Las recientes movilizaciones en la minería del carbón han supuesto un duro golpe a la dinámica de paz social practicada por las direcciones sindicales en los últimos años, y anticipan procesos que muy probablemente veremos generalizarse en el próximo Las recientes movilizaciones en la minería del carbón han supuesto un duro golpe a la dinámica de paz social practicada por las direcciones sindicales en los últimos años, y anticipan procesos que muy probablemente veremos generalizarse en el próximo periodo. Para comprender la naturaleza de esta lucha, es necesario analizar las consecuencias de la reconversión minera a lo largo de todos estos años y el efecto que ha tenido en los propios trabajadores y la población de las comarcas mineras.

La primera reconversión de envergadura, en el año 92, culminó, (tras una movilización impresionante que involucró en la práctica a la mayoria de la población), con un acuerdo que defraudó a los trabajadores y que inició el desmantelamiento del sector, perdiéndose miles de puestos de trabajo. Nuevamente en el 98 se producen luchas coincidentes con la negociación de un nuevo Plan Minero. En aquella ocasión los mineros secundaron todas las movilizaciones convocadas por las Federaciones de manera ejemplar, pese a que había desconfianza hacia lo que realmente se estaba discutiendo en las mesas de negociación. Aquella durísima lucha costó la vida del trabajador Lorenzo Gallardo, atropellado en una barricada y tuvo repercusiones penales para varios trabajadores, por el mero hecho de testificar en el juicio contra el responsable del atropello. También se produjeron heridos graves, por los enfrentamientos con la policía, y dos personas mas (una de ellas un estudiante de instituto), perdieron un ojo a causa de una pelota de goma. Pese a la situación que se vivía en las comarcas mineras, con pueblos como Figaredo, literalmente asaltado por los antidisturbios, en ningún momento se convocan movilizaciones de solidaridad, etc, por parte de las direcciones sindicales. Los mineros corrieron durante días de una barricada a otra, las asambleas brillaban por su ausencia, pese a la demanda de los trabajadores, la población esperó en vano un llamamiento a la solidaridad que no se produjo. Las direcciones de UGT y CCOO aceptan nuevos recortes, pese a ser ya visibles los incumplimientos en materia de inversiones y recolocaciones del plan anterior. Cuando finalmente se alcanza el acuerdo, claramente continuista con el anterior, el desánimo y la impotencia se generaliza.

En el año 2002, se firma un nuevo acuerdo que suponía más reducción de plantilla, el cierre de más pozos y la disminución de la producción carbonera, y que los dirigentes sindicales califican de satisfactorio. Las siguientes declaraciones hechas por Maximino García (secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO) al diario “La Nueva España” el 23 de marzo del 2002, muestran muy a las claras cual era la actitud en la mesa de negociación: “La reactivación (económica) no está cuajando. Se crea un empleo temporal que desaparecerá cuando acaben las obras. Si no se corrige esto, la situación será caótica. Se está fuera de tiempo en estructuras, en suelo industrial, en creación de empleo…Quiero creer que (esta vez) el compromiso de la SEPI va en serio” Los flagrantes incumplimientos anteriores se echan en el olvido, y se hace borrón y cuenta nueva “apelando” a la buena voluntad del Gobierno.

En aquél momento, la prensa alabó la “gran responsabilidad” de los sindicatos y calificó de histórico un acuerdo que “por primera vez se alcanza sin mediar ningún tipo de movilización”. (Si exceptuamos el encierro en el Pozo Pumarabule, que, pese a prolongarse bastante, no consigue generalizar la protesta contra el acuerdo, más allá de los paros de solidaridad convocados por la CSI en Candín y Monsacro) La firma de aquél acuerdo envió al gobierno un mensaje de debilidad y desmovilización, animándole a profundizar en sus ataques, que es lo que en esta ocasión ha pretendido el gobierno del PSOE.

Por nuestra parte, hacíamos una lectura muy distinta, y en El Militante nº 149 de Abril de 2002 señalábamos: “Este ha sido el primer ajuste minero que se ha saldado sin luchas, pero esto no quiere decir que satisfaga a los trabajadores. Frente a lo que pudiera parecer, el prestigio de los dirigentes de CCOO y UGT no ha salido fortalecido, sino todo lo contrario. Ante los ojos de una gran parte de la plantilla y de la población de las comarcas mineras, ellos son los principales responsables de esta situación. El hecho de que la oposición a esta política no se haya expresado de una manera clara y generalizada, obligando a las cúpulas sindicales a rectificar, demuestra solamente que el ambiente de desánimo e impotencia, fruto precisamente de la línea sindical desarrollada en los últimos años, ha pesado más que el descontento ante el nuevo ataque.

Pero esta es sólo una cara de la moneda. El malestar y el sentimiento de que una y otra vez somos los trabajadores quienes pagamos el precio de las sucesivas crisis económicas, es también una realidad. Bajo esta superficie de aparente calma se está gestando una situación muy distinta. Si los actuales dirigentes no rectifican su política de pactos y acuerdos, serán los propios trabajadores quienes les obligarán mañana a ponerse al frente de la lucha, o a abandonar la escena sindical de una vez por todas”

Sin tener en cuenta todo esto, no podría comprenderse en toda su dimensión la profundidad y la importancia de lo ocurrido durante estas semanas. La propia crónica de cómo han ido discurriendo las movilizaciones habla por sí sola.

Nuevo Plan del Carbón: el descontento estalla en los pozos

Con varios meses de retraso y tras distintos aplazamientos, se inicia la negociación de un nuevo Plan Minero que debe, una vez más “proporcionar estabilidad al sector” y “sentar las bases para una verdadera reindustrialización de las comarcas afectadas”. Hay que tener en cuenta que, cuando se producen estas declaraciones, el panorama de las comarcas mineras es desolador, y la ineficacia e incumplimientos de anteriores planes evidente. En ese momento, la plantilla se encuentra ya en 9000 trabajadores menos de lo pactado, debido al incumplimiento de las nuevas incorporaciones, la producción de carbón está también por debajo y, según cifras del propio Fernández Villa, el sector ha perdido 80000 puestos de trabajo en todo el estado, entre empleos directos e inducidos. Paralelamente, multitud de empresas han ido cerrando sus puertas en un proceso de desindustrialización que dura ya 20 años, mientras las promesas de reindustrialización se quedan en papel mojado. El resultado inmediato de esta política es, por ejemplo, el 38% de paro juvenil que padece la Cuenca del Caudal. A esto hay que sumar la degradación de las condiciones de trabajo en las minas, sobre todo a través de la subcontratación masiva de las tareas de producción, tanto en la minería pública como en la privada, donde además las condiciones de los propios trabajadores de plantilla son a menudo penosas.

Infravalorando esta realidad, se inician las conversaciones en un clima de “optimismo” entre las partes. Pero ese optimismo no refleja en absoluto el ambiente que se vive en los pozos, ni entre las familias obreras en general. Las informaciones que aparecen en la prensa sobre la oferta inicial del gobierno, con evidentes retrocesos en todos los aspectos, provocan las primeras reacciones en León. El descontento en los tajos es tan grande que culmina con la ruptura de la unidad de acción de CCOO y UGT.

Los días 19 y 20 de octubre, la Federación Minerometalúrgica de CCOO convoca huelga en solitario. Pese a la activa oposición de UGT, el paro es prácticamente total: 100% en las cuencas palentinas, 90 % en Bierzo Alto, Fabero, Sil y Hullera Vasco-leonesa, 80% en Laciana…Durante la huelga, además de cortes de carretera se producen manifestaciones en León y Ponferrada, y 5 trabajadores representantes de las agrupaciones de CCOO de Bembibre, Bierzo Alto, Fabero, Laciana y Vasco-Leonesa, se encierran en la subdelegación de Gobierno de León para, según sus palabras “obligar al ministerio a que presente una oferta mejor”

Recién concluidos los dos días de huelga en León, los 650 trabajadores del Pozo Santiago de HUNOSA toman el relevo. Las declaraciones de Fernández Villa manifestando que la última oferta del Gobierno suponía un avance importante en el plano social son respondidas duramente. En la asamblea de ese mismo día se acuerda ir a la huelga y en medio de la indignación se producen conatos de apedrear las instalaciones de la UGT, además de tabicar las instalaciones de la lampistería y del propio pozo. De nada sirven los llamamientos a la calma de los delegados sindicales, tanto de UGT como de CCOO, instando a la plantilla a esperar el resultado de la próxima reunión.

La huelga se extiende a San Nicolás, Monsacro y Carrio, luego a Candín y Jovesa, mas tarde a Santiago, La Camocha…aprobándose asamblea tras asamblea y para el día 26 de octubre alcanza a más de la mitad de los mineros. La Federación Minerometalúrgica de CCOO convoca ese mismo día una reunión de delegados a las 11 de la noche, para explicarles los “avances” de las negociaciones y pedir que hagan un llamamiento a la vuelta al trabajo. Esto choca con la valoración de los propios delegados, que advierten que dada la situación “va a ser muy difícil explicar que deben abandonar la huelga que se ha decidido en las asambleas” y “que el ambiente es muy tenso” Un trabajador declaraba que “estamos hartos de ser el arma con que los sindicatos amenazan al gobierno…Andan pidiendo votos de confianza, diciendo que se avanza, luego que no…que las movilizaciones son esta semana, luego que no hay…ya está bien”. De hecho, el llamamiento a la tranquilidad desde las federaciones no tiene ningún eco. Pocos días después, el paro afecta prácticamente al 100% de la minería pública y privada de Asturias, la Huelga General es un hecho.

Es en este momento y no antes, cuando se lanza la convocatoria de Huelga General en el sector, para los días 3 y 4 de noviembre. Incluso en ese momento, las Federaciones Sindicales mantienen la esperanza de que el gobierno haga “un gesto” que permita desconvocar la misma. Lejos de eso, se ven obligados a presentar un nuevo calendario de paros para los días 8, 9, 15, 16 y 17 si no quieren quedarse a la zaga del movimiento. Al margen de esto, los trabajadores superan ampliamente la convocatoria y, tras la huelga del 3 y 4 las barricadas se mantienen durante la jornada del sábado y domingo. La comunicación entre Asturias y León se interrumpe durante horas, los desplazamientos entre las principales ciudades también, los mineros cortan las vias del tren en determinadas zonas. En el Caudal, los antidisturibios cargan contra los trabajadores, se producen enfrentamientos tambien en León, etc…El lunes, 6 trabajadores del pozo Malabá, en León, inician un encierro y hacen un llamamiento a convertir la Huelga en indefinida, obteniendo un respaldo total de los trabajadores de su pozo. Poco después, más de 200 mineros de otras explotaciones se concentran a la boca del pozo para manifestar su respaldo. Ante los hechos consumados, las federaciones de CCOO y UGT en León, esta vez conjuntamente, llaman al seguimiento del paro indefinido planteado por los trabajadores, además de pedir el apoyo de la sociedad, los alcaldes mineros “apoyan sin excepción” las movilizaciones

El mismo día 7, pocas horas antes del anuncio del pre-acuerdo, todavía otros tres mineros se encierran en la mina Las Cuevas, en Palencia, dispuestos también en mantenerse allí de forma indefinida. A mediodía se produce el anuncio de que el ministerio presenta otro acuerdo más favorable, y CCOO y UGT piden la vuelta a la normalidad. En todo momento, no obstante, los negociadores se muestran “cautos”, respecto a la desconvocatoria de los paros, que está supeditada a la “opinión de los trabajadores”. Durante la tarde-noche de ese día se realizan asambleas de delegados para explicar los términos del acuerdo y la en la mañana del día 8, el mismo es ratificado en las asambleas de los pozos.

La lucha de los trabajadores obliga al Gobierno a ceder

El acuerdo ha tenido una acogida favorable entre la mayoría de los mineros e indudablemente, presenta avances respecto a la anterior propuesta, si bien muchas cuestiones están todavía sin concretar, pendientes de continuar las negociaciones. En lo más concreto, se mantienen las condiciones de prejubilación, y se acuerdan 1700 nuevas incorporaciones, integrándose de este modo a trabajadores de subcontratas. También se recolocarán 520 excedentes de los pozos que cierren, y se destinarán 2880 millones de euros a actividades de formación, reactivación e infraestructuras. Las ayudas a las empresas estarán vinculadas a la producción y el empleo y se establecen mecanismos de control para garantizar el origen del carbón.

Lo primero que habría que destacar es que si se ha mejorado la oferta inicial ha sido fruto exclusivamente de la contundencia y determinación con la que los trabajadores se han movilizado estos días, y han puesto de manifiesto que la negociación sin presión no sirve de nada. De hecho, nos atrevemos a aventurar que, para que todos esos acuerdos se cumplan, será necesario recurrir a la presión de nuevo más adelante.

Incluso si se consigue el cumplimiento total del acuerdo, hay que señalar que el mismo continúa la línea de los anteriores, y plantea la pérdida de varios miles de puestos en el sector, que deben entonces ser sustituidos por otros en el sector industrial. Tampoco despeja el futuro de las subcontratas, que a fecha de hoy continúan en muchos casos rigiéndose por el convenio de la construcción. La prohibición de la subcontratación y al integración de todos los trabajadores en las plantillas debe ser una reivindicación prioritaria.

Lo más importante, bajo nuestro punto de vista, es que esta lucha minera ha devuelto la confianza en sus propias fuerzas un sector duramente machacado en los últimos años. Por un lado, ha demostrado que cualquier concesión que queramos arrancarle al gobierno y la patronal no será posible sin demostrar la verdadera fuerza de los trabajadores Que, más allá de “la habilidad negociadora” de nadie, es necesario la lucha seria y sostenida para conseguir cualquier mejora.

Por otro lado, hasta cierto punto ha conseguido superar el obstáculo que, en anteriores planes han supuesto las propias direcciones sindicales, ancladas en la política de paz social, y en el sindicalismo de pactos y consensos. Años de desmovilización y de una política sindical de paz social, han contribuido a aumentar el abismo entre la dirección sindical y el movimiento obrero, hasta el punto de que algunos han pensado ilusoriamente que podían ser totalmente independientes del sentir mayoritario de aquellos a quienes representan, y han confundido sus deseos e intereses con los de los trabajadores. Esta lucha ha puesto de manifiesto que, en última instancia, los dirigentes sindicales no deben olvidar que sólo son meros depositarios de la representación que les otorgan los trabajadores. Nos atrevemos a afirmar, que lo sucedido en la minería es sólo un anticipo de conflictos aún más duros. La necesidad de una política sindical que pueda ofrecer victorias a los trabajadores, en esta época de ataques generalizados, es infinitamente más fuerte que los deseos de paz social de algunos dirigentes sindicales, cada vez más alejados de las condiciones de vida de la mayoría de la clase obrera.