El viernes 14 de mayo en horas de la tarde, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció en rueda de prensa la detención del Coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, quien fuera el presidente de la empresa estatal Lácteos Los Andes, imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, evasión de procedimientos licitatorios, peculado de uso, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

La empresa Lácteos Los Andes, encargada de la manufactura y distribución de  productos derivados de la leche y de primera necesidad, fue nacionalizada en marzo de 2008 por el comandante Hugo Chávez Frías, como parte de su respuesta parcial al sabotaje a los controles estatales que la burguesía tradicional ya ejercía entonces y para transformar el modelo de gestión capitalista de la misma con miras a la expansión productiva, abastecimiento nacional y con participación de los trabajadores. A pesar de que la compañía registró progresos en productividad hasta el año 2012, el control burocrático de la misma, la corrupción desmedida y la asfixia gerencial a cualquier  manifestación de control obrero, propició su hundimiento operativo posterior, de la mano del estallido de la crisis estructural del capitalismo venezolano y las ulteriores sanciones financieras y económicas imperialistas.

La trama de corrupción se destapó cuando el pasado 7 de mayo, durante el acto de instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Clase Obrera, Nerenys del Carmen Rodríguez, vocera del Consejo Productivo de los Trabajadores (CPT) de Lácteos Los Andes, denunció de manera pública y en presencia del Presidente de la República Nicolás Maduro, lo siguiente: “Nosotros como trabajadores de Lácteos Los Andes no hemos podido concretar nada como Consejo Productivo de Trabajadores. Tampoco con los trabajadores de las diferentes empresas porque no somos escuchados”. Acto seguido y luego de que el caso fuera ventilado en una transmisión naciónal en vivo, el mandatario ordenó realizar una investigación en un plazo de 48 horas sobre las presuntas irregularidades de la empresa y pidió protección para la trabajadora.

Según las declaraciones expuestas por el Fiscal General, en los resultados de las primeras investigaciones se hallaron indicios que apuntan a que el Coronel Piligra, quien fungía como Presidente de la compañía desde agosto del 2018, incurrió en la asignación de contratos para el aprovisionamiento de materias primas para Lácteos Los Andes a empresas de sus propios familiares sin licitación alguna, contratos que contaban con sobreprecios en las facturas, además del uso de las instalaciones y suministros de la empresa para empaquetar y procesar productos de su propia marca de alimentos: Villa La Estancia. A raíz de tales investigaciones, fue detenida la pareja sentimental del Coronel Piligra, Amelys Aracely Cabrera Gómez, por la presunta comisión de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión de procedimientos licitatorios.

William Saab aseveró que estos personajes llevaban una vida ostentosa y de privilegios, exhibiendo lujos tales como: yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos, fincas y una red de empresas privadas, por lo cual estaban siendo investigados desde hace “varias semanas”.

Poco tiempo después de la rueda de prensa del Fiscal General, se pudo conocer que el gerente del departamento de comercialización y ventas de Lácteos Los Andes, Reinaldo González, saltó desde el octavo piso del edificio de la empresa ubicado en el centro de Barquisimeto, quitándose la vida al instante. Según el relato de los presentes, González, quien ya había presentado testimonio para las investigaciones, luego de escuchar la rueda de prensa del Fiscal General junto a otros gerentes, decidió salir «a tomar un poco de aire» y fue cuando decidió saltar del edificio.

Piligra, antes de presidir Lácteos Los Andes, se había desempeñado como presidente de Bolivariana de Puertos y la CVG Venalum, por lo que era un personaje “de alta confianza” para la burocracia gubernamental. No hablamos de cargos menores, este individuo estuvo al frente de una empresa o institución estatal estratégica tras otra. Vale señalar que su gestión en Bolipuertos estuvo marcada por denuncias de irregularidades, las cuales nunca fueron atendidas y tampoco impidieron que posteriormente fuera puesto a la cabeza de Lácteos Los Andes. De lo anterior se puede inferir cierto grado de complicidad burocrática que premió malas gestiones dirigentes de Piligra con nuevos puestos presidenciales en otros espacios de importancia estratégica.

Lo que vemos en esta coyuntura es solo la punta del iceberg de todo el sistema de corrupción dentro de las empresas públicas y el Estado burgués en general. Las acciones judiciales emprendidas contra Piligra responden a un típico caso de sacrificio de algunas manzanas podridas, dejando intacto el sistema, sin ahondar en las profundidades respecto a la cadena de complicidades y para crear la falsa impresión de que algo se está haciendo contra la corrupción. Tenemos razones de sobra para pensar que de no haberse ventilado la queja de los trabajadores de la empresa láctea, en transmisión televisiva nacional y en presencia de la máxima autoridad del país, probablemente nunca se hubiese actuado en consecuencia, a pesar de que ahora se aleguen supuestas investigaciones sobre el caso que databan desde hace semanas, cuando Piligra, familiares y socios, llevaban años exhibiéndose. Obreros de varias fábricas de Lácteos Los Andes han denunciado por años la corrupción gerencial de la compañía, hecho que en 2018 llevó a la detención de dos sindicalistas de la planta de Cabudare Estado Lara, solo por promover el derecho a la protesta.

Todo lo señalado denota el alto nivel de putrefacción del Estado burgués para el cual la corrupción no es la excepción sino la norma. El enriquecimiento a base del saqueo del Estado rentista venezolano promovió el “ascenso social” de una capa de burócratas, ahora devenidos en “emprendedores” y empresarios, los cuales, como todos sabemos, están detrás de la apertura de cientos de bodegones de productos suntuarios e importados en numerosas ciudades del país. La llamada “burguesía revolucionaria”, de la cual Piligra hacía parte, hoy comprende una colectividad que influye en ciertas políticas estatales en provecho de sus intereses de clase. Como ejemplos de lo anterior tenemos la exoneración de aranceles a la importación de bienes que ahora se expenden en varios bodegones y la privatización de empresas del Estado en favor de estos nuevos empresarios de manera particular o agrupados en sociedades anónimas. Todo esto ocurre ante la mirada atónita del pueblo trabajador, al cual se le ha hecho padecer todos los estragos de una crisis económica y social provocada por la decadencia del capitalismo venezolano y su esencia profundamente corrupta.

El panorama de corrupción desmedida, que ha desembocado en paralización operativa y destrucción sistemática de la productividad del conjunto de empresas estatales, ha constituido un acto de un proceso preparatorio a las privatizaciones, donde la misma burocracia responsable del desmontaje de estas compañías ahora las remata a muy bajo costo, abriendo puertas a negociaciones fraudulentas y para beneficio de la llamada “burguesía revolucionaria”, de empresarios afines, de la oligarquía tradicional o bien de burgueses foráneos. En el caso particular de Lácteos Los Andes, es sabido que las 4 plantas principales de la empresa están en proceso de traspaso a la compañía VENLAC, que cuenta con capital iraní.

La burocracia bolivariana, que aplica un severo paquete de ajuste antiobrero y antipopular y que hundió en corrupción las empresas nacionalizadas, hoy se vale de la narrativa burguesa que alude a la “mayor eficiencia” de la iniciativa privada. De esta manera el gobierno busca cubrir ideológicamente su política entreguista, mientras siembra a las masas trabajadoras la falsa idea de la inviabilidad de la nacionalización de la economía. Queda claro como la dirección gubernamental socava  de forma muy concreta el legado de Hugo Chávez, más allá de las inagotables menciones al líder histórico de la revolución bolivariana.

También, resulta indignante escuchar como altos dirigentes del gobierno y el PSUV hablan del fracaso del control obrero en las empresas nacionalizadas, en un intento de achacar a los trabajadores el fracaso de sus gestiones burocráticas y corruptas, y más cuando fue el Estado burgués el que aplastó o en su defecto impidió –mediante sus juntas interventoras y militares– el control obrero de todo el sector público, abriendo paso al panorama que vemos hoy. Estamos seguros que de haber existido un ápice de vigilancia organizada y efectiva por parte de los trabajadores de lo que entraba y salía de las fábricas del Estado, acceso e inspección obrera de los libros de cuenta y participación democrática en la gestión de los procesos productivos, se hubiese podido contrarrestar buena parte del desastre en que fueron sumergidas las empresas públicas.

Por su puesto que el control obrero, como extensión fabril de una eventual situación de doble poder, es incompatible con la preservación prolongada del Estado burgués y el orden social capitalista, en tanto que suele desarrollarse bajo contextos momemtáneos de agudización de la lucha de clases y la formación de órganos de poder obrero y popular –tal y como lo fue en la Venezuela de la primera década del siglo XXI–. Al final, o los elementos de la nueva sociedad se consolidan y entierran a la vieja mediante la revolución o la vieja sociedad aplastará los gérmenes del socialismo en su seno. Los propósitos del control obrero solo tienen sentido si están enmarcados dentro de líneas revolucionarias, de transformación socialista de la sociedad, tarea por demás inconclusa en la revolución bolivariana debido al nefasto papel jugado por la dirección.  El estancamiento y descarrilamiento burocrático de la revolución bolivariana nos condujo al caos económico, político y social actual.

Aunque podemos aplaudir la captura y procesamiento judicial de todo –presunto– corrupto, no podemos depositar ninguna confianza en un proceso que se suscitó de manera accidental y que no buscará soluciones que penetren hasta la raíz de la corrupción: la podredumbre del sistema capitalista y su Estado.

¡Basta de corrupción!

¡No a las privatizaciones!

 ¡Cárcel a todos los corruptos!

¡Control obrero de la producción!