El pasado 16 de septiembre, el gobierno nacional dio a conocer los resultados de aproximadamente tres meses de negociaciones con el sector “moderado” de la derecha venezolana, el mismo que participó en las elecciones presidenciales de mayo del 2018 apoyando la candidatura de Henry Falcón. Hablamos de los partidos: MAS, Avanzada Progresista, Cambiemos y Soluciones para Venezuela (liderado por Claudio Fermín), quienes representan un sector minoritario de la oposición venezolana.
Luego del despido del hombre fuerte en la Casa Blanca, John Bolton, el gobierno de manera “audaz” ha acelerado la firma de un acuerdo con los sectores moderados de la oposición. Nuevamente vemos que el gobierno aplica la misma jugada de coyunturas anteriores, dividir a la derecha, ganar tiempo y convocar a elecciones para mantenerse en el poder, solo que esta vez el contexto es diferente y esta jugada pudiese volverse en su contrario, recordemos que el gobierno tampoco se esperaba la derrota de las elecciones parlamentarias en 2015.
Los acuerdos firmados durante la jornada fueron: la reincorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional (AN), la designación de un nuevo CNE en corto plazo, la condena de las sanciones económicas estadounidenses, la discusión de un acuerdo para garantizar la representación proporcional de las minorías (en relación a las posibilidades electorales de los partidos pequeños), reafirmar los derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba, mientras que en el plano económico, se ratifica la política de alianza con la empresa privada. También el pacto contempla la liberación de políticos golpistas como Edgar Zambrano, quien participó en el intento de golpe del pasado 30 de abril exhortando a un alzamiento militar desde el distribuidor Altamira junto a Leopoldo López.
Acto seguido, el grueso de la oposición a través de sus representantes en el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) y diputados de la AN rechazaron dichos acuerdos al considerar que se pretende disolver el poder legislativo (bajo control de la derecha) y eternizar a Maduro en el poder. Mucho se ha hablado de la posibilidad de que con esta maniobra el gobierno haya abandonado las conversaciones con Guaidó y la representación mayoritaria de la derecha, con intermediación de Noruega. Aunque en apariencia, esta nueva jugada parece reeditar episodios anteriores donde el gobierno quebró la unidad opositora para ganar tiempo, no es descartable que, por el carácter de los acuerdos suscritos, y según su ejecución posterior, se estén dando muestras unilaterales dirigidas indirectamente a la burguesía y el imperialismo de una disposición inédita de avanzar en una entrega pactada del poder, a cambio de garantías de inmunidad en una eventual transición.
Entendemos que un sector de la población, agobiado por la crisis estructural del capitalismo venezolano, puede albergar alguna esperanza de que estas negociaciones servirán para que cesen las sanciones imperialistas y, a través de la concertación, mejore la economía. Pero, aunque estas esperanzas son válidas para un pueblo desesperado por encontrar una salida, no son más que falsas ilusiones sembradas por los sectores en negociación, en primer lugar, porque el imperialismo no deja de anunciar más sanciones para presionar al gobierno, y a la cúpula militar, y en segundo lugar, porque todas las negociaciones anteriores solo han servido para recargarle más penas a los trabajadores y pobres en general, quienes resisten el peso de la crisis sobre sus hombros.
Si bien, parece ser que, con los acuerdos alcanzados, el gobierno busca ganar tiempo para sostenerse en el poder y no para completar la revolución y solucionar la crisis. Sin embargo, para lograr esto debe ceder, y lo que el gobierno no pierde en espacios políticos, lo pierde la clase trabajadora en lo económico: ¿Quién gana? La supuesta “burguesía revolucionaria” y los empresarios.
La dirigencia del gobierno ha profundizado su viraje de liberalización económica, tratando -infructuosamente- de bajar las tensiones con el imperialismo y agradar a la burguesía, mostrándose capaz de gestionar la crisis a su favor, pero dejando bien claro que su intención es pactar con quien sea que le brinde condiciones para mantenerse en el poder o por lo menos salir bien parados. Por esta razón, no debe sorprendernos que en paralelo a las negociaciones de Oslo-Barbados, funcionarios del gobierno se estuviesen reuniendo con funcionarios del gobierno de Trump, y que a su vez también se estuviesen dando negociaciones con la derecha “moderada”.
Tenemos sobradas razones para dudar de que estos sectores de la oposición «moderada» o «progresista» puedan incidir en un levantamiento del bloqueo que el imperialismo ejerce contra el país, por lo que la situación económica seguirá empeorando. A su vez el gobierno y los empresarios seguirán descargando la crisis sobre nuestros hombros con el despido masivo de trabajadores, el cierre de empresas, más privatizaciones, la contención del salario, entre otras.
No podemos aplaudir unas negociaciones con nuestros enemigos de clase históricos, sino en repudiar consecuentemente las sanciones imperialistas, exigiendo una contraofensiva que contemple la confiscación de los activos y propiedades de las multinacionales norteamericanas en nuestro país -para ponerlas bajo auténtico control obrero, en reciprocidad al secuestro de varios bienes de la República en el extranjero. En este sentido, debemos denunciar el pacto y seguir presionando para derrotar las medidas anti-obreras y anti-populares del gobierno, acompañando a los trabajadores, a los campesinos y a los sectores populares que luchan por un salario digno, por tierras y por servicios públicos de calidad.
Luego de que la dirección bolivariana denunciará por más de nueve meses a la AN como reducto de los lacayos del imperialismo, que impulsan golpes de Estado y fractura de la FANB, que son cómplices o súbditos de quiénes agreden sistemáticamente a la nación, que secuestran nuestros activos en el extranjero, que congelan nuestros recursos, limitan el acceso a la compra de alimentos y medicinas irrespetando nuestra soberanía y dignidad; ahora de la noche a la mañana se trate de legitimar este ariete del plan imperialista reincorporando diputados oficialistas a este órgano declarado «en desacato». Todo en tanto se ordena la liberación de golpistas en aras de la «concertación», mientras se reprimen las manifestaciones de varios sectores de trabajadores por un mejor salario -como la del sector docente- y se persigue y encarcela a comuneros por defender el autogobierno que tanto impulsó Hugo Chávez.
En el discurso oficial predomina la retórica pacifista. Nos preguntamos ¿Qué clase de paz es la que se persigue? ¿Paz para los políticos golpistas y cárcel para los comuneros y campesinos que luchan por sus tierras y por la construcción de las comunas como espacio de autogobierno? ¿Diálogo y paz con los empresarios para «acordar precios» que nunca se cumplen?, ¿diálogo para arrebatarle conquistas a los trabajadores en el ministerio del trabajo dónde patronos y funcionarios dialogan sobre como vulnerar nuestros derechos? ¿Concertación nacional para qué? ¿Para validar el ajuste económico que pone sobre los hombros de trabajadores y jóvenes el peso de una brutal crisis que no generamos?
En este sentido hacemos un llamado a los partidos y movimientos miembros del Frente Popular Antifascista y Antiimperialista (FPAA) y a la izquierda en general a repudiar el pacto con la derecha «moderada» y defender las consignas que muy laboriosamente hemos construido al calor del debate en los últimos meses: ¡disolver la asamblea nacional! ¡cárcel a Guaidó y a los golpistas! ¡salario digno ya!
Además, llamamos, nuevamente (como hicimos el año pasado frente al dilema de apoyar una candidatura, que en nuestra opinión no iba a responder a las demandas de las grandes mayorías por la tendencia que ya advertimos a la liberalización en materia económica y que no iba a cumplir los acuerdos firmados) a construir una alternativa para disputar el poder y llevar hasta las últimas consecuencias un programa realmente revolucionario.
Camaradas del FPAA y el resto de la izquierda, la dirección del PSUV puede seguir negociando con la sombra de la burguesía, para sostener la «institucionalidad» y la “paz» burguesa que no sirve a los intereses de las mayorías. ¡Es necesario que demos un paso al frente y construyamos una alternativa revolucionaria! Nuestro lugar está del lado del pueblo trabajador ¡Basta ya de conciliar, es la hora de luchar!
Frente al pacto, Lucha de Clases propone:
¡Disolución de la AN golpista!
¡Cárcel a Guaidó y a todos los implicados en la estrategia golpista!
¡Confiscación de los bienes de los implicados en el golpe y de las multinacionales imperialistas!
¡Control obrero de la producción! ¡No más control burocrático!
¡Salario mínimo igual a la canasta básica!
¡Reenganche para los trabajadores despedidos por luchar!
¡Libertad a los trabajadores y comuneros presos!
¡Abajo el memorándum 2792!
Corruptelas, detenciones y ajuste de cuentas ¿Qué hay detrás de la cruzada anticorrupción en Venezuela?
En un operativo especial iniciado el viernes 17 de marzo, la Policía Nacional Contra la Corrupción, por orden del Poder Ejecutivo, ha arrestado hasta el momento a 23 personas entre altos funcionarios y empresarios por varias tramas entrelazadas que envuelven a distintos poderes públicos, el crimen organizado y –¡cuándo no!– a la industria petrolera nacional. Entre los funcionarios detenidos destacan dos oficiales militares, un juez, un magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un alcalde, un diputado de la Asamblea Nacional (AN) y el superintendente nacional de criptoactivos.
