A 19 años de la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, impulsada por el presidente Hugo Chávez en el 2001, la reforma agraria sigue siendo una tarea inconclusa. En la actualidad existe un plan para revertir las expropiaciones de grandes extensiones de tierras no productivas, expropiaciones llevadas a cabo por Chávez, con las que se inició el proceso de socialización y entrega de tierras a los campesinos.
Hoy, se está llevando a cabo un proceso inverso, que se ha caracterizado por los desalojos arbitrarios y violentos a los campesinos de sus tierras, mediante el cual se busca finalmente entregarles las tierras a los viejos y nuevos terratenientes.
La Contrarreforma Agraria de Soteldo
El viraje neoliberal del gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro, y conformado por los burócratas reformistas que rodearon a Chávez en el período anterior, hoy convertidos en plutócratas (un gobierno en que el poder está en manos de los más ricos), tiene también sus propósitos en materia agraria.
En la actualidad, esos burócratas reformistas han pasado a convertirse en verdaderos impulsores de un proceso contrarreformista, echando abajo todas y cada una de las conquistas económicas, sociales y políticas que el pueblo trabajador logró bajo el gobierno del camarada Chávez.
El desmantelamiento de los logros alcanzados en el proceso de reforma agraria iniciada por Chávez, se ha materializado mediante persecución, amenazas y atropellos que ejecuta una sociedad de cómplices, conformada tanto por la vieja élite latifundista como por la nueva, surgida en el proceso bolivariano, y personificada en la figura de jueces agrarios, fiscales del Ministerio Público, cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios del INTI y hasta paramilitares y sicarios. Esta alianza mafiosa y criminal avanza con una ofensiva brutal, pretendiendo restaurar el latifundio en el país y casi retrocedernos a los tiempos del latifundio semifeudal.
Actualmente se puede evidenciar un incremento de los desalojos arbitrarios y violentos, de las maniobras judiciales, de los retrasos en la regularización para la entrega de tierras a las familias campesinas, y de la judicialización y criminalización de la lucha agraria. Todos estos atropellos, como si fuera poco, se suman a la falta de créditos y asistencia técnica, a la falta de insumos en las tiendas agropatria, y al abandono en general a los pequeños y medianos productores por parte del gobierno y del Estado.
Un caso de atropello que debemos señalar, se lleva a cabo actualmente en el Edo. Guárico. El Juez Superior Agrario de la entidad decretó recientemente una medida de protección agroalimentaria, agrícola y pecuaria, en favor de los intereses del terrateniente de la Agropecuaria Los Garañones, ubicada en el Municipio Pedro Zaraza.
En estas tierras se viene desarrollando una lucha desde hace más de 2 años, con 50 familias campesinas, las cuales ya habían logrado previamente la revocatoria del título que poseía el terrateniente, ante lo cual se acordó con el INTI iniciar la regularización para entregarles la tierra. En ese espacio productivo el colectivo campesino Tricolor, ocupa un área bajo la figura de guardia y custodia otorgada por el INTI, como también la familia Infante.
La medida dictada por el Tribunal Superior Agrario pretende entorpecer los acuerdos y resoluciones alcanzados a través de la mesa agraria y campesina, instalada por la Vicepresidencia de la República, dejando ver claramente cómo desde el Poder Judicial se impulsa de manera abierta una política para la lograr la restauración latifundista.
También debemos mencionar la lucha del colectivo la Mano Poderosa de Dios, en El Vigía, Edo. Mérida, donde buscan desalojar a más de 300 familias sembrando falsos positivos. Además, los cuerpos represivos del Estado se han llevado detenida en varias oportunidades a una de sus principales lideresas, la camarada Isabel Granado, buscando aterrorizarle para frenar la lucha que lleva adelante junto con esas 300 familias campesinas.
El movimiento campesino debe unir su fuerza con el movimiento obrero
Así como existe una alianza conformada por burgueses, terratenientes y funcionarios, nosotros los obreros y campesinos debemos formar nuestra propia alianza, para luchar por nuestras reivindicaciones y conquistas, tanto en el campo como en la ciudad.
Debemos organizarnos para enfrentar lo que actualmente está ocurriendo, así como para enfrentar las batallas de clase que vendrán después de la contienda electoral del 6 de diciembre. Para que los campesinos pobres y sin tierra puedan vencer y alcanzar sus objetivos inmediatos, como son la regularización de la tenencia de la tierra y su puesta en producción de forma colectiva, permitiendo a las familias campesinas tener una vida digna, es necesario unir fuerzas con el movimiento obrero en las ciudades, e impulsar juntos una genuina revolución socialista.
Avanzar en el proceso de reforma agraria que quedó inconcluso en el período anterior, es un paso fundamental para poder avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, ello no será suficiente.
El desarrollo de la producción agrícola a gran escala, permitiendo a las familias trabajadoras acceder a los alimentos a bajo costo, demanda la planificación de la producción industrial, para lo cual se hacen necesario expropiar el conjunto de las demás palancas económicas del país, es decir, de la banca, el comercio exterior, los monopolios comerciales nacionales y la industria, pero bajo control obrero democrático, no bajo control burocrático, como de hecho ocurrió durante la Revolución Bolivariana.
Ahora bien, para avanzar en la lucha por la tierra es necesario prepararnos para resistir contra la ofensiva reaccionaria de dicha alianza mafiosa y criminal en el campo (burgueses, burócratas, jueces agrarios, fiscales, GNB, funcionarios del INTI, paramilitares y sicarios).
En tal sentido, los pequeños campesinos, los campesinos sin tierra y los proletarios rurales, deben organizarse para proteger sus unidades agrícolas, si no se cuenta con una estrategia defensiva autónoma, seguirán siendo víctimas del sicariato. ¡Organizar y defender a la clase campesinas debe ser una tarea prioritaria para la Alternativa Popular Revolucionaria! ¡Pongamos un parao al terror y la violencia estatal contra el movimiento campesino!
Asimismo, debemos seguir exigiendo justicia por todos nuestros compañeros caídos, en particular los camaradas Luis Fajardo y Javier Aldana, asesinados exactamente hace 2 años, pero también por el compañero Sabino Romero y por todos los compañeros que han caído en la lucha legítima por la tierra. Nuestros camaradas jamás serán olvidados, y sus verdugos deben ser castigados tarde o temprano. ¡Por ello continuaremos movilizándonos a las calles para exigir justicia!
¡Tierras y hombres libres!
¡Basta de criminalizar la lucha justa por la tierra!
¡La tierra es de quienes la trabajan carajo!
¡Abajo el latifundismo, el viejo y el nuevo latifundismo rojo!
¡Por una verdadera reforma agraria como paso adelante hacia la revolución socialista!
Colombia: ¿Constitución o revolución?
El viernes 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro salió a las calles de Cali. En su discurso del día, propuso una asamblea constituyente como salida a los varios problemas que su presidencia ha encontrado a la hora de lograr las reformas por las que fue elegido.
