigencias, demostrada sobre todo después del fracaso de las guarimbas, ciertamente han impedido que la derecha recupere, hasta el momento, el poder de convocatoria que pudo amasar durante aquellas funestas jornadas. Sin embargo, debemos advertir que el enorme descontento generado por la crisis, la incapacidad del gobierno para brindar la más mínima solución, la enorme volatilidad política que se desprende de la situación, la inexistencia de una alternativa revolucionaria de masas y el creciente clima de incertidumbre ante el futuro, pueden propiciar giros bruscos en el actual estado de cosas, dotando a la derecha del elemento social que hoy le falta para triunfar. Para los revolucionarios consecuentes no hay motivos para estar tranquilos cuando la reacción acecha. Mucho menos cuando la dirección bolivariana se ha negado a emprender cualquier salida por la izquierda.

Con el acercamiento del controvertido acto de juramentación, las tensiones iban en aumento. El 9 de enero, Maduro dio un plazo de 48 horas a los gobiernos que conforman el Grupo de Lima para que rectifiquen sus posiciones injerencistas, bajo la amenaza de tomar medidas diplomáticas severas, no precisadas hasta ahora. Sectores de izquierda comenzaron a movilizarse y a concentrarse en numerosas plazas a nivel nacional. Las vísperas al gran día ya anunciaban el carácter agitado de lo que estaba por venir. Todos los antecedentes del 10E sellan solo el comienzo de una escalada de acontecimientos que marcarán de forma decisiva la lucha de clases nacional.

La toma de posesión y las primeras reacciones

En horas del mediodía, en la sede del TSJ, Maduro fue juramentado para ejercer la presidencia de la República en los próximos 6 años. Seguidamente, a las tres de la tarde, el presidente se dirigió hasta a sede de la Academia Militar de Venezuela para realizar su juramento ante las FANB. Este acto, presentado con el rótulo de “reafirmación de lealtad”, constituye un mensaje que intenta manifestar la aparente unidad entre las fuerzas armadas y el reconocimiento de éstas hacia su comandante en jefe recién investido.

Entre las primeras reacciones internacionales que se pudieron conocer, destacan el anuncio del gobierno de Paraguay de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, y la aprobación en la OEA de una resolución que declara la ilegitimidad del nuevo periodo presidencial de Maduro, con 19 votos a favor de 34. Más respuestas y provocaciones de esta naturaleza son previsibles en los próximos días. La implantación de más sanciones económicas contra Venezuela es el paso siguiente de esta crisis política en desarrollo.

Posteriormente, el presidente de la AN declaró la “usurpación de poder” por parte de Maduro y un estado de “emergencia nacional”, con los cuales se pensaba que el sector opositor de línea blanda se había impuesto. Al día siguiente, Guaidó comunicó su decisión de asumir, por lo menos a nivel declarativo, el ejercicio de la “encargaduría de la presidencia de la República” y su disposición a convocar nuevas elecciones presidenciales. También convocó a una movilización para el 23 de enero (fecha que conmemora la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958) con la cual se busca encender las calles. Se pudo conocer que el parlamento presentará próximamente un proyecto de Ley de Amnistía a militares que decidan colaborar con el proceso de transición, lo que en términos simples supone aupar nuevos saltos de talanquera o un posible golpe militar. Este hecho resulta bastante llamativo si se contrasta con las constantes regurgitaciones sobre la “democracia” y la “libertad”, que sin duda son los eufemismos favoritos para la burguesía.

Inmediatamente tras de los anuncios de Guaidó, Mike Pompeo por el Departamento de Estado estadounidense y Luis Almagro por la OEA procedieron a saludar al autonombrado presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta situación abre las puertas a una mayor escalada en las tensiones, dada las posibles reacciones que el gobierno bolivariano emprenderá a partir de ahora contra la AN. El imperialismo y sus satélites regionales procurarán blindar el parlamento opositor con reconocimiento. Cualquier intento de frenar a la AN, en proceso de reconocimiento internacional, se encontrarán con mayores amenazas de intervención, incluida la militar. Este escenario puede marcar la entrada al juego de potencias como Rusia y China, las cuales intentarán proteger sus intereses tratando de mantener en Miraflores al garante de sus jugosos negocios en Venezuela.

Una eventual transición política en favor de la burguesía, cualquiera que sea la forma que adopte, sería una catástrofe para los trabajadores y el pueblo pobre. La clase capitalista ansía la aplicación de un severo programa de ajuste antipopular, que, en comparación con la actual política gubernamental, se caracterizaría por una mayor celeridad en la destrucción de lo poco que queda por resguardar. La demolición sistemática de las conquistas del pasado, que la crisis y la contradictoria política del gobierno han llevado a cabo, se vería reforzada a niveles tormentosos. Un gobierno de derecha contraería un préstamo del FMI, sometiendo al país a las brutales recetas de dicho organismo. Esto traería con sigo la aplicación de una violenta contrarreforma laboral, que plantearía la congelación de salarios, el aumento de las jornadas laborales, eliminación de beneficios y prestaciones, elevación de la edad mínima de jubilación, la supresión de las pensiones, intensificación de la política de despidos, vulneración de las condiciones de seguridad laboral, entre otras medidas. Por si fuera poco, se ampliaría el rango de las privatizaciones, y cesarían los subsidios al agua, la electricidad, el internet, la telefonía, y seguramente a la salud y la educación –se producirían cierres de escuelas y universidades.

Aunque lo dicho anteriormente parece futurología, la situación en Argentina y Brasil ilustran empíricamente el ajuste burgués en su expresión más cruda. Este, sin embargo, quedaría como un juego de niños comparado con lo que se aplicaría en Venezuela dada la envergadura de la crisis. Llevar adelante este programa, requiere, para la clase capitalista, el desatar una ola de represión y violencia para aplastar la resistencia de las clases oprimidas. Para ello, no cabe duda que emplearían medios militares y paramilitares a su disposición. En este sentido, es deber de todos los revolucionarios consecuentes repudiar enérgicamente la nueva ofensiva golpista e injerencista burguesa que está en desarrollo. Desde Lucha de Clases llamamos a la unidad de la izquierda para combatir la nueva arremetida golpista que amenaza y compromete, fundamentalmente, los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre.

¿Quiere decir lo anterior que respaldamos al gobierno? De ninguna manera. Como a continuación dejaremos muy en claro, no podemos apoyar a una clase política que ha socavado la revolución en nombre de la misma revolución, que reiteradamente ha asfixiado la organización obrera y popular, y que implementa una política burguesa contradictoria, que nos conduce a las mismas consecuencias del ajuste capitalista antes expuesto, pero a paso más lento. Para combatir las nuevas amenazas golpistas, estamos dispuestos a luchar en un frente único contra la burguesía y el imperialismo. Pero esto para nosotros no implica dejar de aportar luces sobre la responsabilidad histórica que tiene la dirección bolivariana respecto a la crisis política actual. No podemos callar nuestras críticas cuando su perniciosa política en parte nos ha conducido a esta situación.

La perjudicial política bolivariana ante las nuevas amenazas

Debemos señalar que la política de conciliación de clases, aplicada por la dirigencia bolivariana, constituye el obstáculo principal para combatir a la reacción. En materia económica ha contemplado el otorgamiento de innumerables concesiones a los capitalistas nacionales y transnacionales, con inestimables retrocesos en cuanto al tema de soberanía sobre nuestros recursos naturales. La asistencia servil a la parásita clase capitalista criolla (que sin dudas está detrás de la actual ofensiva golpista), a través de exenciones tributarias, condonaciones de deudas, financiamiento directo, subsidios a la producción, entre otros; no se ha traducido en las esperadas inversiones para el desarrollo, sino más bien en el repunte de cierres de empresas. Por otra parte, el desmontaje sistemático del proyecto de Soberanía Petrolera, impulsado por Chávez; la suscripción de contratos de extracción y comercialización petrolera, de corte gomecistas, con empresas foráneas –como el convenido con la estadounidense EREPLA; y las innumerables ventajas otorgadas a empresas chinas, rusas y turcas en el Arco Minero del Orinoco; hablan de forma elocuente de la política entreguista que lleva a cabo el gobierno.

En materia política, la orientación gubernamental promueve la negociación permanente con diversos representantes de la burguesía y el imperialismo, como única salida posible ante la negativa a dar cualquier paso revolucionario en el futuro. Incluso ante el asedio del cual es objeto el gobierno actualmente, Maduro, en su juramentación, reiteró su llamado al diálogo a los mismos que hoy esperan derrocarlo. La debilidad y falta de firmeza invitan a la agresión. Por otro lado, la política gubernamental en cuanto a sus bases sociales, ha supuesto un absoluto anquilosamiento burocrático de todas las instancias de participación popular. Esta es una gran fuente de desmoralización entre los trabajadores y pobres, que son llamados a la defensa de la revolución pero que son frenados en todo momento cuando intentan organizarse para luchar. Aunque la burocracia bolivariana siempre propugna, discursivamente, la necesidad de la organización popular, en realidad trata de impedirla pues entiende que las masas organizadas suponen una fuerza difícil de controlar, y que puede decidir desplazarlos una vez tome confianza en sus fuerzas.

La organización obrera y popular y su movilización permanente son las mejores armas para combatir a la reacción. Sin embargo, la combatividad de las masas no puede sostenerse indefinidamente si éstas no cuentan con una perspectiva de que su situación mejorará en el futuro. En el pasado, la férrea convicción de las masas para defender la revolución permitió derrotar a la reacción en cada coyuntura apremiante. Esto solo se pudo lograr mientras la esperanza popular en un pronto empoderamiento, en la justicia de su causa y un futuro mejor, se imponía sobre las contradicciones de la dirigencia. La retahíla de inconsistencias gubernamentales del último periodo –que estamos describiendo, han venido socavando la confianza de sus bases, hecho que se evidencia con la merma en las manifestaciones de respaldo político, tanto de calle como electorales. Todo tiene un límite. La actual coyuntura permitirá medir si el límite en la paciencia de los trabajadores y el pueblo ya fue alcanzado.

La retórica patriótica no basta para movilizar al pueblo a la batalla de forma perenne. La dirección bolivariana y fuerzas políticas aliadas se apoyan en la lógica etapista, que pretende subordinar los intereses de los trabajadores a la abstracta defensa de los intereses nacionales (incluyendo los de la burguesía). Así se ha pretendido que la clase obrera renuncie a sus legítimas luchas por mejores condiciones de vida, pues, según esta apreciación, primero hay que “defender la patria”. Es imposible no preguntarse si ¿existe un gramo de coherencia en esta lógica, cuando se trafica y remata territorio y recursos valiosos a favor de capitales chinos, rusos, turcos y también europeos y norteamericanos?; ¿cuándo se estimula y financia a la burguesía criolla –los agentes internos del imperialismo en el país– para que luego arremetan contra el pueblo? Ante nosotros se muestra otra fuente poderosa de desmoralización para las masas.

En respuesta a esta narrativa, agotada por la historia, decimos: que la mejor forma de combatir al imperialismo es precisamente completando la revolución, expropiando a éste y a la oligarquía, demoliendo el estado burgués, estableciendo un estado bajo control de los trabajadores y defendiendo hasta las últimas consecuencias sus intereses de clase. A la absurda afirmación que reza que debemos “defender a la patria primero para ocuparemos de los trabajadores después”, decimos: “solo defendiendo a los trabajadores es que realmente podremos defender la patria”. Derrotar a las clases dominantes pasa por destruir sus bases sociales, que no son otras más que las relaciones de propiedad burguesas.

Otro aspecto de desmoralización es la evidente corrupción generalizada, que, tanto en las altas como en las bajas esferas estatales, se expresa de la manera más obscena posible. Este hecho representa la putrefacción del capitalismo criollo en decadencia, que no se solucionará con un simple cambio de gobierno, sino con la destrucción del aparato estatal capitalista y la edificación de un estado obrero y popular, en el marco de una economía nacionalizada bajo control obrero. El contraste entre los enormes sacrificios y privaciones a los que se ha sometido a las masas, y la opulencia corrupta de la burocracia bolivariana, sin dudas mella la convicción para la lucha. No puede haber convencimiento sobre las causas a defender, hasta con la vida, cuando se percibe que no todos se sacrifican por igual.

No está de más recordar que, en buena medida, la profunda crisis que atraviesa el país obedece a la política de medias tintas del gobierno, que por un lado, obstaculizó el libre desarrollo de una economía de mercado, pero que por otro, no avanzó lo suficiente en la expropiación de la oligarquía y el establecimiento de una economía planificada, bajo control democrático de la clase obrera. El resultado ha sido el caos, la degradación y el oprobio más intenso para el pueblo humilde.

Soportando las calamidades de la escasez, la hiperinflación, la insuficiencia de los salarios, el desplome de los servicios públicos e infraestructuras y la desidia institucional generalizada; el pueblo trabajador encara cada día como una nueva batalla, donde asegurar lo más elemental es motivo de lucha permanente. La crisis económica y social que hoy afronta Venezuela no encuentra precedentes en la historia latinoamericana. La descomposición de la sociedad venezolana encuentra su expresión en variadas formas: hambre, desnutrición, prostitución, informalidad, mendicidad, deserción educativa, entre otras; donde el aventurerismo migratorio en algún país vecino pasó a convertirse en la mejor opción para millones. Hospitales sin medicinas, sin médicos y enfermeras; escuelas sin profesores y con matrículas decrecientes. ¿Y el gobierno bolivariano? Solo plagado de excusas y carente de soluciones.

Ese pueblo trabajador, que fue reivindicado durante la primera década del presente siglo, hoy sufre los embates de una tormentosa crisis en parte provocada por la negativa de la dirigencia bolivariana a hacer pagar la misma a la oligarquía parásita criolla. Son hoy esas mismas masas trabajadoras las que aparecen como las principales víctimas potenciales de las amenazas de la burguesía, que espera reconquistar el poder para terminar de descargar el peso de la crisis sobre sus espaldas. Ante la apremiante necesidad de impedir el retorno de la derecha al poder, los revolucionarios debemos combatir la nueva arremetida, pero no para mantener el actual estado de cosas, sino para construir una nueva sociedad donde valga la pena vivir. En este sentido, desde Lucha de Clases no desistiremos en nuestro llamado a construir una alternativa revolucionaria, como única garantía para defender los intereses de los trabajadores y edificar, ahora sí, el socialismo en Venezuela.

Mientras batallamos contra la reacción, no dejaremos de desenmascarar al liderazgo bolivariano que la historia promete devorar de alguna u otra forma. A sabiendas de la anterior, debemos procurar que sean los trabajadores y no la burguesía los próximos en tomar el timón del país. Ni la oligarquía ni la burocracia pueden resolver los grandes problemas que aquejan a los trabajadores. Mientras la burocracia bolivariana intenta salvar el poder para sí; es momento de que la clase obrera, en primer lugar, entienda la necesidad de organizarse para tomar ese poder, pero no para el beneficio de la burguesía y de ciertas cúpulas podridas, sino para ponerlo al servicio de sus intereses y de la transformación socialista de la sociedad. Con base en todo lo anterior, presentamos nuestra propuesta programática:

Por una economía en manos de la mayoría trabajadora y en beneficio del pueblo, no de una minoría de parásitos:

1) Control estatal del comercio exterior. Basta de entregar los dólares a los capitalistas.

2) Auditoría obrera y popular de los dólares preferenciales entregados. Confiscación de las propiedades de aquellos que los hayan usado de manera impropia. Cárcel para los corruptos.

3) Nacionalización de la red de producción, distribución y venta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, bajo control obrero y de las comunidades organizadas para impedir la corrupción y el despilfarro.

4) Nacionalización de las empresas que estén implicadas en el sabotaje, el acaparamiento y el bachaqueo. Con el hambre del pueblo no se juega.

5) Nacionalización y centralización de la banca y las aseguradoras bajo control obrero, para poner todos los recursos a disposición de un plan de producción nacional, en empresas estatales y bajo control de los trabajadores.

6) Suspensión inmediata del pago de la deuda externa. Las necesidades del pueblo están por encima del lucro de los buitres especuladores.

7) Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado. Abajo la burocracia.

8) Creación de consejos de trabajadores socialistas en todas las empresas del Estado y en todas las instituciones públicas, para ejercer el control obrero.

9) Elegibilidad y revocación de todos los cargos públicos.

10) Que ningún cargo público ni funcionario del Estado gane un salario superior al de un trabajador cualificado.

11) Defender la revolución con la organización revolucionaria de la clase trabajadora y el pueblo.

12) Fortalecimiento de la milicia bolivariana y que la misma esté bajo el control directo de la clase trabajadora y el pueblo organizado.

13) Organización de unidades de la milicia bolivariana en cada fábrica, lugar de trabajo y barrio, para asegurar la defensa de edificios, territorio y personas contra posibles ataques reaccionarios.

14) Creación de comités de soldados y suboficiales revolucionarios dentro de la FANB, para ejercer la vigilancia revolucionaria e impedir cualquier intento golpista entre la oficialidad.

15)Expropiación de las multinacionales de los países imperialistas que son parte de esta trama golpista.

Para poder aplicar este programa no podemos confiar más que en nuestras propias fuerzas, las fuerzas de la clase trabajadora y el pueblo revolucionario que tantas veces han defendido a la revolución bolivariana en todos los momentos cruciales. Sólo el pueblo salva el pueblo. La clase trabajadora debe de tomar el poder. La revolución se defiende completándola.