En entrevista concedida en el programa Entrenoticias transmitido por el canal Globovisión, el Viceministro del Trabajo, Ricardo Dorado, reiteró que la Resolución 3364 del Ministerio del Trabajo, con relación al caso de los exgerentes de PDVSA, se ape En entrevista concedida en el programa Entrenoticias transmitido por el canal Globovisión, el Viceministro del Trabajo, Ricardo Dorado, reiteró que la Resolución 3364 del Ministerio del Trabajo, con relación al caso de los exgerentes de PDVSA, se apega a las leyes.

"La decisión de la ciudadana Ministra (María Cristina Iglesias) se acoge a la Constitución, a la leyes y a varias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se decidió que los ex gerentes y ex empleados petroleros, al igual que el resto de la población, debían hacer todo lo posible para que se establecieran las actividades de la industria petrolera", expresó Dorado.

Manifestó que la decisión del TSJ, emitida el 19 de noviembre de 2002, se hizo en protección a los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos, por lo tanto la Resolución del Ministerio se apega a un criterio, previamente, establecido por dicha institución. Resaltó que el Tribunal "subrayó a través de dos sentencias importantes", una de la Sala Político Administrativa y otra de la propia Sala Constitucional, que la industria petrolera había sido objeto de un sabotaje electrónico, por parte de Intesa, "cuando se impidió que PDVSA tuviera acceso a la base de datos".

En este sentido, retomó las palabras de la Ministra del Trabajo y enfatizó que por parte de los extrabajadores petroleros no hubo un pliego conflictivo, ni se constituyó una junta conciliatoria, ni existieron motivos para realizar tal paralización, al contrario "hubo la posibilidad de que se establecieran los servicios mínimos indispensables en un servicio fundamental, que tiene rango constitucional en los artículos 302 y 303".

Con respecto al pago de la deuda pendiente con los trabajadores petroleros, el Viceministro del Trabajo informó que esto es un proceso que le compete a instancias judiciales, pero notificó que la empresa puede convenir con los trabajadores las condiciones de pago "en el contexto de esos procedimientos que se llevan por instancia judicial".

Por último, el viceministro Dorado reafirmó lo dicho por la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias: cualquier reclamo o demanda debe hacerse por vía judicial, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, o bien en los Tribunales del Trabajo "que se han ampliado en número".

Unapetrol: figura virtual

Ricardo Dorado aludió que Unapetrol "no existe, sino como figura virtual". Explicó que el Ministerio del Trabajo no reconoce a esta organización como sindicato, porque "no se puede hacer fraude, en el sentido de que los directivos de empresa no pueden constituir un sindicato mixto con los gerentes y con los que están subordinados a ellos".

Afirmó que en el caso de Unapetrol está demostrado que más de 30 ó 40 directivos de esa organización eran miembros de la dirección de PDVSA "incluso, discutían los contratos colectivos a nombre de la empresa con los trabajadores".

Es por ello que el viceministro Dorado destacó que de acuerdo con los pactos internacionales, los de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Comité de Libertad Sindical los cuales establecen "que no pueden existir sindicatos mixtos", porque eso sería una "violación de principio de pureza consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo".

Sólo recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones hechas por la OIT, Ricardo Dorado señaló que estas conclusiones son "provisionales", puesto que no examinaron todas la informaciones, y resaltó que el Ejecutivo le suministró al organismo internacional informaciones complementarias que tienen que ver con decisiones del TSJ.

Dorado aclaró que el Ministerio del Trabajo no está invalidando las recomendaciones hechas por la OIT, pero esta instancia internacional "debe emitir su pronunciamiento con todos los elementos, no solamente con los elementos de una sola de las posiciones".

También, resaltó que el Gobierno venezolano ha ratificado, "después de 20 años", convenios internacionales relevantes, como por ejemplo el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Expresó que los gobiernos anteriores ignoraban este tipo de acuerdos, "porque no les interesaba, de acuerdo con sus políticas transnacionales, que se les reconociera a las poblaciones derechos sobre los territorios que ocupan".