El Juzgado Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, presidido por la doctora María Magdalena Rojas, ratificó la decisión del Tribunal Primero a favor de los trabajadores de Calimar, el cual ordenó una vez más el reenganch El Juzgado Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, presidido por la doctora María Magdalena Rojas, ratificó la decisión del Tribunal Primero a favor de los trabajadores de Calimar, el cual ordenó una vez más el reenganche de este grupo de personas que fueron despedidas el 1º de junio. Esta decisión hizo que los beneficiados se concentraran en la Alcaldía de Girardot, exigiendo dialogar con el Alcalde Humberto Prieto.

La sentencia considera que los empleados de la Compañía Anónima de Limpieza de Maracay (Calimar) fueron despedidos de forma masiva sin que les respetaran los derechos convenidos con el patrono y la representación sindical de dichos trabajadores, así mismo no se evidencia prueba alguna de que Calimar haya, de alguna manera, involucrado a esta masa laboral en las decisiones para la liquidación de la empresa.

Igualmente establece la sentencia, que la empresa Inversiones Sabenpe C.A. se adhirió a la apelación y según lo expuesto por la representación de la Alcaldía fue la que obtuvo la concesión para ejecutar el servicio de recolección de desechos, es decir, la misma actividad económica que realizaba la empresa Calimar, la cual enfocó su defensa en que se trataba de una liquidación de la compañía anónima y se olvidaron de su responsabilidad con los trabajadores, siendo que había inamovilidad laboral decretada por el Presidente de la República y son derechos irrenunciables por ser de rango constitucional. Por tal razón, el Juzgado debe atribuirle a la empresa Sabenpe la responsabilidad de coadyuvar conjuntamente con la Alcaldía de Girardot a darle cumplimiento a la decisión de fecha 14 de julio, proferida por la jueza de Primera Instancia Nidia Hernández, de reenganchar a los trabajadores favorecidos.

Luis Ramos, sindicalista, comentó que cree en la justicia de Aragua, que confiaba que los pasos que estaban dando en este conflicto para defender sus derechos constitucionales, iban a salir a su favor porque el Gobierno Municipal había cometido una injusticia por capricho e intereses particulares. Los beneficiados con esta decisión son 117 trabajadores, a quienes deben cancelarle sus salarios caídos y cesta ticket, lo que representa una deuda de aproximadamente 2 millardos de bolívares. Esta es una decisión definitiva que el Gobierno local debe cumplir, por lo pronto se aplicarán las sanciones correspondientes por desacato a la ley. Para concluir, dijo Ramos que "con perseverancia se logran los objetivos. No debemos desmayar o dejarnos intimidar cuando se trata de defender nuestros derechos legales".