Dolarización y ajuste ¿Quiénes pagarán el costo de la crisis?

El candidato presidencial por Avanzada Progresista, Henry Falcón, de la mano con su asesor en materia económica, Francisco Rodríguez, economista–Jefe de la consultora Torino Capital y ex economista–Jefe del Bank of America Merrill Lynch para la región andina, han iniciado un intenso debate en torno a la propuesta de dolarización de la economía venezolana, como uno de los ejes centrales de su plan de gobierno. Apuntando hacia su derecha, el candidato ha vendido la medida como parte de un programa de ajuste y estabilización económica, del cual solo se atreve a mencionar la privatización de empresas antiguamente expropiadas y de la industria petrolera. Hacia su izquierda, ha prometido la elevación del salario mínimo mensual a 75$, así como el otorgamiento de subsidios dirigidos a familias humildes de 25$ por adulto y 10$ por niño.

Numerosos economistas y comentaristas de diversas orientaciones han manifestado su oposición a la dolarización, aunque en la mayoría de casos tales rechazos se expresan bajo enfoques burgueses –incluso entre algunos análisis desde la izquierda–. Si bien el tema ha sido abordado en todos sus aspectos relevantes, muy poco se ha atinado en responder las preguntas cruciales sobre las cuales debería partir cualquier posicionamiento: ¿Cuáles serán las implicaciones sociales de la dolarización? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la dolarización de la economía venezolana? Y si la dolarización tiene costos ¿Quién los pagará? A continuación desarrollamos nuestro análisis en el intento de responder las interrogantes planteadas. Anticipamos que las explicaciones a exponerse no se construyen desde una supuesta objetividad abstracta, que al reproducir la lógica de interpretación burguesa de la realidad, deja de ser tal cosa. Nuestra posición se basa en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, factor que nos obliga a tratar de ser lo más rigurosos que podamos en la disección de un tema que no puede ser omitido por esta.

Ajuste, hiperinflación y soberanía

Siguiendo la argumentación del principal proponente de la dolarización, el economista Francisco Rodríguez: con la adopción del Dólar estadounidense como moneda de curso legal en Venezuela se detendría en seco la hiperinflación como principal beneficio a corto plazo, que, según él, superaría los costos a largo plazo como la pérdida del control por parte del Estado sobre las políticas cambiarias y monetarias, el no poder incidir en el tipo de cambio y respaldar la competitividad de las empresas venezolanas, el reducido tamaño del sistema financiero nacional, entre otras razones.

Rodríguez, al igual que todo el conjunto de economistas burgueses –que en su mayoría se han pronunciado en contra de la dolarización–, parte de la necesidad de que el país requiere un severo programa de contrarreformas y ajuste macroeconómico –que descargue todo el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador– a los fines de que el Estado reduzca sus gastos y la oferta de dinero, y así detener el alza de precios. Plantea que para la ejecución de tal ajuste, mantener el Bolívar, y por ende, el control soberano sobre la política monetaria, supondría un riesgo de que el nuevo gobierno se vea tentado a ceder ante la inminente presión social, incurriendo en gastos generalmente financiados con mayor emisión de moneda. Nos intenta decir que si los capitalistas perciben que su gobierno no es capaz de ejecutar medidas antipopulares con la debida severidad, no dejarán de subir los precios. En su artículo Por qué Venezuela debería contemplar la dolarización, señala: “… Si la gente no está segura de que el proceso será exitoso, la primera inclinación de las empresas será continuar subiendo sus precios” (americasquarterly.org, 15/02/2018).

Lo que en realidad sucedería es que el Bolívar seguiría devaluándose, y como consecuencia el ascenso de los precios continuaría. Acá se evidencia nuevamente la estrechez de miras de los economistas burgueses al enfocar el análisis de la economía desde la psicología de los llamados “agentes económicos” y al mostrarnos una realidad fragmentada e incompleta, que no reconoce la interrelación dialéctica de todos los fenómenos implicados como totalidad estructurada.

La proposición de Rodríguez es bastante clara: la mejor forma de generar “credibilidad” entre el siempre exigente empresariado, consiste en que el Estado renuncie a sus atribuciones sobre las políticas monetarias como condición ineludible a la acogida del Dólar: “La dolarización –entendida en un sentido amplio como la adopción de una moneda sobre cuya política monetaria el país que la adopta carece de control– es la única estrategia de estabilización que resuelve de plano el problema de la credibilidad en la política monetaria. Los agentes pueden ser escépticos frente a una promesa de que los políticos van a dejar de imprimir dinero, pero definitivamente encontrarán creíble el compromiso de no imprimir dólares…” (Francisco Rodríguez, Dolarizar Venezuela: una guía para escépticos, eltubazodigital.com, 16/03/2018).

El Estado venezolano al perder el control sobre las políticas monetarias, estaría impedido de emitir o extraer dinero en la economía nacional, hecho que le mostraría a la burguesía la certeza de que al fin se acabará el relajo en las finanzas públicas. En otras palabras, al implementar la dolarización los gobiernos venezolanos en lo sucesivo estarán sometidos a las decisiones en política monetaria de la Reserva Federal estadounidense –y también a la inestabilidad de la economía mundial en crisis–, como una especie de camisa de fuerza que impedirá recaídas en la intención de aumentar el gasto social. De esta manera se aseguran condiciones para que el paquetazo se aplique hasta sus últimas consecuencias. Según la apreciación de Rodríguez, solo de esta manera se podrá abatir la hiperinflación en el corto plazo, como primera condición para lograr la recuperación económica de Venezuela.

Una solución al crónico problema inflacionario venezolano no solo depende de la eliminación abrupta de los niveles de liquidez monetaria, como los economistas de inclinación monetarista sostienen. Aunque los aumentos desproporcionados en las emisiones de los agregados monetarios suelen incidir en el alza de precios, esto no obedece a su acción autónoma al margen de los demás factores que influyen en el mercado, como la oferta de productos disponibles. Así, por ejemplo, en el año 2006 la liquidez había sido incrementada en más de un 100% con respecto al año anterior, pero la inflación acumulada no superó el 17%. Bajo la lógica monetarista, la proporción del incremento de los precios no se correspondía con los niveles de liquidez. Hay que recordar que en estos años, la abundancia de petrodólares permitió impulsar el insostenible dinamismo de una economía fuertemente dependiente de las importaciones, hecho que también Incidió en el crecimiento del PIB y la oferta de productos. No se puede estudiar de manera coherente el fenómeno inflacionario sino se determinan las interrelaciones, acoplamientos y la retroalimentación de todas las variables. Si bien, la liquidez monetaria juega un papel relevante en el tema, jamás debemos perder de vista el factor más importante en la economía, sin el cual todo lo demás pierde sentido: la producción de bienes. La dolarización pudiera resolver el problema del exceso de liquidez –aunque con nefastas consecuencias en otros factores–, pero al seguir cayendo la producción no se resuelve el problema de la inflación.

Como se sabe, la inversión en la economía real es el motor que propulsa el crecimiento. En los márgenes del sistema capitalista, garantizar la inversión productiva de quienes poseen los medios de producción –la burguesía– es tarea de primer orden para los gobiernos. Esto se traduce en la aplicación de todo tipo de medidas y estímulos que permitan acrecentar los márgenes de beneficios para la clase capitalista, en la misma proporción en que se imponen desmejoras en la calidad de vida y mayores niveles de explotación a la clase trabajadora. Acá se desprenden antagonismos irreconciliables entre los intereses de explotadores y explotados, que se hacen más evidentes en periodos de crisis. Para un gobierno de derecha en Miraflores, la ejecución del recetario de ajustes y contrarreformas se inscribe dentro de la necesidad de fomentar la inversión privada, hecho que resultaría en la profundización del terrible drama social que hoy se vive en Venezuela. En teoría, estas políticas de austeridad han de aplicarse por un periodo de tiempo bastante prolongado –que algunos han estimado en 10 años como mínimo– mientras las inversiones privadas surten el efecto esperado en la producción y hasta lograr la estabilización donde todos viviremos felices por siempre. Los aspectos que quedan fuera de tales análisis, son las consideraciones del periodo de gran estancamiento, inestabilidad y vulnerabilidad prolongada en que se encuentra el capitalismo a nivel mundial, y que nos hallamos en vísperas de un nuevo periodo de recesión global –que hasta economistas burgueses de renombre han vaticinado– el cual no dejará de impactar severamente a nuestra economía monoexportadora. Por otro lado, la respuesta social que vendrá por el ajuste generará la suficiente inestabilidad política como para ahuyentar inversiones y por tanto, el retraso de la estabilización y del abatimiento definitivo de la inflación.

Por otro lado, con la pérdida de las atribuciones cambiarias como resultado de la dolarización, el Estado no podrá manipular el tipo de cambio (devaluar, subvaluar o sobrevaluar) para ajustarlo a las necesidades de la economía del país. Este es uno de los puntos donde Rodríguez y economistas simpatizantes han encontrado mayor oposición, tanto desde el campo procapitalista como lamentablemente también desde la izquierda. Los comentaristas burgueses opositores a la dolarización alegan que la competitividad de la producción nacional (entiéndase de sectores de la burguesía) no podrá ser respaldada a largo plazo ante posibles abaratamientos de mercancías foráneas dada la imposibilidad del Estado para incidir en el valor del Dólar.

Tradicionalmente los Estados capitalistas recurren a devaluaciones para encarecer las importaciones y favorecer la competitividad de las empresas nacionales, haciendo que los salarios reales en dólares caigan para compensar las bajas en sus ingresos y estimular la producción. Sin duda, tratamos con un mecanismo con el cual se intentan mantener los altos niveles de beneficios para sectores específicos de la burguesía, haciendo pagar el costo de la situación desfavorable en el intercambio internacional a los trabajadores. Replicando a quienes se oponen a la propuesta de Falcón y Rodríguez en términos burgueses, al dolarizar la economía venezolana esta posibilidad quedaría descartada y la producción extranjera tendría las de ganar en el futuro en detrimento de la industria nacional. Pero esta preocupación surge de un supuesto: que al alcanzar la estabilización los sueldos en dólares sean demasiado altos y no puedan abaratarse –mediante una devaluación monetaria– gracias a la dolarización. Actualmente el salario mínimo integral (sueldo base más bono de alimentación), situado en 1.307.646 Bs equivale a 15$ a la tasa oficial (DICOM) y a 2$ y fracción a la tasa de cambio paralela (22 de abril). Gracias a los servicios brindados por la política de conciliación de clases para administrar la crisis estructural del capitalismo criollo, de aplicarse un programa de ajuste en este momento el trabajo en cuanto a abaratar los sueldos ya estaría hecho. Los señores que acogen esta inquietud reaccionaria se les olvida que para la ejecución de un paquete de austeridad exitoso para la burguesía –con o sin dolarización–, los aumentos sustanciales de sueldos no caben. Pensar que los ingresos de los trabajadores venezolanos podrán ser incrementados hasta alcanzar el promedio latinoamericano (356$), o incluso superarlo, en un contexto donde los empresarios invierten sin rechistar, es un contrasentido ilusorio e ignorante. Sin embargo, aunque Rodríguez reconoce que esta situación pudiera constituir un riesgo en el futuro (partiendo del mismo supuesto de sus interlocutores), insiste en que los beneficios a corto plazo al derrotar la hiperinflación, exceden todas las consecuencias a largo plazo. A todas luces, en tal apreciación descansan intereses muy marcados del imperialismo norteamericano para asegurarse de un mercado que no ofrecerá la más mínima competencia interna en múltiples sectores.

Cabe señalar que los marxistas no hacemos fetiches con respecto soberanía monetaria y cambiaria, en tanto herramientas que son empleadas por los Estados capitalistas para: 1) financiar sus déficits, haciendo que los trabajadores los paguen con caídas estrepitosas del poder adquisitivo, gracias a la inflación derivada; y 2) devaluar las monedas a conveniencia de los niveles de competitividad de sectores de la burguesía y a expensas de los ingresos reales de la clase obrera. Sin embargo, a pesar de lo dicho nos negamos a perderlas. En el intento de privar al Estado venezolana del manejo monetario y cambiario se esconde un planteamiento profundamente reaccionario: reducir la posibilidad de que el Estado intervenga en la economía dejando a capitalistas, banqueros e imperialistas operar a sus anchas, en la tratativa de aumentar sus beneficios a costa de mayores niveles de explotación y desmejora sistemática de los niveles de vida de la clase trabajadora. A tales pretensiones debemos oponernos rotundamente.

Ahora bien, responsablemente debemos señalar que la emisión descontrolada de dinero –sin sustento en la producción y en las reservas de divisas– por parte del gobierno para financiar el déficit fiscal y respaldar su reciente deriva clientelar, ha sido el factor decisivo en el surgimiento y recrudecimiento de la hiperinflación. Desde abril del 2017 al mismo mes del presente año la liquidez monetaria ha aumentado en más de un 3.000%, y desde 2012 en un 60.000% aproximadamente (BCV). Si se contrastan tales subidas con el desplome de la producción nacional (desde 2013 el PIB se ha contraído en más de un 30%) y la brutal caída de las importaciones (82% desde 2012), nos encontramos con un panorama donde mucho dinero persigue a pocos productos y cada mercancía absorbe mayor cantidad de unidades monetarias, lo que se traduce en alzas de precios.

Con la entrega masiva de bonos y la bonificación salarial, con las que se inyectan enormes cantidades de dinero a la calle (en su mayoría electrónico, pues la proporción de efectivo con respecto a la liquidez es de apenas un 2,6%), en un mercado nacional signado por la escasez, el gobierno trata de apagar el fuego inflacionario con más gasolina, en la medida en que incrementa sus gastos sin respaldo en riqueza real que pueda financiarlos. Como consecuencia, vemos como la hiperinflación devora los bonos y los aumentos salariales antes de que el trabajador proceda a gastarlos. Hay que señalar que el déficit fiscal responde fundamentalmente a la caída de los ingresos petroleros, hecho que, en los limitados marcos del capitalismo en crisis, hace insostenible la preservación de ciertos alcances y conquistas sociales –como subsidios en los servicios públicos–. Coristas de la burguesía reclaman la eliminación de las subvenciones estatales a la gasolina, agua, electricidad, entre otras, anticipando sus intenciones de llegar al poder. La comprensión de la siguiente lección es fundamental: mientras pervivan las relaciones de propiedad burguesas, toda victoria o conquista parcial que mejore los niveles de vida de la clase trabajadora, tarde o temprano –especialmente cuando la crisis haga acto de presencia– será reducida a su mínima expresión, ya sea mediante la acción directa de políticos burgueses, o por obra de las leyes del mercado capitalista –tal y como ha venido ocurriendo en nuestro país–, que no hacen más que reflejar los intereses de la burguesía en una sociedad donde esta controla las palancas fundamentales de la economía.

Aunque los revolucionarios debemos luchar por conquistas que mejoren el nivel de vida de las clases oprimidas dentro del capitalismo, y esto supone mejores salarios y condiciones laborales, de sanidad, educación y transporte; nunca debemos olvidar que para asegurarlas, mantenerlas y superarlas con el tiempo, no basta con reformar el sistema. La solución última, pasa por el derrocamiento del orden social capitalista mediante la abolición de las relaciones de propiedad burguesas, para avanzar hacia la planificación racional de la producción y distribución, bajo control obrero, de cara a la satisfacción de las necesidades de la mayoría y no para el beneficio de un puñado de oligarcas. El que la dirección bolivariana nunca comprendiera tal verdad, hoy explica en gran medida la crítica situación actual.

 El tema salarial

 Al contrastar las promesas de Falcón y Rodríguez sobre las asignaciones asistenciales en moneda norteamericana y la elevación del salario mínimo mensual, con la expectativa de que la dolarización licuará la inflación en el corto plazo; cabe señalar una consideración importante: dejando fuera de orden la pregunta ¿Con qué recursos podrán financiar tales políticas?, un hipotético aumento de sueldo a 75$, aun estando a 281$ por debajo del promedio latinoamericano, supondría un crecimiento sustancial del poder adquisitivo de los trabajadores tomando en cuenta los niveles actuales. Ni hablar de lo que significarían los subsidios en dólares para las familias que los reciban. Con la contracción de la producción nacional, relacionada con la caída estrepitosa de las importaciones, problemas que no podrán solucionarse en poco tiempo considerando la debacle de la producción petrolera y el parasitismo de nuestra burguesía –aunado a las razones que antes expusimos–; aumentar el poder adquisitivo en esas condiciones generaría una mayor demanda detrás de una oferta de productos reducida, lo que incidiría en la continuación de la tormentosa alza de precios, ahora en la economía nacional dolarizada. ¡Pero claro! Esto en el hipotético caso de que aumenten los salarios y se otorguen los subsidios prometidos, o cuenten con los recursos para tales fines.

Si la prometida estabilización de la economía depende del nivel de inversiones productivas que puedan realizar la burguesía nacional y las multinacionales imperialistas, estas pujarán por mantener los salarios en los niveles más bajos para así amasar enormes beneficios. En este sentido, de ser electo Falcón como presidente ¿Qué privará más? ¿Una promesa de campaña o las presiones de la clase dominante representada en el poder? La política burguesa, sobretodo en momentos de crisis, nos proporciona innumerables ejemplos que inclinan la respuesta hacia la segunda opción, aunque los resultados últimos también dependen de los niveles de presión que pueda ejercer la clase obrera en lucha. Si Falcón asumiera la presidencia, para mantener su “credibilidad” y generar “confianza” entre la burguesía y el imperialismo, posiblemente no cumpliría con su promesa de aumento salarial.

Dolarización, sistema financiero y nueva deuda

Dado el reducido tamaño del sistema financiero venezolano (no contemplando las enormes ganancias que genera) que resultaría de la dolarización con tan solo 3 millardos de dólares de nuestras reservas internacionales –tal y como propone Rodríguez–, se plantearía la necesidad de adquirir mayor endeudamiento externo, seguramente acudiendo al FMI. Algo que no mencionan los defensores de la dolarización, es que estos financiamientos solo podrían garantizarse, por un lado, a través de numerosas concesiones sobre los abundantes recursos energéticos, minerales y de biodiversidad del país –en mayor grado de las que el gobierno bolivariano ha venido otorgando en los últimos años–; y por otro, con el reforzamiento de las medidas de austeridad para asegurar las devoluciones de los préstamos.

Aunque el mismísimo Ricardo Hausmann considera que nuevos préstamos, en el escenario que presentan los dolarizadores, no son posibles de conseguir, ya se está hablando de un fondo de alrededor de 60.000 millones de dólares para una hipotética transición política, sobre la base del apoderamiento de los jugosos y cuantiosos recursos naturales venezolanos. Considerando las exigencias que se le impondrían al Estado venezolano para garantizar el cumplimiento de los llamados “compromisos de deuda”, en cuanto al recorte del gasto público, entre otras perlas; conviene preguntarnos: en un hipotético gobierno de Falcón ¿Podrá este cumplir con sus promesas de campaña?

La experiencia ecuatoriana

Rodríguez nos presenta como el gran ejemplo de dolarización exitosa a Ecuador: “Desde la dolarización en el año 2000, el ingreso per cápita del país ha crecido 114 por ciento, el cuarto mejor desempeño entre los 11 países de Sudamérica. En contraste, el ingreso per cápita de Ecuador había caído 17 por ciento en las dos décadas previas a la dolarización. Por otro lado, la pobreza en Ecuador ha descendido en más de cuatro quintas partes desde la dolarización, sacando a más de tres millones de ecuatorianos de la pobreza extrema” (Francisco Rodríguez, Por qué Venezuela debería contemplar la dolarización, americasquarterly.org, 15/02/2018).

En un ejercicio de distorsión de la realidad, sus palabras nos invitan a pensar que la dolarización fue la propulsora del crecimiento experimentado por Ecuador en las últimas dos décadas. Lo que convenientemente omite el asesor de Falcón, es que el desempeño económico ecuatoriano, como en el resto de la región, tuvo su gran impulso a raíz del crecimiento de la demanda de materias primas, sobretodo potenciado por la enorme expansión de China, durante la primera y parte de la segunda década del siglo XXI. Commodities como el petróleo registraron precios históricamente altos, para beneficio de un país que al estar fuertemente sustentado en la renta petrolera –como Venezuela– acrecentó sus ingresos de manera abismal. Tranquilamente podríamos decir que el crecimiento económico de Ecuador se dio a pesar de la dolarización y no gracias a ella.

El costo de la recuperación ¿Quién lo pagará?

Existe un punto de coincidencia entre los economistas burgueses que defienden la propuesta de dolarización y quienes se oponen a ella: sus alusiones a una posible recuperación, están supeditadas a las expectativas de que el paquete de medidas de ajuste sea exitoso al reactivar la productividad y el dinamismo del mercado al cabo de un tiempo, es decir, a largo plazo. Pero en palabras de John M. Keynes “a largo plazo todos estaremos muertos”. Como el lector ya habrá podido deducir, dicho éxito estaría sustentado en el asalto despiadado a todos los derechos y conquistas –o los que aún quedan– alcanzadas por el pueblo trabajador en revolución, el desmejoramiento sistemático de sus condiciones de vida, y la imposición de nuevos e insoportables niveles de explotación, hasta que se alcance el edén de la estabilización.

Para ser más precisos, con o sin la dolarización, la vía burguesa para superar la crisis en nuestro país plantea, para el gobierno prooligárquico y proimperialista que tome la batuta, el empleo de todos los medios disponibles para reducir el gasto público a través de recortes brutales en los subsidios al combustible, agua, electricidad, salud, educación, misiones sociales, entre otros. También, el avance sin contemplaciones hacia la privatización de PDVSA, las empresas básicas de Guayana, CANTV, MOVILNET, y demás empresas estatales –en especial las expropiadas– tal y como Falcón ya lo ha hecho saber. En el terreno laboral, la eliminación de la LOTTT para luego imponer una nueva legislación, más acorde a los dictámenes de FEDECAMARAS y CONINDUSTRIA, donde el decreto de inamovilidad laboral será eliminado. A su vez, legalización de la ya impuesta de facto liberalización de precios, toda vez que tratarían de mantener los salarios en su nivel más bajo.

Podemos ver entonces que las diferencias entre el ajuste sin dolarización y el ajuste con dolarización, son análogas a la aceleración de un bólido hacia un precipicio y la aceleración hacia el mismo destino, con previa colocación de un yunque al acelerador y lanzamiento de las llaves por la ventana. Es necesario impedir por todos los medios que semejantes choferes tomen el volante. Sin embargo, debemos advertir que el transitar de quienes actualmente conducen el proceso revolucionario nos está llevando, aunque a una velocidad menor, hacia el mismo desastre que proponen los primeros: un ajuste. El día a día es la mejor evidencia de ello. Los retrocesos que hemos evidenciado durante los últimos años, como consecuencias de la política de conciliación de clases, abonan el terreno para que, en la medida en que las masas se desmoralicen y agoten, se fundan las defensas de la revolución en provecho de la reacción burguesa e imperialista.

Los trabajadores y pobres no podemos permitirnos más retrocesos. Para ello urge la construcción de una alternativa revolucionaria blindada con un sólido programa marxista que oriente una salida a la crisis en favor de nuestros intereses. A la par de lo anterior, es imperativo conformar consejos de trabajadores socialistas, en cada fábrica y centro de trabajo, capaces de dar nacimiento e impulso a un poderoso movimiento por el control obrero, como paso decisivo hacia la edificación de un nuevo poder llamado a suplantar al podrido Estado burgués y el régimen de organización capitalista de la producción.

La salida a la crisis estructural del capitalismo venezolano en favor de las clases oprimidas, consiste en la edificación de una economía planificada sobre los siguientes cimientos: expropiación de las grandes industrias, bajo control obrero; expropiación de todos los latifundios, bajo control campesino, para emprender una genuina reforma agraria que permita el desarrollo de una industria agroalimentaria y genere la materia prima que el aparato productivo nacional necesita; nacionalización sin compensación de la banca y las aseguradoras, para poner sus recursos –sobre todo las incalculables ganancias– al servicio de un plan de producción, en empresas estatales y bajo control obrero; y creación de un monopolio estatal sobre el comercio exterior, que acabe con la crónica fuga de divisas a las cuentas de la burguesía, permitiéndole al Estado venezolano retener la riqueza del país para invertirla en el desarrollo de la producción agrícola e industrial. Todo lo anterior, debe venir acompañado de una auditoria –por parte del nuevo Estado obrero– de todas las instituciones y empresas públicas y privadas –como CADIVI-CENCOEX y PDVSA– implicadas en los innumerables actos de corrupción que desangraron las arcas del país, para proceder a encarcelar y confiscar los bienes de todos los responsables. También, es vital suspender los pagos de la deuda externa, la cual ha supuesto sacrificar recursos para la importación de alimentos y medicinas en los últimos años, gracias al empeño del gobierno en cancelar hasta el último centavo, priorizando las ansias de lucro de los buitres especuladores por encima de las necesidades del pueblo.

Así pues, la situación demanda una salida de dos posibles: o la crisis la pagan los burgueses, banqueros y terratenientes; o la pagan los trabajadores, campesinos y pobres en general. A pesar de que la dirección bolivariana cree estar conduciendo por una ruta intermedia, actualmente avanzamos por el segundo camino descrito. En realidad no existen vías alternativas. Es momento de que la clase obrera se organice y levante para acabar con su estado de atomización actual y haga valer sus intereses de clase.

News Reporter
Miembro del Comité Central de @LuchadeclasesVE

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