El pasado viernes 10 de enero, el constituyente (y a su vez diputado de la Asamblea Nacional) Francisco Torrealba anunció un nuevo aumento Salarial. Según la Gaceta Oficial No. 6.502 de fecha 9 de enero de 2020, el salario pasa de 150 mil Bolívares Soberanos a 250 mil, mientras que el “cestaticket socialista” aumenta de 150 mil a 200 mil Bolívares Soberanos, ubicando el ingreso[1] mínimo integral en 450 mil Bolívares o el equivalente a 7,26 dólares (según la tasa del día del Banco Central de Venezuela).
Desde cualquier punto que se mire, el aumento al que hemos hecho referencia en el párrafo anterior es insuficiente. El mismo, al encontrarse muy por debajo de la inflación, no tiene como intención la recuperación de poder adquisitivo de los trabajadores, sino más bien evitar una deserción mayor a la ya existente a todos los niveles de la Administración Pública. De esta manera, vemos como los aumentos salariales se retrasan tanto como se pueda, hasta que sea imposible para un trabajador seguirlo “estirando”. Esta política, cumple en los hechos la misma función de la “contención salarial” de los programas monetaristas -aumentar la tasa de ganancia de los capitalistas a costa del salario de los trabajadores. En este caso, se enfoca fundamentalmente en reducir el gasto público-, y se enmarca en el programa de “recuperación económica” del gobierno.
A la vista de lo anterior, el debate público se centra en cómo solucionar el problema de la caída del poder adquisitivo de los trabajadores. Unos, insisten en volver al control de precios; otros, proponen anclar el salario de los trabajadores al Petro; mientras que un sector que cada vez cobra más fuerza, espera que el gobierno, que ha considerado la dolarización de facto como una “bendición”, acabe “sincerándose” y dolarizando legalmente el país. Este artículo, busca demostrar las trampas que cada una de estas propuestas encubren para los trabajadores.
Hay otro sector con el que consideramos siquiera vale la pena entrar en discusión, y está conformado por un grupo de tarifados que se encargan de contradecir la realidad, afirmando que el salario mínimo sirve para pagar (malos) servicios, alimentarse y hasta salir a tomar cervezas. Claro está, quienes dicen esto nunca han intentado vivir con dicho salario.
Los reformistas y el control de precios
Ante el rumbo liberalizador que el gobierno ha tomado en la economía venezolana, por lo menos desde 2015 cuando se comienzan a liberar los precios de productos como el café y el arroz, un sector de la izquierda propone volver a las políticas de control de precios que se implementó durante el gobierno de Chávez, y que, de la mano de otras políticas, significó un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.
Este sector, se pregunta a diario que ha pasado con la SUNDDE, institución encargada de velar por los derechos del consumidor a través de la vigilancia los de precios justos. Sin embargo, pensar que se puede volver a un pasado idílico en el que los precios pueden ser controlados por la burocracia, sin tomar en consideración las condiciones en las que eso fue posible y las condiciones actuales es un infantilismo económico.
Durante el gobierno de Chávez, el control de precios sirvió para elevar el poder adquisitivo de los trabajadores por dos razones fundamentales. La primera, porque el gobierno tuvo por un buen tiempo la capacidad de importar y abarrotar el mercado con productos de primera necesidad (como carne, pollo, harina, leche, etc.) a un costo incluso subsidiado a través de cadenas de distribución como Mercal y PDVAL. La segunda razón, es que conjuntamente con las regulaciones y el abastecimiento vía importaciones, el gobierno de Chávez representaba una amenaza a la propiedad privada capitalista, y el incumplimiento de las regulaciones conllevaba el riesgo de una expropiación o confiscación de productos acaparados para su distribución.
Sin embargo, lo anterior también significó el agravamiento de la huelga de inversiones de los capitalistas -que por lo menos desde los años 80 habían dedicado sus “inversiones” a la importación de materia prima y no al aumento de la capacidad de producción a través de la adquisición de capital fijo-, el acaparamiento y el establecimiento de un mercado negro. Todo esto con el fin de mantener sus tasas de ganancia. Por esta razón, cuando la crisis de la economía mundial por llegó a costas venezolanas, se hizo imposible mantener el modelo de regulaciones. Se demostró así que el capitalismo no puede ser regulado, debe ser abolido.
Volver al modelo del control de precios no es solo imposible por la situación económica actual (como se demostró con el fracaso de los precios acordado de 2018 y 2019), sino que, además, el gobierno actual no tiene la más mínima intención de amenazar la sacrosanta propiedad privada de los capitalistas. Si observamos detenidamente, el gobierno de Maduro no ha expropiado una sola empresa. En vez de esto, y cuando las empresas representan un negocio para la burocracia, se han dictado decretos de ocupación, en la que la propiedad de la misma sigue siendo privada[2] (aunque el control esté en manos de la burocracia). Lamentablemente, los reformistas pierden su tiempo en ruegos al gobierno, en vez de prepararse para ocupar fábricas y ponerlas bajo control obrero.
La trampa del ½ Petro
Por su parte, un sector de la burocracia sindical le exige a Maduro que cumpla con su palabra de hacer equivalente el salario a medio Petro, pero sin artimañas de luego crear un Petro fijo para el salario de los trabajadores, y otro variable para los empresarios y especuladores. Más recientemente, hay quienes llegan incluso a solicitar que el salario se cancele directamente en Petros.
Quienes promueven el Petro (variable) como forma de pago, argumentan que el mismo es inmune a la inflación ya que su valor aumenta cuando el dólar o el barril del petróleo aumenta. Para éstos, el Petro representa una escala móvil de salarios (sobre lo que hablaremos más adelante), pero a través de un “criptoactivo”. Sin embargo, el último bono[3] otorgado a la administración pública y a los pensionados a través de esta “moneda” ha dejado ver la trampa que se oculta detrás.
Los apologistas del Petro, señalan que es una moneda en la que se puede ahorrar ya que no se devalúa, sin embargo, quienes recibieron el bono en Petros: los trabajadores de la administración pública y los pensionados, son precisamente los peor pagados de nuestra sociedad -muchos trabajadores de la administración pública se encuentran trabajando en condiciones de semi-esclavitud, pues a falta de un salario que sirva para satisfacer sus necesidades básicas, se mantienen en sus puestos de trabajo por una caja extra de comida[4]; la situación de los pensionados es muchísimo peor, ya que su ingreso no contempla los cestaticket y tampoco reciben la caja de comida-. Debido a esto, el bono recibido (y de igual forma el salario si se recibe en Petros), es inmediatamente gastado en los pocos comercios que lo aceptaban, generando enormes colas en las que los adultos mayores debían permanecer.
De esta forma se cae el argumento del ahorro. Los pensionados y trabajadores de la administración pública no están en condiciones de ahorrar nada. Sus necesidades básicas (sobre todo comida y medicinas) los obligan a dejar su “moneda inmune a la devaluación” en mano de los capitalistas. Este es el reverso del Petro: un beneficio para los burgueses de nuevo cuño (aquellos a los que el gobierno sí cambia los Petros en otra moneda real), quienes ahora pueden obtener ganancias que no se devalúan con la misma velocidad del Bolívar. Así, mientras los bonos anteriores en bolívares iban a parar a manos de los capitalistas convencionales casi inmediatamente después de su asignación, la entrega de Petros viene a refinar el mecanismo de financiamiento de los capitalistas, dirigiendo estos ingresos a las manos de los burgueses afines al gobierno[5].
La “bendición” del Dólar no es para todos
La otra propuesta que ha estado rodando cada vez con mayor fuerza por las redes sociales es la de la dolarización de la economía. Sobre todo, a partir de que el presidente Maduro la haya considerado como una “bendición” en su entrevista con José Vicente Rangel.
Lo primero que hay que tomar en cuenta es el sorprendente viraje hacia la derecha que ha tenido lugar en el discurso de la dirigencia del PSUV, quienes antes hablaban del “dólar criminal” y que, posteriormente a la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, resoluciones varias para permitir compras en divisas y el establecimiento de mesas de cambio, han llegado al punto de considerar la dolarización una “bendición” para la economía. Todo esto debemos recordar, cuando se combatían propuestas como la de Tomas Guanipa cuando era candidato a diputado en 2015 sobre dolarizar el salario, o de Henri Falcón en su campaña presidencial de 2018 de dolarizar el conjunto de la economía.
Sin embargo, cuando el gobierno habla de la “bendición” de la dolarización, lo hace en realidad porque así se quita el peso de tener que financiar con los escasos dólares del Estado a buena parte de las mafias de la importación tradicionales, pudiendo dirigir la renta petrolera directamente a los bolsillos de los socios de la burocracia y sus aliados. Y, además, porque deja de ser responsable del ingreso de una buena parte de los trabajadores del sector privado (con salarios dolarizados o en dólares) o los trabajadores por cuenta propia que pueden dolarizar el precio de sus servicios (abogados, médicos, mecánicos y un buen etc.).
Pero esta “bendición” no es para todos. Los trabajadores de la administración pública que se mantienen expectantes, viendo como la economía a su alrededor se dolariza, seguirán esperando por una medida que no llegará (por lo menos en lo próximo[6]). Y es que el gobierno no puede dolarizar ni el salario ni la economía, ya que al hacerlo, será responsable de cancelar en dicha moneda a todos los trabajadores de la administración pública, teniendo que recurrir cuando entre en déficit al endeudamiento con organismos como el Fondo Monetario Internacional, situación similar a la de Ecuador.
Así, vemos cómo se van creando dos venezuelas: la de aquellos que tienen ingresos en dólares y la de los que los tienen en bolívares[7]. Hemos llegado entonces a niveles desigualdad comparables a los de los años noventa. Desigualdad que obvian los apologistas del gobierno cuando esconden la crisis y la situación de la mayoría del país detrás de los carros lujos y discotecas de Las Mercedes.
Salario igual a la canasta básica
Sin ánimos de salirnos del debate salarial para entrar en otro debate sobre las medidas económicas de emergencia para salir de la crisis, abordaremos la propuesta que junto con otras fuerzas de izquierda[8] hemos venido defendiendo: El establecimiento de un salario mínimo igual al costo de la canasta básica, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta medida tiene un carácter transicional y distributivo: transicional ya que no es una medida socialista en sí, pero sirve a los fines de quienes luchamos por el socialismo; y distributiva, porque busca que el salario mínimo sirva para cubrir los bienes que garanticen la vida y reproducción de la clase trabajadora, es decir, que cumpla su deber social, afectando para esto la tasa de ganancia de los capitalistas.
A diferencia del Petro, una escala móvil de salarios de este tipo sí limita y afecta la tasa de ganancia de los capitalistas, que al aumentar los precios (por lo menos de los productos de la canasta básica), generan un incremento de los salarios que deben cancelar, es decir, aumentan también sus gastos y reducen sus ganancias. Todo esto sin comprometer la soberanía del país como lo haría la dolarización que propone la derecha y que fue bendecida por el gobierno[9].
Economistas como Manuel Sutherland, han criticado esta propuesta al considerar que, en la situación económica actual de caída brutal de la producción, una escala móvil de salarios sería inflacionaria. ¡Cómo si los capitalistas no aumentasen el precio de los productos diariamente sin necesidad de ningún aumento de salario! Además, debemos señalar que esta medida, al poner límites a la tasa de ganancia capitalista, pero no abolir el capitalismo, solo podría exacerbar la lucha de clases, dejando en evidencia a los capitalistas y obligando a tomar otras medidas de conjunto de la economía como por ejemplo la apertura de los libros contables de las empresas que se quejen de no poder cumplir con los salarios establecidos, y avanzar sobre el control obrero de la industria a través de consejos de trabajadores[10]. Medidas que sólo un gobierno obrero puede tomar, no este gobierno.
La crítica anterior solo puede partir de un economicista que ha dejado de preocuparse por la lucha de clases y para el cual los problemas de estrategia no existen. Quienes critican esta propuesta, no toman en cuenta que, en la lucha por el socialismo, hay medidas que son transicionales y que sirven de bandera para organizar a los trabajadores y dotarlos de herramientas para enfrentar el capital. Luchar por un salario mínimo igual a la canasta básica cumple con todas estas características, ya que es una lucha totalmente legítima a los ojos de los trabajadores al estar establecido así en el artículo 91 de la Constitución Nacional, y por otro lado, permite que los mismos se organicen y comprendan a través de la lucha las contradicciones de este gobierno, el funcionamiento del Estado burgués, y su interés de clase. Todo esto escapa a la vista de quién ve la lucha desde un cómodo sillón.
Las luchas por la defensa del
salario y los puestos de trabajo, como luchas defensivas, deben servirnos para
acumular fuerza y pasar a la ofensiva, hacia el control obrero, la expropiación
de los capitalistas y la construcción del socialismo. Es momento de dejar de
lado las ilusiones en controles de precios, en cripto-artificios o
“bendiciones” de la economía, ¡hay que luchar contra el capitalismo!
[1] No hablamos de Salario mínimo integral, sino de ingreso mínimo, debido a que los “Cestaticket” no tienen según la ley carácter salarial y, por tanto, no tienen incidencia en el cálculo de utilidades, prestaciones, vacaciones u otros beneficios laborales.
[2] Al respecto de esta discusión sobre el cierre de fábricas por parte de los capitalistas y su ocupación, recomendamos los artículos Elementos legales del cierre y ocupación de fábricas, disponible en https://luchadeclases.org.ve/?p=6567; y Los capitalistas se van: ¿Qué hacer?, disponible en https://luchadeclases.org.ve/?p=6720.
[3] Sobre la política de bonificación del ingreso de los trabajadores, recomendamos el artículo de 2018 ¿Asalariados o Bonificados? Un ataque disimulado contra la clase trabajadora, disponible en https://luchadeclases.org.ve/?p=6099
[4] Sobre este tema profundizaremos en próximos artículos.
[5] Durante el mes de diciembre, los comercios recibieron los cobros hechos con biopago en Bolívares, como si se tratase de una compra con crédito o débito. Este puede ser uno de los motivos del vertiginoso aumento del dólar y de los precios, lo cual es tema para otro artículo.
[6] El gobierno ciertamente puede dolarizar la economía, pero sólo lo hará cuando esto vaya en beneficio de la burocracia, no antes. Quizá es por esta razón por la que Maduro ha insistido tanto en el déficit fiscal cero, o han tomado medidas para reducir el Estado, como la política de contención salarial que ha hecho que un buen número de trabajadores de la administración pública abandonen sus puestos. Únicamente cuando la burocracia pueda obtener por impuestos más de los que debe gastar, quedando un remanente para echarle mano, se atrevería a dolarizar. Y eso parece estar aún muy lejos de nuestra realidad.
[7] Dos venezuelas que además se sobreponen a otras dos más: la de los que viven en la “República de Caracas” con acceso menguado a servicios básicos, y la de los que viven en la “República del Interior”, que sufren frecuentes y extensos cortes de luz, agua y escases de gas doméstico por meses (entre otras calamidades)
[8] Entre ellas Marea Socialista (MS) y la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS).
[9] Una dolarización implicaría además miles de despidos de la administración pública, la privatización de los servicios básicos y de cientos de empresas estatales.
[10] No confundir los Consejos de Trabajadores (soviets) con los Consejos Productivos de Trabajadores. Estos últimos, creados primero por decreto presidencial, y luego a través de la Ley Constitucional de los Consejos productivos de Trabajadores, tenían el objetivo de convertirse en entes de fiscalización y vigilancia de la producción, pero en la práctica, han sido más instrumentos de la burocracia que de la clase trabajadora. Al respecto de este debate recomendamos el artículo Comentarios sobre la ley de los Consejos Productivos de Trabajadores, disponible en https://luchadeclases.org.ve/?p=5560
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