El pasado viernes 9 de agosto, les fue negado el ingreso a 350 trabajadores de PDVSA Gas Comunal Carabobo a sus respectivos centros de trabajo, luego de que la gobernación del Estado asumiera la administración de dicha empresa, como parte del proceso de transferencia de las plantas de distribución de gas a los gobiernos regionales.

Los trabajadores fueron notificados sin mayor explicación por funcionarios del SEBIN y la Policía regional que habían sido despedidos por Gas Drácula, la nueva empresa que se encargará de la venta y distribución de los cilindros de gas en el Estado.

La denuncia de los hechos fue llevada a cabo por el Secretario General del Sindicato Profesional de Trabajadores y Trabajadoras de las empresas del gas, Similares y Conexos en Carabobo, José Peraza, quién señaló que fueron despedidos más de 350 trabajadores, lo que representa alrededor de la mitad de la nómina total, que comprende unos 765 trabajadores, que laboran en 7 plantas de llenado en la región.

Cuando los trabajadores acudieron a las plantas de llenado a presentarse en sus puestos de trabajo como lo harían en cualquier jornada laboral normal, los funcionarios de los cuerpos de seguridad procedieron a hacer lectura de una lista en las que estaban escritos los nombres de sólo una fracción de los trabajadores de la empresa. Aquellos que no escucharon sus nombres al dársele lectura a la lista, simplemente no pudieron ingresar a las instalaciones, ya que el acceso les fue negado por los funcionarios de los cuerpos de seguridad.

Según explica el compañero Peraza, cada vez que la gobernación de Carabobo efectuó operativos de venta de gas a las comunidades, los trabajadores de PDVSA Gas Comunal apoyaron de forma consecuente dichas jornadas, sin importar las largas horas de trabajo que implicaban, hecho que ha sido agradecido por Lacava con un despido masivo de esos mismos compañeros.

Con esta acción se sienta un peligroso precedente

El hecho más grave, según señaló el compañero Peraza, fue el haber sido despedidos por una empresa que hasta ahora no tiene ninguna responsabilidad jurídica como patrono, propiamente hablando, y por lo tanto no puede llevar a cabo acciones de tal naturaleza, aún si hubiesen razones legales que le dieran legitimidad a una medida de despido.

El compañero señalaba que quizás es la primera vez que ocurren despidos de esa forma, lo que constituye una grave violación de facto a los derechos laborales de los trabajadores venezolanos, con lo cual puede estarse sentando un grave precedente en materia laboral, sobre todo en el contexto de graves violaciones a los derechos laborales que están siendo llevadas a cabo por el gobierno en el último año, a partir de la promulgación del nefasto memorándum 2792, instrumento jurídico con el cual el gobierno se ha llevado por delante derechos y reivindicaciones históricas del movimiento obrero conquistadas al calor de largas y duras luchas, como la negociación democrática de las contrataciones colectivas, el derecho a huelga y otras conquistas.

El gobierno gira cada vez más a la derecha

Está claro que el gobierno está evidenciando un proceso de viraje hacia la derecha, que se ha acelerado particularmente en el último año y medio, y se ha traducido en privatizaciones parciales y totales de empresas nacionalizadas, liberalización de la economía – levantamiento tácito de los controles de precio y levantamiento expreso del control de cambio que fueron implementados por el camarada Chávez en los inicios de la revolución, como respuesta al sabotaje de los capitalistas y la huelga de capitales-, detención ilegal de dirigentes sindicales y campesinos y devolución de tierras ocupadas por el movimiento campesino a sus antiguos dueños terratenientes, entre otras medidas.

En ése orden de ideas, el traspaso de la administración de las plantas de llenado de gas a las gobernaciones, pareciera formar parte de tal proceso de privatizaciones parciales y progresivas de las empresas estatales, aunque el argumento para ello sea hacer “más eficiente” la distribución del gas a las comunidades.

Queda por ver en lo sucesivo si los gobiernos regionales propondrán asociaciones mixtas con el sector privado para “hacer más eficiente” el proceso de llenado de los cilindros en las plantas, y qué efectos tendrá ello sobre los trabajadores.

Aunque hasta ahora en varios casos, como por ejemplo el gobernador de Trujillo o la gobernadora de Lara, han señalado que se respetarán los derechos de los trabajadores y no habrán despidos, es esto precisamente lo que ya estamos viendo en Carabobo con Lacava, quien, como parte de la dirigencia del chavismo, y a diferencia de otros dirigentes nacionales más moderados en su discurso a la hora de plantear posiciones reformistas y procapitalistas, ha evidenciado posturas abiertamente a favor de las privatizaciones de las empresas estatales para hacerlas “más eficientes”, como fue el caso semanas atrás, con su propuesta pública de privatizar las empresas de distribución de energía eléctrica.

En ése mismo orden de ideas, las nuevas tarifas de las bombonas de gas en la región, dadas a conocer recientemente por la gobernación del Estado, y que han significado un incremento considerable en su costo de venta, han sido recibidas con rechazo por las comunidades carabobeñas. Por ejemplo, la de diez kilogramos tiene un costo de 6.000 Bs., la de 18 Kg 15.000 Bs. y la de 43 Kg 25.000 Bs., que si bien pueden ser considerados montos irrisorios al ser convertidos a divisas, son elevados para familias trabajadoras cuyos miembros apenan devengan ingresos equivalentes al salario mínimo.

Los trabajadores debemos movilizarnos y dar la batalla por nuestros derechos

Ante la arremetida general que los trabajadores estamos enfrentando en estos momentos, tanto por parte de la patronal burguesa como por parte del gobierno, que aunque habla en nombre del legado de Chávez ha dejado de defender realmente los intereses de los trabajadores tiempo atrás –y más bien está atacando fuertemente esos derechos en estos momentos-, es necesario que los trabajadores y trabajadoras demos un paso al frente y tomemos las calles para luchar por nuestras conquistas históricas, articulando las diversas luchas y protestas que en la actualidad se están desarrollando hacia su unificación, para la reconstrucción del movimiento obrero revolucionario en el país como instrumento que nos permita recuperar el terreno perdido y retomar más temprano que tarde el camino de la lucha por la revolución socialista.