IMPA Resiste !No pasarán! Parte de guerra nro.1

Los trabajadores de I.M.P.A nos rebelamos y declaramos la guerra contra la injusta decisión del corrupto juez Huguito Vitale que con sus fallos, nos declara sujetos sin ningún tipo de derechos. Este "señor" dice que para los trabajadores de I.M.P.A no es válida la ley 2969/08 que dictó la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por unanimidad y fue promulgada el 26 de enero del 2009 por el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

 

Los trabajadores de I.M.P.A nos rebelamos y declaramos la guerra contra la injusta decisión del corrupto juez Huguito Vitale que con sus fallos, nos declara sujetos sin ningún tipo de derechos. Este "señor" dice que para los trabajadores de I.M.P.A no es válida la ley 2969/08 que dictó la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por unanimidad y fue promulgada el 26 de enero del 2009 por el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

 

Esta misma ley es la que está vigente en todas las empresas recuperadas de la Ciudad posibilitando la recuperación de miles de puestos de trabajo, haciendo posible que los trabajadores y el estado en forma inteligente logren en estos casos dar respuesta al flagelo de la desocupación.

 

Todos los jueces que intervinieron comprendieron que este era un mecanismo idóneo para la continuidad de la empresa, evitando el conflicto social y la locura de estar rematando las máquinas a valor de chatarra.

 

Es más que sugestivo que este mismo juez en el caso de la expropiación de Ghelco no cuestionó esta misma ley, desnudando claramente sus intenciones económicas, el corrupto juez tiene armado con el corrupto síndico Debenedetti la venta del inmueble para quedarse con 6.000.000 de pesos. Para este juez su negocio de 6 millones es más importante que una ley, que repetimos fue votada por unanimidad por los legisladores de todos los sectores políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley conto también con el apoyo de todas las organizaciones sociales, eclesiales y de todos los partidos políticos sin representación parlamentaria.

 

La ley 2069 reconocía en sus fundamentos los aportes solidarios hechos por los trabajadores de I.M.P.A, 1- en pos de la recuperación del Empleo siendo fundadora del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y motor fundamental de la recuperación de empresas, 2- en el ámbito de la Educación junto a la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares C.E.I.P creando el primer Bachillerato para Adultos gratuito con título oficial, hoy replicado en muchas empresas recuperadas y barrios populares, 3- en la Salud aportando I.M.P.A un espacio acondicionado y haciéndose cargo del pago de los servicios para que funcione el Centro de Salud gratuito para toda la comunidad, el C.E.S.A.C 23 , cediendo espacios al Hospital Durand para que los abuelos del barrio pudieran hacer ejercicios de recuperación, 4- en lo Cultural conformando el Centro Cultural "La Fabrica Ciudad Cultural", un espacio para que los hijos de nuestro pueblo puedan desarrollar y brindar sus cualidades artísticas y culturales.

 

En I.M.P.A hoy trabajan 63 compañeros nucleados en la Cooperativa 22 de Mayo, estudian 150 alumnos en el Bachillerato para Adultos gratuito con título oficial que conduce la Cooperativa de Educadores Populares, funciona el Centro de Salud gratuito que brinda sus servicios a los vecinos del barrio de Almagro, funciona el centro cultural que nuclea a cientos de jóvenes, I.M.P.A no es solo una empresa recuperada I.M.P.A es un espacio ganado por nuestro Pueblo, I.M.P.A para nosotros es como nuestra Patria.

 

Todo esto se construyo con enorme sacrificio, a pesar de no contar con políticas públicas que ayuden a consolidar estas experiencias, de la autogestión de los trabajadores, contra la asimetría de recursos que el estado brinda a la actividad privada, con los costos financieros y económicos que significan pelear en un mercado donde imponen las condiciones con sus posiciones dominantes los Monopolios proveedores de materia prima y los grandes Monopsonios con su poder de compra.

 

Quizás algunos piensen que nuestra posición sea dura o extrema y estamos dispuestos a discutirla con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestro pueblo, no descartamos la vía legal totalmente y apelaremos los fallos de este Juez corrupto llegando a la Corte Suprema de Justicia.

 

Pero hoy comunicamos al conjunto de nuestro Pueblo que viéndonos cercenados de todos los derechos que nos asisten y están consagrados en nuestra Constitución Nacional, resistiremos cualquier intento de desalojo violento como el que ya realizo este mismo Juez en abril del 2008 con la Violencia Popular Organizada que como decía la compañera Evita, en manos del Pueblo no es Violencia es Justicia. Haciendo únicos responsables de las víctimas del enfrentamiento con las fuerzas de la represión al Juez Corrupto Huguito Vitale y al sindico ladrón Debenedetti.

 

Llamamos a todos los compañeros de las organizaciones sociales y políticas a participar la asamblea permanente que mantendremos en I.M.P.A desde el lunes 10 de agosto a las 15 hs y colaborar con todo tipo de insumos e ideas para organizar la Resistencia Popular. Si pasan con I.M.P.A vendrán por todas.

 

A las fuerzas de la represión del estado les solicitamos no responder con obediencia debida la orden inconstitucional de un juez corrupto hasta tanto se expidan los tribunales superiores, evitando ser utilizados para beneficio personal de unos corruptos.

 

Mientras organizamos la Resistencia, seguiremos haciendo lo que mejor sabemos, los trabajadores produciendo, los maestros enseñando, los alumnos estudiando, los doctores brindando salud y los trabajadores de la cultura produciéndola.

 

Por nuestro Pueblo y por nuestra Patria.

Libres o Muertos jamás esclavos.

 

Eduardo Vasco Murúa

Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

IMPA – Querandíes 4290 – Almagro

4958-3764 4981-3610

1558445615

A continuación anexamos denuncia contra el juez ante el Consejo de la Magistratura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denunciamos al juez en Consejo de la Magistratura

 

PRESENTA DENUNCIA

 

BUENOS Aires, 7 de Julio de 2009

 

 

Señor presidente del consejo de la Magistratura

Dr. Luis María R. M. Bunge Campos

S / D

 

 

De mi mayor consideración:

 

Por intermedio de la presente tengo el agrado de dirigime a Ud. Para radicar formal denuncia contra el Juez Héctor Vitale, titular de Juzgado de Primera Instancia en lo comercial Nº 4, sito en la calle Av. Roque Saenz Peña Nº 1211 piso 1º, para que se realice una investigación y obtener el juicio político. Motiva la presente las siguientes razones que seguidamente paso a detallar:

Surge de los hechos una clara relación con la quiebra decretada a Impa cooperativa se realizó en un acuerdo entre el juez, síndico e inversores que gestionaron IMPA desde abril del 2005 hasta agosto 2007. La finalidad que perseguían y hoy día persiste es la de vender el predio para estafar a los trabajadores.

Los números del negocio que hacían inversores, sindico y juez eran de esta manera, el predio se realizaba por 20 millones de pesos, los inversores compraban la hipoteca que tiene el Banco Nación por 3 millones, a los trabajadores los inversores nos propusieron arreglar por un monto de 2.500.000, y como las maquinas quedarían en poder de los inversores conformarían una sociedad anónima y tomarían a muchos como sus empleados y el sindico arreglaba una quita con los acreedores quirografarios con una estimación en el peor de los casos de 2.5 millones, se quedaban con 12.000.000, no sabemos cuánto era el acuerdo con el juez pero se hablaba del 30% del resultado.

Tan así son las cosas que, que los inversores hicieron firmar un acuerdo entre IMPA y el síndico por valor de 15.000 pesos mensuales del cual tenía conocimiento el Juez Vitale, hasta tanto se resolviera la estafa o el “rulo” como ellos lo llamaban, no es casual que desde el 2005 no exista ningún balance de la empresa y que en ese periodo se evadió al fisco casi la totalidad del impuesto del I.V.A, nos preguntamos como hicieron el juez y el sindico con su obligación de resguardar a la masa concursal. No es menor recordar que esto ocurría con la complicidad del que era presidente de la cooperativa Castaño y el Secretario Algarañaz que hoy son empleados de los inversores, ellos son los firmantes del acuerdo con el sindico.

En agosto de 2007 los trabajadores de I.M.P.A junto a Eduardo Murúa que se había retirado de la cooperativa en el 2005 deciden romper la estafa y tomar nuevamente la conducción de la misma.

La situación era difícil entramos a una empresa vaciada sin un peso, sin gas para producir, producto claro de que la conducción que tenían los inversores era la venta del inmueble.

Pudimos volver a producir gracias a la ayuda de la mayoría de los clientes y proveedores en especial la empresa Interplastic a la cual todavía estamos devolviendo el préstamo, y a la cooperativa de trabajadores U.S.T.

En ese momento nos propusimos tratar de llevarnos un salario mínimo y con lo que quedaba ir pagando la cuota concursal, con los acreedores que exigían los pagos negociábamos una espera y el pago en cuotas, en medio de esta situación se presenta el Sindico del concurso Debenedetti exigiendo el pago del convenio que había firmado con los inversores y la gestión anterior, porque si no pagábamos nos iba a quebrar, que ya tenía el visto bueno del juez Vitale, de hecho mando una carta documento amenazándonos con la quiebra que anexamos a la denuncia, ante esta situación nosotros le dijimos que únicamente podíamos pagar 3000 o 4000 pesos por mes, lo rechazo y nos dijo que nos atuviéramos a las consecuencias.

Dos meses antes del decreto de quiebra hicimos saber al juez de nuestra intención de vender un terreno propiedad de la cooperativa para hacer frente a la totalidad de la cuota semestral del concurso, lo que denegó junto al sindico, una decisión inentendible ya que no afectaba en nada a la masa concursal que cuenta con garantías suficientes con el edificio principal de Impa, al mismo tiempo informabamos que Impa tenía un juicio ganado contra la Ciudad de Buenos Aires por un monto de 3.200.000 a cobrarse en enero del 2009, que le brindaria a la cooperativa la posibilidad de ponerse al día en el concurso, y contar con el capital de trabajo suficiente para mejorar la productividad y los salarios de los trabajadores, solo le pedíamos una audiencia con los acreedores para solicitarle una espera de unos meses, no solo nos negaron esa posibilidad, declaro la quiebra por un pedido de la cooperativa de crédito Credivico y de un pedido de devolución de préstamo por la señora María Amelia Capuccio, quiso clausurar Impa y no pudo por mi oposición junto a los trabajadores, logramos que nos nombre depositario judicial, al otro día tuvimos una reunión donde le propusimos el levantamiento de la medida de quiebra si nosotros le traíamos los acuerdos con los acreedores, nos dijo que si, ahora creemos que cedió porque pensó que no lo conseguiríamos, eso fue un miércoles el viernes al mediodía nosotros cumplimos en presentar los acuerdos, gracias a buena disposición de Credivico y Maria Amelia Capuccio que recibieron un adelanto y acordaron el pago en cuotas mensuales, y solicitaron el levantamiento de la quiebra, ese viernes nos encontramos en el pasillo del juzgado, le comunique que habíamos presentado los acuerdos, a lo que me contesto quédese tranquilo Murua yo resuelvo.

El martes posterior a las 21hs actuó más que como magistrado, como personal policial, totalmente desencajado, su comportamiento fue digno de un sheriff de un Western de Hollywood, y faltando a la investidura que debiere caracterizarlo, se presentó en la empresa rodeado de policías, “patoteando” a los dos porteros en clara actitud vista en “patovicas” de los peores boliches bailables.

A esto vale agregar que para dejar claro el accionar de este sujeto, mientras estábamos discutiendo con él jueves, la continuidad de la empresa, mandó a reprimir a los trabajadores que se encontraban en la esquina de la empresa, esto terminó con 14 trabajadores presos golpeados y muchos heridos, en esa ocasión la policía no sufrió ninguna agresión.

Cabe agregar que otro hecho que evidencia el actuar antinormativo de este “Magistrado” y deja al descubierto su accionar impune e ilegal, que no quería atender a nuestros abogados, nosotros en pos de encauzar la situación solicitamos la actuación del abogado Jacobo Grossman, Jacobo se sintió sorprendido por las palabras del juez Vitale cuando expreso que podría ver modificar el decreto de quiebra de inmediato si como condición inamovible desaparecía Eduardo Murua de la Cooperativa.

Debe pensar que sin Murúa le quedaría el camino libre para seguir con sus negocios, no parece conocer la voluntad de los trabajadores de IMPA.

A pesar de todo esto los trabajadores tomamos la fabrica nuevamente, y nos pusimos a producir y buscar una solución para todas las partes, no nos interesan los conflictos, conseguimos que se aprobara en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por unanimidad una Ley de Declaración de Utilidad Pública que nos otorga en comodato la explotación del inmueble con fines productivos, es de destacar que dicha ley fue votada la mayoría absoluta de los legisladores presentes, 54 sobre 54 de los 60.

Es de hacer notar que dada la impostergable necesidad alimentaria que necesitábamos cubrir los trabajadores para nuestro sustento y el de nuestras familias, que no pueden esperar debido a su carácter netamente alimentario, urgente e impostergable.

Dicha necesidad de seguir satisfaciendo las necesidades más básicas y elementales de nuestras familias, que solo se resumirán a poder comer, situación por demás desesperante que no puede esperar ni ser relegada a los intereses y “negociados” que este Juez en complicidad con el Síndico realizan, nos vimos obligados a tener que conformar otra sociedad la cooperativa 22 de Mayo para continuar la explotación, pero hasta tener todos los tramites y facturas tuvimos la necesidad de seguir comprando y vendiendo como IMPA.

Este binomio perverso juez-síndico desde ese momento declara la guerra no solamente ya contra IMPA, sino que comienza una “caza de brujas” persiguiendo a los clientes y proveedores declarando ineficaces los pagos, embargando cuentas bancarias y nombrando recaudadores, queriendo cobrarles algo que sabe que fue hecho de buena fe, cercenado sendos derechos de raigambre constitucional, no solo con esta maniobra, sino también debido a que desestima cualquier tipo de planteamiento y recurso que se le oponga a dichas resoluciones no dando chances a ser revisados por el superior jerárquico para que este revise dicha medidas.

Cabe agregar que lo que busca con esto es esta claro que los clientes y proveedores nos inicien juicios en busca del cobro de esas sumas y que nos demanden personalmente por estafa.

Si bien no podemos comprobar formalmente si el síndico le pasaba dinero al juez es sugestivo que no lo supiera, ya que en estos años de convocatoria, como el síndico cobraba una coima para no revisar los libros ni emitir informes correspondientes y ayudaba a demorar el pago.

Es irónico ver ahora un sindico que disminuyó drásticamente la deuda en claro detrimento de los acreedores y en busca de su propio beneficio, que ahora realice tan drásticas medidas que perjudican a tantos comerciantes que lo único que realizaron es vender a precios de mercador como le es normal y habitual para poder sustentar sus lícitos negocios, ahora dice que dichas medidas las realiza en interés de la masa de acreedores cuando siempre actúo en su claro detrimento.

Nosotros le dimos al juez la solución para evitar el conflicto con la ley de expropiación, él se empeñó en profundizarlo y hace lo imposible por activarlo. Esta situación queda a la vista cuando por pedido del Síndico busca por todos medios declarar la inconstitucionalidad de La Ley de Utilidad Pública que obra a favor de la nueva Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo, siendo que no solo busca entrometerse en las cuestiones del gobierno local, su próximo paso es declarar inconstitucional una ley de una jurisdicción que le es totalmente ajena y para la cual carece totalmente de competencia para dicha declaración pero, aun así busca forzar dicha situación para buscar desalojar a los trabajadores habilitados por Ley.

No es ocioso informar que en su propio Juzgado hay una ley igual a favor de la cooperativa Vieytes la cual nunca cuestiono como debería ser en todos los casos, ya que fue la forma que encontraron los trabajadores y estado para combatir por lo menos en estos casos el flagelo de la desocupación.

Otra situación que deja en claro el mal desempeño de este funcionario judicial es la actitud que adopta con la Cooperativa de Trabajo 22 de mayo en el expediente de IMPA sobre quiebra, desoyendo sistemáticamente todos los pedidos que le realizamos, cabe agregar que a fines de abril nos presentamos en el expediente y solicitamos que urgente autorizara a Edesur a que nos conecte el servicio eléctrico, jamás resolvió sobre la cuestión, cuando se le presentó un pedido de pronto despacho de lo solicitado con fecha 9 de junio, encontrándose el expediente con vista al Fiscal y que regresó de allí el día 3 de Julio y que luego vino la feria hasta el día 27 del corriente, “mágicamente” proveyó el escrito con fecha 11 de Junio rechazando el pedido formal de pronto despacho, y sumado a la inconstitucionalidad nos quiere dejar fuera del expediente por cualquier vía.

Sumado a ello, es oportuno mencionar que siempre se nos niega el expediente no se nos permitan realizar copias pese a estar presentados formalmente en el mismo, se nos atiende de muy mala manera y se nos restringe injustamente todo tipo de accionar normal y cotidiano que hacen al quehacer judicial.

A tal punto llega su saña para con nosotros que, el mismo Edesur presentó un escrito solicitando autorización al Juez para conectarnos el servicio eléctrico por coincidir con nosotros en que la Ley nos autoriza y sin ningún tipo de motivo desoye también su pedido.

A tal punto llega la impunidad de estos señores y su sed de venganza irracional e infundado que en conminación con personal policial inventan un Juicio de Intimidación Pública, armando así una causa contra mi persona, con la complicidad de tres efectivos policiales, que a dos años del hecho no pudieron aportar ningún tipo de prueba salvo los dichos del personal policial, pero que nosotros contamos con una copia de una filmación de ese momento donde qué ni de cerca manifestó los dichos que estos señores dicen haber escuchado.

Cabe destacar que del monto de $3.200.000 cobrados por el juicio de expropiación, y siendo el Banco Nación no solo el acreedor con el mayor monto crediticio sino que es acreedor privilegiado por ser hipotecario, no le notificaron del monto acreditado para repartirlo entre los acreedores quirografarios con los que se realizaron los negociados.

Hoy a tal punto llega nuestra preocupación que estamos esperando que culmine la feria en la los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para promover sendos amparos que busque protegernos, no ya solicitar que se nos respeten ciertos derechos sino exigir que se dejen cercenarnos nuestros derecho como ciudadanos y trabajadores sistemáticamente.

En I.M.P.A hoy trabajan 63 compañeros nucleados en la Cooperativa 22 de Mayo, estudian 150 alumnos en el Bachillerato para Adultos gratuito con título oficial que conduce la Cooperativa de Educadores Populares, funciona el Centro de Salud gratuito que brinda sus servicios a los vecinos del barrio de Almagro, funciona el centro cultural que nuclea a cientos de jóvenes, I.M.P.A no es solo una empresa recuperada I.M.P.A es un espacio ganado por nuestro Pueblo, I.M.P.A para nosotros es como nuestra Patria.

No soy un entendido en derecho pero creo que alguien debería hacer algo para impedir este abuso de poder de parte de un juez, ya que los trabajadores en estos años de democracia hemos perdido muchos derechos pero lo de este juez supera todos los límites.

Quedo a su disposición y aportare todos los datos y pruebas que se soliciten.

 

 

Eduardo Vasco Murua