Luego de las declaraciones del Presidente Nicolás Maduro, trasmitidas el domingo 17 de noviembre de 2019 en el programa de José Vicente Rangel, donde señaló que la dolarización parcial de la economía es por un lado una “válvula de escape”, y por el otro que “aporta al despliegue y recuperación de las fuerzas productivas”, no nos queda sino preguntarnos, ¿quién ganó las elecciones presidenciales en 2018? Cuando recordamos cómo, con toda razón despotricaban desde el PSUV sobre Henry Falcón y su demagógica y pro imperialista propuesta de dolarización, sorprende ver cómo, cuando apenas ha transcurrido poco más de un año desde la última elección presidencial, el candidato vencedor aplica, aunque de manera implícita, el plan económico del derrotado.

Antecedentes

   La profundización de la política de conciliación de clases y el viraje hacia una política abierta de liberalización económica, son hechos que veníamos denunciando desde Lucha de Clases durante los últimos años, sin embargo, cuando el 28 de diciembre del 2017 la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la ley de promoción a la inversión extranjera, y cuando posteriormente derogó la ley sobre el régimen de ilícitos cambiarios, se hizo más que evidente la tendencia pro burguesa que imperaba en el gobierno del PSUV.

   Dicha perspectiva fue la base política para el llamado que realizamos a la izquierda en general, particularmente al PCV y el PPT, a sumarse al  planteamiento de construir una alternativa revolucionaria que permitiera a al movimiento obrero y popular, disputar el poder en las elecciones presidenciales de mayo del 2018, partiendo de la defensa de un programa revolucionario alineado con los intereses de los trabajadores/as, jóvenes y demás sectores populares. Lamentablemente, por diversas razones estas organizaciones subestimaron la magnitud de la bancarrota política del gobierno y los riesgos de la profundización de la misma, y acompañaron la candidatura para la reelección del actual Presidente Nicolás Maduro, en lugar de plantear un candidato alternativo.

      Es así como, viviendo el peor año en materia económica, política y social de nuestra historia, algunos partidos siguieron tomados de la mano de un gobierno gestor de dicha crisis. Un gobierno que además ya había dado señales de bonapartismo, al irrespetar hasta las más elementales reglas de la democracia burguesa, como por ejemplo, el desconocer las victorias de Ángel Prado y Régulo Reina en los municipios Simón Planas (Lara) y Libertador (Monagas) respectivamente, a pesar de haber contado con el respaldo de la mayoría de los votos.

    Luego de un quinquenio que deja como saldo una catastrófica caída de casi el 50% del PIB, con una hiperinflación de más de 130.000% en el año 2018, el candidato vencedor prometió “lealtad y futuro”, recuperación, crecimiento y prosperidad económica, sin embargo, ha aplicado en los hechos un plan de ajuste fiscal en correspondencia con las indicaciones de los asesores burgueses chinos y rusos.  

El ajuste no decretado 

    Después de que el gobierno negó durante meses a través de sus voceros oficiales el papel de la inyección de liquidez sobre la aceleración de la inflación, y luego de tratar de ratificar o de explicar mediante sus opinadores, expertos, analistas y otros, que la llamada inflación inducida era consecuencia únicamente del llamado ataque a la moneda, el mismo presidente Maduro admitió que la excesiva liquidez monetaria, consecuencia a su vez de la emisión de dinero inorgánico por parte del gobierno, tuvo un impacto inflacionario. Esta declaración la realizó para tristeza de algunos expertos, como Juan Carlos Valdez o Pasculiana Curcio. Hablando claro y raspao, la maquinita de imprimir billetes del BCV, sin ningún respaldo en un crecimiento real de la economía y de las reservas internacionales, fue como gasolina para la ya incediada inflación rampante.

    Frente a dicho problema había dos salidas, la revolucionaria y la liberal. O se expropian todas las palancas de la economía bajo control obrero y se establece el monopolio del comercio exterior; o se aplica un brutal paquete liberal monetarista; es decir, se actúa con y a favor de la clase trabajadora o con y a favor de las transnacionales, empresarios y terratenientes. El tiempo nos dio la razón, el gobierno, como alertamos, optó por estos últimos.

    El plan del gobierno partía de tres objetivos que eran impracticables de manera conjunta: derrotar la inflación, controlar el tipo de cambio y fortalecer el ingreso de la clase trabajadora. Como el gobierno optó por un ajuste monetarista, congeló el salario de los trabajadores/as por varios meses, redujo la cantidad de bonos y aumentó el encaje legal bancario, limitando el crédito comercial, recientemente más utilizado para comprar dólares en el mercado paralelo que para la inversión productiva, y afectando inclusive los límites de las tarjetas de créditos y hasta la posibilidad de acceder a un simple credinómina, todo ello para intentar drenar la liquidez monetaria, es decir, contraer la circulación de dinero en la calle reduciendo la emisión de dinero inorgánico.

   Luego, con la liberación cambiaria, la devaluación cotidiana se convirtió en una carrera entre los marcadores paralelos del dólar y el marcador oficial del BCV, que en más de una ocasión llegó a superar los marcadores no oficiales. Este desastre cambiario aumentaba la inflación, ya que la mayoría de los productos y servicios que se consumen en el país son importados, y los que no, igual comenzaron a tasarse en dólares para protegerse de la devaluación, al punto que hasta los vendedores de chucherías del metro de Caracas han comenzado a fijar algunas de sus ofertas en dólares. De hecho, la inflación ha marchado más rápido que las devaluaciones, lo que ha ocasionado que muchos precios en el país superen los precios internacionales.

   Esta política generó que los sectores laborales con menor capacidad de negociación y con direcciones sindicales y obreras más cooptadas, como es el caso del sector público, fuesen groseramente precarizados, viéndose obligados a renunciar en masa, resultado que a la luz de los acontecimientos, era el esperado y parte de la política de ajuste para reducir el déficit fiscal, una de las metas planteadas por el Presidente en una alocución en la ANC, “déficit fiscal cero”, dijo en aquella oportunidad. Ahora sabemos cuál ha sido una de las estrategias para lograr dicho objetivo.

   Por lo tanto, la declaración del domingo pasado no hace sino confirmar, que este gobierno es capaz de aplicar parcialmente y en “cámara lenta”, el programa de gobierno del candidato opositor a las elecciones presidenciales en 2018, Henry Falcón, derrotado en esa contienda, quien planteaba una dolarización total de la economía.

Esta afirmación la podemos sostener tomando en cuenta que el gobierno ha sido capaz de ejecutar las siguientes medidas: una velada y parcial privatización de algunos sectores de la industria petrolera a través de  “asociaciones estratégicas”, con transnacionales como la norteamericana Chevron, la Rusa Rosneft y la China CNPC; otorgar concesiones en sectores estratégicos como minería, gas y petróleo, con condiciones desfavorables para la república, a empresas nuevas y sin experiencia en el sector; la indexación de los créditos comerciales a tasas en dólares y la autorización del cobro en dólares de los alquileres, entre otras, sobre las cuales profundizaremos en próximos artículos.

Estas medidas son llevadas adelante por el gobierno, como una fórmula para intentar paliar el impacto del bloqueo norteamericano pero, como hemos visto y vivido, las mismas benefician a los empresarios y de hecho no contribuyen a mejorar la economía nacional ni a la clase trabajadora y popular.

     Este escenario plantea un gran dilema al resto de la izquierda venezolana. ¿Cuál será su posición respecto al gobierno de aquí en adelante? No sólo en el plano electoral, sino también en el plano político. Nuestro llamado sigue en pie. Debemos construir una alternativa revolucionaria para la clase trabajadora y los sectores populares con un programa capaz de ganar, entusiasmar y movilizar a las grandes mayorías de trabajadores/as y jóvenes para defender sus intereses, disputar el poder y completar la revolución, hoy traicionada.