¡»Usted no es dueño de nada»! Con esta frase el presidente Nicolás Maduro se refirió en tono despectivo al desalojo de las Residencias Estudiantiles Livia Gouverneur, que dejó a varias decenas de estudiantes en la calle, para luego proseguir con la afirmación: ¡»aquí tiene que haber orden y colaboración con las autoridades»!.

Las declaraciones las hizo el mandatario este domingo 26 de julio, tras recibir incontables críticas a su gobierno por parte de varias organizaciones de izquierda totalmente opuestas a esta acción de desalojo en plena pandemia. Desde el Palacio de Miraflores Maduro repitió en reiteradas oportunidades «no estamos para jueguitos», y lo hizo paradójicamente desde una sala rodeada de libros.

La pesadilla inició el 20 de julio del presente año, cuando integrantes de la JPSUV, la Alcaldía de Caracas y el Ministerio de Educación Universitaria, se presentaron en estas instalaciones para informarles que por motivos de la pandemia del COVID-19, los estudiantes disponían de 3 días para desalojar las residencias. En efecto, las mismas pasarían a ser un centro de atención de personas contagiadas con el virus, pese a que el pasado 26 de abril el presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela disponía de 27.780 camas hospitalarias para atender la emergencia del Coronavirus. Siendo así, ¿por qué entonces desalojaron de manera arbitraria, abusiva y violenta a los estudiantes de las Residencias Livia Gouverneur?

La conquista de las residencias estudiantiles ha sido una lucha histórica

La situación nos recuerda lo ocurrido en el año 1966 durante el gobierno de Raúl Leoni, cuando fue allanada de manera violenta la Universidad Central de Venezuela y sus residencias fueron desalojadas, quedando los estudiantes sin residencias. Los principales afectados eran estudiantes provenientes del interior del país.

Desde ése momento la ciudad de Caracas se quedó sin residencias estudiantiles, hasta que el 12 de noviembre de 2011, en un encuentro realizado junto a estudiantes universitarios, el presidente Hugo Chávez aprobó la remodelación y rehabilitación del edificio Los Andes ubicado en Plaza Venezuela, para convertirlo en residencias estudiantiles. Esta edificación data de 1949, y se encontraba abandonada desde hacía algunos años.

Por petición de los estudiantes se concretó este proyecto bajo el nombre Residencias Estudiantiles Livia Gouverneur, y fueron inauguradas el 22 de febrero de 2013, por el entonces vicepresidente de la república Nicolás Maduro.

Para ese momento el presidente Chávez se encontraba convaleciente en Cuba, y por lo tanto no le fue posible estar presente en la inauguración de las reivindicadas residencias estudiantiles. También estuvo presente en esta entrega Jorge Rodríguez, quien era alcalde de Caracas, ente encargado de regentar las residencias junto a los estudiantes.

El entonces alcalde informó que las instalaciones tenían la capacidad para albergar 700 estudiantes, y ese mismo día 657 estudiantes ya estaban asignados. La cifra incluía estudiantes provenientes de Bolivia, Brasil y Haití, quedando unos 30 cupos disponibles para estudiantes indígenas venezolanos. Rodríguez  además prometió convertir en residencias estudiantiles al edificio Gradillas, ubicado a pocos metros de la Plaza Bolívar en el centro de Caracas, añadiendo que ése plan se iba a replicar por toda Venezuela. 

Esa promesa solo se concretó en las residencias Livia Gouverneur, cuyo edificio de 11 niveles cuenta con 144 habitaciones mas áreas comunes y zonas como la mezzanina y planta, que fueron utilizados por los estudiantes junto a las comunidades cercanas  y visitantes del Boulevard de Sabana Grande para actividades culturales,  recreativas y de formación. Igualmente en los locales se instalaron proyectos socioproductivos para ayudar a generar ingresos a los estudiantes y aportar en el mantenimiento de las residencias.

El desalojo de las Residencias Livia Gouverneur ocurre en un contexto donde el presidente de la república insiste día a día en ir flexibilizando la cuarentena bajo los términos de «flexibilización estricta, normalidad relativa» entre otros. Asimismo los principales voceros del gobierno diariamente hacen alardes del «éxito» de las medidas que se han tomado para contener y frenar el virus, y para eso hacen comparaciones con las naciones vecinas e inclusive con los países mal llamados del primer mundo.

En ese caso reiteramos la pregunta ¿por qué insistir en sacar a los estudiantes de su recinto?, los estudiantes llevaban años clamando por esas residencias, luchando arduamente para lograr esa conquista. 47 años transcurrieron entre el desalojo de las residencias en la UCV y la entrega de las Residencias Livia Gouverneur, durante ese período –casi medio siglo- los estudiantes no tuvieron opción de una residencia pública donde vivir. 

Un historial de intentos de desalojo, y los intereses reales detrás de tales acciones

En el mes de noviembre del año 2018 directivos de la JPSUV y de la Alcaldía de Caracas se apersonaron a las residencias para informarle a los estudiantes que los locales que ellos usaban en la planta baja del edificio para actividades culturales y socioproductivas serían utilizados para una feria navideña de juguetes y otros productos, pero en esa feria navideña no participarían los estudiantes sino unos «Nuevos emprendedores o Empresarios Patriotas».

La JPSUV y la Alcaldía le prometieron a los estudiantes que una vez culminada la feria navideña los espacios de la planta baja serían acondicionados y refaccionados para el mejor disfrute de los estudiantes y la comunidad, y la entrega o devolución seria en febrero de 2019. Ese compromiso jamás se cumplió, por el contrario, hoy en planta baja funcionan lujosos locales comerciales con ventas de helados, golfeados, cuyos precios se tasan estrictamente en dólares, ni siquiera los Bolívares aparecen como referencias en sus listas de costos.

Irónicamente, al momento del desalojo de los estudiantes estos locales se encontraban abiertos y funcionando con total normalidad, en plena pandemia, aún y cuando no comercian productos de primera necesidad para la población.

Para la adecuación de estos locales se hicieron inversiones cuantiosas. El lujo en ellos es evidente. Los estudiantes no cuentan ni de cerca con un poder adquisitivo suficiente como para comprar en esos locales. Tampoco el pueblo con el salario deprimente que tiene, que ronda los 3-4 dólares mensuales.

La instalación de esos comercios se hizo sin el consentimiento ni la aprobación de los estudiantes. Jamás se les consultó ni se hizo asamblea alguna sobre el destino de esos locales. Igualmente en la mezzanina del edificio continúan unas remodelaciones y hasta el momento se desconoce cuál será el fin de remodelaciones.

Las contradicciones del gobierno: palo a los estudiantes y flores a los capitalistas

No obstante, llama la atención que en medio del decreto de cuarentena, desde el gobierno se le informe a los estudiantes que deben desalojar e irse a sus hogares por los motivos que ya se mencionaron, pero aún así continúen las remodelaciones a toda máquina en el resto de los espacios de la planta baja, que aún permanecen vacíos y que se prevé serán convertidos en comercios.

Por su parte, para los locales que están en funcionamiento si existe la «flexibilización», y pueden vender golfeados y helados durante todo el día, mientras que el pueblo trabajador que sale a la calle a comprar alimentos esenciales para sobrevivir, en las zonas populares, ya a media mañana está siendo mandado de vuelta su casa por los policías y militares que cierran y controlan la zona.

Es sumamente contradictorio que desde el gobierno nacional se hable de emergencia sanitaria «para unos sí y para otros no». Para los estudiantes que hacen vida en las residencias existe la emergencia, mientras a los capitalistas apoderados de las concesiones en la planta baja más bien les flexibilizan las restricciones y les dan todas las facilidades para que vendan y remodelen locales, todo el tiempo que lo consideren necesario.

Sorpresivamente, la medianoche del 24 de julio hicieron presencia en las residencias autoridades de la Alcaldía de Caracas, miembros de la JPSUV y un gran contingente de policías armados, quienes ingresaron al edificio para realizar pruebas de despistaje, supuestamente.

Según dichas pruebas algunos estudiantes dieron positivo y en consecuencia fueron sacados a la fuerza. Ese desalojo de manera violenta y arbitraria fue rechazado por los estudiantes, comunidades cercanas e inclusive militantes de base del chavismo, quienes hicieron acto de presencia en el lugar para mostrar su solidaridad con los estudiantes, así como para rechazar estos atropellos ordenados por una dirigencia política que dice ser socialista.

Al menos 6 de esos militantes de izquierda presentes fueron detenidos y llevados a golpes y empujones a las unidades policiales tipo jaulas, allí dispuestas para el desalojo. Hay vídeos e imágenes donde se puede evidenciar la violencia ejercida por los funcionarios del Estado durante el desalojo, durante la madrugada del 25 de julio y en el transcurso de la mañana de ése día.

Cabe recordar que en las reuniones de los días previos, los funcionarios del Estado se apersonaron a las residencias con personas armadas. Incluso en un día de esos les cortaron los servicios de internet y electricidad e intentaron cambiar el candado a la entrada principal del edificio para presionar al desalojo de los estudiantes. Estas conductas nos hicieron recordar las actuaciones fascistoides de la derecha en la embajada de Cuba durante el golpe de estado de abril de 2002.

Es lamentable que un gobierno que se autodefine socialista ejecute estas acciones y medidas, que durante tantos años ha criticado cuando ocurren en el exterior, como los casos de desalojos o desahucios en España, o la gran cantidad de desalojos en EEUU, donde las personas se quedan sin vivienda, acciones  vistas con frecuencia durante estos últimos años en los medios de comunicación del Estado. Aunado a ello, los voceros del gobierno bolivariano han hecho énfasis en mostrar esa realidad de la sociedad capitalista, mientras que en realidad también en Venezuela han crecido ese tipo de atropellos.

En principio el presidente Nicolás Maduro lanzó un decreto en contra de los desalojos durante la pandemia por COVID-19, pero el decreto ha sido incumplido por el mismo gobierno. El Movimiento de Inquilinos ha informado que en los últimos años han aumentado de manera vertiginosa los desalojos de viviendas en el país, y lo que era impensable, ahora también el desalojo de estudiantes de sus residencias.

Este domingo 26 de julio en sus declaraciones sobre las residencias, Maduro afirmó, «no estamos para jueguitos. Estamos para cuidar la salud». En un gobierno realmente revolucionario, se aplicarían medidas de protección al pueblo y no desalojos, considerando que «no estamos para jueguitos».

En el caso de necesitarse espacios para el tratamiento de pacientes, estos abundan en la ciudad. Está por ejemplo el Hotel Meliá Caracas, bastante cerca de la Plaza Venezuela y a pocos metros de las residencias estudiantiles. Este hotel posee 666 habitaciones, 238 apartamentos, salones de usos múltiples donde podrían ubicar pabellones para la atención de pacientes, etc., lo que sería una mejor opción que las residencias de estos estudiantes, víctimas del abandono y desinversión por parte del Estado. De hecho, últimamente se han ido deteriorando las áreas donde habitan los estudiantes, presentando continuas fallas con el agua, filtraciones e iluminación.

Otra opción para estos alojamientos serían los edificios que se encuentran deshabitados en Fuerte Tiuna, que están en espera y  no son asignados a nadie aún. Así mismo, el Hotel Alba Caracas que es de gran envergadura, al igual que el llamado Sambil de La Candelaria, que posee unas instalaciones enormes y en desuso, podrían ser adecuados para estos pacientes. Todo esto sumado a las 27.780 camas hospitalarias que anunció el presidente Maduro en abril.

Entonces, con tantas opciones para albergar a los pacientes, ¿por qué insistir en despojar a los estudiantes de la única residencia estudiantil existente en Caracas? ¿Acaso hay planes para convertir el edificio en algún «emprendimiento» para los nuevos empresarios que han incursionado, como ya ocurrió con los locales de la planta baja de las residencias?

Además, los voceros de la JPSUV, Alcaldía de Caracas, Ministerio de la Juventud y Ministerio de Educación Universitaria, han sido poco transparentes y en ningún momento han dicho que los estudiantes retornarán a las residencias una vez culminada la contingencia. En el mejor de los casos les han prometido el cupo en su universidad. Las explicaciones se limitan a que los estudiantes tienen que desalojar y volver a sus lugares de orígenes.

En el caso de los compañeros detenidos por solidarizarse con los estudiantes, los camaradas fueron liberados en horas de la tarde del sábado 25 de julio, gracias a las presiones de estudiantes, comunidades adyacentes y organizaciones sociales que hicieron presencia en la estación policial El Recreo.

Ante un gobierno que se torna cada vez más reaccionario, urge construir una alternativa revolucionaria

El gobierno reprime, criminaliza y hasta encarcela a miembros y activistas del movimiento obrero y popular, inclusive los compañeros estudiantes fueron amenazados de ser acusados de bioterrorismo si no abandonaban las residencias. Mientras que a Juan Guaidó, señalado de ser responsable por el bloqueo, las sanciones, el sabotaje y la crisis en el país, ha sido incapaz de detenerlo y enjuiciarlo.

Desde la Corriente Marxista Lucha de Clases rechazamos estas acciones del gobierno nacional. Rechazamos totalmente las declaraciones del presidente Maduro, quien de manera burlona sentencia a los estudiantes a que abandonen su lucha y sus derechos como estudiantes.

Rechazamos el desalojo de las residencias estudiantiles, nos solidarizamos con el movimiento estudiantil en general, llamamos a retomar los espacios de organización y lucha de los estudiantes para defender nuestros derechos y las conquistas logradas.

Más, aún, tales luchas deben conducirnos hacia la construcción de una vanguardia revolucionaria, que se trace como objetivo la toma del poder y el establecimiento de un gobierno realmente revolucionario. Un gobierno socialista de las trabajadoras y trabajadores, que acabe con estas injusticias y, sobre la base de la planificación estatal y democrática de la economía, permita a la población vivir dignamente.