A partir del 31 de enero del presente año, se emitieron solicitudes de calificación de despido para los trabajadores del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE): William Guzmán, Delegado de Prevención, y William Prieto, Secretario General del sindicato SUTRABFOGADE, como medida de retaliación patronal por la actuación de los compañeros en defensa de los derechos de quienes laboran en la institución. Previamente, los dirigentes confrontaron a la directiva del ente estatal por el despido injustificado de trabajadores y por la supresión de beneficios salariales y de salud. A raíz de las solicitudes para despedir a los compañeros Guzmán y Prieto, se inició una campaña de solidaridad nacional e internacional contra el abuso y el cercenamiento de los derechos laborales y sindicales de estos trabajadores, a los cuales se les irrespetó sus fueros contemplados en la legislación laboral venezolana.

Recordemos que, al igual que como ocurre con muchos sindicatos en Venezuela, SUTRABFOGADE se encuentra vencido debido a las dilaciones en el proceso electoral por parte del CNE y el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST), que impidieron la renovación de la dirigencia sindical, lo que le brindó a la patronal la excusa de no reconocer cualquier acción emprendida por la organización de los trabajadores. Aún así, la dirección del sindicato no había perdido la representatividad de sus bases, lo que la faculta para desempeñar sus diversas funciones, aunque con limitaciones. Vale destacar que la directiva de FOGADE estuvo, hasta hace pocas semanas, encabezada por Arlén Piñate –hija del Ministro del Trabajo Eduardo Piñate-, quien gestionó hasta último momento el despido de Guzmán y Prieto, mediante el uso de sus influencias en las instituciones con competencia laboral.

Entre los alegatos que esgrimió la patronal ante la Inspectoría del Trabajo para procesar los despidos, tenemos supuestas amonestaciones que aparecieron de la nada y que no estaban firmadas por los dirigentes obreros, y también acusaciones de violencia psicológica contra la gerente general de administración y finanzas de aquel momento, Mileidy Galán, las cuales fueron tratadas en Fiscalía y que resultaron desestimadas por la ausencia de pruebas. También, la directiva de la institución alegó actos de irrespeto a la autoridad, basados en testimonios de trabajadores previamente amenazados de recibir despidos sino declaraban en contra de Guzmán y Prieto.

Con la llegada de la pandemia del COVID-19 a Venezuela y la implementación de las medidas de confinamiento, el procesamiento del caso se estancó. Además, entre las primeras órdenes del gobierno para atender la pandemia destacó un decreto de inamovilidad laboral, que vino a sumarse a viejos decretos de esta índole, pero que tampoco impidieron miles de despidos, como fue el caso de los trabajadores de Empresas Polar. Durante este periodo, Guzmán y Prieto no dejaron de percibir sus salarios, bonificaciones y beneficios de alimentación correspondientes.

El lunes 28 de septiembre, tanto William Prieto como William Guzmán recibieron respectivos oficios procedentes de la Inspectoría del Trabajo, firmados el 8 del mismo mes, que declaran con lugar las solicitudes de sus calificaciones de despido. En los documentos recibidos por ambos compañeros puede leerse que la decisión tomada es “inapelable”, al menos en la Inspectoría del Trabajo que la emite. William Prieto contaba con 20 años de servicio en la institución y William Guzmán ya estaba en espera de recibir su jubilación.

El que este caso se destrabara en este preciso momento no es obra de la casualidad. William Prieto, además de desempeñarse como dirigente sindical de FOGADE, es miembro del Comité Central de Lucha de Clases, sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional (CMI). El pasado 31 de agosto, este compañero tomó la palabra en representación de Lucha de Clases en la inscripción de las candidaturas de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), frente al CNE en Caracas. Tal intervención tuvo una amplia difusión por las redes sociales. La consumación de tales despidos, aunado a todos los antecedentes descritos, puede corresponder a un acto de represalia política inaceptable e ilegal, que vendría a sumarse a los sucesivos ataques hacia dirigentes y candidatos de la APR a nivel nacional.

Nuevamente somos testigos de la vulneración de derechos fundamentales y la persecución contra toda forma de resistencia de los trabajadores, como métodos para imponer el ajuste anti-obrero y anti-popular emprendido por el Ejecutivo nacional. Desde Lucha de Clases, repudiamos estos bochornosos atropellos contra la clase obrera en general y el caso de los compañeros de FOGADE en particular. Los camaradas agraviados llevarán el caso a tribunales próximamente, por lo que llamamos a la solidaridad obrera nacional e internacional en apoyo a Williams Guzmán y Williams Prieto, hasta lograr el reenganche en sus puestos de trabajo.

Exhortamos a trabajadores, sindicalistas y dirigentes políticos a pronunciarse respecto a este caso, mediante muestras en fotografías o declaraciones escritas, que solicitamos sean enviadas a la siguiente dirección de correo: cmi.venezuela@gmail.com.