(Viene de El nuevo comienzo en la política del gobierno bolivariano ¿Hacia dónde nos dirigimos? Primera parte)

El confuso recetario del 17 de agosto

Entre los anuncios más importantes realizados por Maduro el pasado viernes 17 de agosto, destacamos: 1) el establecimiento de una equivalencia de 3600 Bs S por cada Petro –mecanismo cuyo valor estaría anclado en la cesta petrolera venezolana–; 2) el cálculo del nuevo salario mínimo en 1800 Bs S; 3) la entrega de un bono especial de adaptación de 600 Bs S; 4) la asunción estatal por 90 días del diferencial salarial de las nóminas de la pequeña y mediana industria del país; 5) nuevo sistema de precios en base al Plan 50; 6) la concreción de un solo tipo de cambio fluctuante –lo que en otras palabras significa el desmontaje del viejo régimen cambiario–, donde se elevará el número de subastas semanales a tres; 6) el cobro del impuesto a las grandes transacciones financieras de hasta un 2% para contribuyentes especiales; y 7) se aumentará el IVA de 12 a 16% en todos los productos suntuarios, manteniendo las exenciones a los bienes de primera necesidad.

Como puede verse, tratamos con una combinación entre medidas de ajuste burgués, que pretenden desregular la economía, recortar gastos y generar más ingresos tributarios, para reducir el déficit presupuestario; y decisiones que suponen nuevas cargas fiscales, con las cuales se va en dirección contraria a la intención inicial.

Aunque respaldamos toda medida social que beneficie al pueblo trabajador, como el otorgamiento de bonos asistenciales y el aumento salarial, debemos señalar que en el marco de la decadencia del capitalismo venezolano en crisis éstas decisiones solo pueden surtir efectos atenuantes, efímeros e insuficientes, dado el recrudecimiento de la hiperinflación y de la asfixia económica generalizada, producida por la imposición fáctica de las leyes del mercado capitalista, que no hacen más que reflejar los intereses de la burguesía en una sociedad donde ésta controla las palancas fundamentales de la economía. Solo a través de la demolición de las relaciones de propiedad burguesas y la planificación racional de la producción, bajo control democrático de la clase obrera organizada, puede haber una mayor garantía de que los recursos nacionales podrán destinarse en mayor grado a la satisfacción de las necesidades de las mayorías oprimidas, de modo integral y sostenible; y no para alimentar la insaciable voracidad de lucro por parte de la clase capitalista como sigue ocurriendo.

En cuanto al incremento salarial decretado, debemos decir que el mismo solo podrá financiarse a través de una mayor emisión de dinero inorgánico, tal y como han venido siendo cubiertos todos los aumentos durante el último periodo de bajos ingresos petroleros. El otorgamiento de nuevos bonos asistenciales y la asunción estatal del deferencial salarial de las nóminas de las pequeñas y medianas industrias, giran en la misma tónica. Los efectos inflacionarios previsibles erosionarán el poder de compra de dicho salario con el simple transcurrir de las horas. Si a esto se suma la esperada continuación de las devaluaciones del Bolívar, producto del levantamiento del control de cambios, la carencia de dólares por parre del Estado, y la limitada oferta de divisas de origen privado; no cabe duda que los ingresos reales de los trabajadores no dejarán de caer.

El gran aumento salarial, que también contempla la reducción de la bonificación del salario en poco más de un 40% (el cestaticket socialista se ubicará en 180 Bs S), ha desatado una serie de amenazas de cierres de plantas o reducción de personal en múltiples empresas a nivel nacional, bajo el alegato patronal de la imposibilidad de seguir cubriendo las nóminas ante el nivel de sueldos decretado. Tales insinuaciones, se enmarcan dentro de la oleada de cierres técnicos parciales o definitivos de innumerables fábricas en los últimos años, por falta de insumos, repuestos industriales, o la baja rentabilidad de la producción nacional para la burguesía. Anuncios de este tipo prometen exacerbar las luchas obreras por la defensa del derecho al trabajo, que se vienen presentando en varios estados del país mediante numerosas tomas de plantas. Ante cualquier signo de paralización de instalaciones, los trabajadores deben organizar la toma de las mismas bajo su control. Urge en lo inmediato, la conformación de un frente nacional de fábricas ocupadas, que unifique las luchas dispersas en este terreno y muestre el camino a seguir para otras agrupaciones obreras que están a las puertas de enfrentar cierres patronales.

Según aseveraciones realizadas por Maduro, la medida de cubrimiento estatal del diferencial salarial a las nóminas de toda la pequeña y mediana industria del país, busca eliminar la excusa de alzas de precios de los productos de estos sectores, al menos por tres meses. Resta esperar el desarrollo en la ejecución de dicha decisión para analizar sus alcances definitivos. Como sabemos, muchas pymes carecen de requisitos jurídicos, evaden el pago al ISLR y no tienen a sus trabajadores declarados en el seguro social, por lo que, si se imponen rigurosas exigencias o requisitos para acceder al beneficio gubernamental, entonces la medida no cubrirá a toda la pequeña y mediana industria nacional, donde pueden originarse despidos en masa o cierres de empresas.

Bajo una concepción simplista y reduccionista, se asume con esta decisión que se descargará por un tiempo del peso salarial en los costos de producción de las mercancías de origen pyme, y con esto los precios de los productos pueden permanecer congelados. Esta concepción deja de lado el hecho de que la economía venezolana está sumergida en hiperinflación, la cual, como hemos dicho anteriormente, se agudizará debido a que la única posibilidad de financiamiento de las medidas salariales y de los bonos, radica en el crecimiento de la emisión de dinero sin respaldo en producción de bienes y en reservas internacionales. Si los precios en el mercado no dejarán de elevarse y como el fin de toda actividad productiva en el capitalismo es producir un beneficio privado, el costo de producción quedará subordinado al costo de reposición de las mercancías, lo que generará presiones alcistas en todas las ramas de la economía que anularán cualquier intento de congelación de precios, incluidos los acordados. Esta es la razón esencial del por qué todos los intentos de regulación o congelación de costos fracasaron en el pasado, de la misma manera como fracasarán los recién emprendidos.

Como digresión necesaria, resulta curioso observar como los reformistas –categoría que calza cada vez menos en la dirección bolivariana– de todas las épocas y latitudes, que mientras insisten en permanecer dentro de los márgenes del capitalismo, persisten en la absurda idea de regular las relaciones económicas, bajo una lógica que aspira a ser racional, pero que se contrapone de forma obstinada a los fundamentos enraizados de un orden social signado por la competencia, la rapiña y la sinrazón. Aunque la realidad anárquica del capital no deja de abofetearles en la cara, la persistencia en sus errores no puede más que introducir elementos de caos en la economía. Venezuela constituye el ejemplo más dramático de lo que intentamos explicar.

Tras reuniones con el sector privado, hasta la fecha se han publicado en Gaceta Oficial dos listas de precios acordados para 33 productos de primera necesidad. Vale destacar, que dichos precios superan en un 268,12 Bs S al salario mínimo de 1800 Bs S recién establecido. Siguiendo la misma tónica de nuestro análisis, todos los antecedentes de fijación de precios pactados previos denuestan la impotencia de medidas de esta índole –por las razones antes explicadas– las cuales expresan la imposibilidad de efectuar cualquier forma de regulación exitosa al capitalismo. Si bien, durante estas últimas semanas, la SUNDDE ha salido a las calles del país a inspeccionar los precios en establecimientos comerciales, debemos recordar que estas acciones también fueron acometidas los primeros días luego de cada intento de regulación fracasado en el pasado. Al cabo de algunas semanas, nuevamente seremos testigos de la espiral ascendente en los precios de estos productos (más los que faltan para completar la lista de 50 bienes priorizados), los cuales han empezado a desaparecer de los anaqueles, como efecto del aprovechamiento de la población ante las primeras acciones fiscalizadoras del Estado –las cuales no podrán prolongarse por mucho tiempo–. Aunque la medida ha despertado ciertas esperanzas en un sector de las masas trabajadoras, responsablemente debemos decir que la escasez que ha comenzado a derivar, supone otro mecanismo de presión para que los precios mantengan su dinámica alcista.

Con el levantamiento del viejo régimen cambiario, hemos atestiguado una apreciación del tipo de cambio superior al 3000%. La tasa fluctuante oficial, que en la actualidad alcanza los 68 Bs S por US$, aún no ha podido abatir el precio fijado por la mayoría de marcadores referenciales paralelos, ubicados en su mayoría en el orden de los 100 Bs S por US$ aproximadamente. Mientras persista la escasez u oferta limitada de divisas, el mercado negro de las mismas seguirá presente como un factor de distorsión en la economía ante las caóticas condiciones financieras y macroeconómicas del país. La perspectiva apunta a que el tipo de cambio oficial fluctuante seguirá ascendiendo debido a la baja oferta de dólares de origen estatal y privado en el mercado legal, la cual se topará con una demanda cada vez mayor dada la acelerada depreciación del Bolívar.

En un intento de aminorar la enorme demanda de dólares, Maduro anunció más recientemente el Plan de Ahorro en Oro, con el cual se intenta ofrecer una reserva de valor donde las personas y empresas puedan depositar sus ahorros y así aliviar un poco la presión sobre las escasas divisas. La medida supone una nueva emisión de deuda del Estado, donde los inversores podrán adquirir un título respaldado en oro y al cabo de un tiempo recibir en dinero el monto equivalente de la cotización del mineral para el momento. Sin embargo, al tratarse de una maniobra emprendida por un gobierno que no goza de la confianza de la pequeña y gran burguesía, pareciera que la misma no contará con la eficacia esperada. Resta observar en la práctica su desarrollo.

El aumento del IVA de 12 a 16% en todos los productos no considerados de primera necesidad, y el cobro de impuestos a las grandes transacciones financieras, plantean de entrada la recaudación por parte del Estado de nuevos ingresos tributarios. De esta manera, el gobierno busca equilibrar su presupuesto, a costa de generar, en el caso de la primera medida, una mayor carestía en bienes no esenciales (en teoría) como ropa, calzado, entre otros, convertidos de antemano en inaccesibles para los trabajadores; aunque también extrayendo cierta cuota a los más ricos, en el caso de la segunda. Resulta paradójico que se declare querer avanzar hacia una “disciplina fiscal prusiana”, mediante nuevos cobros de tributos como los recién referidos, mientras se exoneran aranceles a las importaciones de insumos y bienes de capital para la agroindustria por un año, y se exime a PDVSA de cargas impositivas.

Esta es solo una muestra del carácter contradictorio de un recetario de decisiones económicas, que revisten la indecisión de una dirigencia gobernante deseosa de abrir las puertas al libre mercado, pero que aún acusa la presión de las clases oprimidas a las cuales se debe. Aunque la dirección bolivariana ha venido deslastrándose de los intereses de sus bases sociales en los últimos años, claramente entiende los riesgos asociados a una desvinculación frontal y definitiva de las últimas, por lo que cada medida pro-capitalista emprendida es barnizada con cierto contenido social, para disfrazar los retrocesos que nos distancian cada vez más de los avances y conquistas alcanzadas durante las primeras etapas de la revolución. ¡La clase obrera no puede dejarse confundir!

Continuará…