En la noche del pasado 2 de octubre del presente año, en el Estado Guárico, el ingeniero en informática, Cherry Ramírez, se dirigía a su casa luego de su jornada laboral en su camioneta.

De camino, ya estando cerca de su casa en la Av. Fermín Toro, a la altura del sector 16 de enero en San Juan de los Morros, se percató de que frente a él, a unos escasos metros, se encontraba una camioneta machito de la Guardia Nacional, y justo en el momento en que él pasó cerca, los efectivos se incorporaron a la vía de forma abrupta, por lo que el compañero Cherry de inmediato, por reflejos, maniobró para evitar un accidente mayor. Sin embargo, hubo un roce entre las camionetas, lo que motivó a que los vehículos fueran detenidos. 

Del machito, se bajaron 5 efectivos de la Guardia Nacional uniformados con armamento en mano, quiénes rodearon al compañero Cherry Ramírez, que luego de intercambiar escasas palabras con el conductor, otro de los funcionarios de un momento a otro lo golpeó en el rostro con la culata del fusil, partiéndole la nariz, el labio superior y la mandíbula, derribándolo al suelo donde lo esposaron. Acto seguido, los 5 efectivos lo patearon hasta quitarle las llaves de su camioneta, de donde sustrajeron su billetera, el dinero que poseía en efectivo, sus documentos de identidad y los documentos del vehículo.

Cherry, estando en el suelo, escuchó a sus agresores decirle que ellos eran funcionarios de la Guardia Nacional y parte del gobierno. Luego le pincharon los cauchos de su camioneta, le quitaron las esposas, le propinaron dos patadas en la cervical y lo dejaron tirado en el pavimento. Como pudo, el compañero Cherry llegó a su casa (que se encontraba a dos cuadras del lugar) donde los vecinos y familiares pudieron socorrerlo y llevarlo al hospital.

El médico tratante le comentó a la familia que de seguir la agresión, Cherry pudo haber fallecido por la cantidad de fracturas a nivel de la cabeza. Hablamos de alrededor de 5 fracturas, donde incluso “pudieron haber afectado gravemente su cráneo”, señaló el médico.

Al día siguiente del suceso, los familiares de Cherry se dirigieron a los organismos competentes para denunciar la agresión, conjuntamente con testigos visuales del hecho, donde la fiscal que les atendió procedió a enviar oficios a todos los organismos de la Guardia Nacional: la Guardia del Sur, la Guardia del pueblo y el destacamento 341, donde las primeras dos recibieron las respectivas comunicaciones, manifestando que no tuvieron novedad aquella noche, exceptuando el destacamento 341, quienes se negaron a recibir a la fiscal y a pasar la novedad retrasando el proceso de la investigación. Sin embargo, a pesar de ello, la fiscal continuó presionando a los efectivos siendo luego removida, por lo que la familia de Cherry presume que fue a causa de la denuncia que ella estaba encausando.

Para el caso, colocaron a dos nuevos fiscales, los cuales el pasado 28 de octubre se presentaron en la casa de Cherry Ramírez, donde quisieron persuadirle para dejar el caso, porque según ellos sería muy difícil por tratarse de guardias nacionales los implicados en el suceso, lo cual motivó a la familia a buscar ayuda en Caracas, en la Fiscalía General para que continúe la investigación y paguen los responsables.

¡Esto es inaceptable! hablamos de un hombre joven de 33 años, profesional, trabajador, esposo y padre de tres niños, que hoy se encuentra bajo reposo y tratamiento médico, imposibilitado desde hace semanas de sustentar a su familia por un acto deplorable de abuso de autoridad, que incluso pudo haberle quitado la vida. ¿Cuánta gente honesta y trabajadora de nuestro pueblo debe padecer cosas como estas? Estamos en presencia de un acto deplorable que genera gran indignación e impotencia.

Acá vemos no solo el abuso de poder por parte de los funcionarios, que supuestamente están encargados de resguardar la seguridad de todos los venezolanos, sino de un ensañamiento por parte de los efectivos hacia un ciudadano común, perjudicando su integridad física y su salud, sometiendo además a su familia al perjuicio económico y psicológico, la cual, a pesar de las dificultades y las carencias derivadas de la profunda crisis económica, costeo la operación que requirió Cherry para la reconstrucción de su mandíbula, la nariz y la boca. 

La impunidad es el pan nuestro de cada día en este tipo de casos, donde por temor posibles represalias, las víctimas y los familiares prefieren no denunciar, pero de no señalarse a los responsables estos pueden seguir cometiendo crímenes impunemente en detrimento de otras personas. Pero ante casos de este tipo ¡no podemos callar! Debemos denunciar estos actos y exigir justicia y cárcel a los responsables, de la misma manera que lo hacemos cuando han sido atacados, vejados o asesinados dirigentes políticos, sindicales o campesinos.

La solidaridad de los revolucionarios no puede ser selectiva, la cual solo se activa cuando tocan a alguno de nuestros compañeros o luchadores sociales. Este tipo de actos nos puede suceder a cualquiera, incluso a nuestros familiares y seres cercanos. Por esta razón, invocamos la solidaridad clasista de todos los revolucionarios y el rechazo a este tipo de actos de los que fueron víctimas Cherry Ramírez y su familia.

Los dirigentes políticos nos debemos a nuestra clase, por lo que siempre debemos acompañar sus luchas legítimas, como en este caso en donde exigimos una investigación exhaustiva de las autoridades que dé con los responsables, para que estos respondan por su crimen de manera ejemplarizante y evitar que este tipo de actos no se vuelvan a cometer.

Acá hay que dejar bien claros los matices de esta cuestión: no se trata de la satanización de los organismos de seguridad, pues reconocemos que en estos laboran también gente honesta de nuestra clase social, sino del respeto a la integridad física y a la vida de todos los venezolanos. Estos funcionarios de los que hablamos son elementos que deben ser depurados de los órganos de seguridad del Estado, puesto que sus actuaciones representan un riesgo para la seguridad del pueblo.

Por esta razón, debemos ser categóricos en nuestra exigencia, para que la comandancia de la Guardia Nacional del destacamento número 28 de San Juan de los Morros, no proteja a los responsables de tales hechos, solo porque los efectivos agresores presuntamente pertenecen a este destacamento.

En este sentido, nuestra exigencia es clara:

¡Basta de impunidad!
¡Justicia para Cherry Ramírez!
¡Cárcel a los Responsables!