El día 25 de mayo, la dirección del sindicato SINTRAPESCAVE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pesca, Acuicultura y Conexos) emitió un comunicado donde hace pública la detención arbitraria de su Secretario de Organización, Darío Salcedo, luego de que este confrontara a las autoridades de la empresa estatal INSOPESCA por la imposición de fuertes incrementos del costo de la bolsa de alimentos que reciben los trabajadores, en pleno uso de sus atribuciones y facultades como dirigente sindical.

El compañero Darío Salcedo habría increpado mediante el envío de audios de WhatsApp a la Directora de Recursos Humanos Carmen Hinojosa, sobre el aumento del costo de las bolsas de alimentos para los trabajadores, que pasaron de 15.000 Bs a 1.400.000 Bs. Hay que recordar que tales alimentos constituyen compensaciones salariales, no dádivas del mismo gobierno responsable de la destrucción de los salarios, los contratos colectivos y toda clase de beneficios laborales.

Al tratarse de una compensación salarial, la burocracia de INSOPESCA no tiene forma de justificar un incremento tan desproporcionado, que supera en un millón de bolívares el nivel del salario base mínimo. ¿Acaso no ha sido suficiente el destruir las prestaciones y beneficios laborales, así como el condenar a la clase obrera venezolana a sobrevivir con salarios de 2 dólares mensuales?

Este nuevo caso de atropello contra la libertad sindical y el derecho a la protesta, se inscribe dentro del recrudecimiento de las tendencias represivas del Estado, con miras a imponer el ajuste anti-obrero y anti-popular que viene ejecutando el gobierno desde hace varios años.

El compañero había sido detenido el pasado 5 de mayo, hasta que en horas recientes el tribunal 35 de control ratificó la medida privativa de Libertad y la reclusión del trabajador en el Centro de Procesados 26 de julio de San Juan de Los Morros, estado Guárico. Al sindicalista se le imputa el cargo de «instigación al odio», cuyas penas pueden oscilar entre los 10 y 20 años.

Claramente, con este exabrupto, la burocracia demuestra su intención de mostrarse implacable, con retaliaciones desproporcionadas e injustas, que sirvan de ejemplo para todo aquel que decida protestar, cuestionarla, o tan solo pedir respuestas.

Ante esta monstruosa arbitrariedad preguntamos, ¿desde cuándo exigir respuestas ante desmejoras injustificables en los beneficios laborales o compensaciones salariales se convirtió en instigación al odio? La burocracia estatal ya no tiene reparos en castigar la más mínima manifestación de descontento o disposición de lucha reivindicativa, por lo cual se vale de cualquier interpretación interesada de la legalidad burguesa para perseguir y encarcelar a todo aquel que levante la voz contra tanto abuso y corrupción.

Detener y sentenciar a un dirigente sindical por exigir un precio accesible a una bolsa de comida para sus compañeros de trabajo, en medio de la crisis económica más profunda de la historia del continente, además agudizada por las medidas de cuarentena, es una aberrante y grotesca injusticia, que bajo ningún argumento los trabajadores y trabajadoras podemos aceptar.

Debemos denunciar a todo pulmón como en la actualidad se encaminan procesos judiciales injustos para domesticar a la clase obrera y los sindicatos con una celeridad increíble, mientras Guaidó sigue libre conspirando, organizando la desestabilización nacional y gestionando el saqueo imperialista de los recursos y activos del país, con total impunidad.

Desde Lucha de Clases repudiamos esta execrable vejación contra la clase obrera y la dirigencia clasista del movimiento obrero. Invitamos a los trabajadores venezolanos a sumarse al tuitazo, organizado en solidaridad con el dirigente sindical, para hoy martes 26 de mayo a las 4:00 PM con la etiqueta #DarioSalcedoLibre