El pasado sábado 30 de mayo, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un incremento en los precios de la gasolina, el establecimiento de un nuevo esquema de subsidios provisionales al combustible y la emisión de licencias para que el sector privado pueda importar y comercializar el carburante. Con estas medidas, que entraron en vigor el lunes 1 de junio, Venezuela dejó de poseer la gasolina más barata del planeta y también se rompió con el monopolio que la empresa estatal PDVSA ostentaba sobre todas las actividades relacionadas con el combustible. Este es sin dudas un nuevo paso enmarcado en la política de ajuste anti-popular que ejecuta el gobierno con miras a reducir su déficit presupuestario, haciendo pagar la crisis a los trabajadores y el pueblo en general. 

Venezuela, país que hasta hace pocos años fuera reconocido como uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, posee refinerías e infraestructuras con una capacidad instalada para producir 1,3 millones de barriles de gasolina diarios, lo suficiente para abastecer la demanda del parque automotor nacional en una semana. Sin embargo, la escasez de gasolina y las kilométricas colas en las estaciones de servicio en numerosas ciudades del país, han marcado la pauta energética en los últimos años. En las regiones del interior venezolano, sobretodo en los Estados que comparten frontera con Colombia, este panorama de insuficiencia ya tiene larga data, donde en los episodios de mayor agudeza, un conductor en cola debía esperar hasta una semana para abastecer su vehículo de combustible. La mayor parte de la distribución de la gasolina ha beneficiado a la región Capital de Venezuela, donde hasta comienzos del 2020 no se habían registrado filas en las estaciones surtidoras. Con la escasez de combustible acentuándose y la implementación de medidas de aislamiento social para prevenir los contagios del Covid-19, vimos por primeras vez ringleras interminables de automóviles y motocicletas en gasolineras de Caracas.

Desde el punto de vista productivo, las razones que explican la escasez de gasolina en el país son: la caída en la producción de petróleo en un 80% en los últimos 6 años, la desinversión en el mantenimiento y reparaciones necesarias de las refinerías, la profunda corrupción gerencial en PDVSA, y en buena medida, las sanciones económicas impuestas por el imperialismo estadounidense desde 2017, que han impedido los intercambios comerciales de PDVSA con sus proveedores y la adquisición de insumos y catalizadores para la destilación del carburante. Toda esta situación redujo el aporte de las refinerías nacionales a solo un 8% del mercado interno, lo que llevó al gobierno venezolano a importar gasolina para cubrir el enorme faltante. Por otra parte, desde el punto de vista de la distribución, la escasez se ha agudizado con el progresivo deterioro de la flota de la Empresa Nacional de Transporte (filial de PDVSA encargada de distribuir los derivados del petróleo a lo largo y ancho del país), donde, según fuentes que manejamos entre sus trabajadores, solo funciona el 30% de las gandolas dispuestas para transportar el combustible, que requieren las 1800 estaciones de servicio existentes en el territorio nacional.

El enorme incentivo que generaba el obtener gasolina casi regalada de Venezuela para luego comercializarla a precios internacionales en Colombia, llevó a la corrupción y el desvío de cientos de miles de litros de combustible al vecino país, de la cual participaron bandas delincuenciales, grupos paramilitares, militares venezolanos, funcionarios estatales corruptos y ciudadanos comunes. Pero el racionamiento extremo de combustible ante la escasez creciente limitó esta posibilidad, al punto en que llegamos a ver casos recientes de venezolanos abasteciéndose de gasolina del lado colombiano, para luego revenderla del lado venezolano. La administración de la escasez por parte de la Guardia Nacional mediante la “vigilancia” y “resguardo” de las gasolineras evidenció una vez más la putrefacción del Estado burgués venezolano, sus cuerpos y destacamentos armados, con el desvío de grandes cantidades de gasolina para su reventa y la formación de filas preferenciales para personas dispuestas a pagar dinero a los funcionarios (“colas VIP”), entre otras. Así pues, la escasez, como de costumbre, dio paso al surgimiento de mercados negros y corrupción sin límites, donde en algunas regiones del país se sigue cobrando hasta US$ 4 por litro de gasolina.

Otro factor que explica la profunda escasez de combustible, yace en la imposibilidad del gobierno de importar gasolina, componentes e insumos para su producción, desde la filial de PDVSA en EEUU, CITGO, dado el embargo de dicho activo por parte de la Casa Blanca y la cesión de sus recursos hacia la Presidencia (ficticia) de Juan Guaidó, cuyo uso se desconoce. CITGO puede producir cerca de tres veces la cantidad de gasolina que demanda el parque automotor nacional a diario. Por esta razón, voces de la derecha, como el economista Francisco Rodríguez, han criticado la inacción de Juan Guaidó para proporcionar soluciones a la población de Venezuela sobre este aspecto. El señor Rodríguez no contempla que cada acción u omisión de Guaidó está predeterminada por las órdenes de Washington y que la política de Trump hacia Venezuela busca propiciar el caos total en nuestro país, hasta que, supuestamente, las presiones internas deriven en un cambio de gobierno. Entonces, ¿es válido criticar a una marioneta por los movimientos que realiza el titiritero?

Las medidas de aislamiento social para evitar la propagación del coronavirus, que en Venezuela comenzaron a implementarse a mediados de marzo, también le permitieron al gobierno racionar la gasolina de modo más eficaz. Para sortear el bloqueo económico estadounidense, el gobierno venezolano ejecutó una operación de intercambio de oro por gasolina y aditivos con el gobierno iraní. En las últimas dos semanas arribaron a Venezuela 5 buques procedentes de la nación persa, que han traído un aproximado de 1,53 millones de barriles de gasolina e insumos químicos para la operatividad de las refinerías venezolanas. Expertos aseguran que la gasolina iraní podría durar entre 50 y 90 días -en el mejor de los casos, dependiendo de como sea administrada  Según un reporte de Bloomberg, estos intercambios entre Caracas y Teherán se habrían producido con la intermediación de Alex Saab, empresario colombiano sancionado por EEUU, quien también hace parte en los polémicos canjes de oro por alimentos entre Venezuela y Turquía, mediante diversos esquemas de corrupción y complicidad. Cabe recordar que Saab y sus socios (o testaferros) en Venezuela, habían encontrado defensores en el seno de un sector de oposición (Parra, Brito y compañía), que entre diciembre y enero terminaron rompiendo con Guaidó y jugando a favor del gobierno, en una de las operaciones de compra de parlamentarios y saltos de talanquera más descarada de la historia política nacional.

A la espera de la llegada de los buques iraníes, Maduro señaló que la gasolina adquirida debía pagarse a precios internacionales, con lo que anticipó las medidas anunciadas el 30 de mayo.

Aumento y subsidios transicionales

En la alocución presidencial se anunció el establecimiento de un nuevo esquema de subsidios provisionales al combustible -al menos por tres meses- donde los usuarios deberán pagar una tarifa aumentada de 5.000 Bs por litro de gasolina, pero solo hasta alcanzar los 120 litros para automóviles y 60 para motocicletas al mes. Una vez alcanzados los límites respectivos, los usuarios deben cancelar la gasolina a un precio próximo al nivel internacional de 50 centavos de Dólar por litro. El combustible que consuma el transporte público y de carga contará con un subsidio del 100%, en principio, por tres meses, mientras, según el mandatario nacional, “se van ajustando todos los detalles” de las medidas.

El precio de la gasolina subsidiada en dólares, según una aproximación de la actual tasa de cambio, se halla en el orden de los US$ 0,025, un aumento sustancial si se toma en cuenta que el simbólico costo anterior rondaba los US$ 0,00006. Para llenar un tanque de 40 litros de un automóvil promedio, se requiere la mitad del salario base mínimo o el 25% del ingreso mínimo integral, que devengan 7 millones de venezolanos; mientras que para copar los límites mensuales se necesitan US$ 3 para el combustible de automóviles y US$ 1,5 para motos, equivalentes al 75 y el 37,5% del ingreso mínimo integral respectivamente. Sin dudas, tratamos con un incremento desproporcionado, que dados los bajísimos salarios en el país, se hace impagable para el pueblo trabajador.

La existencia de un precio subsidiado y otro próximo a los niveles internacionales, con todos los incentivos que este hecho trae consigo, garantiza la preservación de los mercados negros, la corrupción y todo tipo de malas prácticas, que ya se hicieron costumbre tras experiencias como Cadivi-Cencoex, entre otras. El economista burgués, Giorgio Cunto, en un artículo publicado por la página Prodavinci, refirió algo innegable: “Existe un diferencial de 1.981% entre el precio subsidiado y el precio “internacional” de referencia usado por el gobierno. Ese diferencial sube a 15.749% si se toma en cuenta el precio de USD 4 por litro vendido de forma irregular en algunas localidades de Venezuela. Con estos diferenciales las oportunidades de arbitraje y corrupción son gigantescas, y la aparición de mercados negros de combustible está casi garantizada. Mucho más cuando se vuelve a una dinámica en la que para un mercado en Venezuela conviven simultáneamente el precio más bajo del mundo (a tasa oficial) y el más alto (a tasa paralela)».

Con la ejecución de las medidas, hemos notado como en innumerables estaciones de servicio en todo el país se vende combustible subsidiado durante un lapso de tiempo limitado, y luego la cantidad a vender se debe pagar a precios internacionales, para molestia e indignación de los usuarios y tal como ocurre en las 200 nuevas surtidoras privadas, de las cuales hablaremos más adelante. Asimismo, en el interior del país, se mantienen las famosas «colas VIP» en algunos casos, y el “bachaqueo” y la reventa en otros. Con la escasez de gasolina que aun pervive en muchas zonas del interior nacional, para un contrabandista cualquiera adquirir el combustible al precio de 50 centavos de dólar en las gasolineras privadas, sigue siendo altamente redituable si se toma en cuenta que el precio de mercado negro es de US$ 4. Ni hablar de la gasolina subsidiada. Esta situación presionará los precios del combustible al alza, sobretodo en las gasolineras privadas. Aunque el nuevo esquema de subsidios contempla el uso de capta huellas en las estaciones de servicio, no dudamos que el enorme incentivo por la reventa de combustible propiciará la aparición de «carros fantasma», tal y como lo vimos en el pasado con la implantación de los chips, que no frenaron en ningún momento el contrabando de extracción.

El caos del mercado capitalista se hace sentir a cada paso, como no puede ser de otra manera tratándose de una economía basada en el interés individual, la competencia, la rapiña y la sinrazón, con el agravante de la escasez y el sostenimiento de regulaciones que no regulan nada. Una vez más debemos repetir: ¡el capitalismo no puede ser regulado! Cualquier solución real y en favor del pueblo trabajador radica en la demolición definitiva de las relaciones de producción burguesas y la reconstrucción socialista de la sociedad.

Aunque el gobierno nacional ha decidido preservar, al menos por tres meses, el subsidio total al transporte público y de carga, varios voceros gubernamentales apuntan a su desaparición futura y progresiva. Los impactos inflacionarios de los incrementos ejecutados no deberían, en teoría, ser tan notorios a nivel general, si tomamos en cuenta que Venezuela registró una inflación de casi 10.000 % en 2019 y actualmente tasa porcentajes mensuales de 25-30%. Por otra parte, la mayor parte del transporte público y de carga en el país basa su combustible en diesel. A pesar de lo anterior, la promesa de desaparición progresiva de los subsidios trata de preparar el camino para una mayor austeridad para la población.

Abundan experiencias cotidianas de trabajadores que cancelan todo su salario base de 400.000 Bs solo en transporte público; incluso hay casos de compañeros que destinan todo su ingreso mínimo integral en pasajes, según la lejanía de los lugares donde residen. El recibir una bolsa de alimentos mensual -totalmente insuficiente para cubrir todos los requerimientos nutricionales familiares, como forma de compensación salarial, es la única motivación que tienen estos trabajadores para ir a laborar. Los impactos inflacionarios de la prometida eliminación de todos los subsidios, los privará de la mera posibilidad de trabajar y hasta de (mal)alimentarse.

200 gasolineras privadas

El gobierno ha emitido licencias para que el sector privado importe, transporte y comercialice combustible, y ha privatizado 200 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional, donde la gasolina contará con precios internacionalizados y podrá cancelarse en divisas convertibles. Esta medida surge como respuesta al bloqueo imperialista que impide al gobierno venezolano y su industria petrolera importar combustible e insumos para su producción. Al igual que el desmonte definitivo del control de cambios -entre otras medidas, este caso demuestra de nuevo cómo ante la asfixia económica de EEUU el gobierno solo puede responder con la profundización de su deriva desregulatoria, privatizadora y antipopular, dada su negativa a dar un golpe de timón hacia la izquierda.

Como no podía ser de otra manera, la privatización de las gasolineras beneficia al grupo de “empresarios patriotas” venido a más de la mano del gobierno, que no cuenta con buques, infraestructuras de almacenamiento, unidades de transporte y estaciones de servicio propias, pero si con el aval para disponer de todos los recursos y medios de la estatal PDVSA. La preocupación de la llamada “burguesía revolucionaria” solo será lucrarse sobre las ruinas de la industria petrolera, cuyo proceso de privatización sigue avanzando. Los liquidadores burocráticos del proceso bolivariano, amigos y/o testaferros, se valen de la destrucción de las operatividad de las empresas públicas y de la creencia -fomentada por la derecha y por ellos mismos- de que “todo lo público es malo”, para justificar la privatización de los sectores estratégicos de la economía nacional en beneficio propio, tras destruir el control obrero y hundir en corrupción a la inmensa mayoría de empresas expropiadas.

Al más puro estilo de los bodegones, las gasolineras privadas, con sus precios internacionales y posibilidad de cancelación en divisas, estarán reservadas para ese porcentaje minoritario de la población que posee un alto ingreso en dólares, dispuesta a “tanquear” su vehículo sin necesidad de hacer alguna larga fila. Con medidas de esta índole, el gobierno avanza en el reconocimiento de la dolarización informal que ha arropado a la economía nacional, como resultado de la hiperinflación, la abrupta reducción de la liquidez monetaria en 2019, la flexibilización del régimen cambiario, entre otros factores.

Nuestra posición

Está claro que desde Miraflores se busca reducir el enorme déficit presupuestario gubernamental, recargando el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores. En una entrevista concedida a Globovisión, el vocero del PSUV, Jesús Farías, destacó que con las medidas adoptadas por el ejecutivo el Estado podría ahorrarse hasta 7.000 millones de dólares anuales. Cada día se evidencia como voceros pro-gobierno se esmeran en argumentar la necesidad de “sincerar la economía”, pero por su puesto, desde un punto de vista burgués y que encubre mayores sacrificios y privaciones para una masa trabajadora que percibe los salarios más bajos del planeta y ha sufrido el desmontaje sistemático de todas las conquistas y derechos adquiridos en el pasado.  

Al tiempo en que se toman las medidas de aumento de la gasolina, voceros gubernamentales como Freddy Bernal ya hablan de la posibilidad de dolarizar el costo del gas doméstico, también escaso. Debemos preguntar ¿no ha sido suficiente todo el conjunto de privaciones a las que se ha sometido a los trabajadores y pobres del país en el marco de esta crisis? Obviamente, para la burocracia la respuesta es no. A medida que la crisis capitalista global se profundiza, las presiones que esto trae hacia Venezuela añaden más fuego a la hoguera. Pensar que la situación de reflujo social se mantendrá de modo indefinido, que las masas no responderán tarde o temprano, es tan absurdo como irracional.

Eludiendo su responsabilidad ante la historia, en el gobierno solo arguyen al bloqueo imperialista como la única causa de toda la debacle nacional. Claro que el bloqueo ha jugado un papel importante en toda la caótica situación actual, pero su incidencia ha sido en carácter de agravante. Las causas últimas de toda esta situación yacen en el colapso del capitalismo criollo y la implantación de un modelo de regulaciones superpuestas a este, que limitó el propio funcionamiento del mercado, pero que por su propia naturaleza, no podían proporcionar ninguna forma de transformación revolucionaria de la economía y la sociedad. El que la dirección del gobierno se negara a brindar una salida revolucionaria a la crisis, mientras se acomodó a las mieles corruptoras del Estado burgués, la hace co-responsable de todo el declive económico-social de los últimos años.

Si bien sabemos que el precio simbólico que se venía cancelando por el combustible estaba muy lejos de cubrir siquiera sus costos de producción y era inviable e insostenible, hay más aspectos que mencionar en el asunto. Un gobierno verdaderamente revolucionario, encabezado por dirigentes reconocidos por su honestidad y siempre prestos a mantener un estilo de vida próximo al que tienen las masas trabajadoras que representan, tendría suficiente autoridad para proponer cualquier medida de orden fiscal, que suponga privaciones a nivel general, a condición de mostrar que TODA LA SOCIEDAD asumirá todos los sacrificios sin distingos de ningún tipo. Ese no es el caso del gobierno de Maduro, que ha venido aplicando un severo ajuste fiscal no declarado, donde solo los trabajadores y el pueblo pobre han sido victimas de la más obscena austeridad, mientras al sector privado se le ofrecen toda clase de garantías y la “burguesía revolucionaria” no para de enriquecerse bajo el ala protectora del gobierno, disponiendo de todo tipo de recursos y ventajas estatales. Bajo estas condiciones, no podemos respaldar ningún tipo de aumento al combustible y mucho menos la privatización de la comercialización del mismo.

Desde Lucha de Clases, rechazamos el proceso de privatización de todas las ramas de la industria petrolera, así como de todas las empresas públicas encaminadas hacia el mismo destino. En lugar de privar a la nación de las ventajas y beneficios potenciales que estas empresas aún pueden otorgar -cediéndolas a la voracidad del interés privado, es necesario reimpulsar la productividad de las mismas de la mano de un plan económico de emergencia revolucionario, que contemple la creación de un monopolio estatal del comercio exterior, para frenar la sangría de dólares en favor de empresarios y burócratas corruptos, y la nacionalización sin compensación de toda la banca y aseguradoras, para disponer de recursos necesarios para la inversión en las ramas que más lo requieran. Las privatizaciones deben ser revertidas cuanto antes, toda vez que es necesaria la expropiación, bajo control obrero, de los monopolios industriales que han mantenido por años la subutilización de gran porcentaje de su capacidad instalada. 

Todo esto debe llevarse a cabo bajo la implantación del más genuino control obrero y popular, de la mano de consejos de trabajadores y comités de fábricas dentro de las empresas -que vigilen los libros de cuenta y todo lo que entra y sale del espacio de trabajo- y bajo la colaboración de las comunas y comités barriales. Obviamente sabemos que estas medidas no pueden ser impulsadas por el actual gobierno, cuyos dirigentes están desvinculados de los intereses de los trabajadores y que responde a un conjunto de intereses que surgen del beneficio de la debacle nacional actual y del oprobio más humillante para las grandes mayorías.

Antes de contemplar un aumento de los combustibles y de cualquier servicio, es perentorio establecer un salario igualado al costo de la canasta básica alimentaria, la restitución de las prestaciones sociales, de todas las conquistas laborales de otrora y de la firma y respeto de nuevos contratos colectivos favorables hacia los trabajadores. Estas medidas solo podrían cubrirse de la mano de la reconstrucción socialista del país, bajo una economía nacionalizada -bajo los criterios planteados en párrafos anteriores- y planificada democráticamente por los propios trabajadores organizados.

Acabar con el déficit presupuestario a nuestro juicio no pasa por su reducción a base de autoridad para el pueblo, sino desmontando el podrido Estado burgués y la instauración de un Estado obrero, basado en representantes elegidos por los consejos proletarios, populares y comunas, sujetos a revocación en todo momento, con coordinación local y regional, hasta conformar la gran Asamblea Nacional del poder obrero y popular. Claramente, un gobierno de los trabajadores de estas características, sería mucho más barato. Sobre la base de una economía planificada y dirigida hacia la explotación de todas las potencialidades nacionales, nuestro país podría encaminarse hacia su desarrollo efectivo.  

Concretamente, exigimos control obrero y popular en la distribución y comercialización del combustible, mediante los consejos de trabajadores y comités barriales que deben crearse, así como de las comunas, para frenar la corrupción y el despilfarro.

Ratificamos nuestro llamado a la izquierda en general a construir una alternativa revolucionaria para llevar a las masas a erigir su propio gobierno.

¡No a la privatización de la industria petrolera!

¡Control obrero y popular a la producción, transporte y distribución de la gasolina!

¡Los trabajadores deben gobernar!