Corrupción y caos institucional: la política venezolana en estado de descomposición

Con dos directivas de la Asamblea Nacional (AN), una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un poder ejecutivo en funciones y una presidencia autonombrada (aunque reconocida por medio centenar de gobiernos alineados bajo el ala del imperialismo), la escena política venezolana y su estancamiento institucional inédito no para de enredarse. La fragmentación de la derecha y su alto nivel de desprestigio no han dejado de ser aprovechados por el gobierno para apuntalar su posición en el poder, con el cual se ejecuta una agresiva política de ajuste burgués en detrimento de los trabajadores. El hedor a corrupción recorre toda la situación. La putrefacción del Estado burgués y las relaciones de poder capitalistas son su sello distintivo.

Mientras Guaidó recorre el mundo mendigando a los imperialismos europeos y estadounidense algo de atención para su causa, tras los sucesivos fracasos para deponer a Maduro en 2019 y los escándalos de corrupción con el manejo de la «ayuda humanitaria»; la oposición a nivel interno ha denunciado la continuación de la «operación Alacrán», con la cual el gobierno trata de comprar parlamentarios y dirigentes regionales de diversos partidos de derecha para arrebatar sus colores y tarjetas en favor de la llamada «fracción CLAP», mediante fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como es sabido, el gobierno de Maduro, cada vez más distanciado de sus bases sociales, no ha dudado en mantener su posición de mando echando mano de las palancas del Estado, anulando la Asamblea Nacional (AN), inhabilitando partidos y dirigentes opositores, obstaculizando candidaturas de izquierda alternativas (como en el caso de Eduardo Samán para la Alcaldía de Caracas), no reconociendo las victorias electorales de dirigentes de izquierda (casos: Ángel Prado y Regulo Reina) y otorgando tarjetas de partidos a tendencias más favorables al PSUV. Todo esto se ha dado en un intento, por parte de la dirección gubernamental, de resolver administrativamente problemas de índole políticos, reforzando cada vez más su carácter bonapartista. También, son fáciles de reconocer las maniobras gubernamentales para tratar de construirse una oposición a la medida de sus intereses, en tanto aísla a Guaidó minando sus apoyos, mientras execra a cualquier crítica y voz disidente desde la izquierda.

A todas estas, debemos rechazar las hipócritas acusaciones del sector de la oposición agrupado alrededor de Guaidó. Estos reaccionarios, que no han dudado en organizar un golpe de Estado militar, en llamar a la invasión extranjera y en apoyar sanciones contra Venezuela, no tienen moral ninguna para presentarse como defensores de la democracia. Ya sabemos qué tipo de «democracia» defendían cuando tenían en el poder en la IV República. Empero, también debemos rechazar cualquier jugarreta arbitraria gubernamental dirigida a vulnerar los derechos democráticos que garantizan la organización y representación política de la clase trabajadora y sectores populares, en favor del Estado burgués y los intereses que se entretejen en este. El fortalecimiento de las tendencias bonapartistas del gobierno, que en muchos casos ha tratado de ser justificada como necesaria para frenar a la derecha, a su vez ha servido para golpear a las masas, como se ha podido evidenciar en el Municipio Simón Planas de Lara y su comuna El Maizal. El otorgamiento arbitrario de tarjetas partidistas a tendencias más próximas al gobierno, no solo ha afectado a la derecha, como ocurrió con COPEI, sino también a la izquierda, con el caso de UPV. Ante la amenaza latente de que el gobierno vuelva a recurrir a esta clase de tretas, en contra de organizaciones de izquierda que decidan no seguir “la línea” o que busquen constituirse como alternativas de izquierda al PSUV, no podemos más que manifestar nuestro más enérgico repudio.

Llama la atención como esta denuncia opositora encubre el temor a que las lealtades partidistas de dirigentes regionales de la derecha cambien ante jugosos ofrecimientos gubernamentales. Nada de esto es de extrañar. La cloaca de la politiquería burguesa en Venezuela muestra una mayor pestilencia debido no solo al clásico dinamismo corrupto de las relaciones políticas de toda sociedad capitalista, donde los recursos y las decisiones en torno a los mismos están fuera del control de las masas trabajadoras, sino también por el histórico rentismo decadente de nuestra economía y sus distorsiones inherentes, que potenciaron prácticas y costumbres corruptas insólitamente descaradas. Escuchar a prominentes dirigentes de derecha hacer tales denuncias recuerda el viejo dicho popular «cría cuervos y te sacarán los ojos».

Ante el país, la alianza parlamentaria que se ha forjado entre diversos diputados opositores de derecha, encabezados por Luis Parra, y la fracción parlamentaria del PSUV/GPP -incluyendo al PCV que arguye estar dispuesto a aliarse a una supuesta «derecha antiimperialista»- no hace más que evidenciar las costuras de corrupción implicadas en el pacto. Luis Parra, antiguo parlamentario de Primero Justicia y quien ahora funge como uno de los presidentes de la AN -elegido en una ceremonia que dejó más dudas que certezas, encabezó desde 2018 las gestiones de un grupo de diputados opositores para que exoneraran de sanciones en EEUU, Colombia y Europa, al empresario colombo-venezolano Carlos Lizcano, vinculado a Alex Saab, por el caso de corrupción en la importación de los productos CLAP. Tanto Lizcano como Saab (se cree que el primero es solo un testaferro del segundo) mantienen estrechas relaciones de negocios el gobierno venezolano en el sensible sector Alimentos. Lizcano aparece como el supuesto propietario de Salva Foods, empresa que se vio favorecida con la privatización de Abastos Bicentenario (ahora tiendas CLAP), con la cual se echó a la calle a más de 6 000 trabajadores a nivel nacional. En este caso se pueden observar varias cosas: como parte de la política de liberalización y ajuste económico del gobierno está beneficiando en gran medida a la «burguesía revolucionaria», como la corrupción es inherente a todo proceso privatizador, y como las lealtades de los políticos de derecha tienen precio. Ahora vemos a la así llamada «fracción CLAP» denunciando a Guaidó y hablando de la necesidad de encaminar diálogos con el gobierno, cuando hasta hace pocos meses llamaban a la intervención militar extranjera y jugaron un papel activo en la desestabilización proimperialista.

La necesidad del gobierno de recuperar el control la AN es apremiante y no solo responde a un tema netamente político, sino también económico. La debacle de la industria petrolera nacional requiere grandes inversiones en todas las áreas, que el gobierno cree poder solventar privatizando PDVSA, aumentando la participación accionaria de consorcios de países aliados como Rosneft y CNPC en las asociaciones mixtas, y otorgando jugosos contratos petroleros a los acreedores de deuda de PDVSA a cambio de flexibilidad en los pagos. Para acometer tales operaciones, es necesario contar con la aprobación constitucional de la AN, y en este sentido es muy claro que la juramentación de Luis Parra como Presidente del parlamento respondió a las presiones de Moscú y Beijing sobre Maduro para concretar «seguridad jurídica» -en caso de que se produzca un cambio de gobierno- a sus planes de aprovechar al máximo las enormes reservas petroleras de Venezuela y disfrutar de cuantiosas tasas de plusvalía con la explotación de los trabajadores petroleros venezolanos, sin duda de los más precarizados del mundo. Esta inferencia, que ha sido publicada recientemente por la agencia Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-27/venezuela-analiza-privatizar-petr-leo-ante-desplome-econ-mico-k5wvx14l), resultaba muy obvia desde incluso antes del 5 de enero.  

Sin embargo, la jugada que intenta poner a Parra como cabeza de la AN tiene patas cortas. Aun esta directiva no logra explicar al TSJ cómo pudo ser elegida por aclamación sin precisar aspectos como el quórum. Hasta gobiernos que tratan de mostrarse como «neutrales» o tendentes al diálogo ante la crisis política venezolana, como el de México y Uruguay, reprocharon la maniobra, mientras el imperialismo estadounidense, sus lacayos en la región y Europa siguen reconociendo a la marioneta yankee, Juan Guaidó, como presidente de la AN. Entendiendo esta situación, el gobierno puede, tranquilamente, dejar de lado su apuesta en torno a Parra para jugar todas sus cartas en las venideras elecciones parlamentarias, no sin trucos bajo la manga, con la clara intención de profundizar su política entreguista, antiobrera y antipopular.

Mientras la corrupta trama política nacional sigue su curso, vemos con mucha preocupación como los ataques a la clase obrera no paran de sumarse. Son cada vez más frecuentes los casos de despidos injustificados, acoso a las organizaciones sindicales y la intervención de las fuerzas represivas del Estado para dirimir disputas laborales, en favor de los patrones estatales y privados y para imponer por la fuerza el ajuste antiobrero y antipopular del gobierno. El martes 28 de enero, directivos del sindicato de Fogade denunciaron que las autoridades de la institución les impidieron el ingreso a sus respectivos puestos de trabajo, en franca retaliación por su probada combatividad en defensa de los trabajadores e irrespetando su fuero sindical. Ese mismo día, los dirigentes sindicales, Marcos Sabariego y Gil Mujica, de la refinería «El Palito» del Estado Falcón, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios del DGCIM por participar en una asamblea obrera en la empresa. Del mismo modo, el jueves 30 de enero tres dirigentes del Sindicato Único de los Empleados de los Poderes Públicos del Estado Sucre (SUEPPLES), Ramón Gómez, Cesar Morales y Carlos Ochoa, fueron detenidos cuando trataban de consignar un documento en la gobernación sucrense. Tribunales han decretado privativa de libertad a estos trabajadores con cargos que van desde el agavillamiento hasta la instigación al odio. Esto viene a sumarse a los casos de Rodny Álvarez, quien lleva más de ocho años encarcelado injustamente, y el de los nueve comuneros del Eje Socialista de Barinas, apresados desde septiembre del 2018 por construir “el Estado comunal”. Desde Lucha de Clases exigimos la pronta liberación de todos los trabajadores, sindicalistas y líderes sociales detenidos por ejercer su derecho a protestar y a organizarse. También demandamos el cese a la persecución laboral y llamamos a la solidaridad de toda la clase obrera nacional e internacional para repudiar todos estos hechos.

Es más que clara la correlación existente entre el ajuste burgués que aplica el gobierno y los ataques a los derechos democráticos del pueblo para imponerlo. ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados!  La lucha, la organización y la coordinación estadal y nacional obrera, sobre la base de un programa que se plantee la defensa inflexible de los intereses de los trabajadores, la nacionalización de todas las palancas de la economía bajo control de los trabajadores, y el desmonte del putrefacto Estado burgués, es lo que desde Lucha de Clases propugnamos. Reiteramos nuestro llamado al chavismo de izquierda a construir una alternativa revolucionaria para poner en pie una resistencia genuina al imperialismo, al ajuste burgués en ejecución y abrir la perspectiva futura de un gobierno de y para los trabajadores.

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